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Traslado forzoso de uigures en China: revelan una nueva dimensión de las violaciones a los derechos humanos

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Manifestantes de etnia uigur participan en una protesta con motivo del Día Nacional de China, cerca del consulado chino en Estambul, Turquía, 1 de octubre de 2023. REUTERS/Umit Bektas

Desde hace años, la región de Xinjiang en China ha sido un foco de atención internacional debido al tratamiento al que se somete a la población de los uigures, una minoría étnica musulmana. Según un informe de The New York Times, las políticas implementadas por el régimen chino incluyen la detención masiva y la intensa vigilancia de los uigures, convirtiendo esta región en un símbolo global de abusos a los derechos humanos y trabajo forzoso. En respuesta, en 2021, el Congreso de los Estados Unidos decidió prohibir las importaciones provenientes de Xinjiang, en un intento de poner fin a estas prácticas deshumanizantes.

No obstante, Beijing ha encontrado mecanismos para esquivar estas restricciones impuestas por Estados Unidos. Se ha implementado un sistema que desplaza a los uigures hacia fábricas ubicadas fuera de Xinjiang. Este esquema busca no solo eludir las prohibiciones de importación, sino también servir como un método de control integral sobre una población históricamente resistente al dominio chino.

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Una investigación conjunta llevada a cabo por The New York Times, el Bureau of Investigative Journalism y Der Spiegel revela la dimensión desconocida de estos programas de trabajo estatal previamente. Los esfuerzos por trasladar a los uigures no se limitan a simples cambios de ubicación geográfica; se trata de un fenómeno en el que los trabajadores son redistribuidos en fábricas de todo el país, produciendo para algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Este movimiento ocurre con escasa, e incluso nula, transparencia para los auditores de las cadenas de suministro o los funcionarios aduaneros, lo que provoca un vacío en la detección de abusos laborales y la importación de bienes contaminados por estas prácticas.

En respuesta a estos hallazgos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado leyes con el objetivo de impedir que los consumidores y las empresas financien, indirectamente, la persecución de las minorías en China. No obstante, el seguimiento de estos programas de trabajo fuera de Xinjiang resulta ser una tarea ardua, lo que plantea un desafío significativo para evitar que el trabajo forzado sea parte de la cadena de producción global.

La investigación sobre los programas de transferencia de trabajadores por parte del gobierno chino destaca la magnitud de esta operación. Se estima que decenas de miles de uigures están implicados en este esquema, donde las condiciones de trabajo no siempre son del todo claras. Pese a que el gobierno chino declara que estos programas son voluntarios y que buscan proporcionar oportunidades económicas, activistas y expertos insisten en que en realidad, los uigures se ven obligados a aceptar estas asignaciones laborales. Este movimiento es percibido como parte de un esfuerzo sistemático por parte del gobierno de Beijing para ejercer un control más estricto sobre una minoría que ha mostrado resistencia histórica al dominio chino.

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Un dispositivo de reconocimiento facial
Un dispositivo de reconocimiento facial instalado por el gobierno para permitir a los residentes el acceso a su recinto se ve en una puerta en Urumqi, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China. REUTERS/Thomas Peter

El régimen de China argumenta que la diseminación de los uigures en puestos de trabajo a lo largo del país responde a una iniciativa para combatir la pobreza crónica en Xinjiang. Sin embargo, la narrativa del estado chino choca con las declaraciones de activistas y defensores de derechos humanos que sostienen que los trabajadores frecuentemente carecen de verdadera libertad para rechazar las ofertas laborales, una característica distintiva de los patrones de trabajos forzados ya documentados.

En el ámbito internacional, la situación de los trabajadores uigures tiene un fuerte impacto legal y comercial, especialmente a raíz de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado Uigur que Estados Unidos puso en marcha para prohibir las importaciones desde Xinjiang, salvo que se pueda demostrar que los productos no se fabricaron mediante trabajo forzoso. Sin embargo, la implementación de esta ley presenta desafíos significativos, debido a que el seguimiento de los trabajadores que se reubican fuera de Xinjiang representa un gran reto logístico y administrativo.

Simultáneamente, estas medidas no solamente marcan un punto de tensión en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ya había acusado a China de beneficiarse injustamente del comercio exterior gracias a las condiciones laborales explotativas. La situación se agrava con la participación de empresas multinacionales que, consciente o inconscientemente, podrían estar integrando en su cadena de suministro productos fabricados bajo estas condiciones.

