Después de la noche de 28 de julio en casi toda Venezuela grupos de opositores al régimen chavista salieron a manifestar espontáneamente en contra de los resultados oficiales que daban por ganador a Nicolás Maduro para el período 2025-2031.

Esta vez la mayoría de las manifestaciones partieron de villas miseria de las grandes ciudades, antiguos bastiones del chavismo, donde viven las personas más golpeadas por la larga crisis económica. Algunas protestas devinieron en choques con la policía que las reprimieron a sangre y fuego.

En las calles quedaron 25 personas asesinadas a balazos, incluyendo un militar. Hubo decenas de heridos y centenares de detenciones. También quedó la herencia de un clima de miedo y terrorismo de Estado que desde entonces se apodera de los opositores, anónimos o bien conocidos.

Ya el día 29 el oficialista Consejo Nacional Electoral que controla el régimen, había anunciado a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones y las manifestaciones recrudecieron, junto con la represión.

Desde entonces la autocracia califica y procesa a todos los manifestantes como “terroristas y fascistas” y culpa a la líder disidente María Corina Machado y a su candidato Edmundo González Urrutia de haber ordenado los 25 asesinatos, aunque según testigos fueron cometidos por policías, guardias nacionales o paramilitares del chavismo.

Muchas casas de opositores en barridas pobres han sido marcadas con X y han anulado centenares de pasaportes, en una prohibición ilegal de salida del país.

“Para mi sorpresa, el día primero de agosto a las 5 de la tarde recibo por WhatsApp una amenaza diciéndome entre insultos que esperaban yo aguantara la pela, los coñazos (golpes), y todo lo que se me venía y que la operación Tun Tun venía por mi», dice una persona que estuvo en una marcha y que no tardó ni 15 minutos en escapar de su casa y esconderse durante un mes.

La operación Tun Tun es un método de represión que consiste en reventarles la puerta a los opositores para llevárselos presos, sin orden judicial.

“Las autoridades pusieron en marcha la operación Tun Tun para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el gobierno. Esto generó un clima de terror generalizado en la población”, resumen los expertos de la Misión de Determinación de los ONU, que investiga las violaciones masivas a los Derechos Humanos en Venezuela.

Entre el 29 y el 30 de julio se desataron en todo el país al menos 915 protestas opositoras, según el Observatorio de Conflictividad Social. Muchas de ellas devinieron en los actos vandálicos, incluyendo ataques a bienes del gobierno y el derribo de al menos cinco estatuas de Hugo Chávez, el padre fundador de la llamada revolución bolivariana.

Fue la excusa perfecta. El gobierno no discriminó entre protestas pacíficas y apresó a decenas de estudiantes y trabajadores que venían de regreso de las concentraciones, según testigos y videos.

“Una vez conocidos los resultados electorales, la represión no sólo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición política, sino que se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades”, resume por su parte el informe de la Misión de la ONU.

Los expertos identifican el crimen de persecución por razones políticas.

El aparato represor el chavismo ha refinado sus métodos hasta el punto de amenazar o encarcelar a familiares de los perseguidos para hacer que se entreguen. Uno de esos casos es el de la periodista Ana Carolina Guaita, del medio La Patilla, quien cubrió el derribo de una de esas estatuas en La Guaira, ciudad portuaria cerca de Caracas. Sus familiares denuncian que en realidad la joven es usada como rehén, pues a quien quieren encarcelar es a sus padres, militantes del movimiento opositor.

“Es una política de Estado inclusive ir contra los familiares de los perseguidos para que se entreguen”, observa desde el anonimato un veterano dirigente de la oposición.

“Yo también tengo miedo. Está en la naturaleza humana, lo normal es que sintamos miedo en esta situación, que nos protejamos”, dice al temer que la mayoría de la gente normal y corriente “rehuirá el enfrentamiento con el gobierno y otros dejarán la lucha política”.

La propia Machado advierte: “En Venezuela todos estamos amenazados”. En una breve intervención el viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exponía que todos los que defendieron el voto en la elección del 28 de julio están hoy “en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo, o presos”, por la ola represiva que desató el chavismo.

Uno de estos exiliados es el alcalde Javier Oropeza, de la ciudad de Carora, en Torres, el único municipio en manos de la oposición en el occidental estado Lara. Tuvo que escapar del país para no ir a la cárcel después que el gobierno lo acusara de omisión, de no haber evitado las manifestaciones espontáneas que hubo en su ciudad y que devinieron en ataques contra a sede del PSUV.

Son públicos y notorios los llamados del alcalde a la paz, al diálogo. Pero también pidió las actas oficiales con los votos que le dan el alegado triunfo a Maduro. “Solo si conocemos la verdad podemos conseguir la paz que la ciudadanía requiere”, dijo en uno de sus mensajes.

Sin darle derecho alguno a la defensa, y sin juicio, el gobierno le allanó y decomisó su casa, sus vehículos, su finca y dos diarios locales de su propiedad. Sus dos hijas, 10 y 12 años, fueron perseguidas cuando se refugiaban en casa del abuelo materno y “quisieron secuestrarlas”, dice el alcalde. La familia logró reunirse en el destierro.

Hasta la alcaldesa que Oropeza había dejado también es perseguida y le decomisaron todos sus bienes. En total sumaron 44 presos políticos en Carora, incluyendo el equipo del alcalde y hay otros 112 opositores, resume hoy Oropeza en conversación por WhatsApp.

El medio digital El Pitazo trae la historia de Gerardo Leal, uno de los motociclistas que acompañó a Machado durante la gira electoral en el estado andino de Trujillo. Cuando recrudeció la ola represiva, se enteró de que los cuerpos de seguridad lo andaban buscando. Habían publicado su foto y un aviso de recompensa. Entonces se montó en su moto con lo que llevaba puesto y condujo “por los caminos verdes” hasta la frontera con Colombia, para salir de Venezuela.

Su esposa y su hija de 15 años estuvieron detenidas como medida de presión para que él se entregara a las autoridades policiales, pero no se enteró porque estaba en la carretera”, cuenta El Pitazo.

El último informe de la Misión de ONU recoge decenas de casos que ayudan a explicar el miedo ante la indefensión de las personas comunes. El ex alcalde de Caracas chavista, Juan Barreto, hoy un disidente también amenazado públicamente por los voceros del régimen, destaca para esta crónica que “a falta de legitimidad de origen, el gobierno opta por la contención social vía represión, sustituyendo el consentimiento y el consenso por el miedo”.

“Pero esta política de contención tiene un alto costo que refuerza la impopularidad de un gobierno al que solo le queda el control policial y mediático de la sociedad”, dice Barreto.

o me siento como se sienten todos los venezolanos. En estado de incertidumbre y a la espera de que el CNE cumpla con sus obligaciones legales y publique los resultados desagregados mesa por mesa. Además, estoy preocupado por la suerte de miles de jóvenes de nuestros barrios detenidos y enjuiciados por ejercer su derecho a la protesta pacífica”, dice Barreto.