En Ecuador, pocas figuras del crimen han desafiado al Estado de manera tan audaz como José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, cabecilla de la organización narcodelictiva Los Choneros, que fue recapturado la última semana tras permanecer fuera del radar de las autoridades por casi un año y medio. Lo encontraron en Manta, en Manabí, una provincia costera que es cuna de la organización criminal que Fito lidera y que se ha convertido en el centro del lavado de activo del país y en uno de los puertos desde donde se envía droga a través de lanchas rápidas hacia Centro América.

Durante más de una década, el nombre de alias Fito se ha asociado a sangrientos episodios de violencia y a dos espectaculares fugas carcelarias que expusieron las fallas de seguridad en prisiones supuestamente infranqueables.

La historia de sus dos fugas –una en 2013 bajo el gobierno de Rafael Correa y otra en enero de 2024 ya en la administración de Daniel Noboa– y su recaptura en 2025 constituye un relato de altos contrastes: desde audaces planes de escape hasta operativos militares para llevarlo nuevamente a prisión, pasando por convulsiones políticas y sociales en el país.

La primera evasión de Fito ocurrió la noche del 11 de febrero de 2013 en La Roca, la entonces cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Aquella noche, un grupo de reos altamente peligrosos inició un motín coordinado. Armados con pistolas y cuchillos, amedrentaron y redujeron a los guardias, a quienes inmovilizaron y despojaron de sus uniformes.

Tras tomar el control interno del penal sin dejar heridos ni muertos, los presos abrieron un boquete en una pared trasera de la prisión para alcanzar la orilla del río Daule. Allí los esperaba una lancha en la que huyeron bajo la oscuridad. La alarma de fuga no se activó sino hasta dos horas después, cuando las autoridades finalmente encontraron a los celadores atados. Para entonces, hasta 18 reclusos de alta peligrosidad –incluyendo miembros de Los Choneros y otros delincuentes que figuraban entre los más buscados de Ecuador– ya se habían esfumado en la noche.

El escape sacudió al gobierno del presidente Rafael Correa, quien había impulsado reformas en el sistema penitenciario durante su mandato. La Roca, concebida originalmente como un pabellón seguro para reos peligrosos, había pasado poco antes al control del Ministerio del Interior y enfrentaba serios problemas de violencia interna, con riñas, asesinatos e incluso explosiones dentro de sus muros.

La fuga masiva representó un golpe a la imagen de seguridad estatal en plena época electoral de 2013, lo que obligó a una reacción enérgica. De inmediato, todos los guardias y el director de la cárcel fueron arrestados para investigaciones sobre una posible complicidad o negligencia. El propio Correa, en declaraciones públicas un mes después, se dirigió a los fugitivos con firmeza: “Están perdiendo el tiempo, entréguense lo antes posible, pues el peor error que pudieron cometer fue fugarse”.

Entonces el Gobierno dejó claro que no negociaría con los prófugos, rechazando peticiones como las de la madre de Fito (quien pedía garantías para la rendición de sus hijos) y advirtiendo que, de ser necesario, las fuerzas del orden harían uso legítimo de la fuerza para capturarlos.

Comenzó así una de las mayores cacerías humanas registradas en el país. Unidades élite de la Policía Nacional, con apoyo de Interpol y cuerpos de seguridad de países vecinos, rastrearon a los evadidos por todo el territorio e incluso más allá de las fronteras. Los esfuerzos rindieron fruto: en tres meses, para mayo de 2013, la mayoría de los prófugos habían sido recapturados, incluido el propio Macías Villamar. Fito y su hermano (Ronal Macías, alias “Javi”) fueron sorprendidos la madrugada del 26 de mayo de 2013 durante un operativo policial de alto impacto denominado “Halcón”.

A lo largo de ese año, uno a uno, los 18 evadidos de La Roca fueron cayendo en Ecuador y otros países de la región. Entre ellos se contaba también Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” –entonces líder de Los Choneros–, quien resultó ser el último capturado, en noviembre de 2013, en Colombia.

