INTERNACIONAL
Sin crecimiento sostenido ni reformas, la desigualdad económica atormenta a América Latina
Para percibir la realidad del suburbio de San Isidro en Buenos Aires, se debe ver desde un dron. Una línea muy recta divide los exuberantes jardines y las canchas prístinas de tenis de un amasijo de tejados de fierro corrugado en una de las “villas miserias” de la ciudad. Santa Fe, en Ciudad de México, tiene un aspecto similar, con el verde esmeralda del club de golf rodeado de las interminables cajas de hormigón de los barrios pobres de la ciudad. En la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, las viviendas improvisadas descienden en espiral por la montaña, casi estrellándose contra las piscinas turquesas que hay debajo.
Esta desigualdad visceral es el rasgo definitorio de las economías latinoamericanas. Las disparidades de la región solo tienen rival en el África subsahariana. Sin embargo, como la desigualdad suele ser menor en los lugares más ricos, y el PIB por persona de América Latina es cuatro veces mayor al de África, su desigualdad es extraordinaria. En algunos países como Colombia y Guatemala, hay mucha disparidad, en otros como Uruguay, hay menos. Sin embargo, no hay excepciones. El Banco Mundial no clasifica ni un solo país de la región como de “baja desigualdad”.
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Esto configura a América Latina de innumerables maneras, más allá de la fotografía panorámica: en el plano físico, mediante la proliferación de vallas altas y cámaras de seguridad; en el plano político, con el populismo y los movimientos bruscos a la izquierda; y en el plano económico, mediante la escasa movilidad social, las grandes economías informales y la demanda interna débil. Este año, The Economist publicará varios artículos que exploran esta dinámica. Para empezar, ayuda a comprender por qué América Latina avanzó mucho en la reducción de la desigualdad en la década de los 2000, y por qué ese avance se ha ralentizado.
La manera más habitual de medir la desigualdad es el coeficiente de Gini, el cual clasifica la desigualdad de ingresos de un país entre cero y uno. Cero significa que todos los habitantes del país reciben los mismos ingresos; uno significa que una sola persona lo recibe todo. También importan otros tipos de desigualdad, pero ninguno trasciende los ingresos. El acceso desigual a una buena educación y a atención médica son consecuencias de la desigualdad de ingresos, además de ser causas importantes de la misma.
La economía de la disparidad atormenta a América Latina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
La tendencia general en América Latina es clara: la desigualdad aumentó durante la década de 1990, alcanzó su punto máximo alrededor del año 2002 y luego empezó a descender. Hacia 2014, ese declive comenzó a ralentizarse, y hace poco se estancó. Hay excepciones (el coeficiente de Gini sigue disminuyendo, aunque más lentamente, en Perú y ha aumentado en Colombia), pero la tendencia general es clara.
Dos factores impulsaron el declive entre los años 2000 y 2010. Uno fueron las ayudas del gobierno. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como Bolsa Família en Brasil, daban dinero a las familias pobres si enviaban a sus hijos a la escuela y para revisiones médicas. En toda la región, los programas de transferencias de todo tipo representaron aproximadamente el 20% de la disminución de la desigualdad en promedio. Un segundo factor fue mucho más importante: el fuerte crecimiento de los salarios de los pobres. Esto supuso más de la mitad de la reducción. El telón de fondo fue un largo periodo de crecimiento económico sólido, favorecido por un auge de las materias primas. Ana María Ibáñez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que la lección de todo esto es que “si queremos reducir la desigualdad, tenemos que crecer”.
También hay una serie de problemas más pequeños. Uno es la gran influencia de los antecedentes familiares. Un artículo de Paolo Brunori, de la Universidad de Florencia, y otros autores, concluye que más de la mitad de la desigualdad que se ve en la generación actual es heredada, en gran parte como resultado del nivel educativo y el tipo de trabajo de sus padres.
Para comprender cómo funciona esto, se debe considerar el ciclo que puede desencadenar un contexto familiar. Como explican Ibáñez y sus coautores, los niños pequeños de padres más ricos suelen recibir mejor alimentación y más atención, por lo que desarrollan más habilidades. Esto les ayuda a aprovechar las escuelas mejores (y a menudo privadas) a las que asisten, que a su vez los llevan a la universidad, donde la asistencia aumenta fuertemente los ingresos en América Latina, en gran parte porque ayuda a los estudiantes a conseguir trabajos formales en empresas grandes. Los niños nacidos en familias más pobres suelen ir a peores escuelas, a menudo no llegan a la universidad y acaban trabajando en el sector informal de América Latina, que es muy amplio y menos productivo. Y así continúa el ciclo.
