INTERNACIONAL
Lula busca consejo de China para regular las redes sociales tras el fracaso legislativo

El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.
Hay mucha expectación por el resultado final, ya que el STF, con el objetivo de combatir las “noticias falsas”, la “desinformación” y la “incitación al odio”, podría revocar la legislación vigente, considerar a las plataformas responsables de los contenidos que publican y obligarlas a retirar los contenidos de la red incluso sin recibir una orden judicial.
“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.
La mayoría de los ciudadanos brasileños se ha mostrado a favor de la responsabilización de las redes sociales. Una encuesta realizada en enero por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los encuestados está a favor de la responsabilización, mientras que solo el 14% no está de acuerdo. Además, a finales de abril, decenas de personalidades, intelectuales y ex ministros lanzaron un manifiesto público titulado “Internet sin regulación mata”, pidiendo la regulación de las redes sociales. Entre los firmantes se encontraban el fotógrafo Sebastião Salgado antes de su muerte y la estrella brasileña de la música Daniela Mercury. “Exigimos que las plataformas digitales y las redes sociales sean reguladas en su funcionamiento, como ocurre y debe ocurrir con todas las actividades en una sociedad democrática”, reza el documento.
En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.

Además, tras el fracaso del proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales, el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas (PL 2630/2020), aprobado por el Senado pero bloqueado en la Cámara desde 2023, el Gobierno de Lula está preparando otro proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, la designación de una autoridad para bloquear las redes sociales que no denuncien los delitos cometidos en el entorno virtual, sin necesidad de una orden judicial. El proyecto de ley está siendo elaborado por el Ministerio de Justicia. “Tenemos media docena de empresas de redes sociales que gobiernan el mundo. Tenemos que trabajar en la regulación de las redes digitales. El Parlamento debe tener el valor. Si el Parlamento no tiene el valor, el Supremo Tribunal Federal debe tenerlo para crear una regulación”, declaró Lula.
Sin embargo, el tema ha suscitado críticas entre los expertos, que consideran que debe ser el poder legislativo y no el judicial o el ejecutivo el que lleve a cabo una reforma regulatoria. Según Luiz Fernando Plastino Andrade, doctor en Derecho Civil por la Universidad de San Pablo (USP), el Parlamento tiene la oportunidad de crear normas que eliminen la incertidumbre derivada de decisiones judiciales contradictorias. “El Congreso tiene la oportunidad de introducir una normativa general que haya sido ampliamente debatida. Esto eliminará la incertidumbre derivada de la posibilidad de que se adopten decisiones específicas que, en ocasiones, van en contra de las expectativas del mercado y de los ciudadanos”, afirmó el experto al diario O Estado de São Paulo.
Sin duda, lo ocurrido en China durante la última visita oficial de Lula el pasado mes de mayo no ha apaciguado el debate. Durante una reunión privada con su homólogo chino Xi Jinping, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, habría expresado su preocupación por la influencia de TikTok en la política y la opinión pública brasileña, afirmando que el algoritmo de la plataforma favorece a la derecha. Xi le habría respondido que Brasil tiene la legitimidad para regular e incluso prohibir la plataforma si así lo desea.
Lula, interrogado por los periodistas, confirmó que el tema se había discutido directamente con Xi Jinping y añadió que había pedido consejo a China sobre cómo abordar el problema, llegando incluso a proponer el envío de un delegado chino a Brasil para intercambiar experiencias en materia de regulación digital. “Lula confirmó que una persona de confianza del presidente chino vendrá a Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales y que el experto chino será recibido por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones Sociales del Gobierno federal”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil. “En otras palabras, el presidente de una democracia pide ayuda a un régimen dictatorial para regular las redes sociales y envía a este colaborador a hablar con su jefe de propaganda. Y recomienda actuar rápidamente al STF, que a su vez, hasta la fecha, no ha definido exactamente qué son las noticias falsas, pero lleva seis años realizando una investigación interminable bajo este nombre, con un enorme impacto y control sobre la política”, escribe Waack, refiriéndose a un juicio del que es responsable el juez Alexandre de Moraes, el mismo que dirige el proceso contra Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula.
Ayer, además, André Shalders, del diario O Estado de São Paulo, reveló que Rede Minerva Network, una red “anti-fake news”, financiada con 54,1 millones de reales (9,73 millones de dólares) por el Ministerio de Salud y Justicia y “articulada” por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Lula (Secom), pagó el viaje a Cuba de uno de sus investigadores, Marco André Feldman Schneider, que también es coordinador de la Red Nacional para la Lucha contra la Desinformación. El motivo del viaje fue la participación en el IV Coloquio Internacional Patria, un evento del régimen cubano organizado por la Unión de Periodistas de Cuba. El tema del foro era “el vigésimo aniversario de la fundación de Telesur por parte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez”. Según el sitio web francés sobre libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina » y, en su “Índice de Libertad de Prensa” de 2025, ocupa el puesto 165 de 180 países.
Según el diario O Estado de São Paulo, en su discurso en la conferencia cubana, el investigador brasileño afirmó que “en teoría, hay dos formas de neutralizar la polarización y la incitación al odio en las redes sociales: la regulación económica y la moderación de contenidos en las plataformas digitales, con el objetivo de construir la soberanía digital y popular; y políticas públicas a gran escala para la alfabetización mediática y la información crítica”. Tras el evento, Schneider impartió una conferencia sobre desinformación en la Universidad de La Habana y participó en reuniones sobre un posible acuerdo de cooperación entre el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (Ibict), que gestiona el proyecto de la Rede Minerva, y la universidad cubana», escribe Shalders en O Estado de São Paulo, a lo que el investigador respondió diciendo que su viaje a Cuba fue “estrictamente académico”.
Mientras se debate sobre el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil, en estos mismos días dos noticias han puesto de relieve en el debate el temor a la censura. La primera fue la condena de una periodista del diario Zero Hora a pagar 600.000 reales (107.914 dólares) en concepto de indemnización por daños morales a una jueza del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. En su artículo, la periodista había escrito que la jueza había recibido en abril un salario de 662.000 reales (119.065 dólares). Fue condenada porque técnicamente no se trataba de un salario, sino de la “suma de subsidios e indemnizaciones compensatorias” y por el “lenguaje sarcástico y dirigido” utilizado en el artículo. Otro caso que ha suscitado polémica es la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins, además del pago de una multa de 1,4 millones de reales (251.799 dólares) y 300.000 reales (53.957 dólares) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Según el juez, la culpa es de sus chistes sobre las minorías porque “el humor no puede ser una excusa para cometer delitos”, afirmó. “Aunque los chistes de Leo Lins puedan ser detestables, la condena a ocho años de prisión que ha recibido es típica de las dictaduras”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. El diario estadounidense The Washington Post también se ha hecho eco del caso. “La sentencia contra el cómico Léo Lins por chistes contados en 2022 se perfila como el próximo frente en la creciente lucha de Brasil contra la libertad de expresión”, se lee en el artículo.
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INTERNACIONAL
Incoming NGA Chair ‘disappointed’ in Dem governors ‘playing politics’ in bipartisan group

