Cuando faltan menos de cinco semanas para las elecciones regionales en Cataluña y ante la incertidumbre respecto de si el independentismo logrará o no mantenerse en el gobierno, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba de anunciar cuál sería la pregunta del referéndum que él espera acordar con el gobierno de Pedro Sánchez para consultar a los catalanes si desean separarse del resto de España.

“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?” es la formulación que postula Aragonès, quien gobierna desde 2021 y aspira a su reelección en las elecciones del 12 de mayo que él mismo convocó anticipadamente.

Luego de la derrota parlamentaria en la que no logró aprobar sus presupuestos para este 2024, Aragonès, que gobierna con apenas 33 diputados propios y en solitario desde que sus socios del otro partido independentista, Junts per Catalunya, abandonaron la Generalitat, resolvió adelantar los comicios.

Puso fecha para el 12 de mayo y piensa postularse a la reelección. Las encuestas dan el primer puesto al candidato del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, y una resultado muy ajustado para el independentismo de ERC y de Junts que estarían cerca del empate en cantidad de votos.

Con el resultado electoral en la mano y sin aparente mayoría absoluta para ninguno de los candidatos, habrá que ver quién logrará los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno.

Contento y ya en precampaña, el presidente catalán presentó un informe que encargó al Instituto de Estudios del Autogobierno, un organismo que depende de la Generalitat y que el martes entregó a Aragonès sus conclusiones.

El trabajo, titulado “Identificación y concreción de las vías jurídicas para la realización de un referéndum que pregunte a la ciudadanía de Cataluña sobre la independencia”, encontró en el artículo 92 de la Constitución española su mejor aliado para poner sobre la mesa una consulta popular que no sea considerada “ilegal”, tal como sucedió con el referéndum que Cataluña realizó el 1 de octubre de 2017.

“La vía del artículo 92 dispone que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos (apartado 1), que debe ser convocado a propuesta del presidente del Gobierno y autorizado previamente por el Congreso de los Diputados (apartado 2)”, señaló el informe.

“Mi gobierno no se deja nada en el cajón”, dijo Aragonés cuando presentó el documento.

“Hice un pedido al Instituto de Autogobierno para elaborar un informe sobre las vías jurídicas para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña”, explicó antes de aclarar que la consulta que espera acordar con Pedro Sánchez se concretará “con una pregunta clara a la que se debe responder con un ‘sí’ o con un ‘no’”.

“Es la posición del señor Aragonés”, respondió la vocera del gobierno español, Pilar Alegría, en la rueda de prensa que se realiza todos los martes en el Palacio de la Moncloa, después de la reunión de gabinete.

Para Alegría, quien además es ministra de Educación y Deportes, el anuncio del presidente catalán es puro oportunismo electoralista.

“Y va en contra de la política que estamos andando en estos últimos años. Una política de unidad y reencuentro -dijo la ministra portavoz-. En absoluto está en la hoja de ruta de nuestro gobierno (un referéndum).”

Rápido de reflejos, Aragonès respondió: “Imposible no está en nuestro diccionario”.

Antes de Semana Santa, en un desayuno organizado por la agencia de noticias EuropaPress con el presidente catalán en el que participó Clarín, Aragonès confirmó que el referéndum de autodeterminación para Cataluña figura en el acuerdo con el gobierno.

El presidente catalán pertenece a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el histórico partido independentista que en noviembre del año pasado acordó apoyar la última reelección de Pedro Sánchez a cambio de algunas concesiones.

ERC ya había pactado con Sánchez en la Legislatura pasada a cambio de la creación de una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el regional catalán.

De aquellas negociaciones salieron los indultos a los independentistas que habían sido juzgados y condenados por su participación en la declaración unilateral de independencia de 2017.

Y, luego, la ley de amnistía, requisito indispensable que exigió el otro partido separatista, Junts, cuyo líder es el ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Puigdemont, quien huyó de España luego de declarar la independencia y se autoexilió en Bélgica, ya anunció que será candidato en las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Su regreso a España depende, sin embargo, de cuándo entre finalmente en vigencia la polémica ley de amnistía que la Cámara de Diputados aprobó pero que el Senado está demorando lo más que sea posible por considerarla anticonstitucional.

“Ha habido una amnistía pero la resolución del conflicto no se acaba. Tenemos que plantear nuestras propuestas de futuro”, confirmaron este miércoles a Clarín fuentes del gobierno catalán.

“Hemos saltado de fase. Ya estamos hablando de referéndum. Es la única forma de resolver un conflicto de esta índole”, aseguraron.

En un encuentro con corresponsales extranjeros, desde el entorno de Aragonès admitieron que la coyuntura actual de diálogo y negociación con el gobierno es “una ventana de oportunidad que hay que aprovechar”.

Por eso postulan pactar, aunque sin fecha a la vista, un referéndum: “Votar es posible si hay voluntad política para que así sea -dicen-. Nos inspiramos en el recorrido que ha hecho el Reino Unido con Escocia o el que ha hecho Canadá con Quebec. Nos inspiramos en estos precedentes para construir la vía catalana”.

“El artículo 92 de la Constitución española nos permite decir que un referéndum sobre la independencia de Cataluña sería posible siempre y cuando haya un acuerdo entre las dos partes -agregaron-.

Se interpreta que este artículo habla de ‘ciudadanos’ pero no habla de ‘territorios’ y esta diferencia es lo que jurídicamente podría circunscribir el ámbito territorial del referéndum única y exclusivamente a Cataluña.” Y no a toda España.