Agentes de policía en la
Agentes de policía en la entrada exterior del Centro de Detención nº 3 de Urumqi, en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, al oeste de China. AP Photo/Mark Schiefelbein

Marco Rubio, quien fuera senador por Florida y uno de los principales autores de esta ley en 2021, enfatizó la necesidad de cerrar las brechas legales que permiten que prácticas laborales deshonestas pasen desapercibidas. A nivel europeo, se han promovido normativas similares, aunque su aplicación de manera efectiva aún se encuentra en etapa de preparación, con la intención de comenzar a ser operativas recién en el año 2027.

La compleja relación comercial y diplomática que induce la situación de los uigures en China se destaca como un nuevo campo de batalla en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, reflejando no sólo tensiones económicas, sino también profundas diferencias en cuestiones de derechos humanos y prácticas laborales.

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La investigación arroja luz sobre las prácticas poco visibles de transferencia de trabajadores uigures. Utilizando declaraciones públicamente accesibles, anuncios corporativos, informes mediáticos estatales, y redes sociales, los investigadores destaparon el alcance de estas políticas laborales. Documentos oficiales y publicaciones en redes sociales mostraron a uigures partiendo de Xinjiang e integrándose a líneas de ensamblaje en otras provincias, a menudo bajo estricta supervisión y condiciones laborales de alta intensidad.

Dichas publicaciones expusieron cómo las autoridades buscan ejercer control sobre estos trabajadores, mostrándolos en filas ordenadas en estaciones de tren y detallando condiciones que podrían interpretarse como restrictivas. Asimismo, el personal de seguridad en ciertas fábricas ha confirmado que los uigures fueron enviados a trabajar allí por intermediación gubernamental.

Torres de vigilancia en el
Torres de vigilancia en el muro perimetral del Centro de Detención nº 3 de Urumqi, en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el oeste de China, el 23 de abril de 2021. AP Photo/Mark Schiefelbein

La investigación reveló que una amplia variedad de empresas multinacionales podrían estar involucradas directa o indirectamente en el uso de trabajadores uigures. Según el informe, más de 100 compañías parecen recibir trabajadores o productos realizados por ellos.

Toda esta situación pone a muchas marcas globales en una encrucijada, donde podrían ver un riesgo real de tener bienes incautados por las aduanas estadounidenses si se demuestra el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Además, la inminente aplicación de legislaciones europeas similares añade otra capa de complejidad a la operación global de estas empresas.

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Expertos y activistas aseguran que estos trabajadores tienen escasa capacidad de elección en la aceptación de empleos fuera de Xinjiang y que cualquier desacato podría acarrear serias repercusiones, como ser etiquetados como “alborotadores”. En una región donde actos menores, como poseer un Corán, pueden derivar en detenciones prolongadas, el peso de estas acusaciones es especialmente oneroso.

Agentes de policía en la
Agentes de policía en la entrada exterior del Centro de Detención nº 3 de Urumqi, en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el oeste de China, el 23 de abril de 2021. AP Photo/Mark Schiefelbein

Los beneficios económicos de los trabajos ofrecidos, en contraste, son un fuerte aliciente ante las limitadas oportunidades disponibles y la estricta vigilancia que enfrentan dentro de Xinjiang. Sin embargo, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los uigures empleados bajo estos programas continúan generando dudas y crítica internacional.

En el escenario comercial global, la transferencia de trabajadores uigures presenta complicaciones legales considerables para las empresas, especialmente en aquellos países con regulaciones estrictas sobre el trabajo forzoso. Las leyes internacionales como la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur en Estados Unidos crean un marco difícil para las empresas que dependen de cadenas de suministro que puedan estar, consciente o inconscientemente, contaminadas por estas prácticas.

Se ha documentado que componentes manufacturados en fábricas chinas, potencialmente operadas con trabajadores uigures, son exportados globalmente a mercados como India, Indonesia, México, y también Europa y América del Norte, incluyendo negocios estadounidenses que podrían enfrentar restricciones bajo el marco legal actual.

