Solo dos de los nueve frentes que participan en las elecciones generales de Bolivia incluyeron mujeres en sus fórmulas presidenciales. Se trata de Eva Copa que postula a la Presidencia por su propio partido, Movimiento de Renovación Nacional (Morena); y Mariana Prado, candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular, el frente que encabeza Andrónico Rodríguez, quien fue considerado el “heredero político” de Evo Morales (2006-2019).

Ambas candidatas vienen de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ocuparon cargos importantes dentro del Estado. Con orígenes sociales y académicos distintos, las dos postulantes se presentan como parte de la renovación de la izquierda boliviana y sus propuestas tienen más similitudes que diferencias: ambas buscan consolidar los avances sociales del MAS, pero hacer ajustes en la política financiera manteniendo al Estado como un actor protagónico de la economía nacional.

La actual alcaldesa de El Alto nació en 1987, es la sexta de siete hermanos de una familia humilde y de vocación diversa: hay desde una enfermera hasta un cerrajero. Su formación política inició en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de donde se tituló como trabajadora social. Fue miembro del centro de estudiantes y desde ahí pasó a las listas del MAS para el Legislativo en 2014.

Fue elegida senadora, pero su gestión no destacó públicamente hasta casi el final de su mandato en 2019, cuando la crisis post electoral provocó la renuncia de Evo Morales y de todos los que lo seguían en la línea de sucesión constitucional.

Huérfanos de sus líderes políticos, los parlamentarios del MAS eligieron a Copa, de 32 años, como presidenta del Senado. La mujer que hasta entonces era desconocida a nivel nacional ocupó las primeras planas de los medios al ser una figura clave en la estabilización del país en medio de la convulsión política y social de aquellos días. La senadora viabilizó la ley de convocatoria a elecciones durante el mandato interino de Jeanine Añez, lo que le valió ser acusada de traidora por el ala radical de su partido. En medio de las críticas, ella defendió el haberse quedado a dar la cara cuando el país ardía y los padres de la patria huían.

“Copa fue la primera mujer del bloque popular que interpeló a Morales y se le ha parado de frente en un momento clave, ahí reside su principal capital político”, explica el analista político Carlos Saavedra. La entonces senadora ganó popularidad por haberse mostrado valiente y conciliadora en un momento en el que “el país necesitaba certezas”, apunta el experto.

Sin embargo, el haber pactado con el gobierno de Jeanine Añez le pasó factura con el MAS. En 2021, Morales la apartó del frente y le negó la candidatura a la Alcaldía de El Alto. Como un efecto bumerán, la estrategia del líder cocalero salió mal: Copa postuló con otro partido y arrasó en la votación.

En 2022 fue distinguida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y visitó Nueva York vestida de chola paceña, reivindicando sus orígenes y a las clases populares bolivianas.

Si bien logró mantener un capital simbólico importante, tuvo dificultades de gestión en una ciudad que tiene tanta población como necesidades. En paralelo creó su propio partido, con una sigla idéntica a la de Claudia Scheinbaum en México, y mostró una buena coordinación con el Gobierno de Luis Arce. De hecho, su candidato a vicepresidente y su jefe de campaña fueron colaboradores cercanos del presidente.

Con Morales la relación no ha hecho más que enfriarse. Si bien nunca hubo un trato cercano y sus encuentros se limitaron a unas pocas reuniones de bancada para tratar temas de gestión, a ella le molestó el haberse enterado de su renuncia por televisión, haber sentido “abandono” cuando se quedó a cargo de la Asamblea Legislativa y por ser desplazada del partido en las elecciones municipales.

Su nueva apuesta electoral no parece muy prometedora. Las encuestas le dan menos del 2% de intención de voto y su campaña política para las elecciones es un misterio, no ha hecho ningún acto de propaganda público salvo por algunas entrevistas televisivas.

