Como se esperaba, el régimen chavista impidió la inscripción de la candidatura de Corina Yoris, designada como postulante unitaria en sustitución de María Corina Machado, quien fue proscripta por el régimen para pavimentar la reelección de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. La medida disparó una oleada de condenas internacionales que por primera vez incluyeron a Brasil, un grave golpe para Caracas. El régimen reaccionó extendiendo por unas horas el sistema y permitiendo el registro alternativo del periodista del diario El Nacional, Edmundo González Urrutia, ex diplomático, pero sin carrera política más allá de su actividad como analista.

Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma, favorita según las encuestas para cerrar 25 años de control del chavismo, había indicado que desde el jueves pasado, cuando se abrió la inscripción de los candidatos, “no nos han permitido acceder al sistema de postulaciones”. El plazo finalizó el 25 de marzo a la medianoche. El torrente de repudios, que además de Brasil incluyó al otro aliado colombiano, obligó a postergar el trámite. Pero no se levantó las proscripciones y no se permitió a la candidata elegida por Corina Machado.

La alianza opositora que contiene a la fuerza de la dirigente, dijo que la postulación del periodista González Urrutia es una herramienta para reservar el espacio de la candidatura que, desde el lunes, puede ser sustituido, siempre que no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la justicia alineada con el régimen.

El trasfondo principal de este conflicto surgió después del mediodía, cuando el palacio de Itamaraty, la cancillería brasileña, reprochó en duros términos las operaciones chavistas contra la oposición que impiden “la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela”.

“Con base a la información disponible, se advierte que la candidata postulada por la Plataforma Unitaria (Corina Yoris), contra la cual no hubo decisiones judiciales, se le impidió registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados. El impedimento no ha sido, hasta la fecha, objeto de ninguna explicación oficial”, dice la cancillería de Lula. La referencia es a los pactos entre el chavismo y la oposición en los que también intervino Brasil, la UE y EE.UU. para una apertura democrática con elecciones libres, la liberación de los presos políticos y el levantamiento de las proscripciones.

Desde la llegada de Lula al poder, Brasil ha tenido una actitud complaciente con el régimen venezolano negando las denuncias de abusos contra Maduro al que recibió como un par en Brasilia. Pero esa actitud le ha costado al brasileño lonjas de prestigio entre sus votantes, en su mayoría de clase media de centro. Este año, en octubre, hay elecciones municipales claves en Brasil donde el oficialismo necesita una victoria contundente para construir las alianzas con vistas a las presidenciales de 2026.

Como anticipó una columna del diario Estadao de San Pablo, el gobierno de Lula “esta irritado” por la postura chavista que desconoció el acuerdo de Barbados, incrementó de manera implacable el arresto y persecución del liderazgo opositor y de dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos, y solo permitió las candidaturas de dirigentes que no implican un peligro para la continuidad de Maduro. Entre ellos el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, que Corina Machado considera que juega a ser opositor.

La tensión con Brasil amenaza agravarse. Según fuentes citadas por ese diario, Lula considera criticar públicamente a Maduro, lo que constituiría un gesto sin precedentes incrementado el aislamiento del régimen chavista. El asunto fue discutido en las últimas horas por el presidente, su asesor para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Sostiene esa decisión la perdida de popularidad señalada que acaban de constatar tres encuestas y ello pese a los buenos resultados de la economía. Ya no hay espacio político ni diplomático para relativizar los “abusos” de Maduro, dijo una fuente gubernamental a Estadao.

Lula tiene un historial de relativización de la dictadura venezolana, recuerda el diario que es lo que le facturan sus votantes. A principios de marzo, consultado sobre el veto a la participación de María Corina en la disputa electoral, el presidente comparó el episodio con la prohibición que le impusieron para ser candidato a residente en 2018. “Me impidieron presentarme a las elecciones de 2018. Llorando, nombré a otro candidato y él se presentó a las elecciones”, afirmó en ese momento.

El año pasado, recibió a Maduro con la pompa de un jefe de Estado en Brasilia, durante una reunión de líderes sudamericanos, que fue duramente criticada por gobiernos de centroizquierda y centroderecha de la región, como Chile y Uruguay.

Según los analistas, la vulnerabilidad del régimen que no ha logrado consolidar su base de apoyo, lo obligó a imitar el modelo de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega que fulminó a toda la oposición, incluso llevando a la cárcel a los postulantes. Caracas se mueve en ese sentido a riesgo concreto de que en abril próximo EE.UU. reinstaure las sanciones económicas que había levantado en octubre en aras del acuerdo de Barbados. Esas penalidades fueron impuestas después del escándalo de fraude en las elecciones de 2018 en las cuales el líder chavista logró reelegirse.

En aquello comicios su principal candidato era precisamente Rosales, de ahí la lejanía de la alianza opositora con esa postulación.

Entre tanto Corina Machado, advirtió este martes que se mantendrá en campaña de cara a las presidenciales, aunque sin explicar de qué forma lo hará. El régimen esgrime un gaseoso intento de magnicidio como pretexto para arrestar a los principales colaboradores de la ex diputada y no se descarta que también ella acabe detenida.

Fuente: AP, AFP y Clarín