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Colorado Springs, Colo. – Incoming chair of the National Governors Association (NGA), Gov. Kevin Stitt, R-Okla., is «disappointed» that some Democratic governors might stop paying their dues to the bipartisan group.
The Atlantic reported ahead of the NGA’s summer meeting in Colorado Springs, Colo., that at least two Democrats, Govs. Tim Walz of Minnesota and Laura Kelly of Kansas, plan to stop paying their dues when asked to renew their membership this month over the NGA’s response to President Donald Trump’s second term.
«We shouldn’t be playing politics like they do in Washington, D.C.,» Stitt told Fox News Digital in an exclusive interview at the summer meeting. «But sometimes, if you’re a governor running for president or a higher office, you make it political.»
Kelly is chair of the Democratic Governors Association (DGA), the partisan gubernatorial arm that has been vocal in resisting the Trump administration. As Walz weighs a third gubernatorial run, the former vice presidential candidate has remained a leading critic of Trump’s administration since losing the White House alongside Vice President Kamala Harris last year.
TIM WALZ LEADING DEM EFFORT TO TURN BIPARTISAN GROUP AGAINST PRESIDENT TRUMP: REPORT
Incoming National Governors Association (NGA) chair Gov. Kevin Stitt spoke to Fox News Digital during the NGA summer meeting in Colorado Springs, Colo. (Deirdre Heavey/Fox News Digital)
The Democratic discontent comes as Democratic Gov. Jared Polis of Colorado prepares to cede his chairmanship to Stitt, a Republican, at this weekend’s summer meeting. Gov. Wes Moore, D-Md., is set to become vice chair.
DEMOCRATS FORGE STRANGE BEDFELLOWS AS PARTY FLOUNDERS IN TRUMP’S 2ND TERM
«I would tell anybody, listen, do you want your leaders to take their ball and go home just because they get mad at something? That’s not the way to solve problems,» Stitt said, adding that he likes both Walz and Kelly.
«Listen, this isn’t the time to take our ball and go home. Let’s sit down and debate what the best policies [are] going forward,» Stitt added.
The Oklahoma governor said it can be «frustrating» when Democrats are constantly targeting Trump, but as a business leader, he said there are plenty of instances in which governors can find common ground, including a reduction of the United States’ more than $36 trillion in debt.

