The U.S. Virtual Embassy in Iran is insisting that Americans leave the Middle Eastern country amid conflicts in the region after a partial reopening of its airspace.

This comes after a ceasefire agreement between Iran and Israel to end the nearly two-week conflict.

«As of June 26, 2025, Iran’s airspace has been partially reopened, although business trips from Tehran and other major centers may be interrupted,» the embassy said in an advisory. «US citizens should follow local media and consult with commercial airlines to get more information about flights departing from Iran.»

American citizens who wish to leave Iran must travel by land to Azerbaijan, Armenia, Turkey or Turkmenistan if the conditions are safe, the embassy said.

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The U.S. State Department created a crisis information acceptance form for American citizens in Iran to provide information on consular assistance, the embassy noted. But because of the limitations of consular support in Iran, the embassy said it does not anticipate that withdrawal from Iran will be provided with direct assistance from the U.S. government.

U.S. citizens who plan to leave Iran must use the available facilities to leave the country, it said.

The embassy encouraged Americans wanting to leave Iran to take several actions, including having a plan to leave immediately without relying on the U.S. government, keeping their phones charged and communicating with loved ones about their situation, preparing an emergency plan for emergency situations and signing up for alerts from the U.S. government such as the Intelligent Passenger Registration Program (STEP) that would make it easier to find their location in an emergency abroad.

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American citizens who wish to leave Iran must travel by land to Azerbaijan, Armenia, Turkey or Turkmenistan if the conditions are safe, the embassy said. (AP Photo/Vahid Salemi)

Americans who cannot leave Iran are advised to find a safe place in their residence or another safe building and to carry food, water, medicine and other essential items with them.

At certain intervals, the Iranian government has limited access to the mobile internet network and physical phone lines, the embassy said, adding that U.S. citizens should be prepared for internet network outages and develop alternative network connectivity and communication plans.

«American-Iranian dual citizens must leave Iran with an Iranian passport and before leaving Iran, they must be ready to face checkpoints and be interrogated by Iranian authorities,» the embassy said. «The state of the Iranian government Dual citizenship does not recognize and will treat American-Iranian dual citizens only as Iranian citizens. US nationals in Iran are at significant risk of interrogation, arrest, and detention. Showing a US passport or proving a connection with the United States is sufficient reason for the arrest of a person by the Iranian authorities.»

Americans who cannot leave Iran are advised to find a safe place in their residence or another safe building. (AP:Getty)

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«US passports may be confiscated in Iran,» it continued. «American-Iranian dual citizens should consider that in their Iranian passport, they will receive the necessary visas for the countries they will pass through on their return trip to the United States, so that in case of confiscation of their American passport, they can use [their] Iranian passport in Iran. These people can then apply for a new US passport in the country they will pass through.»

U.S. citizens who reside in Iran with a permanent residence visa, regardless of how long they are staying, must obtain an exit permit when departing Iran, the embassy said, noting that all Iranian passport holders are required to pay exit fees.

La guerra civil de Sudán está fuera del radar mediático. Un misil disparado en Medio Oriente genera más repercusión que el drama humanitario que viven casi 25 millones de personas, la mitad de la población de este país africano arrasado por un conflicto que lleva más de dos años.

Sudán es un territorio pobre e inestable, de escaso valor estratégico y con una sociedad poco desarrollada. No es noticia en los grandes centros del poder geopolítico internacional y ni siquiera en las naciones periféricas como la Argentina. Simplemente, el drama de millones de personas abandonadas a su suerte no genera suficiente empatía o solidaridad en el mundo.

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Por un lado, combaten las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, paramilitares) y, por el otro, las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), lideradas por antiguos aliados y hoy enemigos acérrimos enfrentados por el poder de un lugar olvidado por todos.

Mohamed Hamdan Daglo, líder de las FAR, lucha contra su antiguo jefe, el comandante del ejército regular, Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021. Ambos bandos son acusados por igual de asesinatos en masa, violencia sexual sistemática, secuestros, saqueo de ayuda y destrucción de infraestructura y del sistema de salud que depende de la ayuda exterior.

