El término Ley Marcial que evoca imágenes de tanques en las calles y suspensión de derechos, vuelve a la conversación pública cada vez que una crisis política o social amenaza la estabilidad de un país. Pero, ¿qué implica realmente este estado excepcional? ¿Cuándo se justifica su aplicación?

Según la Corte Interamericana por los Derechos Humanos, la Ley Marcial «es el sistema de reglas que toma efecto cuando una situación requiere que una autoridad militar tome control de la administración normal de la justicia».

En general, «la Ley Marcial implica una reducción de los derechos del individuo, un acortamiento del proceso del juicio, y castigos más severos que los de la ley normal. En muchos casos, la pena de muerte es impuesta para crímenes que normalmente no serían capitales.

Los tribunales militares son los que a menudo administran la justicia bajo Ley Marcial«, indica la Corte Interamericana por los Derechos Humanos.

Son muchos los países que aplicaron la Ley Marcial y entre ellos figura la Argentina, donde se convirtió en una consecuencia lógica de los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955 y 1976.

Posiblemente, la Masacre del Campo de Marte, el 17 de julio de 1791, en París durante la Revolución Francesa, fue el preludio de la primera aplicación de la ley. Ese día, la Guardia Nacional disparó contra manifestantes que pedían un referéndum sobre la abdicación del rey y el establecimiento de una república, por orden del alcalde, Jean Sylvain Bailly.

Durante el período conocido como el Terror, el político francés Robespierre ordenó ejecutar a quienes no comulgaban con sus ideas (habrían muerto unas 40.000 personas). Finalmente, en 1794, él mismo murió en la guillotina.

La Ley de Insurrección, aprobada en los Estados Unidos en 1792, permitió la intervención de tropas federales durante el incendio de Chicago (1871) y el terremoto de San Francisco (1906). También luego del ataque a Pearl Harbor (1941).

La última vez que Washington envió tropas federales para restablecer el orden en un estado de la Unión fue en Los Ángeles, en 1992, durante los disturbios producidos luego de la detención y agresión a Rodney King.

En España, en 1936, los generales Mola y Franco recurrieron al estado de excepción y al toque de queda para controlar todo tipo de oposición en el inicio de la Guerra Civil. El gobierno de Polonia declaró el estado de guerra entre 1981 y 1983 para sofocar las protestas del sindicato Solidaridad. Sus líderes fueron detenidos y una investigación posterior reveló que hubo al menos un centenar de muertos.

El gobierno chino impuso el estado de excepción en Beijing, durante 7 meses, para aplastar las protestas de la plaza Tiananmen (1989). Más recientemente, en 2021, luego de tomar el poder, los militares aplicaron la ley marcial en Myanmar para reprimir todo tipo de protesta.

En el año 2022, luego de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aplicó la Ley Marcial en todo el país. Lo mismo hizo el presidente ruso, Vladimir Putin, en los territorios anexionados ilegalmente durante la llamada «operación militar».

• Suspensión de derechos constitucionales, como la libertad de expresión o reunión.
• Control militar de la población y las instituciones civiles.
• Justificación basada en una supuesta emergencia nacional o crisis.
• Duración variable, desde días hasta años.
• Potencial para el abuso de poder y la violación de los derechos humanos.

Históricamente, la ley marcial se ha invocado ante guerras civiles, desastres naturales, insurrección, amenazas terroristas o golpes de estado. Sin embargo, la legitimidad de su aplicación es a menudo cuestionable. Muchos casos demuestran su uso como herramienta de control político, silenciando disidencias y consolidando el poder de un régimen.

La ley marcial, aunque teóricamente justificada en situaciones extremas, representa una amenaza para la democracia y los derechos fundamentales.

En el siglo XXI, es imperativo buscar soluciones pacíficas y democráticas para afrontar las crisis, evitando el recurso a medidas tan drásticas que, históricamente, han resultado en graves violaciones de los derechos humanos.