El régimen de Irán mostró este viernes músculo militar en su desfile anual por el Día Nacional del Ejército, a un día de la segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra sus instalaciones atómicas.

A lo largo del país, incluida Teherán, el Ejército realizó desfiles en los que participaron efectivos de las fuerzas terrestre, aérea y marina; y se exhibieron armamentos pesados, de diversos tipos de drones, como los Mohajer 2, 4 y 6, así como una gran variedad de misiles, entre ellos, Fath, Qader y Fakur.

El principal evento se llevó a cabo cerca del mausoleo del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, en el sur de la capital iraní, y fue encabezado por el presidente del país Masud Pezeshkian y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri.

Pezeshkian enfatizó la firmeza del Ejército iraní y elogió su papel en la defensa del país desde la Revolución Islámica de 1979.

“Si no hubiera existido el Ejército de la República Islámica de Irán, el enemigo podría haber intentado y luchado por conquistar el país y destruir la Revolución Islámica. La presencia de los militares arruinó el sueño de los enemigos”, afirmó el mandatario iraní.

Pezeshkian sostuvo que la existencia de un “Ejército preparado y fuerte ha permitido que Irán imponga con firmeza su discurso en la región en cuanto a establecer relaciones, paz y tranquilidad”.

Estas declaraciones se produjeron un día antes de la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, que se llevará a cabo en Roma y con la intermediación de Omán.

Las partes empezaron la semana pasada las conversaciones en busca de un acuerdo nuclear, en un primer encuentro en Omán que ambas partes calificaron de constructivo.

Sin embargo, las autoridades iraníes han denunciado en los últimos días afirmaciones “contradictorias” desde EEUU.

“Escuchamos mensajes contradictorios de Estados Unidos. Esperamos seriedad y coherencia de la otra parte en sus puntos de vista y acciones durante las conversaciones”, aseveró el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, durante su visita a Moscú el jueves.

Araqchí parecía hacer referencia a las declaraciones del enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien habló el martes de “detener y eliminar” el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, cuando antes había hecho referencia solo a limitar la pureza de ese material.

El régimen de Irán asegura que solo está en discusión su capacidad para desarrollar armas nucleares, mientras que Washington ha insistido en hablar también sobre su programa de misiles o su apoyo financiero a grupos regionales como los hutíes del Yemen o Hezbollah.

Trump reiteró anoche, una vez más, que no ha descartado la posibilidad de destruir las instalaciones nucleares de Irán, pese a las conversaciones que entabla su administración con Irán.

Las fuerzas de seguridad de Irán mataron este viernes al comandante de operaciones del grupo Yeish al Adl, que Teherán considera una organización terrorista y que ha llevado a cabo numerosos ataques en los últimos años en el país persa.

El comandante de operaciones de Yeish al Adl Vali Mohammad Shahbakhsh fue abatido en una operación esta mañana en la zona de Zahedan en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, informó la agencia Mehr.

En la operación murió un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes.

Mohammad jugó un importante papel en una serie de ataques que el grupo opositor a Teherán llevó a cabo el año pasado en la sureña provincia fronteriza con Pakistán, que se saldaron con docenas de muertos, según Mehr.

Entre otras acciones, Yeish al Adl cometió una serie de ataques coordinados contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellos miembros de las fuerzas de seguridad, en abril de 2024.

Y en octubre, 10 guardas fronterizos en un ataque del grupo.

Yeish al Adl, grupo suní opuesto al Gobierno chií de Irán, busca la independencia de la provincia de Sistán Baluchistán, que actúa en la porosa frontera entre Irán y Pakistán.

La región de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

(Con información de EFE)

A federal judge in Baltimore issued a preliminary injunction Thursday restricting the Department of Government Efficiency’s access to Social Security data. 

U.S. District Judge Ellen Hollander, an Obama appointee, said DOGE-affiliated staffers must purge any of the non-anonymized Social Security data that they have received since Jan. 20. They are also barred from making any changes to the computer code or software used by the Social Security Administration, must remove any software or code they might have already installed, and are forbidden from disclosing any of that code to others.

The injunction does allow DOGE staffers to access data that’s been redacted or stripped of anything personally identifiable, if they undergo training and background checks. 

«The objective to address fraud, waste, mismanagement, and bloat is laudable, and one that the American public presumably applauds and supports,» Hollander wrote in the ruling issued late Thursday night. «Indeed, the taxpayers have every right to expect their government to make sure that their hard earned money is not squandered.»

BIDEN RETURNS TO PODIUM FOR FIRST TIME TO SLAM TRUMP’S SOCIAL SECURITY PLANS: ‘WRECK IT SO THEY COULD ROB IT’

But that’s not the issue, Hollander said — the issue is with how DOGE, led by billionaire Elon Musk, wants to do the work.