Al parecer, la estrategia pasaba por ser la única opción de izquierda alternativa al MAS si Andrónico Rodríguez no era habilitado a las elecciones. Cuando faltan 21 días para la votación, las listas de Morena están abiertas y casi vacías: de los más de 300 candidatos al Legislativo solo tiene siete inscritos, lo que le da pie para anotar candidatos a último minuto porque la norma electoral lo permite en caso de inhabilitación.

Se sabe que hubo acercamientos con el evismo para canalizar esa fuerza política a través de Morena, pero su jefe de campaña, Iván Lima, afirmó que el acuerdo no incluiría a Morales. Sin embargo, hasta ahora no hay nada asegurado, ni siquiera la continuidad de su candidatura: según Lima, bajarse de las elecciones “es una de las posibilidades” que consideran ante su bajo desempeño en las encuestas y la falta de acuerdos entre los candidatos de izquierda.

Después de casi cinco años con un perfil bajo, la ex ministra de Planificación del Desarrollo del Gobierno volvió a la palestra pública. Mariana Prado, de 43 años, es la compañera de fórmula de Andrónico Rodríguez, el aprendiz de Evo Morales que tomó vuelo propio y ahora disputa la Presidencia.

Prado tiene una larga trayectoria en la gestión pública y créditos académicos. Se graduó de uno de los colegio más exclusivos de La Paz, es abogada y administradora de empresas con especialización en gestión pública y habla tres idiomas. Sus amigas de la escuela la recuerdan como alguien que “hacía todo bien”.

Conoció a Evo Morales en Francia cuando dio una charla en la Casa de América Latina poco antes de asumir la Presidencia por primera vez y ella era una estudiante Lengua y civilización francesa en una universidad afiliada a la Sorbona. Fue a escucharlo y tuvo la oportunidad de saludarlo al finalizar el evento. Diez años después diría en una entrevista que ese día sintió “su aura y su carisma” y que ser parte de su equipo le parecía “un sueño”.

Prado retornó a Bolivia en 2006 y pronto empezó a trabajar en la función pública. Pasó por algunos ministerios, por el directorio de la empresa estatal de aviación y la Vicepresidencia del Estado, donde fue jefa de gabinete de Álvaro García Linera, a quien considera uno de sus mentores. En 2018, a los 34 años, fue designada ministra de Planificación del Desarrollo por sugerencia del vicepresidente. “Casi el 80% de mi perfil ha sido orientado al sector público, he tenido experiencia en el ámbito internacional y algo muy reducido en el sector privado, pero soy una nena del Estado”, manifestó hace poco en una entrevista que se ha viralizado.

Tras la caída del Gobierno en 2019, Prado prácticamente desapareció del ojo público y mantuvo un perfil bajo. En el Gobierno de Luis Arce fue designada vicepresidenta de Fonplata hasta que su vida dio un giro en mayo de este año.

Estaba en Argentina cuando recibió la llamada de alguien del entorno de Rodríguez que le dijo que el candidato quería comunicarse con ella. Pensó que le pediría asesoramiento para su redactar plan de Gobierno y se sorprendió cuando la invitó a ser su compañera de fórmula. Se habían conocido cuando ella era ministra y él dirigente sindical de los cocaleros.

Prado retornó a Bolivia para reunirse en persona y la ex ministra puso dos condiciones para aceptar la propuesta: terciar con un partido que esté en línea con sus principios políticos y no hacer “nada contra Evo”. Con las bases sentadas, aceptó y empezó la tormenta.

En cuanto Prado asomó en el escenario electoral inició una campaña en su contra. La denuncia más mediática viene de una organización feminista que la acusa de haber “defendido” a un feminicida en 2018, cuando acudió a una citación judicial para testificar sobre la clase de persona que había sido con ella su ex novio, el acusado del feminicidio. Sus detractoras dicen que su asistencia a los tribunales fue un acto político por su posición de ministra. En su defensa ella sostiene que fue incluida en la lista antes de ocupar el cargo y que no testificó sobre el hecho en sí porque no lo presenció.

También enfrentó el rechazo de sectores que respaldan a la Alianza Popular y que posiblemente querían meter a su gente en un país acostumbrado a los cuoteos. Durante algunos días hubo incertidumbre y rumores de relevo.

