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Javier Milei hablará el jueves por la noche en cadena nacional por el tema Malvinas

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Javier Milei dará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

El tema fue presentado ante los ministros por el canciller Pablo Quirno, que hizo un análisis de los avances diplomáticos que el Ejecutivo asegura haber conseguido en defensa del reclamo argentino. Tras esa exposición, Milei resolvió utilizar la cadena nacional para dar mayores precisiones sobre la estrategia y los movimientos que observa la Cancillería.

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La decisión se produce después de que Trump fuera consultado en el Salón Oval sobre la postura estadounidense frente a las Islas Malvinas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el presidente norteamericano. La frase abrió expectativas en la Casa Rosada, aunque Washington no anunció hasta el momento una modificación formal de su política.

Milei ya había celebrado públicamente las declaraciones. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, sostuvo este martes antes de la reunión de ministros. El Presidente anticipó entonces que el asunto sería analizado por su equipo y lo colocó entre los principales temas de la agenda internacional del Gobierno.

Estados Unidos mantiene hasta ahora una posición de neutralidad respecto de los reclamos de soberanía. Washington reconoce la administración de facto británica sobre el archipiélago, pero históricamente evitó pronunciarse a favor de la posición argentina o británica sobre la cuestión de fondo y promovió una resolución pacífica del diferendo.

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Los presidentes Donald Trump y Javier Milei profundizan su alianza estratégica (Foto de archivo: AP).

Por eso, en el Gobierno consideran que una eventual modificación de esa postura tendría un peso diplomático significativo para la Argentina. En Balcarce 50 siguen con especial atención cualquier señal de la administración Trump y buscan capitalizar el vínculo político que Milei construyó con el mandatario estadounidense.

El Reino Unido reaccionó, en cambio, con cautela y ratificó su posición. El secretario de Defensa británico, John Healey, aseguró que Londres no recibió ninguna sugerencia concreta de Washington sobre un cambio de política y volvió a defender la continuidad del control británico sobre las islas.

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Las declaraciones de Trump tuvieron además un antecedente reciente dentro de la administración estadounidense. En los últimos meses trascendieron discusiones entre funcionarios del Pentágono sobre distintas herramientas de presión para conseguir que los aliados de la OTAN incrementen su gasto en Defensa, entre las que apareció la posibilidad de revisar el respaldo político a Londres en la cuestión Malvinas.

Ese planteo no se convirtió en una política oficial. Marco Rubio había relativizado previamente las versiones surgidas de esas discusiones internas y el Departamento de Estado mantuvo la posición tradicional de Washington. La nueva intervención pública de Trump volvió ahora a darle relevancia a un escenario que hasta el momento había permanecido en el terreno de las hipótesis.

La Casa Rosada busca por eso diferenciar las señales políticas de un eventual cambio diplomático efectivo. La cadena del jueves servirá para que Milei detalle qué avances considera concretos y cuál es la lectura que hace el Gobierno sobre las posibilidades que abrió la declaración del presidente estadounidense.

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El Gobierno cree que su política exterior de alineamiento con Estados Unidos puede generar mejores condiciones para fortalecer el reclamo argentino (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
El Gobierno cree que su política exterior de alineamiento con Estados Unidos puede generar mejores condiciones para fortalecer el reclamo argentino (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).

La administración libertaria sostiene que su política exterior de alineamiento con Estados Unidos puede generar mejores condiciones para fortalecer el reclamo argentino. Quirno quedó encargado de exponer ante el Gabinete el estado de las gestiones diplomáticas y de ordenar los elementos que Milei presentará públicamente.

La reunión de este martes no estuvo concentrada únicamente en Malvinas. El Presidente hizo también un repaso de los indicadores económicos, con especial atención sobre el mercado laboral, la reducción de la inflación y la evolución de la actividad. El Gobierno busca mostrar esos números como parte de los resultados de su programa económico.

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En ese punto, Milei tomó como referencia un artículo publicado por Federico Sturzenegger durante el fin de semana, en el que el ministro de Desregulación contrastó distintos indicadores de gestión con la cobertura de los medios. El Presidente ya había anticipado que utilizaría ese trabajo como disparador para la discusión con sus ministros.

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Participaron del encuentro, entre otros, Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Sturzenegger, Pablo Quirno, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo, junto con los responsables de las principales carteras y áreas de Presidencia. La reunión incluyó además un repaso de las políticas que prepara cada ministerio para los próximos meses.

El foco político inmediato, sin embargo, quedó puesto en la cadena nacional del jueves. Milei buscará convertir las declaraciones de Trump en una señal favorable para la estrategia diplomática argentina, aunque hasta ahora Estados Unidos no oficializó un cambio de posición sobre la soberanía. La expectativa en la Casa Rosada está puesta en explicar qué elementos concretos llevan al Gobierno a considerar que existe un avance en la causa Malvinas.

