El 6 de enero de 2021, Philip Sean Grillo, ex líder republicano del distrito de Queens, saltó por una ventana rota del Capitolio de Estados Unidos con un megáfono.

Se abrió paso entre una fila de agentes de la policía del Capitolio y abrió las puertas exteriores de la Rotonda para permitir que otros alborotadores entraran al edificio y lo destrozaran.

“¡Asaltamos el Capitolio!”, exclamó en un vídeo, y se le vio fumando marihuana y chocando las manos con otros partidarios de Donald Trump que se enfrentaban a la policía.

“¡Lo cerramos! ¡Lo hicimos!”.

Casi tres años después, un jurado federal condenó a Grillo por múltiples delitos.

Pero no se desanimó: el mes pasado, cuando fue sentenciado a un año de prisión, tenía una burla especial para el juez federal de distrito que lo sentenció, Royce Lamberth.

“Trump me va a perdonar de todos modos”, le gritó al juez, justo antes de que lo esposaran y se lo llevaran.

El lunes por la noche, varias horas después de la toma de posesión de Trump, cumplió una promesa que había hecho en repetidas ocasiones de indultar a casi todos los alborotadores que atacaron y profanaron el Capitolio en 2021 para evitar que se certificara la victoria de Joe Biden.

Grillo y otros 1.500 alborotadores recibieron indultos completos de Trump, mientras que otros 14 recibieron sentencias conmutadas.

Un indulto presidencial para Grillo no solo es una burla del veredicto de su jurado y de la sentencia de Lamberth. E

l indulto masivo de Trump es, en efecto, una burla de un sistema de justicia que ha trabajado durante cuatro años para acusar a casi 1.600 personas que intentaron detener la Constitución de raíz, un sistema que condenó a 1.100 de ellas y sentenció a más de 600 de ellas a prisión.

Lo más importante es que el indulto masivo envía un mensaje al país y al mundo de que violar la ley en apoyo de Trump y su movimiento será recompensado, especialmente si se considera junto con sus indultos anteriores a sus asesores.

Proclama a viva voz, desde el más alto cargo del país, que los alborotadores no hicieron nada malo, que la violencia es una forma perfectamente legítima de expresión política y que quienes buscan perturbar una sagrada transferencia constitucional de poder no deben pagar ningún precio.

El sistema de indultos presidenciales suele ser objeto de abuso en los tiempos modernos por parte de presidentes salientes que dan un último regalo a compinches, donantes o familiares, y esas violaciones de confianza fueron bastante malas.

Biden emitió indultos dudosos a su hijo y, cuando salía por la puerta, a varios otros miembros de la familia, así como indultos preventivos a una serie de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores por acciones no delictivas, todo para protegerlos de posibles represalias republicanas, un uso expansivo del poder del indulto que deforma aún más su propósito.

Pero lo que hizo Trump el lunes es de un alcance completamente diferente.

Utilizó un indulto masivo al comienzo de su mandato para escribir un capítulo falso de la historia estadounidense, para tratar de borrar un crimen cometido contra los cimientos de la democracia estadounidense.

Iniciar su mandato con semejante acto de desprecio hacia el sistema legal es una audacia, incluso para Trump, y debería enviar una señal alarmante tanto a demócratas como a republicanos.

Los miembros de ambos partidos tuvieron que protegerse ese día de la turba, que hizo poca distinción en cuanto a afiliación política o ideología cuando pidió la ejecución del vicepresidente Mike Pence y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes.

En este indulto, Trump perdonó y, por lo tanto, dio aliento a los terroristas nacionales que pusieron en peligro la vida de los miembros del Congreso; el costo a largo plazo lo pagará todo el sistema político, no solo sus críticos.

Durante cuatro años, ha tratado de orquestar el borrado de su papel en la inspiración del ataque.

Fue solo horas después del ataque que sus aliados en la Cámara de Representantes y en Fox News comenzaron a sembrar dudas sobre la motivación de los alborotadores, afirmando que fue organizado por izquierdistas disfrazados de partidarios de Trump.

En 2022, cuando estaba siendo investigado por el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, comenzó a referirse a los alborotadores como “presos políticos” perseguidos por los demócratas y a sugerir abiertamente que el FBI había ayudado a organizar el ataque.

Cuando su campaña presidencial estaba en pleno apogeo el año pasado, había transformado por completo la monstruosa furia sangrienta de ese día en lo que llamó un “día de amor” e insistió falsamente en que ninguno de sus partidarios había llevado armas al Capitolio.

Pero la densa niebla de desinformación de Trump no puede cambiar lo que realmente sucedió en ese terrible día, que, como escribió el consejo editorial de The New York Times en ese momento, “tocó los recuerdos y temores más oscuros de las democracias de todo el mundo”.

