Donald Trump está librando una guerra contra el sistema de gobierno estadounidense.

El lunes por la tarde, su Oficina de Administración y Presupuesto ordenó una pausa en casi todas las subvenciones, préstamos y otras formas de asistencia federal, lo que afecta hasta $3 billones en fondos, incluido efectivo para educación, ayuda en caso de desastres y préstamos para pequeñas empresas, y cientos de miles de millones de dólares en subvenciones a gobiernos estatales, locales y tribales. Innumerables organizaciones, incluidas universidades de investigación y refugios para mujeres, quedaron a la deriva, buscando respuestas.

La única explicación real, del memorando de la OMB, fue que este era un paso necesario para erradicar la influencia maligna de las “políticas de ingeniería social de equidad marxista, transgenerismo y Green New Deal” del gobierno.

Si esto suena delirante es porque lo es.

Pero ahora, parecía, millones de estadounidenses tendrían que sufrir mientras los apparatchiks del presidente perseguían los espectros de su imaginación febril, confiados en que encontrarían la fuente de su alienación cultural en el desembolso de fondos para una línea directa de suicidio para veteranos o Almuerzo gratuito para niños de escuelas de bajos ingresos.

El martes, 23 fiscales generales demandaron a la administración Trump en un esfuerzo por bloquear el congelamiento, y un juez federal emitió una suspensión administrativa para preservar el status quo hasta la próxima semana, mientras comienza a resolverse el litigio inicial.

Los demócratas también han condenado a la Casa Blanca, y algunos demócratas del Senado han sugerido algo así como una desaceleración de todos los negocios si la Casa Blanca no cede.

Por ahora, el congelamiento está, bueno, congelado.

Pero sea cual sea el final, cabe destacar que Trump ha hecho más que provocar una crisis fiscal y política.

Nos ha enviado de cabeza a otra crisis constitucional.

El Presidente de los Estados Unidos no tiene autoridad legal para suspender totalmente las asignaciones presupuestarias del Congreso.

Es cierto que la Ley de Control de Embargos de 1974 crea un proceso mediante el cual el ejecutivo puede solicitar la rescisión de los fondos asignados.

La ley también permite al presidente diferir el gasto en un conjunto específico de circunstancias particulares:

para prever contingencias, por ejemplo, o para aprovechar eficiencias operativas.

Aun así, el presidente debe notificar al Congreso con un mensaje que establezca el monto y la duración del aplazamiento, así como las razones del mismo.

Cualquier intento de confiscar fondos fuera de los parámetros establecidos por la ley es ilegítimo por la sencilla razón de que la Constitución otorga al Congreso el poder pleno e inequívoco sobre el dinero.

Se trata, de hecho, del primer poder enumerado en el Artículo I, Sección 8:

“El Congreso tendrá poder para establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y consumos, para pagar las deudas y proveer a la defensa común y al bienestar general de la nación”. Estados Unidos.»

Como concluyó la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en su evaluación de 1988 del poder de veto del presidente:

“No existe ninguna fuente textual en la Constitución que permita a cualquier autoridad inherente confiscar”.

Los intentos de fundamentar un poder de embargo en la cláusula de adjudicación del Artículo II y su exigencia de que el presidente “se ocupe” de que las leyes se ejecuten fielmente chocan contra el hecho de que sería “anómalo” que el presidente se negara a “ejecutar las leyes bajo la pretensión de ejecutarlas fielmente”.

Además del texto claro y la lógica de la Constitución, consideremos también su historia y propósito.

Durante la lucha por la ratificación, los partidarios de la Constitución tenían una respuesta simple y efectiva para aquellos opositores que pensaban que la nueva carta ponía demasiado poder en manos del presidente.

“El dinero está en manos de los representantes del pueblo”, dijo James Madison en la convención de ratificación de Virginia en 1788, respondiendo a los temores de Patrick Henry al despotismo militar. “Tienen la apropiación de todo el dinero”.

“Tienen la apropiación de todo el dinero”.

Alexander Hamilton planteó una idea similar al hablar en la convención de ratificación de Nueva York:

Hemos oído mucho sobre la espada y la bolsa. Veamos cuál es el verdadero sentido de esta máxima, tan usada y tan poco comprendida. Es decir, que no colocaréis estos poderes ni en el legislativo ni en el ejecutivo, singularmente; Ni uno ni otro podrán tener ambas cosas, porque esto destruiría esa división de poderes en la que se funda la libertad política y proporcionaría a un solo cuerpo todos los medios de la tiranía. Pero cuando la bolsa está alojada en una rama y la espada en otra, no puede haber peligro.

El objetivo de la Constitución de 1787 era asegurar el futuro del gobierno republicano en los Estados Unidos.

Y la teoría política republicana de la época insistía, como escribió Madison, en el “ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes de gobierno, lo que, hasta cierto punto, todos reconocen como esencial para la preservación de la libertad”.

El Presidente puede tener amplia autoridad para actuar en una amplia variedad de áreas, pero no puede gastar más ni menos de lo que ordena el Congreso sin la aprobación explícita de la Legislatura.

“Este poder sobre el dinero”, escribió Madison en el Federalista No. 58, “puede, de hecho, considerarse como el arma más completa y eficaz con la que cualquier constitución puede armar a los representantes inmediatos del pueblo, para obtener una reparación de todos los daños causados. agravio, y para llevar a cabo toda medida justa y saludable.”

Alterar este equilibrio de poder —darle al presidente, en efecto, el poder sobre el dinero— es desmantelar el sistema constitucional en su totalidad.

Un Congreso que no puede obligar al ejecutivo a cumplir sus decisiones de gasto es un Congreso cuyo poder sobre el dinero es una nulidad y cuyas leyes de gasto son poco más que un conjunto de recomendaciones.

En su memorando que anuncia la congelación de fondos de Trump, la Oficina de Administración y Presupuesto declaró:

“Los funcionarios de carrera y designados políticamente en el poder ejecutivo tienen el deber de alinear el gasto y la acción federales con la voluntad del pueblo estadounidense expresada a través de las prioridades presidenciales”.

El primer deber de todos aquellos que sirven en el gobierno de los Estados Unidos es hacia la Constitución, lo que significa que los funcionarios de carrera y los designados políticos tienen el deber de actuar de acuerdo con la ley.

No existe ningún mecanismo mediante el cual “la voluntad del pueblo estadounidense” anule las políticas de un Congreso anterior, debidamente convertidas en ley por un ocupante anterior de la Casa Blanca.

Dicho de otro modo, el sistema de gobierno de Estados Unidos no es uno en el que el pueblo imbuye al presidente de su autoridad soberana.

Es un servidor de la Constitución y está obligado a cumplir sus exigencias.

La mayoría de los presidentes de nuestra historia lo han entendido, aun cuando inevitablemente presionaron para obtener más y mayor autoridad.

No ve ninguna distinción entre él mismo y el cargo, y ve el cargo como una concesión de poder ilimitado, o como dijo una vez:

“Tengo un Artículo II donde tengo el derecho de hacer lo que quiera como presidente”.

El congelamiento, entonces, es el intento de Trump de hacer realidad esta fantasiosa afirmación de poder ilimitado.

Él quiere usurpar el poder del dinero para sí mismo.

Quiere convertir la Constitución en una concesión de autoridad absoluta y sin control.

Quiere rehacer el gobierno a su imagen.

c.2025 The New York Times Company