Jorge Eduardo Adorni falleció el 21 de agosto de 2002, a los 62 años. Dejó un patrimonio escaso, una viuda y dos hijos, y una ristra de deudas, juicios y embargos. Un panorama que no hacía prever lo que su heredero más conocido dice haber encontrado al entrar a su pequeño departamento en el centro de la ciudad de La Plata.

“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, afirmó el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la entrevista que concedió a LN+ este miércoles. No aportó montos o precisiones por televisión, ni ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco, si todo o parte de ese dinero fue parte de los US$ 200.000 con que afirmó haber comprado criptomonedas.

Los dichos de Manuel Adorni sobre el supuesto hallazgo de ese dinero causaron sorpresa. Primero, porque había dado una versión muy distinta sobre su contexto familiar en sus declaraciones públicas anteriores. Segundo, porque introdujo un elemento -la presunta existencia de dinero en efectivo- que no surge de los registros judiciales de la sucesión. Y tercero, porque generó preguntas sobre el proceder de su padre. ¿Afrontó problemas económicos o decidió ahorrar en perjuicio de sus acreedores?

Las declaraciones previas de Adorni pintaban, en efecto, un panorama muy distinto al de un presunto hallazgo de dinero. En un tuit del 19 de octubre de 2018, el actual jefe de Gabinete contó: “En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo”, afirmó, para luego descargar su bronca. “Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.

El panorama fue complicado cuando murió Jorge Adorni. El padre del actual funcionario era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el piso 9 de un edificio de la avenida 53 y calle 4, en el centro de La Plata. Sobre ese inmueble recaían tres embargos: de acreedoras hipotecarias, de la administración del consorcio y del Banco Provincia, según consta en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que obtuvo .

Los reclamos de esos acreedores se plasmaron en tres juicios simultáneos. Uno en la ciudad de Buenos Aires; dos, en La Plata. Buscaron ejecutar al padre del actual jefe de Gabinete por las cuotas de un crédito con garantía hipotecaria sobre el departamento, expensas atrasadas y deudas bancarias.

Jorge Adorni había comprado el departamento en 1972, siendo empleado y soltero, por lo que el bien era propio, no ganancial con Silvia País, quien sería su esposa y madre de sus hijos Manuel y Francisco. Y con ese inmueble en su haber falleció treinta años después, en una situación crediticia complicada.

El reclamo más elevado fue de Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, que en 1996 le habían prestado US$ 22.500 al padre del actual funcionario con garantía hipotecaria, mediante escritura pública. Jorge Adorni incumplió los pagos y promovieron la ejecución hipotecaria en 2002, en los tribunales porteños.

A la viuda e hijos de Jorge Adorni les tomó años dejar atrás esos y otros problemas. Entre ellos, la multa que le impuso a País el Tribunal de Cuentas bonaerense por las “infracciones” y “excesos” detectados en su desempeño como contadora municipal del partido de Coronel Brandsen, sanción que confirmó la Suprema Corte provincial en 2014, según verificó .

Así, recién en 2019, los Adorni dejaron atrás el reclamo del Banco Provincia; y en 2024, la Justicia platense ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para levantar la hipoteca de Brittannico y su madre, aunque no porque hayan cancelado lo adeudado a ambas acreedoras, sino por la caducidad de instancia -y luego prescripción de la acción-, según surge de los expedientes judiciales que compulsó .

Otro inmueble

Para entonces, el acervo sucesorio había registrado una novedad. Ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuatro días después de la asunción de Javier Milei como presidente, con Adorni como vocero.

Ese día, la viuda e hijos de Jorge Adorni se presentaron ante el juzgado donde tramitaba la sucesión e informaron la existencia de un lote de unos 700 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge, como hijo único, había heredado de su madre.

Ubicado a 450 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Salazar registró 2263 habitantes en el censo de 2022. En ese pueblo, los Adorni tienen un lote cuya valuación fiscal en 2026 asciende a $568.000, sobre una base imponible de $18,2 millones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Es decir, unos 12.500 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 21.000 y 32.000 dólares.

Sin embargo, los trámites sucesorios se alargaron todavía más. Recién en junio de 2025 se dispuso la inscripción de la declaratoria de la viuda y dos hijos como únicos herederos del departamento de La Plata en el Registro de la Propiedad Inmueble: 33,3% para cada uno. ¿Valor fiscal del inmueble de La Plata? $527.896 este año, sobre una base imponible de $6 millones, según ARBA. En otras palabras, algo más de 4100 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 45.000 y 60.000 dólares según sea su estado.

Ni antes ni después, sin embargo, la viuda e hijos de Jorge Adorni informaron al Juzgado donde tramitó la sucesión la existencia de dinero en efectivo dentro del departamento de La Plata, como reveló el actual jefe de Gabinete este miércoles. Ese presunto hallazgo tampoco lo comunicaron en los juzgados donde tramitaron los reclamos de los acreedores.

Al menos doce jueces y seis fiscales intervinieron en los últimos seis meses a raíz de la maniobra ideada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para diluir el escándalo. El objetivo fue concentrar todas las pruebas en un juez “amigable”, que nunca avanzó en imputaciones concretas y hasta anuló una prueba sensible contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La causa por la mansión de Pilar se convirtió en una esponja que iba absorbiendo otros expedientes. En el medio se perdieron seis meses.

