Obreros con chalecos de construcción de color naranja brillante se presentaron en una casa de Managua, la capital de Nicaragua, con herramientas para forzar la cerradura y retirar los armarios.

Días antes, empleados de la fiscalía general acudieron a otra casa de Managua y dijeron que ahora era propiedad del Estado.

Los hombres que llegaron en camiones de la policía a una tercera casa en las afueras boscosas de la ciudad venían con mazos.

«Estaban dispuestos a derribar la puerta», dijo Camilo de Castro, un cineasta cuya obra es crítica con el gobierno, sobre la llegada de la policía a su puerta.

De Castro y los otros dos propietarios de la vivienda, Gonzalo Carrión y Haydee Castillo, son activistas de derechos humanos que figuran entre los más de 300 nicaragüenses declarados traidores este año por el gobierno sandinista, sin derecho a la ciudadanía ni a la propiedad.

Ahora, el gobierno ha empezado a hacerlo oficial de forma descarnada, extendiendo y confiscando las propiedades de sus oponentes, incluidas las viviendas de dos ex ministros de Asuntos Exteriores.

La campaña es una reminiscencia de la primera época del partido de izquierdas en el poder, en la década de 1980, cuando los sandinistas expropiaron viviendas, desencadenando disputas legales que duraron años.

El líder del país, Daniel Ortega, lideró la revolución sandinista que les llevó al poder y vive en una casa que confiscó hace décadas.

Ortega fue derrotado en las urnas en 1990, pero tras unos cambios en la Constitución que le permitieron ganar, recuperó la presidencia en 2007.

Pasó la década siguiente minando la democracia del país al interferir en la Asamblea Nacional, las elecciones y el Tribunal Supremo.

Decenas de miles de personas se levantaron contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en 2018, acusándoles de convertirse exactamente en aquello contra lo que habían luchado en el pasado: líderes de una dinastía familiar dictatorial.

La oposición del gobierno llevó a cientos de personas a prisión, y al menos 300 fueron fusiladas en protestas.

A principios de este año, 222 presos políticos fueron liberados y enviados al exilio.

El inicio de la confiscación de propiedades en los últimos días se produce tras la confiscación de una importante universidad jesuita y la detención de varios sacerdotes.

El lunes, los sandinistas confiscaron una escuela de negocios privada que la Universidad de Harvard fundó hace casi 60 años.

La campaña del gobierno indica que, incluso cinco años después de un levantamiento fallido, la disidencia tiene graves consecuencias.

«No le bastó con encarcelarme y enviarme al exilio, además de estigmatizarme como terrorista y traidor», dijo Castillo, que ahora vive en Baton Rouge, Luisiana.

Murillo, que actúa como portavoz del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ella y Ortega han dicho que consideran terroristas a los activistas de la oposición por intentar derrocar al gobierno bloqueando carreteras, paralizando el comercio y recurriendo ocasionalmente a la violencia.

Muchos de ellos, incluido De Castro, son oficialmente prófugos de la justicia.

La comunidad internacional ha criticado ampliamente al gobierno de Ortega, y Naciones Unidas lo ha comparado con los nazis que cometieron crímenes contra la humanidad.

Ortega ayudó a liderar una insurgencia que en 1979 derrocó a la corrupta dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Siguió una guerra civil, durante la cual el nuevo gobierno sandinista confiscó los numerosos botines mal habidos de la familia Somoza.

La confiscación pretendía inicialmente devolver al pueblo nicaragüense lo que le había sido robado, mediante la redistribución de la tierra a través de la reforma agraria.

Pero los sandinistas también se apoderaron de las casas de las personas que huyeron, acusándolas de ser aliadas del régimen de Somoza o declarando la propiedad abandonada.

Cuando fueron expulsados del poder en 1990, los sandinistas aprovecharon el periodo de transición para conseguir documentación legal para las propiedades que habían repartido entre sus compinches, un regalo conocido como la «piñata».

Aunque en aquel momento el gobierno racionalizó las transferencias de propiedades, afirmando que hasta 200.000 pobres recibieron títulos de propiedad, los críticos afirmaron que los altos funcionarios se llevaron hasta 6.000 viviendas, incluidas algunas de las mejores propiedades inmobiliarias del país, como grandes fincas y casas de playa.

Ortega aún vive en un complejo de seis habitaciones en Managua, que ocupa toda una manzana cuadrada, que arrebató a un antiguo adversario que décadas después se convirtió en su vicepresidente.