National Governors Association (NGA) outgoing chair Gov. Jared Polis discusses American education with Education Secretary Linda McMahon at the NGA Summer meeting in Colorado Springs, Colo., on Friday, July 25, 2025. (Deirdre Heavey – Fox News Digital)
Ahead of the summer meeting, Eric Wohlschlegel, NGA communications director, emphasized the bipartisan nature of the NGA and told Fox News Digital the NGA’s «mission hasn’t changed.»
According to The Atlantic report, Democratic members of the NGA complained the group «did not respond forcefully enough» when the Trump administration paused federal funding early this year, as Gov. Janet Mills of Maine clashed with Trump over biological men playing in women’s sports and, more recently, when Trump authorized the National Guard to California to amid the anti-ICE protests.
«Every public statement NGA issues reflects bipartisan consensus. So far this year, all but one statement has had that consensus, and when governors don’t agree, we simply don’t issue one. That’s how we preserve our role as a bipartisan convener, a principle we won’t compromise,» Wohlschlegel explained.
Thirteen Republican and seven Democratic leaders planned to attend the summer meeting, featuring discussions with Education Secretary Linda McMahon and Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr.

Oklahoma Gov. Kevin Stitt, vice chair of the NGA, speaks as chair Gov. Jared Polis of Colorado listens at the National Governors Association (NGA) winter meeting in Washington, D.C. (Fox News/Charlie Creitz)
A source familiar with the situation blamed the controversy on «Democratic infighting, unspoken campaign jockeying and a few anonymous voices looking to reshape a nonpartisan institution into a political one.»
The source added that «no governors are on the record expressing discontent with the NGA. No allegations of misconduct, governance failure or mismanagement have been raised.»
And without addressing the controversy directly, Conor Cahill, a spokesperson for Polis, told Fox News Digital the governor «has been honored» to lead the NGA and to «work across the aisle with governors on education, permitting reform, standing up to federal efforts to strip away gubernatorial authority around the National Guard and elevating the priorities of states.»
He added that «during this polarizing time, bipartisan organizations are needed more than ever, and NGA must continue to demonstrate value to all governors and effectively communicate governors’ opinions on various matters with the public and the federal government.»
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Abegail Cave, a spokesperson for Stitt, told Fox News Digital ahead of the NGA that «people seem to forget NGA is a bipartisan organization, not a political one.»
Fox News Digital reached out to Walz and Kelly for comment but did not immediately receive a response.
INTERNACIONAL
Una muestra en Barcelona revela la infancia de Claude y Paloma Picasso junto a sus padres artistas

“No es fácil ser hija de Pablo Picasso, pero tampoco de François Gilot“, ha confesado Paloma Picasso en la presentación de la exposición Crecer entre dos artistas, con el que el Museo Picasso de Barcelona rinde homenaje a su hermano Claude.
Calificada por el director del museo y cocomisario, Emmanuel Guigon, como “sensible, emocionante y poética”, la exposición se podrá ver desde mañana viernes hasta el próximo 26 de octubre, y el público podrá seguir un viaje emotivo por la infancia de Claude y Paloma Picasso junto a sus padres, en Vallauris, en el sur de Francia, adonde se trasladaron tras la Segunda Guerra Mundial.
Impulsada por la propia Paloma Picasso, la muestra reúne cerca de un centenar de obras icónicas, y muchas de ellas inéditas como La Guenon et son petit, entre pinturas, cerámicas, juguetes y fotografías familiares, así como correspondencia, que ofrecen “una mirada íntima y excepcional a la vida familiar del artista”, remarca Guigon.