«For some 90 years, SSA has been guided by the foundational principle of an expectation of privacy with respect to its records. This case exposes a wide fissure in the foundation,» the judge wrote.

The case was brought by a group of labor unions and retirees who allege DOGE’s recent actions violate privacy laws and present massive information security risks. 

During a federal court hearing Tuesday in Baltimore, Hollander repeatedly asked the government’s attorneys why DOGE needs «seemingly unfettered access» to the agency’s troves of sensitive personal information to uncover Social Security fraud.

TEXAS POISED TO CREATE ITS OWN VERSION OF DOGE AS BILL PASSES BOTH CHAMBERS

«What is it we’re doing that needs all of that information?» Hollander said, questioning whether most of the data could be anonymized.

Attorneys for the Trump administration said changing the process would slow down their efforts.

«While anonymization is possible, it is extremely burdensome,» Justice Department attorney Bradley Humphreys told the court. He argued the DOGE access doesn’t deviate significantly from normal practices inside the agency, where employees and auditors are routinely allowed to search its databases.

The insignia of the Social Security Administration.  (Fox News)

But attorneys for the plaintiffs called it «a sea change» in terms of how the agency handles sensitive information.

Skye Perryman, President and CEO of the legal services group Democracy Forward, which is behind the lawsuit, said the ruling has brought «significant relief for the millions of people who depend on the Social Security Administration to safeguard their most personal and sensitive information.» 

SCHUMER CALLS ON LELAND DUDEK, ACTING COMMISSIONER OF SSA, TO RESIGN

Hollander made clear that her order didn’t apply to SSA workers who aren’t affiliated with DOGE, so they can still access any data they use in the course of ordinary work. But DOGE staffers who want access to the anonymized data must first undergo the typical training and background checks required of other Social Security Administration staffers, she said.

Billionaire Elon Musk leads the Department of Government Effeciency.  (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Hollander, 75, is the latest judge to consider a DOGE-related case. Many of her inquiries Tuesday focused on whether the Social Security case differs significantly from another Maryland case challenging DOGE’s access to data at three other agencies: the Education Department, the Treasury Department and the Office of Personnel Management. In that case, an appeals court recently blocked a preliminary injunction and cleared the way for DOGE to once again access people’s private data.

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Hollander’s injunction could also be appealed to the 4th U.S. Circuit Court of Appeals, which sided with the Trump administration in other cases, including allowing DOGE access to the U.S. Agency for International Development and letting executive orders against diversity, equity and inclusion move forward.

The Associated Press contributed to this report.

Hay solo dos cosas que unen hoy a los ecuatorianos: la pasión por la Tri, la selección de fútbol que está a un paso de clasificar al Mundial 2026, y el creciente temor por la inseguridad.

En Ecuador se produce hoy una muerte violenta por hora. La penetración del narcotráfico y el crimen organizado cambió la vida de los casi 18 millones de ecuatorianos, en especial en el violento corredor costero y el puerto de Guayaquil y sus alrededores. Las matanzas, tiroteos, asesinatos, extorsiones, motines carcelarios, secuestros y amenazas se convirtieron en una rutina desoladora. El país tiene hoy la tasa de crímenes por 100.000 habitantes más elevada de la región: 38,8, según la organización estadounidense Insight Crime. En algunas zonas supera los 100.

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En comparación, la Argentina tiene un índice de 3,8. En su peor momento, en 2022, Rosario tocó más de 22, aunque las cifras oficiales indican una baja sustancial desde entonces hasta situarse en poco más de 6.

Pero hay una línea roja que el narco y las bandas criminales cruzaron hace tiempo en Ecuador: la irrupción en la política y en especial en el financiamiento de las campañas electorales, como la que acaba de concluir con la reelección del presidente centroderechista Daniel Noboa en el balotaje del domingo 13 de abril.

Hoy, los grupos delincuenciales no solo dominan un vasto territorio, sino también gozan del control de municipios en “zonas calientes” y hay fuertes sospechas de la penetración en la política provincial y nacional. Los nombres de las bandas son conocidos: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones… Luchan entre sí por el control del territorio y reciben el apoyo de carteles mexicanos, colombianos y hasta de la mafia calabresa (N´drangheta) y de los Balcanes.

“Hoy tienes todos los elementos presentes en la campaña (electoral reciente) ante la inacción del Estado. Avanza el financiamiento narco. El país vive una situación de narco política activa que la vamos a ver más en 2027″, en las próximas elecciones de medio término, dijo el analista Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y contacto de Transparencia Internacional en Ecuador, en una charla de la que participó TN en Quito.

