Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.

La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán «Sí» o «No», serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

– Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

– Permitir la extradición.

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

– Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

– Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

– Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

– Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

– Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró «terroristas» a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

– Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.

– Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.

– Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.

– Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).

De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.