El Gobierno demora la aplicación de nuevas sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas, mientras persisten las tensiones internas por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Casa Rosada abrió procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías en septiembre, pero todavía no confirmó resoluciones definitivas correspondientes a esos expedientes. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa legislativa sigue siendo una prioridad de Javier Milei, aunque reconocen diferencias sobre el alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

Las actuaciones anunciadas por el Gobierno se encuentran bajo la órbita de Cancillería, que trabaja de manera reservada con la Secretaría Legal y Técnica. “Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica”, expresan en Nación al ser consultados sobre la posibilidad de aplicar penalidades antes de la aprobación de la nueva ley. En otros despachos oficiales evitaron precisar cuándo se firmarán las primeras resoluciones sancionatorias.

La diferencia es que los anuncios realizados hasta ahora corresponden a la apertura de procedimientos y no a la imposición efectiva de nuevas penalidades. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después incorporó a otros 15 sujetos, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

La legislación vigente ya permite inhabilitar durante un período de cinco a veinte años a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen de operaciones prohibidas. El procedimiento requiere determinar previamente la responsabilidad de cada involucrado. El Gobierno también cuenta con antecedentes de sanciones anteriores contra empresas petroleras, pero los nuevos expedientes anunciados en septiembre todavía no se tradujeron en una nómina confirmada de penalidades definitivas.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, incorporó herramientas para acelerar esas investigaciones. La norma designó a Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten sus descargos y reforzó la coordinación entre organismos estatales.

También sumó controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que exige verificar el cumplimiento de la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La Casa Rosada pretende ampliar esas facultades mediante la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada a Diputados el 17 de septiembre. El proyecto busca reemplazar la normativa vigente por un régimen que alcance la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, además de endurecer las sanciones contra las empresas directamente involucradas, sus accionistas y proveedores. También contempla restricciones comerciales y mecanismos para promover el abandono de las actividades cuestionadas.

“No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas”, sostuvo otro funcionario del Ejecutivo.

La fuente aseguró además que la intención oficial es avanzar con el proyecto pese a los desacuerdos parlamentarios. En Nación consideran que las modificaciones legislativas permitirían ampliar el alcance de las medidas más allá de la actividad petrolera.

Más de 4.000 dirigentes participaron en un nuevo encuentro del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, donde el espacio presentó un programa energético y retomó la discusión sobre un proyecto de gobierno federal con la producción, el empleo y la educación como ejes.

La convocatoria reunió en la ciudad chubutense a legisladores nacionales, intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Fue la continuidad de las jornadas que el sector realizó el 1 de mayo en Parque Norte y luego en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de elaborar propuestas antes de definir candidaturas rumbo a 2027.

La elección de Comodoro Rivadavia, uno de los principales centros petroleros del país, puso el foco en la situación laboral de la Patagonia y en el futuro de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz. Los organizadores señalaron que la salida de YPF de áreas convencionales y la caída de la actividad derivaron en la pérdida de miles de empleos.

En el encuentro se presentó el Programa Federal para el Desarrollo Energético, una iniciativa que propone una política de Estado con planificación y reglas estables para coordinar inversión pública y privada. El documento incluye medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF y sostener la actividad en las cuencas maduras.

El plan también contempla obras de infraestructura, tarifas sostenibles, integración regional, investigación científica y tecnológica, además de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el Atlántico Sur. El planteo reconoce el crecimiento de la producción y las exportaciones energéticas, pero propone que ese avance se refleje en industria, empleo registrado y salarios.

El diputado nacional Juan Pablo Luque, anfitrión de la jornada, afirmó que el desempleo en la región pasó del 2 % al 10 % en menos de dos años y que se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo en menos de 24 meses. Frente a ese escenario, pidió dejar de lado las discusiones individuales para abordar la matriz productiva, el desarrollo y la generación de empleo.