El país está dividido en dos. El norte, este y centro está controlado por el Ejército, que debió trasladar la sede de su autodenominado “Gobierno de la Esperanza” a Port Sudán, sobre el Mar Rojo, para escapar de los combates en Jartum, la capital. En tanto, la vasta región occidental de Darfur está en manos de los paramilitares. Pero amplias zonas del sur están en constante disputa.

¿Más de 150.000 muertos?

Las cifras estremecen. Desde el estallido de la guerra, el 15 de abril de 2023, decenas de miles de sudaneses murieron. Nadie sabe el número exacto. La ONU estima que las víctimas son al menos 20.000, pero algunas ONG hablan de más de 60.000. El enviado especial de Estados Unidos, Tom Perriello, dijo el año pasado que los muertos ya superaban los 150.000. Cualquier dato es creíble.

Además, hay 12 millones de desplazados internos y otros cuatro millones en países vecinos.

Según un reporte de Naciones Unidas, más de la mitad de la población sufre altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Esa cifra incluye a 8,1 millones de personas en condiciones de emergencia y 638.000 en catástrofe o hambruna, de acuerdo al informe.

Esperanza Santos tiene 45 años, es de Madrid y desde hace un año se encuentra en Sudán como coordinadores de emergencias de la misión de Médicos sin Fronteras (MSF) en el país. Ha estado en distintas zonas de Darfur y Puerto Sudán.

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“La guerra ha afectado a todo el país. Empezó en Jartum, la capital, y se extendió a Darfur, al oeste del país, y las principales ciudades”, contó Santos en diálogo telefónico con TN.

Según dijo, más de dos años ininterrumpidos de violencia han provocado desplazamientos masivos y el colapso de la infraestructura sanitaria.

“No es solo la situación de violencia. No hay un sistema de salud que permita, por ejemplo realizar una campaña de vacunación. Tenemos epidemias una detrás de la otra, de cólera, sarampión, difteria y malaria. No hay agua potable”, resumió.

Santos contó que cuando los combates se detienen en una determinada área no hay tiempo suficiente para lograr su recuperación porque la lucha se reanuda tarde o temprano.

“Hay momentos más estables, pero la situación del país es dramática. En Darfur, una de las zonas menos desarrolladas y con más dificultades a nivel humanitario, las necesidades son mayores”, señaló.

El sistema de salud está colapsado

Según graficó, todo el sistema de salud está afectado. Muchos centros no funcionan porque están dañados o carecen de suministros o simplemente porque el personal ha sido desplazado por los combates.

“El sistema de salud no está funcionando en muchas zonas. No hay suministro regular de medicamentos. Ha habido zonas sitiadas durante muchos meses sin ninguna posibilidad de reaprovisionamiento de ningún tipo”, enfatizó.

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Los más perjudicados son los niños y las mujeres embarazadas. “No llegan insumos, hay menos cosas en el mercado y el costo de la comida aumenta. La gente ha perdido su medio de vida y su trabajo. Todo esto afecta a la nutrición. Entonces hay más mortalidad. Es la tormenta perfecta”, comentó Santos.

Aun así, Médicos Sin Fronteras está presente en 11 de los 18 estados del país. Su trabajo incluye apoyar la escasa infraestructura sanitaria, proveer materiales e insumos y dar atención a quienes la necesitan.

Santos se lamentó por la escasa repercusión internacional de esta guerra. “La gente no sabe dónde queda Sudán y mucho menos que está en guerra. Esto te da mucha frustración y rabia”, afirmó.

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, graficó: “Sudán se ha convertido en un triste ejemplo de indiferencia e impunidad en el mundo. Esta es la mayor crisis humanitaria del mundo”.

“Unos 30 millones de personas, la mitad de la población, necesitan ayuda vital como consecuencia de una guerra despiadada”, concluyó.