Cuando se redujo la desigualdad, el fuerte crecimiento económico impulsó los salarios de los latinoamericanos pobres, lo cual ayudó a romper el ciclo. Sin embargo, ahora el crecimiento está terriblemente estancado. Entre 2014 y 2023, el ingreso real por persona en América Latina y el Caribe aumentó un triste 4% en total. En cambio, en Asia meridional se incrementó un 46%.
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Los gobiernos han recurrido a otros remedios menos eficaces. Una opción popular es aumentar el salario mínimo. El último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo duplicó en términos reales durante sus seis años de mandato. Claudia Sheinbaum, su sucesora, prometió aumentos anuales del 12%. Esto ha contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad en México, en parte porque el salario mínimo era muy bajo cuando López Obrador llegó al poder. Pero hay límites. Si la productividad no aumenta a la par, un incremento constante del salario mínimo tiende a fomentar los empleos informales, lo cual arrastra a la gente de vuelta al círculo vicioso de la desigualdad.
Los gobiernos también tienen la esperanza de que la redistribución pueda contrarrestar la desigualdad. El problema inmediato de esto es que un crecimiento débil implica menos ingresos públicos, por lo que hay menos dinero para redistribuir. Aun así, los sistemas fiscales y de bienestar social en América Latina podrían ser mucho mejores. Cuando se mide la desigualdad de ingresos en la región antes de impuestos y redistribución, solo es ligeramente superior a la de los países ricos. Pero mientras que los impuestos y las transferencias reducen el coeficiente de Gini casi un 40% en los países ricos, en América Latina solo lo reducen alrededor de un 5%. Sorprendentemente, en casi la mitad de la región esto se traduce en un aumento de la pobreza.
El INDEC publicó los datos de pobreza del segundo semestre de 2024. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El mayor problema es la fiscalidad. En los países miembros de la OCDE, un club de naciones principalmente ricas, los impuestos sobre la renta de las personas físicas, que suelen ser progresivos, equivalen al 8% del PIB. En América Latina, representan tan solo el 2%, por lo que esta región depende más de los impuestos indirectos, como el IVA sobre bienes y servicios. Estos impuestos suelen ser regresivos, ya que ricos y pobres pagan la misma tasa, pero los pobres consumen una mayor parte de sus ingresos, por lo que se ven más afectados.
Muchos programas de bienestar social también están plagados de problemas. Un estudio del BID sobre los programas de transferencias en 17 países descubrió que la selección de beneficiarios no era justa. Solo se beneficia aproximadamente la mitad de las personas que viven en situación de pobreza, mientras que cerca del 40% de quienes no viven en la pobreza reciben al menos un tipo de transferencia. Las cantidades transferidas a menudo son demasiado pequeñas.
El círculo sigue siendo vicioso
Si se arreglara esta situación, se podría hacer una gran mella en la desigualdad. Pero, aunque la indignación por las disparidades domina las campañas electorales y a veces estalla en las calles, como ocurrió durante las protestas violentas de Chile en 2019, no hay muchos avances. Aunque están enfadados por el statu quo, los votantes tampoco están dispuestos a cambiar los sistemas fiscales y de bienestar social. Un estudio de Matías Busso, del BID, y coautores, encuestó a ciudadanos de ocho países y descubrió que, aunque los encuestados están descontentos con la desigualdad y apoyan la redistribución en teoría, son reacios a pagar impuestos adicionales para financiarla. Una de las razones es que muchos desconfían del Estado y de las élites gobernantes.
Todo esto supone un reto desalentador. El mayor alivio sería el crecimiento sostenido, que no se ha visto desde hace más de una década. Tener reformas políticas que generaran confianza en el gobierno y permitieran mejorar la fiscalidad y el bienestar social sería de mucha ayuda. Ambas cosas serían ideales. Ninguna parece probable.
América Latina, Pobreza, salarios, indigencia, EMPLEO
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A federal judge in Massachusetts on Thursday granted Harvard University’s emergency request to block, for now, the Trump administration’s effort to ban international students from its campus, siding with Harvard in ruling that the university would likely suffer «immediate and irreparable harm» if enforced.
The temporary restraining order from U.S. District Judge Allison D. Burroughs blocks the administration from immediately stripping Harvard of its certification status under the Student and Exchange Visitor Program, or SEVP — a program run by Department of Homeland Security (DHS) that allows universities to sponsor international students for U.S. visas.