Las obras de la exposición, que ha contado con el apoyo de toda la familia Picasso, transmiten, según Guigon, “la felicidad de la vida familiar, y al mismo tiempo una vida centrada en el trabajo”, porque, como ha precisado Paloma, sus padres eran “por encima de artistas, dos trabajadores”.
Comienza la exposición con los retratos de los cuatro integrantes de la familia, convertidos en sombras chinas, pero que “también se podría interpretar como las figuras de las cerámicas griegas”, anota el director del museo barcelonés.
En una segunda sala hay retratos de la familia, algunos inéditos como un retrato de Françoise Gilot de 1946 (Mujer joven sentada), cuadros en los que se ve a los niños jugando, muchos recortes de papel convertidos en pequeños objetos para jugar, fuera un mosquetero, un autobús o un “arlequín dislocado”.
En este mismo espacio se encuentra la escultura La mona y su cría (1951) y los dibujos preparatorios, que muestran el proceso seguido por Picasso para convertir en una mona unos cochecitos que le había regalado Daniel-Henry Kahnweiler a Claude y que el artista ‘robó’ a su hijo.

“Esta escultura es la demostración de que Picasso, más que un genio, es humano, porque decir que es un genio es como si su creatividad le hubiera caído del cielo, y detrás de cada obra había mucho trabajo, como se ve en los dibujos en los que esos coches de Claude se convirtieron en una mona», ha señalado Guigon.
En el ecuador del recorrido, se pueden contemplar, por primera vez en España, algunas de las obras de Gilot, centradas en Claude y Paloma y la vida familiar en Vallauris, en la casa de La Galloise.
Se trata de una obra muy influenciada por Picasso, como se puede comprobar en óleos como Claude y Paloma jugando con una pelota (1953), Mis hijos jugando (1952), Claude a caballo sobre un juguete (1952), La lección de lectura o La mesa del jardín con Claude, éstas sin fecha.

Al final de la exposición, se exhiben algunas cerámicas picassianas con Claude como protagonista, una filmación en la que se puede ver al artista transformar un vaso en una paloma, así como la película que el propio Claude dirigió con Thierry Spitzer un año después de la muerte del malagueño, Atelier 74, que documenta el estado del taller de La Californie, prácticamente intacto desde que Picasso lo abandonó en 1961 para instalarse en Mougins.
Paloma Picasso ha destacado que “en aquel ambiente familiar no había diferencia entre las obras importantes y los juguetes que hacía Picasso“, como unas muñecas que creó con la cara de su hija, que “apenas las hizo -ha recordado- me las quitó, así es la vida”.
No ha ocultado también su satisfacción de que se pueda ver en Barcelona la obra de su madre, algo que frustró la pandemia.
Sobre la relación con dos padres artistas, Paloma Picasso ha comentado: “Mi padre vivía y compartía cosas con nosotros, ponía su vida como ejemplo, y mi madre, con un pensamiento más intelectual, expresaba su temor de que acabáramos odiando el arte, porque era el arte el que nos robaba tiempo con nuestros padres; pero vivir en un ambiente tan creativo es lo mejor para un niño”.
Ha asegurado que no tiene muchos recuerdos de sus padres juntos, pues cuando se separaron ella tenía cuatro años, pero “lo hicieron bien, porque ninguno de los dos hablaba mal del otro”.
De ambos heredó la idea de “no conformarse con lo que sabes hacer, sino ir más allá” y fue así como se acabó dedicando al diseño de joyas.
Fuente: EFE
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INTERNACIONAL
FTC firings take spotlight in Trump’s fight to erase independence of agencies