“Lograron planchar todo hasta el Mundial, para ellos es una derrota a medias”, razona uno de los abogados que siguió la batalla desde el primer día. A 24 horas del arranque de la Copa del Mundo, un tribunal puso las cosas en su lugar: la causa finalmente volverá al fuero Penal Económico. El fallo despeja cualquier especulación: el traspaso se debería hacer de “manera urgente”. Y la investigación quedará a cargo de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes. Sin duda, es una mala noticia para los jerarcas de la AFA.

La jugada había arrancado el 29 de diciembre, apenas unas horas después de que reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzado con medidas de prueba. Para ese entonces, la mansión de los lujos ya había sido allanada.

González Charvay avanzó pese a la opinión de un fiscal que le decía lo contrario. ¿Por qué tanta premura? El objetivo era que la instancia de revisión sea la Cámara Federal de San Martín. La maniobra tuvo que sortear otro obstáculo: le cayó a un camarista de feria y tuvieron que esperar el final de las vacaciones de otro juez “amigable”, Alberto Lugones, un aliado histórico del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. El camarista les dio la razón a los abogados de los presuntos testaferros de Toviggino y mandó la causa a Campana.

A partir de ese momento comenzó la segunda fase de la maniobra. En silencio, Charvay anexó otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter que le permitieron recolectar al menos 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, casi sin controles. El primero, en 2021, y luego una renovación, muy sospechosa, en octubre de 2025, cuando el vínculo todavía tenía un año más de vigencia.

El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino y analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA. Fue corrido de un plumazo con la ayuda de un juez federal de esa provincia, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora.

El plan de los abogados que deambulan alrededor de los jefes de la AFA tuvo algunos contratiempos. Charvay no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette, que siguen viajando por el Mundo como si nada hubiera pasado. detectó que la maniobra superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Casi todas creadas por ciudadanos argentinos que viajaron hasta Miami y prestaron su identidad. Por esa defraudación millonaria, el supuesto delito precedente del lavado de dinero que se investiga en la causa de la mansión, todavía nadie fue citado a declarar.

En estos seis meses, el juez de Campana ordenó pericias contables -una medida habitual para ganar tiempo- pero nunca avanzó sobre los jefes de la AFA. Sin embargo, fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares.

De repente, Beacon se llamó a silencio. ¿Arregló con sus expatrones o está colaborando con los fiscales de Estados Unidos?

La Cámara fue contundente al momento de evaluar el desempeño de Charvay. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijeron este viernes los dos camaristas de Penal Económico que vieron con buenos ojos la decisión del Gobierno de frenar los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para completar el tribunal. El argumento, al menos el que trascendió, fue que los candidatos tenían vínculos con Tapia y Toviggino.

Ese mismo tribunal debe confirmar o revocar el procesamiento del juez Diego Amarante en la causa por evasión. “Hay vasos comunicantes con referentes del oficialismo”, reconocen en Tribunales cuando se pregunta por los dos camaristas. Esos puentes no necesariamente tienen despacho en la Casa Rosada. Las mismas fuentes, sin embargo, reconocen que el Gobierno dejó de intervenir activamente en el escándalo de la AFA desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Por la maniobra desplegada por la AFA la causa deambuló por el juez Daniel Rafecas, el juez Marcelo Aguinsky, la Cámara Federal (en Comodoro Py), la de San Martín, la Cámara de Casación, la de Penal Económico, y todos los fiscales de esas instancias. La cuenta llega a doce jueces y al menos seis fiscales. Solo faltó la Corte Suprema. A eso se suman al menos seis causas que tramitan en forma paralela en otros juzgados.

El apartamiento de Charvay no sorprendió en Tribunales. El argumento formal para el cambio de jurisdicción fue que la empresa Real Central, supuesta dueña de la mansión valuada en US$ 17 millones, tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. También en ese distrito se hizo, en 2024, la última escritura. “Lo trascendente no puede ser la localización del bien en cuestión, sino el lugar en el cual se habría llevado a cabo la maniobra vinculada con la adquisición”, explicaron los camaristas.

El juez de Campana fue notificado el mismo viernes y este martes debería entregar todo el paquete de causas y los legajos anexos. Los abogados de Tapia y Toviggino seguirán batallando en la Cámara de Casación, cada vez con menos chances.

Con el cambio de juzgado, el tercero desde que empezó el escándalo, se abren varios interrogantes. ¿La jueza Straccia asumirá la investigación o la delegará en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo que intervino en la causa por evasión? ¿Qué pasará con las otras causas que se habían anexado, como la que tramitaba en Santiago del Estero? El fiscal Simón espera una señal para retomar la investigación.

Los más escépticos afirman que la maniobra para dilatar la causa fue efectiva. “Por más impulso que tenga ahora, ya se borraron decenas de pruebas, ningún teléfono o computadora sirve seis meses después”, se lamentó uno de los abogados que siguen de cerca la trama. Lo único que está intacto son las pruebas que aportaron cinco bancos de Estados Unidos. Hay decenas de transferencias y receptores identificados.

En los tribunales de Inmigrantes, a la vuelta de Comodoro Py, destacan por estas horas los antecedentes de Straccia. “Es incorruptible y con buenos antecedentes técnicos”, aseguran. Pero advierten otro problema: está a cargo del juzgado 10 hasta fin de año. De cualquier manera, todas las fuentes consultadas admiten que ya arrancó otra historia.

Todo ocurre en pleno Mundial, con Tapia en Estados Unidos, más atento a los movimientos de tres fiscales locales. Su segundo en la AFA, por ahora, no pidió autorización para subirse al avión.