Burroughs said in her order that Harvard has demonstrated evidence it «will suffer immediate and irreparable injury before there is an opportunity to hear from all parties,» prompting her to temporarily block the SEVP revocation.
Still, some see the order as a mere Band-Aid, forestalling a larger court fight between Harvard and the Trump administration — and one that Trump critics say could be unfairly weighted against the nation’s oldest university.
STATE DEPARTMENT NOW SCRUTINIZING ALL VISA HOLDERS ASSOCIATED WITH HARVARD
Banners hang outside the Harry Elkins Widener Memorial Library at the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, on May 27. (Sophie Park/Bloomberg)
«Ultimately, this is about Trump trying to impose his view of the world on everybody else,» Harvard Law professor Noah Feldman said in a radio interview discussing the Trump administration’s actions.
Since President Donald Trump took office in January, the administration has frozen more than $2 billion in grants and contracts awarded to the university. It is also targeting the university with investigations led by six separate federal agencies.
Combined, these actions have created a wide degree of uncertainty at Harvard.
The temporary restraining order handed down on Thursday night is also just that — temporary. Though the decision does block Trump from revoking Harvard’s SEVP status, it’s a near-term fix, designed to allow the merits of the case to be more fully heard.
Meanwhile, the administration is almost certain to appeal the case to higher courts, which could be more inclined to side in favor of the administration.
And that’s just the procedural angle.
JUDGES V TRUMP: HERE ARE THE KEY COURT BATTLES HALTING THE WHITE HOUSE AGENDA
Harvard President Alan Garber acknowledges an extended round of applause during Harvard University’s commencement ceremonies in Cambridge, Massachusetts, on May 29. (AP Photo/Charles Krupa)
Should Harvard lose its status for SEVP certification — a certification it has held for some 70 years — the thousands of international students currently enrolled at Harvard would have a very narrow window to either transfer to another U.S. university, or risk losing their student visas within 180 days, experts told Fox News.
Some may opt not to take that chance, and transfer to a different school that’s less likely to be targeted by the administration — even if it means sacrificing, for certainty, a certain level of prestige.
Regardless of how the court rules, these actions create «a chilling effect» for international students at Harvard, Aram Gavoor, an associate dean at George Washington University Law School and a former Justice Department attorney, said in an interview.
Students «who would otherwise be attending or applying to Harvard University [could be] less inclined to do so, or to make alternative plans for their education In the U.S.,» Gavoor said.
Even if the Trump administration loses on the merits of the case, «there’s a point to be argued that it may have won as a function of policy,» Gavoor said.
People walk through the gate on Harvard Yard at the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, on June 29, 2023. (Getty Images)
Meanwhile, any financial fallout the school might see as a result is another matter entirely.
Though the uncertainty yielded by Trump’s fight against Harvard could prove damaging to the school’s priority of maintaining a diverse international student body, or by offering financial aid to students via the federally operated Pell Grant, these actions alone would unlikely to prove financially devastating in the near-term, experts told Fox News.
Harvard could simply opt to fill the slots once taken by international students with any number of eager, well-qualified U.S.-based applicants, David Feldman, a professor at William & Mary who focuses on economic issues and higher education, said in an interview.
Harvard is one of just a handful of American universities that has a «need-blind» admissions policy for domestic and international students — that is, they do not take into consideration a student’s financial need or the aid required in weighing a potential applicant. But because international students in the U.S. typically require more aid than domestic students, replacing their slots with domestic students, in the near-term, would likely have little noticeable impact on the revenue it receives for tuition, fees and housing, he said.
«This is all about Harvard, choosing the best group of students possible,» Feldman said in an interview. If the administration successfully revokes their SEVP certification, this would effectively just be «constraining them to choose the second-best group,» he said.
«Harvard could dump the entire 1,500-person entering class, just dump it completely, and look at the next 1,500 [applicants],» Feldman said. «And by all measurables that you and I would look at, it would look just as good.»
Unlike public schools, which are subject to the vagaries of state budgets, private universities like Harvard often have margins built into their budgets in the form of seed money that allows them to allocate more money towards things they’ve identified as goals for the year or years ahead.
This allows them to operate with more stability as a result — and inoculates them to a larger degree from the administration’s financial hits.
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«Uncertainty is bad for them,» Feldman acknowledged. But at the end of the day, he said, «these institutions have the capacity to resist.»
«They would rather not — they would rather this whole thing go away,» Feldman said. But the big takeaway, in his view, is that Harvard «is not defenseless.»
