El Parlamento de Corea del Sur destituyó este viernes a Han Duck-soo, primer ministro y presidente interino, lo que agrava el caos político desatado tras la declaración de la ley marcial a principios de mes y depara un panorama de incertidumbre institucional sin precedentes en la historia democrática del país.

Han ha sido presidente en funciones apenas dos semanas, ya que heredó la responsabilidad del presidente Yoon Suk-yeol, destituido por el Congreso el 14 de diciembre por su sorpresiva y pobremente fundamentada decisión de declarar el estado de excepción 11 días antes.

Corea del Sur nunca había cesado en democracia a un jefe de Estado y gobierno en funciones, escenario que lleva a que, a partir de ahora, sea el ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Choi Sang-mok, el que asuma el cargo.

La oposición ha dicho que seguirá presionando a quien ocupe la presidencia para que autorice a renovar el Tribunal Constitucional e investigaciones especiales contra Yoon y la primera dama -algo a lo que se niegan Ejecutivo y partido gobernante- y que seguirá presentando mociones de destitución hasta conseguirlo.

Existe pues la posibilidad de que Choi dure menos que Han si en los próximos días no da su brazo a torcer ante la exigencias de la principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD).

De este modo, los próximos candidatos a ocupar la presidencia interina son, respectivamente, el ministro de Educación, Lee Ju-ho, el de Ciencia, Yoo Sang-im, y el canciller, Cho Tae-yul.

Al presentar el jueves la moción para destituir a Han el PD dio cinco motivos para pedir su cese. Entre ellos, que como primer ministro pudo ser cómplice en la declaración de la ley marcial y también que maniobró junto al ex líder de la formación gobernante, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), para que, en vez de ser destituido, Yoon dimitiera en unos meses, limitando así el daño electoral para el oficialismo.

La afrenta definitiva para el PD tuvo lugar esta semana, cuando Han se negó a aprobar dos mociones para iniciar pesquisas especiales -para investigar a Yoon a cuenta del estado de excepción y a su esposa por supuesta corrupción- y a ratificar los nombramientos de tres nuevos jueces para el Constitucional.

Han y el PPP argumentaron que ambas decisiones debían requerir consenso por parte de ambos partidos en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el PD tiene mayoría, para poder dar su aval.

El Tribunal Constitucional, que está siendo campo de batalla entre los dos principales partidos y promete seguir siéndolo en los próximos meses, está juzgando ya a Yoon por su declaración de la ley marcial y tiene hasta el 11 de junio para ratificar o no su destitución.

De no cubrirse las tres vacantes actuales, que deben ser ratificadas por quienquiera que sea presidente interino, los seis magistrados que integran actualmente el Constitucional deberán de aprobar unánimemente la inhabilitación de Yoon para que se haga efectiva.

Así, mientras que el PPP busca dilatar el proceso para cesar a Yoon ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda ratificar pronto una sentencia por violar la ley electoral que pesa sobre el líder de los liberales, el PD quiere acelerarlo para evitar ese escenario, que lo dejaría descabezado ante unas presidenciales en las que al día de hoy es favorito indiscutible.

Muchos creen que el Constitucional no tardará mucho en emitir su fallo, aunque en el horizonte hay otro problema: el 18 de abril expiran los mandatos de otros dos magistrados y en este caso el nombramiento de sus sustitutos corresponde enteramente al presidente, interino o no, por lo que cabe la posibilidad de que la audiencia quede completamente paralizada al contar con solo cuatro jueces.

Muchos expertos alertan del peligro que supone esta parálisis institucional ante los retos económicos y diplomáticos que el país encara en 2025.

Por un lado, la ley marcial ya ha dejado notar sus efectos sobre el won (que cotiza en su mínimo con el dólar desde 2008), la Bolsa de Seúl o las perspectivas de inversión foránea y crecimiento.

A eso se suma el que pronto asumirá como presidente de Estados Unidos el republicano Donald Trump, que tiene a Corea del Sur en el punto de mira al considerar que no paga suficiente por la presencia de tropas estadounidenses y por su superávit comercial con la primera economía mundial.

No solo la amenaza de aranceles -que dañarían a una economía que depende del sector exterior en un 44 %- de Trump preocupan en Seúl; también la posibilidad de que apueste por un conflicto comercial abierto con China del que Corea del Sur saldría muy perjudicada por tratarse de sus dos principales socios comerciales.

A su vez, es posible que Trump decida dialogar de nuevo con Corea del Norte, proceso que a Seúl le convendría seguir muy de cerca en un momento en que Moscú cobra también peso en la ecuación por su reciente acercamiento a Pyongyang.