En Ecuador, pocas figuras del crimen han desafiado al Estado de manera tan audaz como José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, cabecilla de la organización narcodelictiva Los Choneros, que fue recapturado la última semana tras permanecer fuera del radar de las autoridades por casi un año y medio. Lo encontraron en Manta, en Manabí, una provincia costera que es cuna de la organización criminal que Fito lidera y que se ha convertido en el centro del lavado de activo del país y en uno de los puertos desde donde se envía droga a través de lanchas rápidas hacia Centro América.

Durante más de una década, el nombre de alias Fito se ha asociado a sangrientos episodios de violencia y a dos espectaculares fugas carcelarias que expusieron las fallas de seguridad en prisiones supuestamente infranqueables.

La historia de sus dos fugas –una en 2013 bajo el gobierno de Rafael Correa y otra en enero de 2024 ya en la administración de Daniel Noboa– y su recaptura en 2025 constituye un relato de altos contrastes: desde audaces planes de escape hasta operativos militares para llevarlo nuevamente a prisión, pasando por convulsiones políticas y sociales en el país.

La primera evasión de Fito ocurrió la noche del 11 de febrero de 2013 en La Roca, la entonces cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Aquella noche, un grupo de reos altamente peligrosos inició un motín coordinado. Armados con pistolas y cuchillos, amedrentaron y redujeron a los guardias, a quienes inmovilizaron y despojaron de sus uniformes.

Tras tomar el control interno del penal sin dejar heridos ni muertos, los presos abrieron un boquete en una pared trasera de la prisión para alcanzar la orilla del río Daule. Allí los esperaba una lancha en la que huyeron bajo la oscuridad. La alarma de fuga no se activó sino hasta dos horas después, cuando las autoridades finalmente encontraron a los celadores atados. Para entonces, hasta 18 reclusos de alta peligrosidad –incluyendo miembros de Los Choneros y otros delincuentes que figuraban entre los más buscados de Ecuador– ya se habían esfumado en la noche.

El escape sacudió al gobierno del presidente Rafael Correa, quien había impulsado reformas en el sistema penitenciario durante su mandato. La Roca, concebida originalmente como un pabellón seguro para reos peligrosos, había pasado poco antes al control del Ministerio del Interior y enfrentaba serios problemas de violencia interna, con riñas, asesinatos e incluso explosiones dentro de sus muros.

La fuga masiva representó un golpe a la imagen de seguridad estatal en plena época electoral de 2013, lo que obligó a una reacción enérgica. De inmediato, todos los guardias y el director de la cárcel fueron arrestados para investigaciones sobre una posible complicidad o negligencia. El propio Correa, en declaraciones públicas un mes después, se dirigió a los fugitivos con firmeza: “Están perdiendo el tiempo, entréguense lo antes posible, pues el peor error que pudieron cometer fue fugarse”.

Entonces el Gobierno dejó claro que no negociaría con los prófugos, rechazando peticiones como las de la madre de Fito (quien pedía garantías para la rendición de sus hijos) y advirtiendo que, de ser necesario, las fuerzas del orden harían uso legítimo de la fuerza para capturarlos.

Comenzó así una de las mayores cacerías humanas registradas en el país. Unidades élite de la Policía Nacional, con apoyo de Interpol y cuerpos de seguridad de países vecinos, rastrearon a los evadidos por todo el territorio e incluso más allá de las fronteras. Los esfuerzos rindieron fruto: en tres meses, para mayo de 2013, la mayoría de los prófugos habían sido recapturados, incluido el propio Macías Villamar. Fito y su hermano (Ronal Macías, alias “Javi”) fueron sorprendidos la madrugada del 26 de mayo de 2013 durante un operativo policial de alto impacto denominado “Halcón”.

A lo largo de ese año, uno a uno, los 18 evadidos de La Roca fueron cayendo en Ecuador y otros países de la región. Entre ellos se contaba también Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” –entonces líder de Los Choneros–, quien resultó ser el último capturado, en noviembre de 2013, en Colombia.

Tras su recaptura, José Adolfo Macías fue trasladado al moderno Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, a las afueras de Guayaquil, para continuar cumpliendo su condena de 25 años por un asesinato ocurrido en 2011. En esa cárcel alias Fito se llenó de privilegios, desde visitas de sus parejas sentimentales, hasta negociaciones y lujos.