INTERNACIONAL
La estrategia de Uruguay para tener la inflación bajo control y cómo se convirtió en política de Estado
El dato de la inflación que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó en junio en Uruguay tuvo mucho simbolismo: se cumplieron dos años con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dentro del rango meta fijado por las autoridades. Y la particularidad que tiene este período de 24 meses es que el país estuvo gobernado por partidos de distintos signos políticos. Se puede hablar, por tanto, que mantener la suba de precios controlada se transformó en una política de Estado.
El IPC en mayo fue de 0,11% y la inflación acumulada en los últimos 12 meses fue de 5,05%. El rango objetivo trazado por las autoridades es 3%-6%, una meta que fue fijada por las anteriores autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU).
El presidente de la autoridad monetaria, Guillermo Tolosa, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que el compromiso de contener la evolución de los precios es una “política de Estado”. “Cambian los gobiernos y hay un compromiso muy estricto con la inflación baja y estable”, señaló.
Tolosa señaló que el combate a la inflación en Uruguay tiene una “larga historia”, que lleva 80 años. “Esta es la primera vez que el Banco Central se compromete, en lo que nosotros llamamos el horizonte de política monetaria, y lo logra. Lo cual demuestra que finalmente el Banco Central tiene las herramientas, tiene la capacidad y ahora la credibilidad para conseguir su meta”, señaló.
El manejo de la tasa de interés es la herramienta central de la política monetaria de Uruguay. Una de las primeras decisiones que tomó la autoridad monetaria a comienzos de abril fue la de aumentar la tasa de interés de referencia, de 9% a 9,25%. Esto sitúa la política monetaria en una fase contractiva. En mayo, el comité mantuvo la referencia en ese rango.
Tolosa explicó por qué Uruguay debe mantener la inflación baja y estable con una metáfora. “Pensemos la inflación para el uruguayo como una polilla. Es algo que día tras día nos va haciendo agujeros en nuestra ropa. La inflación hace lo mismo con nuestro poder adquisitivo. Nos va generando agujeros, nos va eliminando la capacidad de consumir lo que nosotros ganamos con nuestro sueldo. De alguna manera, lo que trata de hacer la política monetaria es ser la naftalina que combate esa polilla y nos protege del poder adquisitivo”, expresó.
Para el presidente del BCU, la clave en la lucha por mejorar el poder adquisitivo es que el país no se siga encareciendo. “Ese es el mandato central del Banco Central: que no sigan subiendo los precios al ritmo que sucedía antes”, expresó.
En marzo, cuando asumió como presidente del BCU, Tolosa trazó una nueva meta para la inflación. Ya no habla de un rango objetivo sino de un número concreto: 4,5%. Estima que a esa meta se llegará en un año.
“Para nosotros la meta es 4,5%. Quiere decir que no nos sentimos cómodos con una inflación que bordeara el 6%, que antes era parte de la meta. Queremos ir al 4,5%. Eso implica que dentro de un rango lo podemos tolerar, pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que la inflación realmente converja a 4,5%”, señaló el presidente del BCU en sus declaraciones a Canal 12.
Tolosa consideró que el escenario global está ayudando a Uruguay a contener la inflación. El factor que más ayuda es el momento de debilidad del dólar. “Esto quiere decir que es más barato en Uruguay y en muchos países emergentes comprar dólares. Esto quiere decir que es más barato comprar bienes importados en particular. Eso ayuda en el proceso desinflacionario”, explicó el jerarca.
La “incertidumbre” que provocan las decisiones de Donald Trump en Estados Unidos ha generado un enfriamiento de la economía que derivó en menos inversiones. Hay, por tanto, una menor demanda sobre los bienes lo que redunda en una “menor expresión al alza” de los precios.
Al asumir, Tolosa también ratificó la línea del gobierno anterior en cuanto a la libre flotación del dólar. “El mercado va a seguir dictando lo que es el valor del tipo de cambio. La intervención ha sido una herramienta que se puede utilizar, el gobierno anterior la utilizó esporádicamente. Nosotros no nos amputamos la posibilidad de también –en circunstancias desordenadas del mercado– utilizar ese instrumento. Pero la operativa del tipo de cambio, en el día a día, va a seguir como ha sido hasta ahora: de fluctuación libre”, expresó.
Washington Ribeiro fue el último presidente del BCU del gobierno de Luis Lacalle Pou. Cuando el INE publicó el nuevo dato de la inflación, lo destacó en su red social. “24 meses de cumplimiento. Un nuevo hito que confirma la política y consolida la confianza”, escribió en la red social X.
