Israel empezó este viernes a defenderse en la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en la ciudad holandesa de La Haya, por la denuncia del Sudáfrica, que acusa a los israelíes de estar cometiendo genocidio por sus operaciones militares contra la Franja de Gaza en respuesta a los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre pasado.

Los abogados sudafricanos presentaron el jueves durante horas sus argumentos, acusaron a Israel de violar la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio y pidieron medidas cautelares para que Israel cese los bombardeos, por los que habrían muerto más de 22.000 personas, más de la mitad mujeres y niños.

Este viernes, los representantes israelíes alegaron que su país “no busca destruir” al pueblo palestino” y acusaron a Sudáfrica de lanzar una denuncia que no tiene en cuenta la realidad de lo que pasa en Gaza. Uno de los abogados israelíes, Tal Becker, dijo que Sudáfrica “desgraciadamente presentó ante la Corte un marco de hechos y jurídico totalmente desnaturalizado”.

Este abogado dijo que la acusación se basa “en una descripción deliberadamente organizada, descontextualizada y manipuladora de la realidad de las hostilidades actuales”.

Los abogados sudafricanos dijeron el jueves que Israel lleva a cabo “un modelo de comportamiento que justifica una alegación plausible de actos genocidas”. El interés sudafricano (es el primer país del planeta que denuncia a Israel por este conflicto) se debe al que el Congreso Nacional Africano, el partido en el poder, ha apoyado desde hace décadas la causa palestina.

El abogado Becker hizo un relato de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Explicó que los terroristas “torturaron a niños delante de sus padres, a padres delante de sus hijos, quemaron personas, violaron y mutilaron”.

El abogado dijo que la respuesta israelí era un acto de legítima defensa que no buscaba atacar a civiles y que “Israel está en una guerra de defensa contra Hamas, no contra el pueblo palestino”.

Más adelante afirmó que las operaciones militares de Israel “no buscan destruir un pueblo sino proteger un pueblo, el suyo, atacado desde múltiples frentes”.

Israel argumenta que el número de víctimas civiles se debe a que Hamas los usa como escudos humanos y se esconde en lugares civiles como escuelas y hospitales.

La abogada surafricana Adila Hassim dijo el jueves que “los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de evidencia que muestra de manera incontrovertible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica como una afirmación plausible de actos genocidas”.

La brutalidad del ataque de Hamas, alegan los abogados sudafricanos, no justifica lo que Sudáfrica estima una reacción de Israel fuera del derecho internacional y “una clara intención genocida, la intención articulada es la destrucción de la vida palestina”.

El jueves, durante su alegato, la abogada irlandesa especialista en derechos humanos y contratado por el gobierno sudafricano para este caso, Blinne Ni Ghralaigh, dijo que “algunos podrían decir que incluso la reputación del derecho internacional, su capacidad y su voluntad de proteger a todos los pueblos de igual manera, está en juego”.

Según el gobierno israelí, la denuncia de Sudáfrica es “una de las mayores demostraciones de hipocresía de la historia”.

La Corte Internacional de Justicia podría anunciar en semanas si impone medidas cautelares como pide Sudáfrica (que cesen las operaciones militares) para después seguir estudiando la denuncia por genocidio.

Las decisiones de este tribunal son inapelables y jurídicamente obligan a todos los Estados miembros de Naciones Unidas. El problema es que no tiene ninguna herramienta para hacer que se cumplan si los gobiernos no las respetan. En 2004 la Corte dictaminó que el muro israelí en Cisjordania era ilegal y ordenó su derribo. Pero 20 años después sigue creciendo.

El panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia se amplió a 17, para sentar a un juez israelí (Aharon Barak, antiguo presidente de su Corte Suprema) y a uno sudafricano (Dikgang Moseneke, ex vicepresidente de su Tribunal Constitucional). Clarín informó ayer erróneamente de Barak era el abogado jefe de la parte israelí.

Ese puesto lo ocupa el abogado británico Malcolm Shaw, experto en litigios en esa corte. El líder del equipo surafricano es John Dugard, ex relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y experto en Derecho Internacional.