Dirigentes del espacio propusieron discutir ideas antes que candidaturas

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que la llegada de Peronismo Federal a la Patagonia, a través de los encuentros de Peronismo Debate, busca incorporar los problemas y las propuestas de cada provincia a una alternativa de alcance nacional. Cuestionó un modelo económico que, según afirmó, “extranjeriza y primariza la economía” y reclamó políticas que fortalezcan la industria y el valor agregado.

De cara a 2027, Tolosa Paz planteó que la unidad del peronismo debe fundarse en acuerdos programáticos. También defendió las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno. “Tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, dijo.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel vinculó el actual saldo positivo de la balanza energética con decisiones adoptadas durante gobiernos peronistas, entre ellas la recuperación de Vaca Muerta y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. “Pasamos de importar USD 10.000 millones en 2022 a terminar exportando este año más de USD 10.000 millones”, afirmó.

Además de Luque, Tolosa Paz y Michel, participaron los intendentes Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia; Martín Pérez, de Río Grande; Pablo Grasso, de Río Gallegos; y Daniel Harrington, de Tolhuin. También asistieron las diputadas nacionales Moira Lanesán y Kelly Olmos, y los senadores nacionales Carlos Linares, Fernando Salino y Adán Bahl, entre otros representantes políticos y sindicales.

Las universidades patagónicas reclamaron financiamiento y desarrollo regional

Antes de la jornada política, parte de la delegación se reunió con autoridades de las nueve instituciones que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bajo la consigna “Defender la Universidad | Diálogo para el Desarrollo Regional”, analizaron el financiamiento universitario, la ciencia, la tecnología y el aporte de las casas de estudio al desarrollo regional.

Del intercambio participaron autoridades universitarias y representantes de los gremios ADU, FEDUN y APUNP. La agenda incluyó también la cuestión de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Achával planteó que el desarrollo debe llegar a todas las provincias

Hacia el final del encuentro, el intendente de Pilar, Federico Achával, sostuvo que los recursos naturales y la capacidad productiva deben traducirse en industria, empleo y oportunidades. “El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia”, afirmó.

El jefe comunal también calificó la jornada como “muy positiva”, por la posibilidad de debatir una Argentina federal basada en la producción, el trabajo y la educación. Además, reconoció la organización del diputado nacional Juan Pablo Luque y la participación de los vecinos de Comodoro Rivadavia.

Peronismo Federal prevé continuar los encuentros de Peronismo Debate en distintas regiones para ampliar el programa de gobierno que busca llevar a la discusión nacional.

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El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para el 29 de octubre a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión del magistrado se conoció un día después de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaran que ambos fueran convocados para ejercer su derecho de defensa, junto con otros directivos de la empresa.

Según el dictamen fiscal, la droguería habría tenido un rol central en un supuesto esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, sobreprecios y acuerdos entre proveedores que habría operado dentro de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

La investigación también alcanza al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios, mientras la Justicia busca determinar si existió una asociación ilícita vinculada con contrataciones millonarias del organismo.

La acusación plantea que las maniobras excedieron el direccionamiento de contrataciones puntuales: sostiene que la empresa intervenía en decisiones del organismo, accedía a información anticipada y coordinaba qué proveedores ganarían las compulsas. Se trata de un pedido de los fiscales para que los involucrados sean indagados.

Además de los hermanos Kovalivker, deberán declarar también el director de Compras de Suizo Argentina, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

De acuerdo con la acusación, la compañía recibía información de funcionarios antes de que finalizaran las compulsas, fijaba precios de medicamentos propios y de otras droguerías y llevaba un registro de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor. También habría dado indicaciones sobre a qué empresas pagar y a cuáles demorarles las transferencias.

Entre las pruebas mencionadas aparecen archivos en poder de Suizo Argentina que detallaban los medicamentos requeridos, las firmas que resultarían adjudicatarias y los precios de venta antes del cierre de los procedimientos. Según los fiscales, esos datos luego coincidían con los resultados registrados en el sistema de compras de la ANDIS.

La fiscalía describió un “doble pacto”: por un lado, con funcionarios que garantizaban información y el control de las contrataciones; por otro, con droguerías que debían ajustarse a la distribución de negocios que organizaba Suizo Argentina.