Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez investigados por los presuntos delitos cometidos antes, durante y después del lanzamiento y colapso de $LIBRA, y el pedido de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), otro inversor reclamó ahora que se dicte la “nulidad absoluta” del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió a esos sobreseimientos.

El pedido de nulidad lo presentó Martín Romeo, por sí mismo y como apoderado de dos “pretensos querellantes”, Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le dio la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le da la ley para eso. En particular, cuando “el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor” de los sospechosos.

El planteo de Romeo apunta a la resolución que Martínez de Giorgi dictó el viernes, cuando sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal”. También benefició a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y a los “cueveros” Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol como tal todavía esté bajo revisión. Pero remarcó que el juez no le dio la oportunidad de opinar sobre el dictamen de Taiano. “Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal”, sostuvo.

Por eso reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo de manera subsidiaria pidió que revoque la decisión y ordene seguir investigando.

La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva facultades para intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió entonces en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva sus facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.

Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y argumentó que la investigación “no se completó”, en línea con el planteo del otro inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, que apeló anteayer el sobreseimiento. Romeo destacó que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se citó a los testigos que había solicitado; entre ellos, Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.

Romeo también objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de “herramientas técnicas bajo licencia”. Y detalló que tampoco se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.

El inversor también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración cuando, según Romeo, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.

Romeo también reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio “a favor de los imputados” y “aisladamente”, en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó:

• La ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025.

• La anotación “Pago Javier kari” hallada en el teléfono de Novelli.

• La nota sobre el “acuerdo final” discutido con “H.”, que preveía pagos atados al apoyo presidencial.

• Los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada.

• Los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso.

• La orden “Pero borra” que Novelli le envió a Terrones Godoy.

“El dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo”, concluyó Romeo. Sostuvo que, al aceptar ese planteo, el juez ejerció un “control meramente aparente” sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.