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INTERNACIONAL

Renunció la canciller de Perú por una fallida reunión de la presidenta Dina Boluarte y Joe Biden

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El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, confirmó la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi, a raíz de las críticas por una fallida reunión anunciada para el pasado viernes entre la presidenta Dina Boluarte y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Otárola dijo que Gervasi «hoy pasa a otra etapa en su vida profesional», después de recordar todas las actividades y foros en los que estuvo a cargo y se desempeñó correctamente.

«A nombre del Gobierno, (quiero) expresar (el) agradecimiento por (la) conducción eficiente del sector. Una profesional que se puso a la altura de las circunstancias«, expresó el primer ministro sobre Gervasi.

«Creemos que en las próximas horas estará tomando juramentación la nueva, o nuevo, ministra de Relaciones Exteriores», añadió.

La decisión de Gervasi se conoció después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazara su pedido para presentar un informe sobre las actividades de Boluarte en EE.UU. y el intento de reunión con Biden, que finalmente se convirtió en un diálogo al paso en los pasillos de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca a sus homólogos de República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, Gabriel Boric, pero no a Boluarte.

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Ante una consulta sobre los motivos de la salida de Gervasi, Otárola respondió que «su renuncia se debe a los acontecimientos por todos conocidos» e insistió en que representa «el fin de un liderazgo en la Cancillería».

En ese sentido, el primer ministro pidió al Congreso que «pondere» sus decisiones «para sentar las bases de un diálogo alturado» y dar inicio a un «nuevo proceso» de acercamiento.

La ex canciller de Perú Ana Cecilia Gervasi. Foto AFPLa ex canciller de Perú Ana Cecilia Gervasi. Foto AFP

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento anunciaron que iban a debatir la posibilidad de invitar a la canciller a ofrecer sus explicaciones ante el pleno, donde algunos legisladores habían anticipado una posible moción de censura en su contra.

En su carta de renuncia -publicada por diversos medios antes del Consejo de Ministros-, Gervasi expresó «su profundo agradecimiento» a Boluarte y aseguró que ejerció su cargo «con la mayor dedicación y profesionalismo y con la satisfacción de haber podido servir» a su país.

Agregó que se han superado «momentos complejos» para Perú tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), quien fue destituido por el Congreso, lo que permitió a Boluarte asumir la jefatura del Estado por sucesión constitucional, ya que era su vicepresidenta.

En un anterior pronunciamiento, Gervasi aseguró el domingo que el Ejecutivo entregó información «veraz y sustentada» al solicitar al Congreso la autorización para el viaje de Boluarte a EE.UU.

La ministra respondió, de esa manera, a las críticas y el pedido de información que hicieron congresistas de diversas bancadas luego de la fallida reunión con Biden, que algunos consideraron que no había sido pactada.

Al respecto, agregó que «el Departamento de Estado de los EE.UU. ha confirmado que la reunión bilateral fue pactada» y dijo que «el formato de la misma fue determinado luego por las autoridades estadounidenses».

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Tras una serie de rumores, la Cancillería admitió el viernes que la reunión con Biden «fue confirmada el 30 de octubre por la Casa Blanca y reconfirmada hasta anoche, 2 de noviembre», pero luego «no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales».

Tras conocerse ese pronunciamiento, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, envió un oficio a Gervasi para solicitarle información y manifestar su «profunda preocupación por la forma en que se viene conduciendo la agenda de viajes al exterior de la presidenta».



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INTERNACIONAL

Nicolás Maduro ahora insulta a Canadá porque sancionó a altos funcionarios del chavismo

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El gobierno de Nicolás Maduro sigue con su política de insultar a los países que condenan y sancionan a los altos cargos venezolanos, unos 312 hasta ahora, por haber cometido delitos de corrupción, lavado de dinero, represión, violación de los derechos humanos, narcotráfico y destrucción de la democracia y las libertades.

El último país en recibir el chorro de insultos chavistas ha sido Canadá, cuyo gobierno decidió sancionar a 5 magistrados y fiscales del Ministerio Público venezolano, que han promovido y avalado el fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio, por las que Maduro se juramentará el 10 de enero en su tercera reelección.

Los cinco funcionarios sancionados por el gobierno de Justin Trudeau son: Caryslia Rodríguez: Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Carlos Hidalgo Pandares: Juez del TSJ, Rosalba Gil Pacheco: Integrante del Consejo Electoral Nacional (CNE), Edward Miguel Briceño Cisneros: Juez TSJ y Luis Ernesto Dueñez Reyes: Fiscal.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Maduro respondió así a las sanciones de Canadá: «Es un gobierno que no camina sino que se arrastra».

Rodríguez expresó que «es Canadá un gobierno que no camina sino que se arrastra sobre sus codos y rinde pleitesía ante quienes los humillan, hacen circo frente a sus opresores. Nosotros nos ocuparemos de la libertad y la independencia. Nosotros somos Bolívar en historia viva. Que ese título nos lleve a la independencia y la dignidad nacional».

Por su lado la cancillería venezolana emitió un comunicado en el que expresa su rechazo “de manera contundente las medidas extorsivas en contra de funcionarios venezolanos que pretende imponer Canadá”

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En el texto, señala que la nación canadiense con esta acción confirma una vez más su «papel servil» como esclavos de los intereses imperiales de Estado Unidos. Al mismo tiempo que catalogan de ilegales las medidas contra los funcionarios legítimos de la nación, por lo que, aseguran que esto no es más que, un intento fallido de presionar a Venezuela mostrando la humillación y el descrédito de Canadá.

El gobierno canadiense condenó por su parte que el régimen de Maduro lo acuse de actuar como «un peón disminuido y subordinado» al gobierno norteamericano.

En un comunicado, la ministra de Exteriores Mélanie Joly declaró que las sanciones contra los cinco funcionarios venezolanos señalan que «Canadá no se quedará quieta mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».

Joly dijo que es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis en la que se encuentra sumida el país y que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.

«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.

Las sanciones congelan los activos que los sancionados venezolanos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.

Los 5 magistrados del fraude electoral forman parte de los 312 funcionarios venezolanos han sido sancionados desde 2017 por los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtensteins, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Bosnia Herzogovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA, más los señalados por las Naciones Unidas de violación de los derechos humanos.

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