Durante casi un siglo, la cárcel de Villa Devoto formó parte del paisaje del barrio y de la trama penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el acuerdo firmado entre la Ciudad y la Nación empezó a modificar esa postal: los primeros detenidos ya salieron de Devoto con destino al complejo penitenciario de Marcos Paz, en el inicio de un operativo que prevé vaciar el penal y redefinir el uso de sus 35 hectáreas.

El jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny, confirmó que la primera etapa se puso en marcha durante el fin de semana. “Ya se trasladaron 334 presos”, afirmó en Infobae A las Nueve al referirse al movimiento inicial, que forma parte del plan para cerrar la última cárcel que aún funciona dentro de los límites de la ciudad.

Según explicó, la tarea continuará de manera escalonada. Mientras se completaban los primeros traslados, equipos de la Ciudad seguían trabajando en el operativo. “Están actualmente trabajando”, señaló, y anticipó que las próximas salidas podrían involucrar grupos de entre 100 y 150 detenidos.

Marcos Paz recibirá a los detenidos de Devoto y de las alcaidías

El destino de los presos es el nuevo complejo de Marcos Paz, que cuenta con cuatro institutos y capacidad para 2.420 detenidos. “Son cuatro institutos, 2.420 detenidos”, detalló Sánchez Zinny al describir la infraestructura que permitirá avanzar con la desocupación de Devoto.

La previsión de la Ciudad es trasladar a los cerca de 1.500 detenidos que permanecen alojados en el penal de Devoto. Sin embargo, el complejo también podrá recibir a personas que hoy están en alcaidías porteñas, donde la permanencia debería ser transitoria. “Seguramente algunos más”, dijo el funcionario al explicar que los movimientos no se limitarán exclusivamente a la cárcel del barrio.

La desocupación de Devoto, sostuvo, tendrá un efecto directo sobre esos establecimientos. “Descomprime las alcaldías”, afirmó. La expectativa oficial es que el esquema habilite cerca de 700 plazas, una cifra que aliviaría la situación de los lugares de detención de la Ciudad.

“Descomprimiría casi 700 presos”, calculó Sánchez Zinny. Las alcaidías, explicó, tienen una capacidad aproximada de mil detenidos por mes, pero su función no es la de una cárcel de alojamiento permanente. “Es tránsito”, resumió.

El penal de Devoto lleva 99 años dentro de la Ciudad

La cárcel de Villa Devoto comenzó a funcionar en 1927 y acumula 99 años de historia en la Ciudad de Buenos Aires. Para Sánchez Zinny, esa trayectoria y el cambio en el sistema de alojamiento vuelven inminente el cierre. El penal es “la última cárcel que queda en la ciudad”, definió.

La salida de la cárcel del barrio fue motivo de discusión entre distintos gobiernos a lo largo de los años. “Hace décadas que se estaba tratando de sacarla”, recordó el jefe de Gabinete porteño. El acuerdo con la Nación volvió a poner ese objetivo en un cronograma concreto, con el traslado de los detenidos como primer paso.

El funcionario señaló que el convenio fijó expresamente la obligación de desocupar el penal. “Era el compromiso de desalojar Devoto”, explicó. Por eso, el operativo comenzó allí antes de extenderse a otros movimientos dentro del sistema penitenciario.

La construcción del complejo de Marcos Paz había quedado detenida y la Ciudad retomó las obras para contar con la capacidad necesaria. “Había quedado interrumpida desde 2018”, dijo Sánchez Zinny sobre ese proyecto. A esa situación se sumaron las condiciones edilicias del establecimiento de Devoto: “Devoto tampoco está en las mejores condiciones”, afirmó.

La visita del Papa y el operativo

El calendario de traslados tendrá una pausa por la visita prevista del Papa a la cárcel de Devoto. El funcionario indicó que el pontífice llegaría al país un domingo y que la visita al penal podría realizarse el martes siguiente por la mañana.

Una vez que concluya la visita, la Ciudad y la Nación prevén retomar el movimiento de detenidos hacia Marcos Paz. “Ahí retomamos los trabajos”, dijo el jefe de Gabinete. La fecha exacta de la reanudación todavía no fue confirmada.

El cálculo oficial es que la desocupación de Devoto y los traslados vinculados a las alcaidías puedan completarse antes del cierre del año. “Debería llevar de acá a fin de año”, estimó Sánchez Zinny, sin establecer un día definitivo para la finalización de todo el proceso.

En ese contexto, también destacó las conversaciones mantenidas con el Gobierno nacional, Córdoba y la provincia de Buenos Aires en torno a la visita papal. “Estamos trabajando muy bien”, sostuvo al referirse a esa coordinación.

La Legislatura deberá definir qué ocurrirá con las 35 hectáreas

El cierre de la cárcel abrirá otra discusión: el destino del terreno que ocupa. El predio pertenece al Estado nacional y está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. “Es un predio del Gobierno nacional”, explicó Sánchez Zinny.