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The Supreme Court has temporarily allowed President Donald Trump to fire numerous Democrat-appointed members of independent agencies, but one case still moving through the legal system carries the greatest implications yet for a president’s authority to do that.
In Slaughter v. Trump, a Biden-appointed member of the Federal Trade Commission has vowed to fight what she calls her «illegal firing,» setting up a possible scenario in which the case lands before the Supreme Court.
The case would pose the most direct question yet to the justices about where they stand on Humphrey’s Executor v. United States, the nearly century-old decision regarding a president’s power over independent regulatory agencies.
John Shu, a constitutional law expert who served in both Bush administrations, told Fox News Digital he thinks the high court is likely to side with the president if and when the case arrives there.
SUPREME COURT SAYS TRUMP CAN PROCEED WITH FIRING DEMOCRAT-APPOINTED CPSC MEMBERS
The Supreme Court is photographed, Feb. 28, 2024, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)
«I think it’s unlikely that Humphrey’s Executor survives the Supreme Court, at least in its current form,» Shu said, adding he anticipates the landmark decision will be overturned or «severely narrowed.»
What is Humphrey’s Executor?
Humphrey’s Executor centered on President Franklin D. Roosevelt’s decision to fire an FTC commissioner with whom he disagreed politically. The case marked the first instance of the Supreme Court limiting a president’s removal power by ruling that Roosevelt overstepped his authority. The court found that presidents could not dismiss FTC commissioners without a reason, such as malfeasance, before their seven-year terms ended, as outlined by Congress in the FTC Act.
However, the FTC’s functions, which largely center on combating anticompetitive business practices, have expanded in the 90 years since Humphrey’s Executor.
«The Federal Trade Commission of 1935 is a lot different than the Federal Trade Commission today,» Shu said.
He noted that today’s FTC can open investigations, issue subpoenas, bring lawsuits, impose financial penalties and more. The FTC now has executive, quasi-legislative and quasi-judicial functions, Shu said.
SCOTUS greenlights other firings
If the Supreme Court’s decision to temporarily allow two labor board members’ firings is any indication, the high court stands ready to make the FTC less independent and more accountable to Trump.
In a 6-3 order, the Supreme Court cited the «considerable executive power» that the National Labor Relations Board and Merit Systems Protection Board have, saying a president «may remove without cause executive officers who exercise that power on his behalf.»
TRUMP’S CONTROVERSIAL PLAN TO FIRE FEDERAL WORKERS FINDS FAVOR WITH SUPREME COURT

U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts attends inauguration ceremonies in the Rotunda of the U.S. Capitol on Jan. 20, 2025, in Washington, D.C. (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)
The order did not mention Humphrey’s Executor, but that and other moves indicate the Supreme Court has been chipping away at the 90-year-old ruling and is open to reversing it.
The case of Rebecca Slaughter and Alvaro Bedoya gets closest to the heart of Humphrey’s Executor.
Where does Slaughter’s case stand?
Slaughter enjoyed a short-lived victory when a federal judge in Washington, D.C., found that Trump violated the Constitution and ruled in her favor on July 17.
She was able to return to the FTC for a few days, but the Trump administration appealed the decision and, on July 21, the appellate court paused the lower court judge’s ruling.
Judge Loren AliKhan had said in her summary judgment that Slaughter’s case was almost identical to William Humphrey’s.
SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP’S REMOVAL OF BIDEN APPOINTEES FROM FEDERAL BOARDS

Rebecca Slaughter, commissioner of the Federal Trade Commission (FTC), during a House Judiciary Committee hearing in Washington, DC, US, on Thursday, July 13, 2023. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)
«It is not the role of this court to decide the correctness, prudence, or wisdom of the Supreme Court’s decisions—even one from ninety years ago,» AliKhan, a Biden appointee, wrote. «Whatever the Humphrey’s Executor Court may have thought at the time of that decision, this court will not second-guess it now.»
The lawsuit arose from Trump firing Slaughter and Bedoya, the two Democratic-appointed members of the five-member commission. They alleged that Trump defied Humphrey’s Executor by firing them in March without cause in a letter that «nearly word-for-word» mirrored the one Roosevelt sent a century ago.
Bedoya has since resigned, but Slaughter is not backing down from a legal fight in which Trump appears to have the upper hand.
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«Like dozens of other federal agencies, the Federal Trade Commission has been protected from presidential politics for nearly a century,» Slaughter said in a statement after she was re-fired. «I’ll continue to fight my illegal firing and see this case through, because part of why Congress created independent agencies is to ensure transparency and accountability.»
Now a three-judge panel comprising two Obama appointees and one Trump appointee is considering a longer-term pause and asked for court filings to be submitted by July 29, meaning the judges could issue their decision soon thereafter.
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