El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, permanece en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, rodeado de familiares y sus personas de confianza, pero no se ha dado un minuto de respiro para festejar o descansar tras su triunfo arrasador del marates. Ya se prepara con su equipo de transición en dar forma a los primeros pasos de su gobierno, una agenda que se verá beneficiada con una mayoría republicana en el Senado y posiblemente en la Cámara de Representantes, donde aún se están contando las bancas.

Igualmente se estima que desde el primer día que pise la Casa Blanca, el 20 de enero, tomará algunas medidas fulminantes, con decretos inmediatos para concretar algunas de sus más importantes promesas de campaña al inicio de su mandato. Sin embargo, en muchos casos, más allá de las aspiraciones de Trump, no queda claro si podrán concretarse legalmente. Las siguientes son las que él más frecuentemente ha mencionado durante su campaña como sus medidas iniciales.

Trump planea promulgar en su «primer día» decretos para «cerrar» la frontera con México y así frenar el ingreso de inmigrantes y así lo ha confirmado el asesor del presidente Jason Miller. No queda claro cómo se implementará específicamente: si clausurará los puertos legales de entrada o aumentará la seguridad en la frontera, que tiene más de 3.000 kilómetros y que es por donde se filtran más de 1.000 inmigrantes “sin papeles” por día.

Además, Trump ha anunciado “la mayor operación de deportación de inmigrantes en la historia” de Estados Unidos, que comenzará desde el inicio de su mandato, pero aún no está claro cómo las concretará. Según anticipó a Clarín el ex encargado para América latina del anterior gobierno de Trump, piensan además con enviar deportados a países de la región a cambio de algún beneficio.

Trump ya dijo también esta semana que «el primer día» de su mandato amenazará a México con aranceles del 25 % a todas sus importaciones si no frena la «llegada de criminales y drogas al país», algo que podría suponer una violación del tratado comercial entre Estados Unido, México los países más Canadá.

El presidente electo ha dicho que impondrá un arancel general de entre el 10 y el 20% a todas las importaciones de bienes estadounidenses y un arancel del 60 por ciento a todos los productos chinos. Eso ampliaría drásticamente los aranceles que impuso durante su primer mandato sobre decenas de miles de millones de dólares en acero y aluminio y más de 300.000 millones de dólares en productos chinos.

También amenaza con imponer aranceles de hasta el 200% a todos los automóviles que procedan de México para que los fabricantes chinos no se instalen en el país.

Trump y su campaña fueron vagos sobre cómo planea implementar ese plan. Muchos expertos en comercio creen que podría recurrir a Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al presidente una amplia autoridad para controlar las transacciones económicas después de declarar una emergencia.

Otra de las medidas que impulsará inmediatamente es la perforación de petróleo para bajar los precios del combustible y “rechazar la obligación de construir vehículos eléctricos”. También ha manifestado que busca terminar pronto con la política del “Green New Deal”, que busca enfrentar el cambio climático al que calificó como “la mayor estafa de la historia”. “Voy a plasmarlo en una orden ejecutiva desde el primer día”, ha dicho Trump.

Trump prometió recortar los fondos federales para las escuelas que enseñan sobre raza y género, prohibir a las mujeres transgénero el acceso a los equipos deportivos femeninos y deportar a los estudiantes internacionales que expresaran su apoyo a los palestinos. Trump podría cumplir muchas de esas promesas sin el Congreso.

También amenazó con retirar fondos federales para las escuelas que enseñan ciertos planes de estudio relacionados con la raza, lo que podría hacer ordenando a la Oficina de Derechos Civiles de su Departamento de Educación que inicie investigaciones sobre las escuelas con estas clases y retire sus fondos.

Trump prometió liberar a quienes han sido condenados a la cárcel por el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021, que fue invadido violentamente por su seguidores, que intentaban frenar el proceso de certificación del triunfo del presidente Joe Biden. Durante la campaña, Trump ha dicho varias veces que es partidario de perdonar a muchos de los, pero no queda claro a quién ni a cuántos. Hay más de 1.500 imputados por el hecho, y los acusados de delitos más violentos ya están en la cárcel.

El presidente electo prometió convertir a unos 50.000 funcionarios públicos en nombramientos políticos, despojando de las protecciones profesionales a quienes actualmente ocupan los cargos y asegurando que los leales permanezcan. Trump ha dicho que le gustaría que su amigo y aportante de campaña, Elon Musk, se uniera a la administración como parte de un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, para hacer recortes presupuestarios y eliminar trabas burocráticas, aunque no estaría claro cómo el dueño de Tesla y Space X podría ejercer un cargo público sin que hubiera incompatibilidad de intereses con sus empresas, que son reguladas por el Estado.