«Todo lo que Somoza poseía había sido esencialmente robado, así que fue perfecto que fuera confiscado -no confiscado, sino devuelto a Nicaragua-«, dijo Moisés Hassan, ex miembro de la junta sandinista que gobernaba entonces.

«Se suponía que esas casas se iban a utilizar como asilos u orfanatos, pero entonces esos vagos se aprovecharon y empezaron a robar casas, acusando a la gente de ser somocistas».

Durante su mandato, los funcionarios sandinistas que vivían en excavaciones palaciegas «mantenían la ficción» de que las casas eran propiedad del Estado que simplemente les había sido «asignada», dijo Hassan.

Hassan, uno de los primeros sandinistas que rompieron con el partido, huyó del país a Costa Rica hace dos años y figura entre los opositores políticos a los que se despojó de la nacionalidad nicaragüense.

Recientemente, funcionarios del gobierno le confiscaron la casa de siete habitaciones que compró en Managua en 1980, valorada en 280.000 dólares.

«La cruel verdad es que es lo único bien material que tenía además de mi pensión, que también me quitaron», dijo Hassan, de 81 años.

Carrión huyó a Costa Rica hace cinco años, cuando el gobierno disolvió la organización de derechos humanos que dirigía.

Gastó al menos 70.000 dólares en su casa del centro de Managua y había terminado de pagarla.

«Nos condenaron sin juicio y se llevaron la casa, aunque la ley dice que sólo pueden hacer eso si una propiedad se utiliza en la comisión de un delito», dijo.

Un transeúnte tomó fotos en las que se ve un trozo de su cocina tirado en una pila frente a la casa.

Carrión, de 62 años, que también perdió su pensión, tiene fe en que el gobierno Ortega-Murillo acabe derrumbándose y se recuperen las viviendas.

Los expertos afirman que pasará mucho tiempo antes de que las propiedades sean devueltas a sus propietarios.

Tuvieron que pasar décadas para que las personas que perdieron sus casas en los años 80, muchas de las cuales habían sido o llegaron a ser ciudadanos estadounidenses, fueran indemnizadas, y eso sólo después de que los sandinistas dejaran de ocupar la presidencia.

Hizo falta la presión de Washington y las amenazas de retener la ayuda estadounidense para hacer mella en las miles de reclamaciones, dijo Peter Sengelmann, de 87 años, que perdió su casa en 1979, presumiblemente porque sus dos hermanos estaban asociados con el gobierno de Somoza y más tarde dirigió el Comité para Recuperar las Propiedades Estadounidenses Confiscadas en Nicaragua.

«El gobierno sandinista me pagó alrededor de un tercio de lo que valía, y la acepté, porque pensé que era mejor que nada», dijo Sengelmann, que ahora vive en Miami.

Le pagaron 85.000 dólares.

Jason Poblete, abogado estadounidense especializado en reclamaciones internacionales de propiedad, sobre todo desde Cuba, dijo que hace aproximadamente un año y medio empezó a recibir llamadas de propietarios de Nicaragua que decían estar siendo acosados con facturas falsas de impuestos sobre la propiedad impagados, otra táctica que el gobierno utiliza para dar a las confiscaciones «el color de la ley», dijo.

Es probable que la cuestión se convierta en un punto de fricción durante mucho tiempo, como lo es en Cuba, donde casi 6.000 ciudadanos y empresas estadounidenses perdieron casas, granjas, fábricas, ingenios azucareros y otras propiedades por un total de 1.900 millones de dólares cuando los Castro tomaron el poder en 1959.

Cientos de miles de cubanos también perdieron propiedades, dijo Poblete, sin compensación.

«Los cubanos aprendieron a hacer esto y enseñaron a los nicaragüenses», dijo Poblete.

«Es una forma más sofisticada de intimidación política».

De Castro, que en el pasado trabajó brevemente como asistente de reporteros de The New York Times, dijo que ningún abogado en Nicaragua aceptaría sus casos. Añadió que varios activistas que fueron despojados no sólo de sus propiedades, sino también de su ciudadanía, planeaban presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que las medidas violaban el derecho internacional.

Entre los demandantes se encuentra su madre, la escritora Gioconda Belli, cuya casa también fue despojada.

«Mientras el régimen esté en el poder, no podremos volver y no podremos recuperar nuestras casas», afirmó.

«No creo que vayan a parar».

c.2023 The New York Times Company