El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange podría no solo no ser extraditado a Estados Unidos desde Gran Bretaña sino que el gobierno norteamericano retiraría los caros en su contra, que lo podrían condenar a cadena perpetua.

La presión de Australia -país de nacimiento del hacker-, de los organismos de derechos humanos, de su esposa y abogada sobre la vulnerabilidad de Assange han influido. Su estado de salud es tal que no puede concurrir a las audiencias en Londres, donde se encuentra detenido en la rigurosa prisión de Belmarsh. Su esposa Stella cree que puede morir en prisión. Ambos tienen dos hijos, concebidos cuando él estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.

El presidente norteamericano Joe Biden dijo el miércoles que “estaba considerando “ una solicitud de Australia para abandonar el intento estadounidense de una década de procesar al fundador de WikiLeaks por publicar un tesoro de documentos clasificados estadounidenses.

Durante años, Australia ha pedido a Estados Unidos que retire su procesamiento contra Assange. Un ciudadano australiano, que ha luchado contra los esfuerzos de extradición estadounidenses desde una prisión en el Reino Unido. Cuando se le preguntó sobre la solicitud el miércoles, mientras recibía al primer ministro japonés, Fumio Kishida, en una visita oficial, Biden dijo: “Lo estamos considerando”.

Los fiscales estadounidenses dicen que el fundador de WikiLeaks alentó y ayudó al soldado Chelsea Manning a robar archivos clasificados antes de publicarlos.

El comentario de Biden es el último indicio de que su administración puede haber enfriado la idea de llevar a Assange a juicio, lo que podría resultar políticamente tóxico en un año electoral.

El mes pasado, el Wall Street Journal informó que la administración Biden “estaba explorando la posibilidad” de permitir que el fundador de WikiLeaks llegara a un acuerdo de culpabilidad, que le permitiría admitir un delito menor de mal manejo de documentos clasificados, a cambio de una liberación anticipada.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el jueves que los comentarios de Biden eran “ciertamente alentadores”.

«Soy cada vez más optimista acerca de un resultado. Pero ciertamente aún no se ha logrado», dijo Albanese a Sky News Australia. «Seguiremos defendiendo el caso en cada oportunidad que tengamos».

La última esperanza llega en vísperas del quinto aniversario del encarcelamiento de Assange en la prisión de Belmarsh en Londres. En las últimas semanas, la presión sobre el gobierno de Estados Unidos ha ido aumentando desde Australia y todo el mundo.

Assange ha sido acusado de 17 cargos de espionaje y uno por uso indebido de computadora. Esto lo expone a un máximo de 175 años de prisión, por la publicación en su sitio web de los documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años.

Los fiscales estadounidenses alegan que Assange, de 52 años, “alentó y ayudó a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares que WikiLeaks publicó, poniendo vidas en riesgo”.

Australia sostiene que existe una desconexión entre el trato que Estados Unidos da a Assange y Manning. El presidente Barack Obama conmutó la sentencia de 35 años de Manning por siete años, lo que permitió su liberación en 2017.

En febrero, el parlamento australiano aprobó una moción que pedía a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido que permitieran a Assange regresar a su país natal. Albanese y los miembros de su gabinete votaron a favor de la moción.

Los partidarios de Assange dicen que es un periodista protegido por la Primera Enmienda, que expuso irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán que eran de interés público. La esposa de Assange, Stella, ha dicho que el fundador de WikiLeaks “está siendo perseguido porque expuso el verdadero costo de la guerra en vidas humanas”. Ella ha dicho que su salud continúa deteriorándose en prisión y teme que muera tras las rejas.

Críticos de todo el mundo, incluidos los principales medios de comunicación como The Guardian, New York Times y Le Monde, que participaron en la publicación original de 2010 de las revelaciones de Manning, han advertido que un juicio de alto perfil contra Assange podría enfriar el interés público.

Caitlin Vogus, de la Fundación para la Libertad de Prensa, una organización sin fines de lucro, escribió esta semana que “según la teoría del gobierno en el caso Assange, incluso la simple publicación de secretos gubernamentales –algo que los periodistas hacen todo el tiempo– violaría la ley de espionaje”.

Un tribunal británico dictaminó el mes pasado que Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos por cargos de espionaje, a menos que las autoridades estadounidenses garanticen que no recibirá la pena de muerte.

Assange había llegado a pocas horas de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de espionaje. Pero se le concedió un indulto temporal, cuando los jueces dictaminaron que podría tener una audiencia de apelación final, en caso de que el gobierno estadounidense no cumpliera con la demanda.

Si Biden decide abandonar el procesamiento de Assange, lo alinearía con la anterior administración demócrata de Barack Obama. Se abstuvo de acusar al fundador de WikiLeaks por temor a infringir los derechos de libertad de prensa, establecidos en la primera enmienda.

Los 18 cargos en su contra finalmente se presentaron bajo la presidencia de Donald Trump. Su administración inicialmente acusó a Assange de un cargo de violar una ley federal de piratería informática.