Fue un sentimiento en los primeros momentos posteriores al ataque que se hizo eco incluso de los republicanos de alto rango, algunos de los cuales votarían a favor de destituir a Trump por su papel en la instigación del ataque.

Al menos 20 personas que participaron en el ataque sí portaron armas de fuego en el recinto del Capitolio, entre ellas Christopher Alberts, que llevaba un chaleco antibalas con placas de metal y llevaba una pistola de 9 mm cargada con 12 cartuchos de munición, junto con una funda separada de 12 cartuchos que incluía balas de punta hueca.

Fue sentenciado a 84 meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de nueve cargos, entre ellos el de agresión a agentes del orden, pero recibió un indulto total el lunes.

Más de 140 agentes de policía fueron agredidos ese día; Brian Sicknick, un agente de la policía del Capitolio, fue asesinado, y otros agentes recibieron golpes en la cabeza con armas; resultaron contusionados, quemados y lacerados; cuatro de ellos murieron más tarde por suicidio.

“Mi preocupación es que la gente vaya a creer que si me atacan a mí o a miembros de mi familia físicamente, Donald Trump los absolverá de sus actos”, dijo al Times Michael Fanone, un ex agente de policía atacado por la multitud el 6 de enero.

“¿Y quién puede decir que no lo haría?”

Para muchos de los agentes que fueron rociados con gas pimienta, agredidos con palos de madera o golpeados ese día, la idea de que el jefe del ejecutivo de la nación perdonaría tales acciones es despreciable.

“Liberar de culpa a quienes nos atacaron sería una profanación de la justicia”, escribió Aquilino Gonell, un ex sargento de la Policía del Capitolio que sufrió heridas duraderas en el motín, en un ensayo invitado para el Times Opinion este mes.

“Si el señor Trump quiere sanar nuestra nación dividida, dejará que sus condenas se mantengan”.

Stewart Rhodes, el líder de la milicia Oath Keepers, que ayudó a organizar el asalto, fue sentenciado a 18 años de prisión después de ser declarado culpable de conspiración sediciosa por reunir armas de asalto por valor de 20.000 dólares destinadas a ser utilizadas en el Capitolio.

El juez de distrito de Estados Unidos Amit Mehta, que condenó a Rhodes, lo calificó de “amenaza permanente y peligro para este país, para la República y para la esencia misma de nuestra democracia”.

Mehta dijo más tarde que le horrorizaba la idea de que Rhodes pudiera recibir un indulto.

“La idea de que Stewart Rhodes pudiera ser absuelto es aterradora y debería asustar a cualquiera que se preocupe por la democracia en este país”, dijo el juez el mes pasado.

Rhodes no fue indultado, pero su sentencia fue conmutada y estaba previsto que fuera liberado de inmediato.

Enrique Tarrio, el líder de la milicia Proud Boys, fue descrito por un juez federal como el “líder máximo” de la rebelión, aunque fue arrestado y se le prohibió entrar en Washington tan pronto como llegó allí y no entró en el Capitolio.

No obstante, fue sentenciado a 22 años de prisión después de que el Departamento de Justicia dijera que al “inflamar al grupo con rabia contra las fuerzas del orden y luego lanzarlo contra el Capitolio, Tarrio hizo mucho más daño del que podría haber hecho como alborotador individual”.

Hace dos semanas, el 6 de enero, su abogado le escribió a Trump pidiendo el indulto, describiendo a su cliente como “nada más que un orgulloso estadounidense que cree en los verdaderos valores conservadores”, y su solicitud fue concedida el lunes.

Lamberth, un juez federal de alto rango designado por el presidente Ronald Reagan para el Tribunal de Distrito de D.C., ha estado en el tribunal desde 1987 y lo ha visto todo, habiendo servido con el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército en Vietnam y como fiscal federal en Washington durante la década de 1970.

Pero al pronunciar una sentencia contra un alborotador en enero pasado, dijo que nunca había visto tal nivel de “justificaciones sin mérito de la actividad criminal” en la corriente principal política.

“Me ha consternado ver cómo distorsiones y falsedades descaradas se filtran en la conciencia pública”, escribió.

“Me ha sorprendido ver a algunas figuras públicas intentar reescribir la historia, afirmando que los alborotadores se comportaron ‘de manera ordenada’ como turistas comunes o martirizando a los acusados ​​condenados del 6 de enero como ‘presos políticos’ o incluso, increíblemente, ‘rehenes’.

Pero el tribunal teme que una retórica tan destructiva y equivocada pueda presagiar un mayor peligro para nuestro país”.

En su primer día de regreso al cargo público, Trump provocó el peligro que el juez teme, liberando a cientos de personas declaradas culpables de participar en un asalto violento al Capitolio de la nación, no porque no cometieron ningún delito, sino porque cometieron sus delitos en su nombre.

Al hacerlo, invita a que esos crímenes vuelvan a ocurrir.

c.2025 The New York Times Company