El gobierno argentino deportó a Paquistán a un ciudadano de ese país que escapa de su tierra natal por ser gay y buscaba pedir asilo por esa condición en México, donde su ingreso fue rechazado por no contar con la suficiente documentación.

El Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich, informó a la prensa que el hombre, identificado como Mati Ullah, que era intensamente buscado tras haber escapado de la zona de migraciones del aeropuerto de Ezeiza cuando estaba en tránsito, fue encontrado escondido en un hotel del microcentro porteño. Según la información oficial, tras ser detenido por las autoridades se lo embarcará en el próximo avión de Emirates rumbo a su país.

Ullah, que llegó con pasaporte paquistaní a la Argentina en calidad de inadmitido, en un vuelo proveniente de Cancún y tras ser rechazado su ingreso a México. Desde tránsito, se escapó a un hostel en Buenos Aires, donde fue detenido por la policía. En el caso intervino el juzgado federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 02 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.

Argentina podría cometer una violación a los derechos humanos y de su convención internacional si deporta al ciudadano paquistaní a su país y muestra su cara en los medios de comunicación. Lo arriesga a una condena a muerte en Paquistán por una turba o a una prisión de por vida porque la sharía musulmana prohíbe la homosexualidad en esta república islámica.

La sharia prevé duras penas para la homosexualidad, que van desde prisión de 2 a 10 años o de por vida, hasta 100 latigazos o lapidación hasta la muerte, si la persona está casada.

La homosexualidad es ilegal según la Sección 377, aunque no está claro si esta ley se aplica solo a los hombres o también a las mujeres. El matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Pakistán.

La censura de las cuestiones LGBT en Pakistán implica hasta el encarcelamiento como castigo. El artículo 34 de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (2016) faculta a la Autoridad de Telecomunicaciones de ese país a eliminar o bloquear contenido si se considera necesario para la «gloria del Islam, el orden público, la decencia o la moralidad».

Sin embargo, antes de esta ley, el gobierno ya venía censurando contenido relacionado con LGBT en línea y en los medios de comunicación. El castigo por difundir este tipo de contenido, mirarlo, si se obtiene acceso a contenido prohibido, etc., es de 3 o más meses de cárcel. Hay muchos gays en Paquistán, pero es un secreto que se conserva para proteger la vida.

Hay algunos lugares donde se puede pasar el rato con gente que son gays en Paquistán . El parque Jahangir, a sólo un kilometro del mercado en Karachi, es uno de ellos. Es un lugar donde los hombres gays del barrio relativamente pobres de Karachi se reúnen en secreto por las noches.

“Nuestro comportamiento y estilo de vida nos hace diferentes a la mayoría de la población. Por lo que seguimos siendo torturados física y psicológicamente. Honestamente, no hay un espacio seguro para que hablemos de nuestras vidas”, dijo un hombre gay en el parque Jahangir, que pidió permanecer anónimo.

Cuando se le preguntó qué pasaría si la gente supiera que es gay, respondió que sería atacado físicamente y golpeado: “La gente vería que es su deber moral y legal hacerlo” explicó.

Las cosas son un poco diferentes para la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) más acomodada de Karachi, que se conoce en las frecuentes fiestas y reuniones de la escena clandestina secreta y bien organizada de la ciudad. No tienen que preocuparse por encontrarse en parques: se comunican en línea.

Pero para el resto, mantener la propia identidad en secreto -o adoptar una nueva- es la única opción.

La homosexualidad se considera un tabú en la conservadora sociedad paquistaní. Hay leyes que vuelven ilegales los actos homosexuales.

La única forma de evitar un peligro grave es que los homosexuales en Pakistán se hagan pasar por transgénero, ya que esto está más aceptado socialmente. La población transgénero del país, conocida como khwaja seras, cortesanas transgénero, o de manera menos educada como hijras, un término general para referirse a hermafroditas, transexuales, eunucos y travestis, narra con orgullo su historia de ser sirvientes distinguidos de las familias reales de los emperadores musulmanes en los siglos XVIII y XIX.

La leyenda dice que se les dio esta posición porque los emperadores estaban seguros de que las mujeres transgénero no harían avances hacia sus reinas y princesas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su papel evolucionó hacia el de «organizadoras de fiestas», con ocasión de nacimientos y bodas en familias musulmanas de clase media-baja en Pakistán, India y Bangladesh.