Cómo fue creciendo el financiamiento del crimen organizado en las campañas electorales de Ecuador

Todos en Ecuador coinciden en cuándo “se jodió” el país, pero no en el “por qué”. En el imaginario colectivo, la línea temporal se sitúa en la salida del expresidente Rafael Correa, hoy exiliado en Bruselas tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, en 2017, después de una década en el poder.

El correísmo, el gran derrotado de las recientes elecciones, responsabiliza a los gobiernos “liberales” que le siguieron. Pero desde la derecha afirman que simplemente con la salida de Correa cayeron los “acuerdos” con el crimen organizado. Incluso, algunos referentes y analistas, en distintas conversaciones “en off” con TN, sostuvieron que la Revolución Ciudadana de Correa dio la orden de provocar revueltas en las cárceles y expandir la violencia para hostigar a las administraciones de Lenin Moreno (2017-21), Guillermo Lasso (2021-23) y Daniel Noboa, que acaba de ser reelecto para un nuevo período hasta 2029.

Noboa le declaró la guerra al narco y el crimen organizado, sacó el ejército a las calles y proclamó el estado de conmoción y excepción en gran parte del territorio nacional. Incluso, antes de ser reelecto con más del 55% de los votos ante su rival correísta, Luisa González, le pidió ayuda a Donald Trump y contactó al polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, para sumarlo al plan de seguridad. La empresa tuvo varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.

Pero el fenómeno de la narcopolítica comenzó a gestarse mucho antes de la salida de Correa del poder, hace más de una década. Para Alarcón, el narcotráfico y el crimen organizado vienen penetrando las campañas electorales desde 2013, cuando aún gobernaba la izquierda.

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“Ese año detectamos la presencia del narcotráfico y el crimen organizado financiando cierto tipo de campañas. Eran aportes pequeños que generaron un vínculo. Pero nos contestaron que era un fenómeno leve y estaba bajo control”, contó.

En las elecciones secundarias de dos años después, esa participación “fue mucho más importante para controlar gobiernos locales. Hemos detectado aportes de redes de corrupción”, dijo Alarcón. Entonces la respuesta de las autoridades fue similar.

En los comicios generales de 2017, prosiguió el representante de Transparencia Internacional en el país, “ya detectamos no solo financiamiento, sino presencia en listas. Hubo abogados de narcos como candidatos y nuevos caciques locales (involucrados en el crimen organizado) encabezando listas”, indicó.

En 2019, en las elecciones seccionales, siempre según Alarcón, la situación se agravó. “A nivel local, las organizaciones narcos y del crimen organizado ya tenían estructura propia en poderes locales”, detalló. La respuesta oficial no cambió.

La penetración de estos grupos delincuenciales siguió avanzando dos años después. “En 2021, en las presidenciales, se denunció el financiamiento anómalo de la campaña de Andrés Araúz (candidato correísta a la presidencia). Identificamos a ciertos elementos activos en redes de narcos que fueron electos”, dijo.

Según señaló, poco después hubo dos candidatos procesados por la justicia por supuestos vínculos con bandas criminales.

Pero en la práctica poco cambió. En las elecciones seccionales de 2023, afirmó Alarcón, hubo “candidatos narcos haciendo transmisiones en Facebook Live”. En las imágenes, según precisó, se los veía “entregando fajos de billetes a la gente. Varios alcaldes llegaron (al poder municipal) gracias a este modus operandi”, señaló.

“Hoy tienes todos los elementos presentes en la campaña (electoral reciente) ante la inacción del Estado. Avanza el financiamiento narco. El país vive una situación de narco política activa que la vamos a ver más en 2027″, en las próximas elecciones de medio tiempo, aseguró.

Por qué avanza el narco en Ecuador

Para Alarcón, el narcotráfico y el crimen organizado se nutren del abandono del Estado en las zonas más postergadas y “calientes” del país.

“En algunos lugares le dan licencia total ante la ausencia del Estado. La gente le agradece al narco las obras públicas en zonas de Esmeralda, en la frontera con Colombia, en Sucumbíos y Orellana. Están muy contentos. El narco genera una fuente de ingresos. Mucha gente dice: ´es eso o nos morimos de hambre´”, comentó.

Ese escenario genera una dependencia total entre la ciudadanía y el crimen organizado en zonas violentas del país. “Hay gente que paga contenta la vacuna (impuesto obligatorio) porque el narco les da seguridad”, señaló.

Según el experto, Ecuador vive hoy “una ficción de guerra”. Noboa asegura que en 2024 bajó en forma significativa el índice de asesinatos. Pero “el primer trimestre de 2025 fue el período más violento desde la recuperación democrática. Se registra una muerte violenta por hora. Estamos superando a México y Honduras. Antes (durante el correísmo) convivíamos pacíficamente con el narco y eso nos daba una falsa sensación de seguridad”, concluyó Alarcón.