El 28 de junio, Rodríguez y Prado aparecieron tomados de la mano en la proclamación de su candidatura, como dos sobrevivientes de una ola de ataques políticos y judiciales. En medio de algunas críticas, que han bajado de tono, pero no han cesado y que apelan incluso a su condición social; la candidata defiende su compromiso con el país, su perfil académico y su trayectoria en asuntos de Estado como sus mejores credenciales para dirigir el primer poder del Estado en un quinquenio que se anuncia conflictivo por la crisis económica y política que atraviesa el país.

In a milestone moment, the Army Friday conducted a live-fire test of its precision strike missiles in Australia, the first ever west of the international dateline. 

The test, seen in footage obtained by Fox News Digital, marks a significant advancement in the region’s long-range strike capabilities. The precision strike missile (PrSM) has an unclassified range of 300 miles and can hit moving targets on land or at sea. 

The test saw a U.S.-manufactured PrSM launched from a High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) vehicle owned by the Australian Defence Force. 

TAIWAN CONDUCTS LIVE-FIRE DRILLS WITH US-MADE TANKS AS PRESIDENT LOOKS ON

It was a show of force between the U.S. and Australia at a time of increasing tension in the Indo-Pacific. 

«This is just one of the key steps we’re taking throughout the region to deter conflict, while ensuring that our soldiers have the best capabilities available,» said Army Secretary Dan Driscoll, who observed the test at the Mount Bundey Training Area in Australia. «The PrSM allows our forces to hold land and maritime regions at risk, which gives adversaries pause and increases deterrence.»

The PrSM is the U.S. Army’s newest addition to its long-range precision fires (LRPF) portfolio, a triad of advanced strike systems that includes HIMARS-launched missiles, the mid-range capability platform and the Dark Eagle hypersonic missile.

While HIMARS has already proven itself in combat zones like Ukraine, where its ability to rapidly fire and evade counterattack has made it a prized system, the integration of the PrSM into this platform significantly enhances its strategic utility. 

The mobile launcher can be deployed from C-17 and C-130 aircraft, a U.S. Navy landing craft and even from ships at sea, a capability tested in joint drills with the U.S. Navy and Marine Corps.

Unlike the 90-mile-range Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System (ER GMLRS), which fires six missiles per HIMARS, the PrSM packs two missiles per launcher and can reach more than triple the distance.

Asked why the missiles were an important part of preparation for a potential war in the Indo-Pacific, Driscoll told reporters, «I think if you look at the way conflict is unfolding now, what is not being rewarded is large, massive presences with static locations and big footprints and signatures. What is being rewarded is the ability to be agile, hide your signature and move quickly.» 

A U.S.-manufactured PrSM was launched from a High Mobility Artillery Rocket System vehicle owned by the Australian Defence Force.  (US Army )

Fielding of HIMARS continues across the U.S. Indo-Pacific Command, with the 25th Infantry Division in Hawaii recently receiving 16 launchers, a first for a light infantry division tasked with jungle and archipelagic warfare. Officials say they are looking to increase munitions production with key allies.

PENTAGON MAY SINK BIDEN-ERA DEAL TO SELL AUSTRALIA NUCLEAR-POWERED SUBMARINES

The test comes after it was revealed the Pentagon privately pressed Australia to define how it might help if war broke out over a Chinese invasion of Taiwan. Australia responded by stressing it would not commit troops in advance of any conflict.

Army Secretary Dan Driscoll, who observed the test at the Mount Bundey Training Area in Australia. (AP)

Australia does not permit permanent foreign military bases, but the U.S. is expanding its rotational presence at Australian sites. Australia and the U.S. recently led a major joint exercise in Sydney involving 30,000 troops from 19 countries.

It also comes at a time when Washington is reconsidering whether to sell nuclear-powered, Virginia-class submarines to Sydney through the Australia-UK-US (AUKUS) deal.

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The three nations would jointly design a new class of submarines, with Australian production beginning in the 2040s. 