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Un hombre no identificado intenta
Un hombre no identificado intenta impedir que el fotógrafo tome imágenes fuera del sitio de la mezquita Jiaman en Qira, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, 28 de abril de 2021. REUTERS/Thomas Peter

Las empresas tienen la difícil tarea de garantizar prácticas laborales éticas en sus extensas cadenas de suministro. Por un lado, grandes marcas corren el riesgo de que sus bienes sean requisados por las aduanas en Estados Unidos si se encuentra evidencia de trabajo forzoso. Por otro, tanto la reputación como la viabilidad económica de estas empresas están en juego, en una época en que los consumidores exigen transparencia y responsabilidad ética.

El conflicto de intereses entre el expansionismo económico chino y los estándares internacionales de derechos humanos se erige como un desafío crítico para el comercio global. Las marcas enfrentan una decisión crucial: asegurar que sus suministros estén libres de prácticas laborales explotativas o buscar alternativas fuera de China para preservar la confianza del mercado y evitar posibles sanciones legales.

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Federal appeals court rules California ammunition background checks unconstitutional

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A federal appeals court ruled Thursday that California’s first-of-its-kind law requiring gun owners to undergo background checks to purchase ammunition is unconstitutional, declaring that it violates the Second Amendment right to bear arms.

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In a 2-1 decision, the 9th U.S. Circuit Court of Appeals upheld a lower court judge’s permanent injunction blocking the state from enforcing the law.

Circuit Judge Sandra Ikuta said the law «meaningfully constrains» the right to keep and bear arms and that the state failed to prove the law was consistent with the country’s historical tradition of firearm regulation as required under a 2022 U.S. Supreme Court decision, New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen.

«By subjecting Californians to background checks for all ammunition purchases, California’s ammunition background check regime infringes on the fundamental right to keep and bear arms,» Ikuta wrote.

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CALIFORNIA JUDGE BLACKS GUN CONTROL LAW REQUIRING BACKGROUND CHECKS FOR AMMO PURCHASES

A federal appeals court ruled that California’s law requiring gun owners to undergo background checks to purchase ammunition is unconstitutional. (Getty Images)

California Gov. Gavin Newsom, a Democrat, said the ruling was a «slap in the face» to efforts by officials in the Golden State to enact firearm restrictions to curb gun violence.

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«Strong gun laws save lives – and today’s decision is a slap in the face to the progress California has made in recent years to keep its communities safer from gun violence,» Newsom said in a statement. «Californians voted to require background checks on ammunition and their voices should matter.»

The office of state Attorney General Rob Bonta, also a Democrat, said «our families, schools, and neighborhoods deserve nothing less than the most basic protection against preventable gun violence, and we are looking into our legal options.»

California voters approved a ballot measure in 2016 requiring gun owners to undergo initial background checks to purchase ammunition, as well as buy four-year ammunition permits.

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Lawmakers later amended the measure to require background checks for each ammunition purchase.

California officials said they received 191 reports last year of «armed and prohibited individuals» who were blocked through background checks from purchasing ammunition.

Rifles on display

The 9th U.S. Circuit Court of Appeals upheld a lower court judge’s permanent injunction blocking the state from enforcing the law. (REUTERS/Bing Guan)

The state can ask an 11-judge appeals court panel or the U.S. Supreme Court to review the decision.

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The plaintiffs included Kim Rhode, who has won three Olympic gold medals in shooting events, and the California Rifle & Pistol Association.

The gun group’s president and general counsel said in a joint statement that the decision was a victory against «overreaching government gun control,» while Rhode described it as «a big win for all gun owners in California.»

The injunction was issued by U.S. District Judge Roger Benitez in San Diego. An appeals court panel placed the injunction on hold while California’s appeal played out.

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California argued that several old firearms restrictions supported background checks, including colonial-era rules requiring licenses to produce gunpowder, the disarmament around 1776 of people who refused to take «loyalty oaths» and late-19th century rules requiring government approval to carry concealed weapons.

‘EXCESSIVE’ STATE TAXES ON GUNS, AMMUNITION SALES ARE TARGET OF NEW GOP CRACKDOWN EFFORT

California Gov. Gavin Newsom speaking

California Gov. Gavin Newsom said the ruling was a «slap in the face» to efforts by officials in the Golden State to curb gun violence. (AP Photo/Jeff Chiu, File)

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Circuit Judge Jay Bybee, who dissented from Thursday’s decision, accused the majority of ignoring Supreme Court guidance by effectively declaring any limits on ammunition sales unlawful, given the unlikelihood a state could point to identical historical analogues.