Tras su recaptura, José Adolfo Macías fue trasladado al moderno Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, a las afueras de Guayaquil, para continuar cumpliendo su condena de 25 años por un asesinato ocurrido en 2011. En esa cárcel alias Fito se llenó de privilegios, desde visitas de sus parejas sentimentales, hasta negociaciones y lujos.

La recaptura entonces parecía el cierre definitivo de un capítulo oscuro: el Estado había restablecido el orden y la autoridad tras la sonada fuga de La Roca. Sin embargo, los años siguientes traerían nuevos episodios de violencia carcelaria en Ecuador, y Fito volvería a ser protagonista de otra fuga insólita.

En enero de 2024, Ecuador enfrentó una nueva pesadilla penitenciaria. Para entonces, el país vivía una escalada de violencia ligada al narcotráfico, agravada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, crimen en el cual Fito era uno de los sospechosos, pues el narco y su gente habían amenazado al entonces presidenciable.

En medio de ese tenso contexto, con el recién posesionado presidente Daniel Noboa prometiendo mano dura contra el crimen organizado, ocurrió lo impensable: alias Fito se fugó nuevamente de prisión. El cabecilla de Los Choneros, quien cumplía una sentencia acumulada de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio, desapareció de la Cárcel Regional de Guayaquil a inicios de 2024 en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas del todo. Las autoridades calificaron la escapatoria de “misteriosa” y admitieron que, en el momento de conocerse, no tenían explicación de cómo Macías logró burlar los controles de la prisión.

Lo cierto es que la noticia de su huida estalló como una bomba política: apenas dos meses después de asumir el mando, Noboa enfrentaba su primera gran crisis de seguridad, un golpe que ponía en entredicho al Estado y daba alas a las organizaciones criminales.

Las consecuencias inmediatas de la fuga de Fito en 2024 fueron caóticas y violentas. Su escape pareció ser la chispa que encendió un polvorín: en los días posteriores se desataron motines en varias cárceles, grupos armados tomaron por asalto un canal de televisión, estallaron coches bomba en la ciudad y más de un centenar de guardias penitenciarios fueron retenidos temporalmente como rehenes en distintos centros carcelarios.

Ante esta arremetida sin precedentes, el gobierno de Noboa respondió declarando que el país enfrentaba un “conflicto armado interno”. Esta figura extraordinaria permitió desplegar a las Fuerzas Armadas tanto en las calles como dentro de las prisiones, militarizando la seguridad pública en un intento desesperado por contener la ola de violencia. El escape de Macías Villamar llevó al gobierno a catalogarlo como objetivo militar prioritario y a colocarle el rótulo del criminal “más buscado” del país. El Ministerio del Interior ofreció incluso una recompensa de un millón de dólares por cualquier pista que condujera a su paradero.

Durante 535 días, Fito logró mantenerse prófugo, tiempo en el cual las autoridades sospechan que continuó dirigiendo operaciones ilícitas desde las sombras. Las tareas de inteligencia para dar con él nunca cesaron: se conformó un Bloque de Seguridad interinstitucional dedicado exclusivamente a su captura y a la lucha contra las bandas narcodelictivas.

Finalmente, el 25 de junio de 2025, ese esfuerzo rindió frutos. Agentes de fuerzas especiales y militares dieron con una pista clave al seguir los movimientos de un hombre de confianza de Fito en la ciudad costera de Manta. Todas las piezas encajaron cuando detectaron una vivienda de lujo en el barrio La Tejedora de Manta, perteneciente a la pareja sentimental de Macías. Esa vivienda había sido allanada en enero de este año, pero no se había detectado a alias Fito. Bajo fuertes medidas de sigilo, las autoridades cercaron 15 manzanas a la redonda de la propiedad para preparar el asalto.

Lo que descubrieron superó las expectativas: un búnker de alta gama, equipado con aire acondicionado, gimnasio, piscina interna y espacios de ocio, oculto tras una escotilla disimulada en el piso de la casa. Aquel escondite, construido en hormigón y finamente amoblado, había servido de guarida a Fito durante su larga fuga, permitiéndole vivir con comodidades sorprendentes mientras coordinaba sus movimientos clandestinos.