Esta política monetaria, sin embargo, ha sido cuestionada por el sector empresarial uruguayo, que se queja de problemas de “competitividad” generado –entre otros motivos– por el “atraso cambiario”. Los exportadores, por ejemplo, expresaron que la inflación se controló por el “ancla del dólar” y no por reformas impulsadas por el gobierno.
INTERNACIONAL
Nahuel Gallo cumple 6 meses detenido en Venezuela y su familia pide respuestas: “Nadie puede hablar con él”
Ya van seis meses de absoluto silencio. Ni su familia, ni sus abogados, ni activistas y mucho menos diplomáticos pudieron mantener contacto con el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el 8 de diciembre tras ingresar legalmente al país por vía terrestre desde Colombia.
“No se sabe nada. No puede tener abogados. Nadie puede hablar con él”, dijo a TN su hermano, Kevin Gallo.
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En el gobierno argentino el hermetismo es total. “Las gestiones continúan en forma muy discreta. Todo eso se mantiene bajo discreción”, dijo a TN una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En Caracas, ningún funcionario habla oficialmente del caso. Desde que el presidente Nicolás Maduro lo acusó el 6 de enero de entrar a Venezuela para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, nadie ha vuelto a mencionar al gendarme catamarqueño.
Gallo no es el único argentino detenido en ese país. A fines de mayo fue arrestado Germán Giuliani, también incomunicado. Su familia, por ahora, prefiere no hablar.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que fue detenido cuando se reunió en alta mar con un jefe narco serbio al que identificó como Antum Mrdeza. “Detrás de todo no solo hay droga”, dijo el superministro considerado el número dos del gobierno chavista.
Qué se sabe de Nahuel Gallo
El caso de Gallo es muy complejo. Fue detenido el 8 de diciembre pasado en la frontera colombo-venezolana. Viajó para visitar a su pareja y su hijo. Tenía sus papeles en regla, según su familia y el Ministerio de Seguridad.
Pero el gobierno venezolano dijo que Gallo era un agente de inteligencia especial y lo acusó de participar en un complot para asesinar a la vicepresidenta. Desde entonces está incomunicado. El 2 de enero, el chavismo divulgó un video donde se lo puede ver con un uniforme celeste mientras camina en un lugar abierto con gradas.
Nahuel Gallo está detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre (Foto: Facebook / El Intransigente).
Fue la única prueba de vida que recibió su familia. Este domingo se cumplen seis meses de su arresto, pero el caso no parece estar cerca de una solución.
La reciente salida de los cinco opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina de Caracas durante 14 meses sembró más tensión entre ambos países. El gobierno chavista rompió relaciones con Buenos Aires después del desconocimiento del gobierno de Javier Milei a la cuestionada reelección de Maduro en julio de 2024.
Desde entonces, Brasil lleva los intereses argentinos en Venezuela, pero ningún diplomático brasileño pudo siquiera hablar un minuto con Gallo.
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A fines de mayo, la pareja del gendarme catamarqueño, María Alexandra Gómez García y el hijo de ambos, Víctor Benjamín, abandonaron Venezuela rumbo a la Argentina en un operativo secreto, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Hoy Alexandra Gómez prefiere no hablar. “Es por un tema de seguridad”, dijo a TN.
“Ella está bien, con mi sobrino”, confirmó Kevin Gallo.
Agustín Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre (Foto: TN)
“Pero de mi hermano no se sabe nada. Desde el Ministerio de Seguridad no nos quieren decir nada porque por teléfono no se puede. Estamos viendo si podemos hacer una reunión con Patricia Bullrich en Buenos Aires”, comentó.
Nahuel Gallo se encontraría en la prisión de El Rodeo, en las afueras de Caracas. “Nos confirmó Inteligencia que estaba ahí. También María supo de un exdetenido estadounidense que vio a Nahuel de lejos en ese penal antes de ser liberado, Allí tienen tres comidas por día y médico”, contó.
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Según afirmó, la familia del gendarme quiere terminar con esta incertidumbre. Su madre, Griselda Heredia, sufrió un pico de estrés el 8 de mayo, al cumplirse cinco meses de la detención de su hijo. “Ahora está más tranquila, pero fue operada hace poco de la vesícula”, contó Kevin.
“Queremos una llamada Necesitamos verlo, saber como está. Con una llamada nos conformamos, que nos digan que está bien. Sería algo humano”, concluyó.
gendarme, Venezuela
Continued court fights could put Harvard in unwinnable position vs Trump
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