Javier Milei, Islas Malvinas

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Quién es Laura de Marinis, la jueza porteña que consideró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años

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Laura Beatriz de Marinis es la jueza porteña que quedó en el medio de una fuerte controversia por la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y el sobreseimiento a un menor de 14 años, en una causa caratulada como tentativa de robo, que derivó el pedido de juicio político de parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

De Marinis empezó su carrera en la Justicia en 2006, cuando todavía no se había recibido como abogada, y pasó por diversos cargos, en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

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Antes de ser designada como magistrada, fue Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, que depende de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, puesto que ocupó desde 2017.

En marzo de 2023 participó de un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, logró la calificación necesaria y el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Ahora está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de faltas N°3 de la ciudad de Buenos Aires.

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A fines de 2023 dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado a cuatro años y seis meses de prisión por pegarle una fuerte trompada al playero en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, el 19 de noviembre de 2021. El argumento de la magistrada fue que el joven tenía una tobillera electrónica que podía geolocalizarlo.

La referencia de la jueza a una canción de Lali Espósito luego de la sanción de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

En abril, luego de la sanción de la edad de imputabilidad a 14 años, De Marinis le dio una entrevista a Lo Que No Se Dice Streaming, con referencias a la canción “No hay héroes”, de Lali Espósito.

Parte de la letra de la obra dice: “Y yo sé que ni vos sabés, que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, que no alcanzan las dos manos, que no siempre el malo paga”.

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La jueza mencionó: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. Luego dijo: “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos”.

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El Senado se encamina a una dura pelea por dos lugares en el Consejo de la Magistratura y el rol de Villarruel podría ser decisivo

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La pronta renovación del Consejo de la Magistratura volverá a colocar al Senado en el centro de una pulseada de alto voltaje político, con el oficialismo y el kirchnerismo mirando de reojo el reparto de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces federales y nacionales.

La pelea que se anticipa es por ver quién se quedará con dos de los cuatro lugares en disputa, correspondientes a la mayoría o, como en este caso en el que ningún bloque tiene el control de la Cámara, la primera minoría.

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El fiel de la balanza en esta pelea será la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tiene la facultad de firmar el decreto validando la designación de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.

A priori, la puja está pareja. Tanto La Libertad Avanza (LLA) como el kirchnerismo tienen 21 senadores y desde ambas orillas ya anticipan que lucharán por sumar un nuevo consejero, en el caso del oficialismo, o retener las dos poltronas que tiene en la actualidad el peronismo.

“Nosotros vamos a reclamar dos lugares, uno le corresponde al peronismo y el cuarto a la UCR”, hacen cuentas en la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista del Senado.

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“Nosotros tenemos 25 senadores, somos la primera minoría”, replican en el despacho de José Mayans (Formosa), jefe del bloque del kirchnerismo y vicepresidente del PJ en ejercicio de la presidencia porque Cristina Kirchner purga prisión domiciliaria condenada por corrupción en la administración pública.

Para el oficialismo, la cifra que citan los peronistas es discutible, ya que esos 25 senadores salen de contar un interbloque con los dos senadores del bloque del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora, y los otros dos peronistas del bloque Justicia Social Federal, que componen Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja).

Senador nacional Gerardo ZamoraPilar Camacho

Pero en el oficialismo también reconocen que, por el momento, están flojos de argumentos para reclamar dos de los cuatro lugares y buscan la fórmula que les permita arrebatarles a los kirchneristas un sitial que podría ser clave.

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Es que la pelea promete ser áspera porque no se trata solo de nombres. En juego estará la capacidad del oficialismo de incidir en un cuerpo clave para la política judicial.

El control de la Justicia se ha convertido en una de las prioridades de un Gobierno que busca completar las más de 300 vacantes que le dejaron los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, tarea que lleva adelante el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El Consejo funciona hoy con veinte miembros: el presidente de la Corte Suprema, representantes de los jueces, abogados, académicos, del Poder Ejecutivo y ocho legisladores nacionales, cuatro por cada cámara del Congreso.

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En el caso del Senado, la ley establece que dos lugares corresponden al bloque con mayor representación y los otros dos a la primera y segunda minoría. Esa fórmula, aparentemente aritmética, suele convertirse en una batalla política cuando la composición de los bloques queda abierta a interpretaciones o maniobras tácticas.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el SenadoNicolás Suárez

Los actuales representantes del Senado llegaron al Consejo en el período iniciado en 2022. Entonces fueron designados los ultrakirchneristas María Inés Pilatti (Chaco)y Mariano Recalde (Capiotal) por el oficialismo de aquel momento, Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) por la primera minoría y otro ultrakirchnerista, Martín Doñate (Río Negro), por la segunda.

