POLITICA
Javier Milei irá a la cumbre del Mercosur en tensión con Brasil y con Venezuela como telón de fondo
Tras una visita fugaz por la ciudad de Madrid, la capital de España, Javier Milei participará de la cumbre de los jefes de Estado que integran el Mercosur que se realizará entre este lunes y el martes en Asunción, Paraguay. Y lo hará en el marco de una serie de tensiones políticas sin resolver que amenazan con opacar los avances del bloque, más allá del acuerdo comercial con la Unión Europea.
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó el pasado jueves la presencia de siete mandatarios: los cinco miembros del bloque (además de Argentina y Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, con estatus de miembro pleno, pero que atraviesa por un periodo de adaptación de su marco legal), más el presidente chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa.
Los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá también asistirán como representantes de estados asociados, junto a invitados especiales de Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán, además de una delegación de 30 empresarios.
La agenda oficial incluye los avances del tratado con la UE, las negociaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica —anunciadas por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante el reciente G7 en Francia— y los avances con Canadá y Singapur.
La posible reincorporación de Venezuela, suspendida del bloque regional, no figura en esa lista, pero es una discusión que circulaba por lo bajo en los pasillos diplomáticos, por lo menos hasta los trágicos terremotos que sacudieron a Caracas y sus alrededores, y que dejaron hasta el momento más de 1400 muertos.
El acuerdo que Brasil llama “distorsión”
El foco de tensión más relevante siguen siendo las diferencias ideológicas y políticas entre Milei y Lula da Silva. Según se informó, el gobierno brasileño espera que Argentina aproveche la cumbre para aclarar los alcances del acuerdo comercial que se firmó con Washington en febrero (con eliminación de aranceles para 1.675 productos), ante el temor de que pueda generar “distorsiones” en el bloque.
Según informó la agencia EFE, esos temores fueron manifestados formalmente por la delegación brasileña en la reunión del Grupo Mercado Común de marzo en Asunción, la instancia preparatoria de la cumbre. Brasilia considera que cualquier acuerdo comercial o estratégico con Washington debe ser compatible con las obligaciones asumidas por Argentina dentro del bloque y con el tratado de libre comercio con la UE vigente desde el 1° de mayo.
Para Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la tensión responde a una lógica que el país vecino mantiene desde hace décadas. “Brasil siempre ha querido tener atada a Argentina en la política comercial común. Siempre está Brasil diciendo: no pueden ustedes negociar por separado”, señaló en diálogo con Infobae.
El analista apuntó a la disputa de liderazgo regional como motor del conflicto: “Brasil se siente incómodo con el liderazgo que ha querido tener Milei con Trump. Ese vínculo no lo tiene Lula. Esa puja por el liderazgo es teoría de Itamaraty clásico”, sostuvo.
Esa tensión tendrá un capítulo simbólico antes de que Milei llegue a Paraguay. Este lunes —el mismo día que arranca la cumbre— el presidente se reunirá en Buenos Aires con el senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal candidato opositor a Lula en las elecciones presidenciales de octubre, en el marco de una conferencia de la Israel Allies Foundation. Cerca del gobierno argentino no ocultan sus preferencias por una derrota electoral del líder brasileño, según pudo saber Infobae.
Otras diferencias internas
Este mes, el canciller argentino Pablo Quirno formalizó ante Nueva Zelanda —país depositario del tratado— la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El bloque reúne a doce economías —entre ellas Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú y el Reino Unido— que en conjunto representan cerca del 13% del producto bruto mundial y alrededor del 15% del comercio global.
Según datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas hacia esos países alcanzaron los 16.329 millones de dólares y generaron un superávit comercial de 8.930 millones de dólares. Uruguay avanzó en paralelo con un pedido similar.
La decisión abrió un interrogante político sin respuesta pública: si Argentina concreta la adhesión, será el primer acuerdo comercial internacional en el que el país estará como par con el Reino Unido, con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas vigente y actualizado. El jueves pasado, el canciller exigió a Reino Unido que acepte negociar la soberanía en la última audiencia del Comité de Descolonización de la ONU.
Para Bartesaghi, la jugada de Lula de anunciar negociaciones Mercosur-Japón en el G7 no es casual: “¿Vos te creés que es casualidad que Lula apuró el anuncio de un acuerdo Mercosur-Japón cuando Japón es el principal país del CPTPP? Lo que está haciendo Lula es mover jugadas para decir después: ¿para qué quieren ir al CPTPP si ya estamos cerrando Mercosur-Japón?”, dijo el analista. La estrategia de Brasilia, según Bartesaghi, apunta también a convencer a Japón de que no apoye el ingreso individual de Uruguay o Argentina al tratado transpacífico.
Venezuela en discusión
Las cancillerías de Paraguay y Uruguay prefirieron el silencio cuando fueron consultadas por este medio sobre si el reingreso de Venezuela al bloque figurará en la agenda de la cumbre. “No tenemos comentarios sobre el tema”, respondieron fuentes de Asunción. Desde Montevideo, la respuesta fue similar. Tampoco está en la agenda oficial, hasta el momento, alguna acción concreta o pronunciamiento sobre los sismos golpearon al país caribeño el pasado miércoles. “Quizá surja”, señalaron fuentes diplomáticas.