Con la ubicación confirmada, se activó el operativo final. Bajo el nombre clave de “Gran Fénix 28”, un contingente de más de 100 efectivos del Bloque de Seguridad inició un operativo de 10 horas para capturarlo. Según los reportes oficiales, no hubo necesidad de disparos: las fuerzas especiales ingresaron al inmueble sin enfrentar resistencia armada. Utilizando tecnología de vigilancia aérea, detectaron una zona de tierra removida detrás de la casa y ordenaron el ingreso de maquinaria pesada para excavar. Al sentir que “el techo de su búnker se venía abajo”, según declaró el ministro del Interior, John Reimberg, Macías entró en pánico y abrió la escotilla de su escondite, entregándose a los militares que ya lo esperaban afuera. Así, sin un solo tiro, culminó la larga cacería: Fito volvía a estar esposado bajo custodia del Estado.

Minutos después de la captura, Macías Villamar fue trasladado con un fuerte contigente a Guayaquil. Esa misma noche llegó custodiado a las celdas de La Roca, la misma cárcel de máxima seguridad de la que se había fugado doce años atrás.

Esa tarde, antes de que Fito llegara a La Roca, el presidente Daniel Noboa anunció al país la noticia que muchos esperaban escuchar: “Fito está en manos del Bloque de Seguridad”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter) al confirmar la recaptura. Noboa aprovechó la ocasión para informar que su gobierno iniciaría de inmediato los trámites para extraditar a Macías Villamar a los Estados Unidos, donde un tribunal federal de Nueva York lo había acusado en abril de 2025 por cargos de narcotráfico internacional y tráfico de armas.

En Quito, los ministros de Defensa e Interior presentaron a la prensa detalles del operativo que dejó fotografías históricas que exhiben a un Fito cabizbajo y esposado, custodiado por soldados.

“Cayó Fito y van a caer todos”, declaró triunfante el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y subrayó que la exitosa captura demostraba la efectividad del nuevo marco legal y las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. Loffredo cuestionó que “ciertos actores políticos” –en alusión al correísmo– hayan criticado o intentado frenar esas leyes “para proteger a sus socios”, y afirmó enfáticamente que el Gobierno de Noboa no pacta ni pactará con mafias, sino que las enfrenta con resultados.

La repercusión política de la recaptura no se hizo esperar. Desde el extranjero, el ex presidente Rafael Correa –quien actualmente reside fuera de Ecuador por problemas judiciales– lanzó dardos contra el gobierno. “Querer hacer poco menos que una fiesta nacional por recapturar a un delincuente que nunca debió fugar demuestra el grado de mediocridad del Gobierno y lo bajo que ha caído el Estado”, criticó Correa en su cuenta de X. Con estas palabras, el ex mandatario insinuó que la administración Noboa buscaba sacar rédito político de corregir una falla que él atribuye a la propia ineptitud gubernamental, sin recordar que bajo su mandato también Fito se fugó.

La respuesta desde el Palacio de Carondelet fue igualmente contundente. El presidente Noboa, en una entrevista con CNN en Español, desestimó las críticas de Correa, recordando indirectamente la situación legal del ex mandatario: “Si un prófugo te critica, toca hacer oídos sordos”, replicó Noboa, sugiriendo que no vale la pena atender a quien, según sus palabras, “está amargado” y carece de legitimidad para dar lecciones.

El capítulo más reciente de esta saga llegó a su fin en aquel búnker de Manta, pero las preguntas que deja son numerosas: ¿cómo pudo un solo hombre burlar dos veces al sistema penitenciario? ¿Qué redes de corrupción o complicidad lo facilitaron? Y, sobre todo, ¿logrará el Estado ecuatoriano evitar que se repita una historia similar en el futuro? Las autoridades actuales han capitalizado políticamente la captura de Fito para reforzar su discurso de mano dura, mostrando al mundo que Ecuador no cede terreno ante el narcotráfico. Pero la verdadera prueba será a largo plazo: mantener el control de unas cárceles convulsas y transformar la “victoria” de la recaptura en avances sostenibles contra el crimen organizado.