Hoy en día, el comercio sexual, el baile y la mendicidad son algunas de las pocas vías que quedan para la población transgénero de Pakistán, que está compuesta por entre 50.000 y 150.000 personas.

En la sociedad pakistaní, dominada por los hombres, ser lesbiana es quizás la orientación sexual más difícil porque el espacio para la libertad de las mujeres ya es limitado, ni hablar de las mujeres que aman a otras mujeres.

Ser gay es un delito tan grave como la blasfemia en Paquistán, por la que puede ser condenado gravemente y muchos han muerto por estas acusaciones.

La ley dice que cualquier “observación despectiva, etc., con respecto al Santo Profeta Mahoma, ya sea hablada o escrita, o por representación visible, o por cualquier imputación, insinuación o insinuación, directa o indirectamente, será castigada con la muerte o prisión de por vida, y también estará sujeta a multa”.

Esa legislación, en parte heredada de sus antiguos gobernantes coloniales británicos, se utilizó poco hasta la década de 1970, cuando se reforzó como parte de un impulso para islamizar el estado durante la dictadura militar del general Muhammad Zia ul-Haq en la década de 1980.

El ex primer ministro Imran Khan apoyó la ley. En 2021 pidió a los países de mayoría musulmana que se unieran para presionar a los gobiernos occidentales para que criminalizaran los insultos al profeta del Islam.

Las condenas por blasfemia son comunes en Pakistán porque las ejecuta la turba y los criminalizados deben huir en asilo del país. Muchas de ellas son falsas acusaciones a mujeres cristianas.

Aunque la mayoría de las condenas son rechazadas en apelación por tribunales superiores, las turbas de justicieros han linchado a docenas de personas, incluso antes de que el caso fuera llevado a juicio. Entre los asesinados se encuentran miembros de minorías religiosas, políticos destacados, estudiantes, clérigos y personas con enfermedades mentales.

Han sido quemados vivos, ahorcados por turbas, asesinados a tiros en los juzgados y asesinados a machetazos al costado de la carretera, entre otras formas de ejecuciones extrajudiciales.

Según los medios de comunicación locales y los investigadores, al menos 85 personas han sido asesinadas en relación con acusaciones de blasfemia desde 1990.

Los jueces que ven casos de blasfemia han informado que enfrentan presiones para dictar sentencias condenatorias, independientemente de las pruebas, por temor a sufrir violencia física si no lo hacen.

Cuando estalla la violencia contra la blasfemia, se ha visto a la policía local hacerse a un lado y permitir que las turbas lleven a cabo sus ataques. A menudo por temor a que ellos mismos puedan ser tildados de «blasfemos» por no permitir los linchamientos.

Desde 2011, cuando el gobernador de Punjab, Salmaan Taseer, fue asesinado a tiros por su guardaespaldas por pedir que se reformaran las leyes de blasfemia, el debate general sobre el tema ha sido prácticamente imposible.

Hoy en día, las acusaciones falsas de blasfemia se suelen formular como una forma de presionar a los oponentes en las disputas, incluso por parte de los principales líderes políticos.

El asesino de Taseer fue elogiado por muchos, y el asesinato fue seguido por el ascenso del Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un partido de extrema derecha, con un amplio apoyo que pide que se decapite a los blasfemos.

El ascenso del TLP ha visto un aumento en los casos de blasfemia presentados por motivos ideológicos. El grupo ha sido ilegalizado. Pero fuentes gubernamentales y residentes dijeron que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en la violencia. El TLP ha negado la acusación.

En 2023, hubo al menos 53 personas detenidas en Pakistán por cargos de blasfemia, según la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos.

La mayoría de los acusados de blasfemia en Pakistán son musulmanes. Pero los miembros de minorías religiosas enfrentan una amenaza especialmente grave, según grupos de derechos humanos.

Los cristianos, que forman alrededor del 1,3% de los 250 millones de habitantes de Pakistán, han estado en particular riesgo, ya que barrios de las ciudades de Lahore, Gojra, Jaranwala y la capital, Islamabad, han sido incendiados o atacados tras acusaciones de blasfemia en los últimos años.

Las condenas dependen del testimonio de los testigos y, a menudo, están vinculadas a venganzas personales, dicen los activistas.