Aquella dotación surgió de una maniobra pergeñada por Cristina Kirchner, por entonces vicepresidenta y, por lo tanto, presidenta del Senado. En abril de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó volver a la integración de veinte miembros del Consejo, el Frente de Todos se dividió en dos bloques: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14.

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Con esa jugada, el kirchnerismo intentó conservar la mayoría y, al mismo tiempo, quedarse con la segunda minoría, lo que le permitió sumar a Doñate y desplazar al entonces senador opositor Luis Juez.

La Corte Suprema desactivó la maniobra meses después. En un fallo de fuerte contenido político e institucional, anuló el decreto parlamentario que había permitido la designación de Doñate y sostuvo que la división del bloque oficialista no era aplicable para determinar la representación en el Consejo.

El tribunal habló de “ardid”, “artificio” y “manipulación”, y dejó asentado que la regla de las minorías no podía ser alterada por una ingeniería parlamentaria diseñada para obtener un beneficio político.

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Como consecuencia de aquel fallo, Doñate no pudo seguir en el Consejo y se habilitó la jura de Juez, por aquel entonces en el bloque Pro. El cordobés continúa en el organismo, pero ahora representa a La Libertad Avanza, bloque al que se sumó en diciembre del año pasado.

En el interín hubo más cambios: la hiperkirchnerista y miembro de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) juró como consejera en reemplazo de Pilatti, que concluyó su mandato.

El recambio general del Consejo está previsto para fin de año, cuando debe iniciarse el período 2026-2030, una renovación que ya generó movimientos judiciales y políticos por la posibilidad -resistida por el propio Consejo-, de habilitar reelecciones consecutivas.

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La batalla recién empieza, pero ya tiene antecedentes, protagonistas y un botín institucional codiciado. En el Senado saben que cada firma, cada decreto parlamentario y cada movimiento de bloque podrá terminar bajo la lupa de la Corte.




renovación del Consejo de la Magistratura,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a

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El ministro de Justicia porteño promoverá un jury contra la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad

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El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará “a título personal” un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.

“Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”, afirmó Tapia en diálogo con Radio Mitre.

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El funcionario cuestionó la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. “Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.

Tapia también objetó que la magistrada evaluara la constitucionalidad de la norma. “Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”, dijo. Luego agregó que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso” y que resulta “atacable por donde se lo mire”.

La jueza Laura Beatriz De Marinis. Fuente: La 100

El ministro remarcó que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño. “Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso. O sea que la ley está vigente en la Ciudad”, señaló.

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La jueza declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad para el expediente de un joven identificado por las iniciales M.I.A., acusado de tentativa de robo. La resolución ordenó su sobreseimiento y dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que diseñe un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.

Tapia afirmó que la fiscalía presentó un recurso contra la decisión. “Esta mañana acabo de cortar con el fiscal general, ya está presentada la apelación y estoy seguro que la Cámara lo va a revocar, lo va a dar vuelta, porque argumentos hay para eso”, expresó.

El funcionario vinculó la iniciativa de jury con el objetivo de que el Consejo de la Magistratura revise la actuación de la magistrada. “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”, planteó.

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“En este caso, que deje de ser jueza”, agregó Tapia.

La magistrada sobreseyó al adolescente y ordenó que el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes diseñe un plan de acompañamiento familiar

Consultado sobre las condiciones de alojamiento para adolescentes de entre 14 y 16 años que queden alcanzados por el nuevo régimen, el ministro explicó que la Ciudad contaba con un fuero penal juvenil y con un convenio previo en la materia.

Según Tapia, durante los 180 días previstos para la adecuación de la normativa, el Gobierno porteño trabajó sobre los lugares de alojamiento y los protocolos de actuación junto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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“El encierro es la última de las medidas que dispone la norma”, afirmó. También indicó que existen sanciones previas y mecanismos de contención y cuidado para los adolescentes alcanzados por el sistema.

El ministro diferenció el arresto de un menor de la posterior intervención judicial. “La policía, cuando alguien comete un delito, no le pide el documento antes de detenerlo. Primero lo detiene”, explicó. A su vez, sostuvo que la modificación central de la ley alcanza a los adolescentes de 14 a 16 años, quienes ahora pueden ser juzgados por determinados delitos.

“La baja de imputabilidad no cambia el arresto cuando se lo lleva detenido. Cambia adónde se lo deriva y la acción que trae la ley”, señaló Tapia.

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