La recaptura entonces parecía el cierre definitivo de un capítulo oscuro: el Estado había restablecido el orden y la autoridad tras la sonada fuga de La Roca. Sin embargo, los años siguientes traerían nuevos episodios de violencia carcelaria en Ecuador, y Fito volvería a ser protagonista de otra fuga insólita.

En enero de 2024, Ecuador enfrentó una nueva pesadilla penitenciaria. Para entonces, el país vivía una escalada de violencia ligada al narcotráfico, agravada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, crimen en el cual Fito era uno de los sospechosos, pues el narco y su gente habían amenazado al entonces presidenciable.

En medio de ese tenso contexto, con el recién posesionado presidente Daniel Noboa prometiendo mano dura contra el crimen organizado, ocurrió lo impensable: alias Fito se fugó nuevamente de prisión. El cabecilla de Los Choneros, quien cumplía una sentencia acumulada de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio, desapareció de la Cárcel Regional de Guayaquil a inicios de 2024 en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas del todo. Las autoridades calificaron la escapatoria de “misteriosa” y admitieron que, en el momento de conocerse, no tenían explicación de cómo Macías logró burlar los controles de la prisión.

Lo cierto es que la noticia de su huida estalló como una bomba política: apenas dos meses después de asumir el mando, Noboa enfrentaba su primera gran crisis de seguridad, un golpe que ponía en entredicho al Estado y daba alas a las organizaciones criminales.

Las consecuencias inmediatas de la fuga de Fito en 2024 fueron caóticas y violentas. Su escape pareció ser la chispa que encendió un polvorín: en los días posteriores se desataron motines en varias cárceles, grupos armados tomaron por asalto un canal de televisión, estallaron coches bomba en la ciudad y más de un centenar de guardias penitenciarios fueron retenidos temporalmente como rehenes en distintos centros carcelarios.

Ante esta arremetida sin precedentes, el gobierno de Noboa respondió declarando que el país enfrentaba un “conflicto armado interno”. Esta figura extraordinaria permitió desplegar a las Fuerzas Armadas tanto en las calles como dentro de las prisiones, militarizando la seguridad pública en un intento desesperado por contener la ola de violencia. El escape de Macías Villamar llevó al gobierno a catalogarlo como objetivo militar prioritario y a colocarle el rótulo del criminal “más buscado” del país. El Ministerio del Interior ofreció incluso una recompensa de un millón de dólares por cualquier pista que condujera a su paradero.

Durante 535 días, Fito logró mantenerse prófugo, tiempo en el cual las autoridades sospechan que continuó dirigiendo operaciones ilícitas desde las sombras. Las tareas de inteligencia para dar con él nunca cesaron: se conformó un Bloque de Seguridad interinstitucional dedicado exclusivamente a su captura y a la lucha contra las bandas narcodelictivas.

Finalmente, el 25 de junio de 2025, ese esfuerzo rindió frutos. Agentes de fuerzas especiales y militares dieron con una pista clave al seguir los movimientos de un hombre de confianza de Fito en la ciudad costera de Manta. Todas las piezas encajaron cuando detectaron una vivienda de lujo en el barrio La Tejedora de Manta, perteneciente a la pareja sentimental de Macías. Esa vivienda había sido allanada en enero de este año, pero no se había detectado a alias Fito. Bajo fuertes medidas de sigilo, las autoridades cercaron 15 manzanas a la redonda de la propiedad para preparar el asalto.

Lo que descubrieron superó las expectativas: un búnker de alta gama, equipado con aire acondicionado, gimnasio, piscina interna y espacios de ocio, oculto tras una escotilla disimulada en el piso de la casa. Aquel escondite, construido en hormigón y finamente amoblado, había servido de guarida a Fito durante su larga fuga, permitiéndole vivir con comodidades sorprendentes mientras coordinaba sus movimientos clandestinos.