Aunque la propiedad sea nacional, los usos futuros requerirán la intervención de la Legislatura porteña. “La Legislatura tiene que aprobar los usos”, afirmó el funcionario. Esa discusión, anticipó, demandará varios meses y todavía no hay una definición final sobre el proyecto.

Entre las alternativas que circulan figura la creación de espacios verdes para el barrio y la instalación de un sitio de memoria. “Seguramente un espacio de memoria también”, dijo Sánchez Zinny.

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traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz

Un grupo de estudiantes universitarios ingresó ayer al Palacio Pizzurno para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y fue desalojado horas después por fuerzas de seguridad. La protesta ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno reglamentar de inmediato aquella normativa y a una semana de la 5.ª Marcha Federal Universitaria. Esta se producirá el mismo día que la convocatoria opositora a la sesión para aprobar los proyectos de Discapacidad, de Morosidad y la derogación del DNU 70/2023 que contiene la derogación de la Ley de Tierras.

El Gobierno salió a calificar la protesta de ayer en la sede de la Secretaría de Educación como una “protesta de carácter político”. “Queremos resaltar que quienes la llevaron a cabo son dirigentes opositores. Fue una primera demostración de lo que pueden hacer el próximo miércoles en la calle, que seguro van a querer desestabilizar”, afirmó un funcionario de la cartera educativa nacional a Infobae.

El Ministerio de Capital Humano denunciará el episodio ocurrido ayer por la tarde en los juzgados federales. Acusan de que el principal espacio que participó ayer de la protesta es el perteneciente al diputado nacional Juan Grabois. El presidente Javier Milei salió a confrontar en su cuenta de X contra el diputado nacional Itai Hagman, a quien las cámaras televisivas captaron afuera del edificio al momento del episodio. “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”, justificó en sus redes. En la Secretaría de Educación aseguran que identificaron a integrantes de ATE y de la Conadu.

La sentada comenzó frente al edificio de Pizzurno 935, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y luego derivó en el ingreso al hall. Un video difundido en redes sociales mostró a decenas de jóvenes que atravesaron la entrada pese a la resistencia de agentes de la Policía Federal Argentina. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, se escuchó al comienzo de la medida. Participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín.

Los manifestantes también reclamaron una actualización de la Beca Progresar y convocaron a la comunidad a concentrarse frente al Palacio. Habían anticipado que permanecerían en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Aunque aquello podría haberse producido, la orden que impartió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la de no negociar. Quien ejecutó la orden fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“Si lo querían hacer, lo podían hacer por mesa de entradas. No vamos a considerar ningún reclamo en particular”, afirmó una fuente inobjetable de Capital Humano. Otro vocero oficial añadió: “Fue una demostración eminentemente política que presagia lo que puede ser la semana que viene. Ellos quieren que esto sea París”. La capital francesa es escenario de múltiples manifestaciones de estudiantes secundarios que intentan presionar al Gobierno para conseguir mejores condiciones de estudio.

La lectura que se pudo recabar del diálogo con tres fuentes directas de la cartera educativa es la siguiente. Consideran que la marcha de la próxima semana seguramente reunirá a decenas de miles de personas, pero que no tendrá la convocatoria que hubo en años anteriores. “Tanto a los rectores como las agrupaciones universitarias les cuesta más conseguir masa de gente que se movilice. Por eso tienen que reunir causas como Discapacidad y lo de la Ley de Tierras para agrupar más personas. Eso mismo le pasa a la CGT”, opinó una fuente de primerísima línea a Infobae.

Justifican ese análisis al decir que una de las condiciones que se les impuso a los rectores de las universidades con mayor cantidad de alumnos fue que las facultades estuvieran abiertas durante el desarrollo de la movilización. “Van a tener que tener clase o al menos la mayor cantidad que se pueda. Que propicien la marcha si quieren, pero si no cumplen la plata no va a estar”, agregan.

El reclamo se produjo después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11, declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025. Esa disposición había subordinado la vigencia de la ley a que el Congreso determinara sus fuentes de financiamiento.

Cormick ordenó al Gobierno dictar las medidas reglamentarias necesarias para implementar la norma de manera inmediata. El magistrado consideró que el mecanismo incluido por el Ejecutivo equivalía a un veto encubierto, una herramienta que no está contemplada por la Constitución.

El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la ley 27.795, destinada a garantizar el financiamiento de la educación superior. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras rechazaron esa decisión con la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución y forzaron su promulgación.

Al promulgarla, el Gobierno incorporó una salvedad que suspendió en los hechos su aplicación al exigir que el Poder Legislativo identificara los recursos para financiarla. La resolución judicial anuló ese condicionamiento.

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la iniciativa nació como una sentada en el exterior del Palacio y derivó en el ingreso “en busca de respuestas”. “Ya llevamos más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo González Puente.

Desde el interior del edificio, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, vinculó la protesta con las movilizaciones previas, las clases públicas, los cortes de calles y los petitorios presentados por la comunidad universitaria. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde”, afirmó.

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