Para la mayoría de los acusados, una condena penal sería un golpe duro. Pero Donald Trump convirtió el fallo en un grito de batalla. Sus seguidores colocaron “Votaré por el Felón” en camisetas, gorras y carteles de jardín.

“El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo”, proclamó Trump tras su condena en Nueva York la primavera pasada por 34 cargos de falsificación de registros empresariales.

Ahora, justo una semana después de la contundente victoria electoral de Trump, un juez de Manhattan está a punto de decidir si mantiene el veredicto contra el presidente electo por acusaciones de que pagó a personas para callar noticias desfavorables, o lo desestima debido a una decisión de la Corte Suprema en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesamientos penales.

El juez Juan M. Merchan ha dicho que emitirá una opinión escrita el martes sobre la solicitud de Trump de anular su condena y ordenar un nuevo juicio o desestimar la acusación por completo.

Se esperaba que Merchan dictara sentencia en septiembre, pero lo pospuso “para evitar cualquier apariencia” de que intentaba influir en la elección. Su decisión podría volver a estar en suspenso si Trump toma otras medidas para retrasar o terminar el caso.

Si el juez mantiene el veredicto, el caso estaría en camino para la sentencia el 26 de noviembre, aunque eso podría cambiar o desaparecer dependiendo de apelaciones u otras maniobras legales.

Los abogados de Trump han estado luchando durante meses para revertir su condena, que involucró esfuerzos para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, cuyas acusaciones de un affair amenazaban con perturbar su campaña de 2016.

Trump niega su afirmación, sostiene que no hizo nada malo y ha denunciado el veredicto como un resultado “amañado, vergonzoso” de una “caza de brujas” motivada políticamente destinada a dañar su campaña.

El fallo de la Corte Suprema otorga a los expresidentes inmunidad frente a procesamientos por actos oficiales, cosas que hacen como parte de su trabajo como presidente, y prohíbe a los fiscales usar evidencia de actos oficiales en intentos de probar que la conducta puramente personal violó la ley.

Trump era un ciudadano privado, en campaña para presidente, pero ni elegido ni juramentado, cuando su entonces abogado Michael Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016.

Pero Trump era presidente cuando Cohen fue reembolsado, y Cohen testificó que discutieron el arreglo de reembolso en el Despacho Oval. Esos reembolsos, encontraron los jurados, fueron registrados falsamente en los registros de Trump como gastos legales.

Los abogados de Trump sostienen que la fiscalía del distrito de Manhattan “contaminó” el caso con evidencia, incluyendo testimonios sobre el primer mandato de Trump como presidente, que no deberían haber sido permitidos.

Los fiscales mantienen que el fallo del tribunal superior no proporciona “ninguna base para alterar el veredicto del jurado”. La condena de Trump, dijeron, involucró actos no oficiales, conducta personal por la cual no es inmune.

La Corte Suprema no definió un acto oficial, dejando eso a los tribunales inferiores. Tampoco dejó claro cómo su fallo, que surgió de uno de los dos casos penales federales de Trump, se aplica a casos a nivel estatal como la acusación de dinero para silenciar de Trump.

“Hay varios aspectos turbios del fallo del tribunal, pero uno que es particularmente relevante para este caso es la cuestión de qué cuenta como un acto oficial”, dijo el profesor de derecho de la Universidad George Mason, Ilya Somin. “Y creo que es extremadamente difícil argumentar que este pago a esta mujer califica como un acto oficial, por varias razones bastante obvias”.

Los esfuerzos de Trump para borrar el veredicto han adquirido nueva urgencia desde su elección, con una fecha de sentencia inminente a fin de mes y posibles castigos que van desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.

Los presidentes electos no suelen disfrutar de las mismas protecciones legales que los presidentes, pero Trump y sus abogados podrían intentar aprovechar su estatus único como anterior y futuro comandante en jefe como una especie de carta de “Salir de la cárcel gratis”.

Un argumento probable: Trump no solo se estaría salvando de una posible sentencia de prisión, también estaría ahorrando a la nación la calamidad de tener a su líder tras las rejas, por remota que sea esa posibilidad.

“Pedirá la intervención de todos los tribunales del mundo si puede, incluida la Corte Suprema, así que eso podría alargar un poco las cosas”, dijo David Driesen, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, autor del libro “El espectro de la dictadura: Habilitación judicial del poder presidencial”.

Al mismo tiempo, Trump ha estado intentando nuevamente trasladar el caso de un tribunal estatal a un tribunal federal, donde también podría afirmar inmunidad. Sus abogados han pedido a la Corte de Apelaciones del 2do Circuito que revierta la decisión de un juez en septiembre que negó la transferencia.

Si Merchan ordena un nuevo juicio, parece poco probable que eso pueda suceder mientras Trump esté en el cargo.

Los abogados de Trump argumentaron en documentos judiciales que, dado el fallo de la Corte Suprema, los jurados no deberían haber podido escuchar sobre asuntos que incluyen sus conversaciones con la entonces directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, ni el testimonio de otro asistente sobre sus prácticas laborales.

También prohibido, dijeron, fue el uso por parte de los fiscales del informe de divulgación financiera de Trump de 2018, que estaba obligado como presidente a presentar. Una nota al pie mencionaba que Trump reembolsó a Cohen en 2017 por gastos no especificados el año anterior.

Los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, argumentaron que los fiscales estaban intentando “asignar un motivo criminal” a algunas de las acciones de Trump en el cargo para “prejudicarlo injustamente”. Por ejemplo, escribieron, los fiscales impulsaron la “teoría dudosa” de que algunos de los tuits de Trump de 2018 formaban parte de una “campaña de presión” para evitar que Cohen se volviera contra él.

La decisión sobre la inmunidad “cierra la investigación sobre esos motivos”, escribieron Blanche y Bove.

Los fiscales contrarrestaron que el fallo no se aplica a la evidencia en cuestión y que, independientemente, es “solo una pequeña parte de las montañas de testimonios y pruebas documentales” que el jurado consideró.