El Cártel de los Soles es una organización criminal, señalada el viernes por autoridades estadounidenses como una red de narcotráfico, integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Según las investigaciones, su estructura se apoya en el aparato militar, la participación de redes civiles y el respaldo institucional del régimen chavista, lo que le permite controlar rutas internacionales de drogas, ejecutar operaciones de lavado de dinero y mantener alianzas con otras organizaciones criminales en América Latina.

El nombre “Cártel de los Soles” proviene de las insignias doradas en forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. La expresión fue utilizada por primera vez en 1993, cuando los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas fueron investigados por tráfico de drogas.

En sus primeras etapas, la implicación de oficiales militares consistía en aceptar sobornos a cambio de permitir el paso de cargamentos. Con el tiempo, esta participación se profundizó hasta convertirse en un involucramiento directo en el transporte, almacenamiento y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cártel utiliza infraestructura estatal venezolana, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y convoyes oficiales, para movilizar cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, África Occidental y Europa.

Estas operaciones son coordinadas por oficiales de alto rango y, según las autoridades estadounidenses, cuentan con respaldo institucional del régimen venezolano que facilita la logística, reduce los controles fronterizos y garantiza impunidad.

En su más reciente decisión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional, e incorporó a sus integrantes a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que permite imponer sanciones económicas y restricciones internacionales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado declaró que Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

No se trata de una acusación reciente. En 2008, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había sancionado a tres altos funcionarios venezolanos: Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, ex ministro de Defensa; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior, por colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC en operaciones de narcotráfico.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen chavista, acusándolos de liderar el Cártel de los Soles. Según los fiscales federales, el grupo opera al menos desde 1999 y habría utilizado el poder político y militar para desarrollar un sistema de narcotráfico de alcance internacional.

Diosdado Cabello figura en los informes como una pieza clave en la estructura del cártel. Se lo acusa de facilitar rutas de narcotráfico y de usar su posición de poder para blindar legalmente las operaciones y afianzar su influencia política.

Otro nombre mencionado en las investigaciones es el de Tareck El Aissami, ex ministro del Petróleo y ex vicepresidente. Fue detenido en 2024 y acusado por la Fiscalía chavista de liderar una red de corrupción ligada a la estatal PDVSA, cuya estructura habría sido utilizada para financiar operaciones vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses describen al Cártel de los Soles como una red que se sostiene sobre tres elementos fundamentales: el control territorial ejercido por los cuerpos armados, la protección institucional desde el Ejecutivo venezolano y la utilización de empresas públicas y privadas para el blanqueo de capitales.

En marzo de 2025, un portavoz del FBI declaró que las investigaciones en curso buscan desmantelar totalmente la estructura financiera y operativa del grupo, y que están bajo análisis los vínculos comerciales, empresariales y políticos que sostienen el sistema delictivo.

Estados Unidos también ha documentado relaciones operativas entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estos vínculos incluyen colaboración logística, protección cruzada y participación conjunta en la distribución de drogas. Tanto el Tren de Aragua como el Cártel de Sinaloa han sido designados por Washington como organizaciones terroristas internacionales.

El Tren de Aragua, surgido en Venezuela, ha extendido su actividad a más de una docena de estados de EEUU y a diversos países latinoamericanos. Se lo vincula con extorsión, tráfico de personas, narcotráfico, robos y violencia armada.

Durante una audiencia en el Senado, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que estas estructuras criminales representan el lado oculto de otros delitos como el tráfico de personas y el terrorismo. Añadió que la prioridad de la administración estadounidense es intensificar la persecución internacional de estas redes mediante acciones judiciales, cooperación con gobiernos aliados y sanciones financieras.

Ni el Ministerio de Comunicación del régimen chavista ni el propio Nicolás Maduro respondieron a las solicitudes de comentarios. En declaraciones anteriores, Maduro rechazó las acusaciones, las calificó como parte de una campaña de desprestigio y pidió a Estados Unidos que enfoque sus esfuerzos en controlar el consumo interno de drogas en lugar de responsabilizar a Venezuela.