Con la ubicación confirmada, se activó el operativo final. Bajo el nombre clave de “Gran Fénix 28”, un contingente de más de 100 efectivos del Bloque de Seguridad inició un operativo de 10 horas para capturarlo. Según los reportes oficiales, no hubo necesidad de disparos: las fuerzas especiales ingresaron al inmueble sin enfrentar resistencia armada. Utilizando tecnología de vigilancia aérea, detectaron una zona de tierra removida detrás de la casa y ordenaron el ingreso de maquinaria pesada para excavar. Al sentir que “el techo de su búnker se venía abajo”, según declaró el ministro del Interior, John Reimberg, Macías entró en pánico y abrió la escotilla de su escondite, entregándose a los militares que ya lo esperaban afuera. Así, sin un solo tiro, culminó la larga cacería: Fito volvía a estar esposado bajo custodia del Estado.

Minutos después de la captura, Macías Villamar fue trasladado con un fuerte contigente a Guayaquil. Esa misma noche llegó custodiado a las celdas de La Roca, la misma cárcel de máxima seguridad de la que se había fugado doce años atrás.

Esa tarde, antes de que Fito llegara a La Roca, el presidente Daniel Noboa anunció al país la noticia que muchos esperaban escuchar: “Fito está en manos del Bloque de Seguridad”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter) al confirmar la recaptura. Noboa aprovechó la ocasión para informar que su gobierno iniciaría de inmediato los trámites para extraditar a Macías Villamar a los Estados Unidos, donde un tribunal federal de Nueva York lo había acusado en abril de 2025 por cargos de narcotráfico internacional y tráfico de armas.

En Quito, los ministros de Defensa e Interior presentaron a la prensa detalles del operativo que dejó fotografías históricas que exhiben a un Fito cabizbajo y esposado, custodiado por soldados.

“Cayó Fito y van a caer todos”, declaró triunfante el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y subrayó que la exitosa captura demostraba la efectividad del nuevo marco legal y las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. Loffredo cuestionó que “ciertos actores políticos” –en alusión al correísmo– hayan criticado o intentado frenar esas leyes “para proteger a sus socios”, y afirmó enfáticamente que el Gobierno de Noboa no pacta ni pactará con mafias, sino que las enfrenta con resultados.

La repercusión política de la recaptura no se hizo esperar. Desde el extranjero, el ex presidente Rafael Correa –quien actualmente reside fuera de Ecuador por problemas judiciales– lanzó dardos contra el gobierno. “Querer hacer poco menos que una fiesta nacional por recapturar a un delincuente que nunca debió fugar demuestra el grado de mediocridad del Gobierno y lo bajo que ha caído el Estado”, criticó Correa en su cuenta de X. Con estas palabras, el ex mandatario insinuó que la administración Noboa buscaba sacar rédito político de corregir una falla que él atribuye a la propia ineptitud gubernamental, sin recordar que bajo su mandato también Fito se fugó.

La respuesta desde el Palacio de Carondelet fue igualmente contundente. El presidente Noboa, en una entrevista con CNN en Español, desestimó las críticas de Correa, recordando indirectamente la situación legal del ex mandatario: “Si un prófugo te critica, toca hacer oídos sordos”, replicó Noboa, sugiriendo que no vale la pena atender a quien, según sus palabras, “está amargado” y carece de legitimidad para dar lecciones.

El capítulo más reciente de esta saga llegó a su fin en aquel búnker de Manta, pero las preguntas que deja son numerosas: ¿cómo pudo un solo hombre burlar dos veces al sistema penitenciario? ¿Qué redes de corrupción o complicidad lo facilitaron? Y, sobre todo, ¿logrará el Estado ecuatoriano evitar que se repita una historia similar en el futuro? Las autoridades actuales han capitalizado políticamente la captura de Fito para reforzar su discurso de mano dura, mostrando al mundo que Ecuador no cede terreno ante el narcotráfico. Pero la verdadera prueba será a largo plazo: mantener el control de unas cárceles convulsas y transformar la “victoria” de la recaptura en avances sostenibles contra el crimen organizado.