Vice President JD Vance could deliver the tiebreaking vote in the U.S. Senate for President Donald Trump’s «big, beautiful, bill» should it fail to receive enough support from Republican lawmakers. 

Republicans are scrambling to reform and pass the measure ahead of Trump’s July 4 deadline after Senate Parliamentarian Elizabeth MacDonough’s determination Thursday that several Medicaid reforms in the sweeping tax and domestic policy package did not follow Senate rules and must be removed. 

As president of the Senate, the vice president casts a tiebreaking vote when a measure fails to receive majority support.

DEMS ‘DELIBERATELY OBFUSCATING’ TRUTH ABOUT ‘BIG, BEAUTIFUL BILL’ WITH THIS CLAIM: WATCHDOG

There are 53 Republicans in the Senate, meaning three Republican senators could opt out of voting for the bill, and it could still pass with Vance’s support. 

Vance has previously cast tiebreaking votes in the Senate, including in January to confirm Trump’s pick for Secretary of Defense, Pete Hegseth, and on a measure in April to curb Trump’s ability to impose global tariffs. 

Vance’s office declined to provide comment to Fox News Digital.

Republican lawmakers who’ve historically voiced concerns about certain Medicaid provisions included in the «big, beautiful, bill» include senators Susan Collins of Maine, Josh Hawley of Missouri and Lisa Murkowski of Alaska. These lawmakers have cautioned that the reforms would prove detrimental to rural hospitals in their states. 

Spokespeople for Collins, Hawley and Murkowski did not immediately respond to a request for comment from Fox News Digital. 

Sen. Josh Hawley (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

The domestic policy package also included provisions to beef up border security and would also make permanent the 2017 Tax Cuts and Jobs Act from Trump’s first term.

The White House’s Office of Management and Budget Director Russell Vought told lawmakers earlier this month failure to pass the measure would result in a 60% tax hike for Americans and would trigger a recession. 

As a result, Matt Wolking, who previously served as the deputy communications director for Trump’s 2020 campaign, said Senate Republicans will ultimately band together to approve the legislation to prevent the tax cuts from expiring. 

HOW JOHNSON PULLED OFF ANOTHER IMPOSSIBLE WIN WITH JUST 1-VOTE MARGIN ON $9.4B SPENDING CUT BILL

«Senate Republicans don’t want to be responsible for the massive tax increase on the middle class that will occur if they fail to extend President Trump’s tax cuts. So, ultimately, they will get this done,» Wolking, currently with GOP consulting firm Axiom Strategies, said in a statement to Fox News Digital. 

«President Trump has a big asset in these negotiations with JD Vance, and whether he is needed to break a tie or not, the administration will have another major win under its belt heading into the midterm elections where the strength of the economy will be a big factor,» Wolking said. 

Sen. Susan Collins, R-Maine, with supporters outside the Kittery Trading Post, where she was greeted by KTP Vice President Fox Keim. (Rich Beauchesne/Seacoastonline)

Earlier this month, Vance met with Republican senators to discuss the measure during a closed-door lunch and said afterward he was hopeful about the odds of passing the legislation on time. 

«I mean, look, I can’t make any promises. … I can’t predict the future, but I do think that we’re in a good place to get this done by the July 4 recess,» Vance told reporters June 17. 

Vance also told reporters that despite concerns from lawmakers, including Collins, regarding certain Medicaid provisions included in the measure, he would work to address any issues raised. Still, he said there was broad agreement within the party on reforming Medicaid to block access for illegal immigrants.

«They’re all very confident we’re eventually going to get there,» Vance said.

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President Donald Trump holds a photo of Katie Abraham as her father, Joe Abraham, left, watches during an event to promote Trump’s domestic policy and budget agenda in the East Room of the White House. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

The House narrowly passed its version of the measure in May by a 215-214 margin, with two Republicans voting against the legislation. 