The law «is not the kind of heavy-handed regulation that meaningfully constrains the right to keep and bear arms,» Bybee wrote.

All three judges on Thursday’s panel were appointed by Republican presidents, although appointees of Democratic presidents hold a majority in the 9th Circuit.

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Ikuta and Bybee were appointed by former President George W. Bush, while Circuit Judge Bridget Bade, who joined Thursday’s majority, was appointed by President Donald Trump.

Reuters contributed to this report.

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Tailandia advirtió que los enfrentamientos armados con Camboya podrían derivar en una guerra “a gran escala”

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El primer ministro de Tailandia advirtió que los enfrentamientos con Camboya “podrían derivar en una guerra” (REUTERS)

Tailandia advirtió este viernes que los enfrentamientos armados con Camboya podrían escalar a una guerra a gran escala, en el segundo día consecutivo de hostilidades que ha dejado al menos 16 muertos y obligado a evacuar a más de 138.000 personas en ambos lados de la frontera.

“Si la situación se agrava podría derivar en una guerra, aunque por ahora sigue limitada a enfrentamientos”, declaró el primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai, ante la prensa en Bangkok.

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La tensión se disparó el jueves debido a una disputa territorial de décadas entre los dos países del sudeste asiático, con combates que incluyeron el uso de tanques, aviones de combate, artillería y cohetes BM-21.

Se trata de la escalada militar más grave desde 2011 en una zona de 800 kilómetros de frontera, donde persisten áreas no delimitadas oficialmente, salpicadas de templos antiguos.

Según el Ministerio del Interior tailandés, las autoridades evacuaron a 138.000 civiles, incluidos 428 pacientes hospitalarios, desde cuatro provincias limítrofes con Camboya.

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El balance oficial en Tailandia ascendió a 15 muertos —un soldado y 14 civiles— y 46 heridos. Por su parte, Camboya reportó un muerto y cinco heridos, en su primer informe oficial desde el inicio del conflicto.

La tensión se disparó el
La tensión se disparó el jueves debido a una disputa territorial de décadas entre los dos países del sudeste asiático, con combates que incluyeron el uso de tanques, aviones de combate, artillería y cohetes BM-21 (REUTERS)

Los enfrentamientos se reanudaron en la madrugada del viernes en tres puntos distintos, de acuerdo con el ejército tailandés. Según su versión, las fuerzas camboyanas lanzaron fuego con armas pesadas, artillería y cohetes múltiples, a lo que las tropas tailandesas respondieron con “fuego de apoyo apropiado”. El ejército agregó que los choques incluyeron seis zonas de combate el jueves, entre ellas dos antiguos templos.

En el municipio camboyano de Samraong, a 20 kilómetros de la frontera, periodistas de la agencia AFP registraron disparos lejanos de artillería durante la mañana. “Vivo muy cerca de la frontera. Tenemos miedo porque empezaron a disparar de nuevo sobre las 6 de la madrugada”, relató Pro Bak, un residente de 41 años que huía con su familia hacia un templo budista. “No sé cuándo podremos volver a casa”, añadió.

La crisis diplomática también se agravó. Tailandia expulsó al embajador camboyano y llamó a consultas a su representante en Phnom Penh, luego de que una mina terrestre hiriera a cinco soldados tailandeses. Camboya respondió retirando a todos sus diplomáticos en Bangkok, excepto uno, y degradando las relaciones al nivel más bajo.

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El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia y a puerta cerrada este viernes, tras una solicitud del primer ministro camboyano, Hun Manet.

El primer ministro camboyano, Hun
El primer ministro camboyano, Hun Manet (REUTERS)

En paralelo, Estados Unidos y Francia instaron al cese inmediato de las hostilidades, mientras que la Unión Europea y China expresaron una profunda preocupación y pidieron diálogo entre las partes.

Desde 2008 hasta 2011, los dos países ya libraron enfrentamientos en la zona, que dejaron 28 muertos y decenas de miles de desplazados. Una decisión de la Corte Internacional de Justicia en favor de Camboya calmó las tensiones durante una década. Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse en mayo de este año, tras la muerte de un soldado camboyano en un nuevo choque fronterizo.