Sí hubo un comunicado de la CELAC, que actualmente preside Uruguay. “La CELAC lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas, transmite sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y extiende su solidaridad a las personas y familias afectadas. La CELAC manifiesta su pleno apoyo a los ingentes esfuerzos de rescate, asistencia y recuperación en curso, y expresa el deseo de sus Estados Miembros de colaborar en todo lo que esté a su alcance de manera individual y colectiva en dichos esfuerzos”, se afirmó en el texto.
El contraste con las declaraciones previas es llamativo. En marzo, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia paraguaya, Javier Giménez, declaró públicamente que su gobierno está “plenamente de acuerdo” con la reincorporación venezolana y que la plantearía durante su presidencia pro tempore, según consignó ABC, al igual que un pedido similar por parte de Colombia. Ese período finalizará en la cumbre, cuando la presidencia se traslade a Uruguay.
En esta línea, el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin fue explícito a finales de abril: “Venezuela se incorporó al Mercosur, fue suspendida y, al entrar en un momento distinto, eso será rediscutido”, declaró en Brasilia a periodistas, según informó Bloomberg y replicó O Globo.
Para Bartesaghi, el impulso detrás del pedido tiene un origen claro: “Este es un interés más de Brasil que de Paraguay. Brasil siempre quiso una ampliación del Mercosur, porque para Brasil el Mercosur tiene que ser América del Sur”. Y advierte sobre los riesgos de esa lógica ampliacionista aplicada simultáneamente a Venezuela, Colombia y Panamá: “Es una gran familia que está en crisis y decide tener más hijos para solucionar sus problemas”, graficó.
Argentina ejerce el veto.
Para que Venezuela recupere la membresía plena se requiere el consenso de los cuatro países fundadores, y Buenos Aires no tiene intención de ceder. Las razones que esgrimen fuentes diplomáticas argentinas son precisas: Venezuela fue suspendida del Mercosur por dos motivos distintos y ambos siguen vigentes. El primero es el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de adhesión al bloque —adoptar normas, políticas y disciplinas comerciales comunes—, que nunca se concretó. El segundo es la violación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. “A la fecha, lo primero no tuvo ningún avance y lo segundo sigue ocurriendo”, señalaron a este medio.
Es más, hasta la reactivación del diálogo entre Buenos Aires y Caracas para coordinar el envío de ayuda humanitaria a las víctimas de los terremotos, la relación estaba rota. De hecho, la Argentina sigue sin representación diplomática, denunció en casi todos los foros regionales las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen chavista y reclamó la liberación de los presos políticos. Hasta la fecha, permanece privado de su libertad el abogado Germán Giuliani.
“Es una violación flagrante del Protocolo de Ushuaia. La cláusula democrática es clarísima: tiene que haber una recuperación del orden democrático. Y acá no hay ninguna”, afirmó Bartesaghi. Sobre el argumento de que la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero cambió el escenario, el analista es tajante: “¿Cuál es el cambio? ¿El apoyo de Estados Unidos y que no está Maduro? El entendimiento de Trump con Delcy Rodríguez no supone que ella esté en un proceso democrático. Eso recién se va a dar cuando se lleven adelante elecciones transparentes y justas».
En tanto, fuentes argentinas en el Parlasur fueron más cautelosas: “Me resulta difícil que pueda pasar con la elección de Brasil tan peleada y los senadores paraguayos en contra, pero hoy en día todo es posible”.
Hay, además, un antecedente parlamentario que podría complicar el proceso desde adentro de Paraguay. Cuando Venezuela ingresó al Mercosur en 2012, lo hizo durante un receso parlamentario paraguayo —aprovechando la suspensión de ese país tras el juicio político al expresidente Fernando Lugo— y sin el voto de aceptación del Senado paraguayo, que históricamente se había opuesto. Para sectores del Congreso paraguayo, esa membresía careció de legitimidad desde el punto de vista del derecho interno.
«Lo que se está discutiendo es sentarla de vuelta en el asiento de toma de decisiones del Mercosur, poner a Rodríguez en la foto de familia del bloque. Esa es una imagen de proyección internacional muy mala”, finalizó Bartesaghi.
Desde Bruselas, la cuestión no genera alarma inmediata: una fuente diplomática de la UE en Buenos Aires señaló a este medio que el posible reingreso “no modifica la dinámica de la relación” con el Mercosur y precisó que, en caso de que se avace en este sentido, “no significa que automáticamente ingrese al acuerdo”.
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POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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El periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. cuestionó al Gobierno de Javier Milei después de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y lo obligaran a regresar a Brasil. En sus redes sociales, calificó la deportación como “prácticamente un trofeo” y sostuvo que la decisión estuvo vinculada con sus críticas políticas al Presidente.
Tomaz publicó una foto desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, mientras esperaba un vuelo a Brasilia. “Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, escribió.
En otro mensaje, el periodista se refirió al escenario político de Brasil, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!”, expresó.
La expulsión también provocó un cruce en redes con el asesor presidencial Santiago Caputo, que había celebrado la medida. “Te falló el operativo, campeón”, publicó el funcionario después de conocerse que Tomaz Jr. no había podido ingresar al país.
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