Colombia está desde este lunes bajo un «estado de conmoción interior» ordenado por el presidente, Gustavo Petro, en medio de una embestida de guerrilleros y narcos que deja más de 100 muertos y casi 20.000 desplazados en cinco días.

Ante la escalada violenta sin precedentes recientes, el mandatario tomó esta decisión excepcional que faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias como por ejemplo liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes.

Desde el jueves diferentes focos de violencia estallaron en el país, el más grave en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la población civil y se enfrentó contra disidentes de las FARC que no se unieron al acuerdo de paz de 2016.

La prolongada embestida incluyó asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos y casi 20.000 desplazados en esta región plagada de narcocultivos.

Este lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico del Guaviare (sur) por choques entre dos facciones enemigas de los desertores del pacto que puso fin a las FARC.

Aterrorizados por la violencia, miles de personas en el Catatumbo huyen hacia poblados más seguros o hacia Venezuela donde el gobierno activó un «operativo especial» para atender a los desplazados en dos municipios fronterizos.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad no han entrado a enfrentar a los rebeldes en las zonas críticas. Los más de 5.000 soldados desplegados se han concentrado en rescatar en helicópteros la población en riesgo.

El Catatumbo, que ocupa la parte septentrional del departamento de Norte de Santander, es un territorio montañoso y selvático en la frontera con Venezuela, donde se encuentran el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí y dos resguardos indígenas.

Desde el punto de vista administrativo, abarca los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), «la mayoría de los habitantes de las áreas urbanas del Catatumbo (…) tienen necesidades básicas insatisfechas», lo que se acentúa en las zonas rurales, «en las que más del 50 % habitan en condiciones precarias».

El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia, pero la explotación del crudo nunca trajo progreso a la región y en los años 70 empezaron a llegar distintos grupos guerrilleros, atraídos por la riqueza de esa industria.

La región, que había sufrido en la década del 40 del siglo pasado la violencia partidista de liberales y conservadores, comenzó a sentir a finales de los 70 el impacto del conflicto armado con la creación en 1973 del Frente Libardo Mora Toro del Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla de corte maoísta, a la que siguieron otros grupos armados para disputar las riquezas de su territorio.

«El 31 de enero de 1979 entra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la toma guerrillera de Convención y para la década de los ochenta se consolida como el actor predominante en la región, infiltrándose en agremiaciones de trabajadores petroleros», señaló el Informe de la Comisión de la Verdad.

El ELN se asentó en los pueblos del Catatumbo con el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez, así llamado por el cura español que dirigió esa guerrilla desde 1978 hasta su muerte en 1998.

A mediados de los 80 llegaron las FARC, con el Frente 33, y en los noventa los paramilitares de las Autodefensas del Sur del Cesar, el Bloque Catatumbo y el Frente Resistencia Motilona, del Bloque Norte, bajo el mando del temido Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

«El conflicto armado llegó y se desarrolló en el Catatumbo por una serie de condiciones que convergieron: se trata de un territorio biodiverso y rico en recursos naturales, comparte frontera con Venezuela y ha sido históricamente marginado por el Estado», según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Ante la expansión de los distintos grupos armado ilegales, el Estado aumentó su presencia militar en una guerra que sigue dejando muertos y desplazados en el Catatumbo.

El surgimiento de los cultivos de coca se dio a finales de los años 80 y las disputas por tierras y rutas del narcotráfico exacerbaron la violencia.

Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés), en 2023 había en el Catatumbo 43.867 hectáreas sembradas de coca que hacen de esa región la tercera más grande del país, superada solo por la del Pacífico y la de Putumayo-Caquetá.

El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y la antigua guerrilla FARC nunca se materializó en el Catatumbo donde, al igual que en otras áreas del país, los distintos armados ilegales llegaron antes que el gobierno para ocupar los vacíos territoriales dejados por la desmovilización de las FARC y apropiarse de cultivos de coca.

Uno de esos grupos, las disidencias del Frente 33 de las FARC, son hoy blanco de los ataques del ELN, como lo fue en 2018 y 2020 un reducto del EPL, conocido como ‘Los Pelusos’, que fue diezmado en una guerra entre guerrillas.

La actual ofensiva contra las disidencias de las FARC, el ELN asegura que va dirigida contra ‘Richard Suárez’, supuesto jefe del Frente 33 del autodenominado Estado Mayor de los Bloques, al que tacha de «personaje siniestro y perverso» llegado a la región desde El Caguán, en el sur del país, «para pretender imponer su ley a las y los catatumberos».

Sin embargo, eso es lo mismo que ha hecho el ELN durante décadas no solo con asesinatos y secuestros sino también con los ‘paros armados’ con los cuales paraliza durante días todas las actividades de los pueblos de la zona.