Los combates actuales reflejan la fragilidad de la paz en la región y han despertado la preocupación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ocupa la presidencia rotativa del bloque, declaró haber hablado con sus homólogos de Camboya y Tailandia, a quienes pidió diálogo inmediato. Según dijo, ambos mostraron “señales positivas y predisposición” a buscar una salida pacífica.

(Con información de AFP)



Asia / Pacific,Defense,Diplomacy / Foreign Policy,SINGAPORE

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Fox News Poll: The GOP is seen as more likely to have a clear plan for the country

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

With the 2026 midterm elections more than a year away, a new Fox News survey finds that while the Republican Party has lost some ground to the Democratic Party on handling key issues, voters are more likely to think the GOP has a clear plan for dealing with the country’s problems. 

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The survey, released Thursday, finds that by a 10-point margin, more voters think the Republicans have a clear plan for the U.S. than the Democrats: 43% vs. 33%.  Still, majorities feel neither the GOP (54%) or the Democrats (64%) have a plan. This is about where sentiment was three years ago, the last time the question was asked. 

FOX NEWS POLL: TRUMP FACING HEADWINDS AT SIX-MONTH MARK

Far more Republicans (79%) than Democrats (51%) are confident their party has a clear plan, and that’s what hurts the Democrats. While at least two-thirds of independents feel neither party has a plan, more trust the GOP (30% vs. 25%).

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At the same time, the survey shows some significant erosion in the GOP’s handling of key issues compared to the last time Fox asked in 2023, including in areas where they are traditionally preferred. 

Voters view the Republican Party as better able to handle national security (by 14 points), immigration (+6R), and government spending (+5R) while the Democratic Party is favored on climate change (by 23 points), health care (+19D), social security (+17D), education (+15D), and energy policies (+6D).

The parties are rated about equally on inflation (+1D), gun policy (even), the economy (+1R), and foreign policy (+3R).

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Compared to 2023, support for the GOP is down on immigration by 4 points, national security by 6, government spending by 6, foreign policy by 9, and the economy by 14. Plus, the Republicans’ 12-point advantage on inflation has disappeared, as Democrats have a 1-point edge today.

While the Democrats have largely maintained support on their best issues, it’s noteworthy they saw a 12-point increase on education, as voters have been split on who would better handle the issue for the last few years.

FOX NEWS POLL: APPROVAL OF SCOTUS AT 5-YEAR HIGH, REBOUNDING FROM RECORD LOW IN 2024

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These shifts can mostly be attributed to self-identified Democrats solidifying their preference for their own party’s handling of the issues, as well as independents lessening their support for Republicans or switching to Democrats.

Self-identified Republicans continue to express high levels of support for their party on the issues.

«Independents and even some Democrats had soured on President Biden and the Democratic Congress by 2023 and 2024, but they have shifted to the left a bit in 2025 in response to the policies of President Trump and the Republicans,» says Republican pollster Daron Shaw, who conducts the Fox News survey with Democrat Chris Anderson. «An appreciable part of this is performance related. Without obvious economic and foreign policy victories, independents and soft Democrats could drift to the left, which could scramble the electoral dynamic heading into 2026.»

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Overall, views of both major political parties are underwater. By 2 points, the Republican Party has a slightly better favorable rating (44% favorable) than the Democratic Party (42%), but more than half view both parties negatively (56% and 57% unfavorable, respectively). That’s relatively unchanged since April.  

Positive views of the Republican Party have shown steady growth since October 2019, while the Democratic Party has been on a downward trajectory, reaching a record low in April (41% favorable).

The Republican Party enjoys more support among their party faithful (83% have a favorable view) than the Democratic Party (78% favorable). Seven in 10 independents have a negative view of both.

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Conducted July 18-21, 2025, under the direction of Beacon Research (D) and Shaw & Company Research (R), this Fox News survey includes interviews with a sample of 1,000 registered voters randomly selected from a national voter file. Respondents spoke with live interviewers on landlines (114) and cellphones (636) or completed the survey online after receiving a text (250). Results based on the full sample have a margin of sampling error of ±3 percentage points. Sampling error for results among subgroups is higher. In addition to sampling error, question wording and order can influence results. Weights are generally applied to age, race, education, and area variables to ensure the demographics of respondents are representative of the registered voter population. Sources for developing weight targets include the American Community Survey, Fox News Voter Analysis and voter file data.

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