Trump urged lawmakers to get the legislation to the finish line Thursday, labeling the measure the «single-most important piece of border legislation ever to cross the floor of Congress.» 

«This is the ultimate codification of our agenda to — very simply, a phrase that’s been used pretty well by me over the past 10 years, but maybe even before that — make America great again,» Trump said at a «One, Big, Beautiful Event» at the White House Thursday. 

Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas este sábado en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, tras un ataque con drones rusos contra zonas residenciales, según informaron autoridades locales. Las víctimas mortales son un matrimonio que convivía en una de las viviendas alcanzadas por los proyectiles.

“Los servicios de rescate acaban de encontrar los cuerpos de una pareja que falleció cuando un dron enemigo impactó su apartamento. Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos de los fallecidos. Continúan los trabajos para eliminar las consecuencias del ataque”, declaró el alcalde de Odesa, Gennadi Trujanov, a través de su canal en Telegram.

El ataque ocurrió pocas horas después de que Trujanov alertara sobre la entrada de artefactos no tripulados en la región. Poco después, confirmó el impacto sobre edificios residenciales y varios vehículos, provocando la muerte de la pareja y lesiones en otros civiles.

El gobernador regional, Oleg Kiper, informó que seis personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de siete y tres años. “Actualmente, dos niños heridos en el ataque ruso se encuentran en centros médicos: un niño de 7 años en estado moderado y un niño de tres años que resultó intoxicado por productos de combustión”, afirmó Kiper en su cuenta de Telegram. Todos los heridos se encuentran hospitalizados, la mayoría en estado leve.

Este nuevo ataque se produce en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos sobre el territorio ucraniano.

Horas antes, las autoridades ucranianas habían reportado la muerte de al menos cinco personas en la ciudad de Samar, en la provincia de Dnipropetrovsk, como consecuencia de otro ataque. En esa misma región, los bombardeos de esta semana acumulan ya una veintena de víctimas mortales.

Las autoridades locales de Odesa mantienen en curso las labores de rescate y desescombro, mientras continúa la vigilancia ante nuevos posibles ataques aéreos. La ciudad, situada a orillas del mar Negro, ha sido blanco frecuente de ofensivas rusas, en especial con el uso de drones y misiles de largo alcance dirigidos a infraestructuras civiles.

Ucrania acusó el viernes a China, India, Emiratos Árabes Unidos y Armenia, entre otros países, de colaborar indirectamente con Rusia al facilitar el acceso a componentes militares utilizados en el conflicto, que ya supera los tres años de duración.

El director adjunto del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Serguí Naumiuk, afirmó que estos países operan como intermediarios en una cadena que permite al Kremlin sortear los paquetes de sanciones internacionales impuestos desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

“Una cadena de intermediarios como China, India, los Emiratos Árabes Unidos y algunos países de la antigua Comunidad de Estados Independientes, principalmente Kazajistán y Armenia, ayudan a la Federación de Rusia a eludir las sanciones para comprar componentes militares”, aseguró Naumiuk.

El funcionario detalló que esta red facilita el acceso ruso a tecnología avanzada, necesaria para mantener su capacidad bélica. En el caso de los misiles de crucero Kh-101, ampliamente utilizados por el Ejército ruso, Naumiuk explicó que se han identificado hasta 250 componentes electrónicos de origen occidental en su estructura.

También señaló que “otros sistemas parecidos pueden tener medio centenar” de estas piezas, lo que demuestra —según Kiev— la persistente dependencia tecnológica de Rusia respecto a mercados internacionales.

Además, el representante de inteligencia ucraniano destacó el caso de los drones iraníes Shahed, utilizados por Moscú en numerosos ataques. Según explicó, dependiendo de la serie y el modelo, estos aparatos pueden incluir hasta 400 componentes importados procedentes de empresas localizadas en países de distintas regiones.

Entre las naciones mencionadas en relación con el suministro indirecto de estas piezas se encuentran Austria, Bulgaria, Dinamarca, Brasil, España, Italia, Malasia, Países Bajos, Alemania, Portugal, Serbia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, República Checa, Suiza y Suecia.

(Con información de Europa Press)