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Política, policía y mafia, la turbia alianza detrás del asesinato de Marielle Franco que conmocionó a Brasil

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La reciente detención de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejal afrobrasileña Marielle Franco, un crimen que conmocionó al mundo hace seis años, expuso más que nunca unos vínculos muy turbios: los de la política y el crimen organizado en Rio de Janeiro.


El informe investigativo de la Policía Federal, un grueso expediente de 500 páginas, está repleto de revelaciones que parecen sacadas de una novela mafiosa.

Describe con minuciosidad el funcionamiento de las milicias que siembran el terror en los barrios populares de la ciudad postal de Brasil, con la complicidad de policías y políticos de altos rangos.

Fue contra estas bandas que Marielle Franco alzó la voz antes de ser acribillada a balazos en su auto el 14 de marzo de 2018. La concejal de Rio, procedente de las favelas, murió a los 38 años junto a su conductor, Anderson Gomes.

«Se trata de una investigación fundamental para comprender la profundidad del abismo en el que se encuentra Rio», escribió en la red social X el ex diputado de izquierda Marcelo Freixo.


Marielle Franco consideraba su mentor a Freixo, de quien fue asistente parlamentaria cuando él encaraba frontalmente a esas organizaciones criminales.


«Las pesquisas de la Policía Federal muestran que las milicias mantienen una fuerte influencia en los niveles más altos de la policía de Rio», dice a la AFP Carolina Grillo, coordinadora del Grupo de Estudios sobre las Nuevas Ilegalidades (Geni) de la Universidad Federal Fluminense.

Una mujer retoca un mural con la imagen de Marielle Franco, en una favela de Río de Janeiro (Brasil), en una imagen de archivo. Foto: EFEUna mujer retoca un mural con la imagen de Marielle Franco, en una favela de Río de Janeiro (Brasil), en una imagen de archivo. Foto: EFE

que el poder público desempeña un papel activo para favorecer las actividades de las milicias», agregó.

Sospechosos y vínculos políticos


Detenidos el domingo, los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão son viejos conocidos de la política carioca. Los investigadores los vinculan directamente con las milicias.


El primero fue diputado local y luego consejero del Tribunal de Cuentas de Rio; el segundo, concejal de la ciudad, y actualmente es diputado federal.

El tercer sospechoso detenido, Rivaldo Barbosa, no es otro que el antiguo jefe de la policía civil de Rio. La investigación inicialmente estuvo a cargo de esa autoridad, pero el año pasado pasó a manos de la Policía Federal.

Según los investigadores, los hermanos Brazão contrataron los servicios de Barbosa para «asegurarse de antemano la impunidad».


Nombrado en el cargo la víspera del asesinato, Barbosa habría velado por que «la investigación naciera muerta» al ocultar las huellas.


Su detención supuso un ‘shock’ para los familiares de Marielle Franco, que se sintieron «traicionados» por quien los reconfortó poco después del crimen.


«Me dijo que para él era una cuestión de honor resolver el caso», contó Marinete da Silva, madre de la exconcejal, al canal GloboNews.


Los tres detenidos se dicen inocentes.

Marielle Franco en enero de 2018, meses antes de ser asesinada en Río de Janeiro. Foto: APMarielle Franco en enero de 2018, meses antes de ser asesinada en Río de Janeiro. Foto: AP

La investigación se estancó durante cinco años, hasta el inicio del mandato del presidente socialdemócrata Luiz Inácio Lula da Silva, que hizo del esclarecimiento del asunto una promesa electoral.

El terror de las milicias en Río

Las milicias llevan unos cuarenta años sembrando el terror en Rio. Creadas por antiguos policías, empezaron a establecerse en barrios populares del oeste de la ciudad, donde se presentaban como grupos de autodefensa comunitaria para mantener a raya a las bandas narcotraficantes.


Además del «impuesto de protección» a los comerciantes, han extendido su extorsión a todo tipo de servicios, como gas e internet.


Pero sobre todo, se han apoderado de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas y edificios comerciales, de manera que la propiedad es «su principal fuente de ingresos», explica Carolina Grillo.

Según la Policía Federal, ordenaron el crimen porque Marielle Franco «amenazaba sus intereses».


El informe también menciona «numerosos indicios» de la implicación de los hermanos Brazão «en actividades de milicias criminales relacionadas con la apropiación ilegal de tierras».

Un operativo de la policía en la favela da Maré, en Río de Janeiro, en octubre de 2023. Foto: EFE Un operativo de la policía en la favela da Maré, en Río de Janeiro, en octubre de 2023. Foto: EFE


La investigación «demostró la importancia central de la cuestión de la tierra» en el control que las milicias ejercen sobre los barrios donde se asientan, incluso «a nivel político», subraya David Marques, de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.


Las zonas dominadas por estos grupos criminales se han convertido así en bastiones electorales para políticos, como sería el caso de los Brazão.


En 2008, cuando Marcelo Freixo creó una comisión parlamentaria de investigación en la Asamblea Legislativa de Rio, con la participación activa de su entonces asistente Marielle Franco, las milicias recibieron un duro golpe.


Decenas de personas fueron detenidas, entre ellas representantes electos locales.

Pero estos grupos delictivos «se reformaron rápidamente y reanudaron su crecimiento», afirma Carolina Grillo.


Para el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, las revelaciones de la pesquisa representan una oportunidad para «repensar» las políticas de seguridad «recuperando el control de los territorios».

«Para ello se necesitan políticas públicas, porque es aprovechando ese vacío cuando las milicias se afianzan y siembran terror», dijo el martes durante un homenaje a Marielle Franco en la Cámara de Diputados.



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INTERNACIONAL

Matan a otro alcalde en Ecuador, a días de la votación del referéndum que busca combatir la ola de violencia

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El alcalde de una pequeña ciudad minera en el sur andino de Ecuador fue asesinado a tiros, pocos días antes de que se celebre una consulta popular con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende aprobar reformas para enfrentar la crisis de inseguridad.

José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, «fue baleado y producto de ello perdió la vida» el miércoles, señaló la alcaldía de esa localidad en su página de Facebook.

Sánchez, de 52 años, estaba haciendo ejercicios físicos en horas de la noche acompañado de su equipo de seguridad, cuando hombres armados abrieron fuego contra él, según reportó la policía en la red social X.


Los sospechosos «se movilizaban en una camioneta que después fue presuntamente incinerada y localizada posteriormente», añadió.


El ministerio del Interior expresó su solidaridad con la familia y amigos del alcalde, quien había sufrido un atentado en su vivienda en octubre del año pasado.


«Este trágico suceso refuerza nuestro compromiso incansable de luchar contra graves actos criminales», apuntó el ministerio del Interior en un comunicado difundido en su cuenta de X.


Sánchez era abogado y en 2021 presidió la Cámara de Minería de Camilo Ponce Enríquez, donde existe extracción ilegal de minerales.

Con el asesinato de Sánchez suman cuatro los alcaldes ultimados en un año en Ecuador, y es el segundo en menos de un mes. En marzo, la alcaldesa de San Vicente, en Manabí, fue asesinada en circunstancias similares.

Brigitte García, que con apenas 27 años era la alcaldesa más joven de Ecuador, fue encontrada junto a su asistente de comunicación Jairo Loor en el interior de un vehículo sin signos vitales y con heridas por impacto de arma de fuego.

La zona del crimen. Foto: @PolicíaEcuadorLa zona del crimen. Foto: @PolicíaEcuador

La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) solicitó en un comunicado una investigación «exhaustiva y rápida» sobre el crimen y exigió protección para los alcaldes del país. «Cada alcalde o alcaldesa caído es un golpe directo a la estabilidad y la gobernanza local», apuntó la AME.

La violencia política también incluyó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien en agosto pasado murió al ser baleado a la salida de un evento de campaña.

Referendo y cortes de energía


Las muertes de este año se han dado en medio de un rebrote de la violencia y de un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales con las fuerzas armadas.

El próximo domingo, cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados a la urnas para votar por reformas legales y constitucionales cuyo eje principal es el combate a la violencia.

Es la tercera consulta popular para los ecuatorianos en poco más de un año. El gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso llamó a las urnas en febrero de 2023 también sobre temas de seguridad y ganó el “no”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca frenar la ola de violencia y convocó a una consulta popular. Foto: EFEEl presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca frenar la ola de violencia y convocó a una consulta popular. Foto: EFE

Analistas coinciden en que, detrás de las 11 preguntas de la consulta, está la intención del presidente Noboa de posicionarse con miras a su eventual reelección en las presidenciales de 2025. Noboa asumió un gobierno de transición a fines de noviembre -tras la salida de Lasso cuando era sometido a un juicio político- para un período corto de año y medio que termina en mayo del próximo año.

Mientras tanto, este jueves comenzó a regir la suspensión por dos días de las labores públicas y privadas ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta seis horas y puede traer pérdidas millonarias.

El mandatario Daniel Noboa decretó la «suspensión de la jornada laboral» el jueves y viernes, señaló la presidencia en un comunicado, que atribuyó su decisión no sólo «a circunstancias ambientales» sino a «actos inauditos de corrupción y negligencia».

Con información de Agencias



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