Con el reloj como amenaza, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encarará este mediodía el desafío de convencer a sus pares de la oposición dialoguista para que la Cámara alta sesione el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.

Luego de dar vuelta la página del caso Adorni, el oficialismo intenta reforzar su agenda legislativa y Bullrich más de un objetivo, pero también una urgencia. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales son las metas que la exministra busca encauzar este mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado. La urgencia es la situación del camarista Víctor Arturo Pesino: el juez que salvó la reforma laboral del Gobierno.

Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló en favor de la administración de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.

El 23 de abril, Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvió dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo pasado había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.

Horas después del fallo favorable, el Ministerio de Justicia comunicó en el Boletín Oficial que iniciaba el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.

Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio. Es decir, tiene por delante apenas 19 días para que el Senado sesione y apruebe la continuidad en su cargo. O 18, si se toma el antecedente que fijó la Corte Suprema en el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa.

Esa es la urgencia de Bullrich. Cerca de la exministra creen que el jueves 16 habrá sesión y que el pliego de Pesino será tratado. Pero el calendario les aporta otra dificultad: hay senadores aliados que provienen de provincias donde ya comenzaron las vacaciones de invierno.

Los camaristas Pesino y González gozan de buena reputación en la Casa Rosada, donde prima la idea de que el peronismo y la CGT moldearon y tienen una amplia influencia sobre el fuero laboral.

En ese fuero, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por . De hecho, Pesino y González se desmarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.

El 9 de junio, Pesino acudió al Senado para defender el pliego que busca extender su magistratura y quedó en el centro de los cuestionamientos del PJ por dos decisiones: el fallo que reinstaló la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y terminó con una encendida defensa de Bullrich.

El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.

Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.

El antecedente Figueroa

La Corte Suprema fijó un claro precedente para los jueces que alcanzan los 75 años al tratar el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa, una magistrada que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.

Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.

El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.

Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.

La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.

Resistencia del kirchnerismo

El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.

El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.

En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.

Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.

Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. El 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.

La Argentina cayó 20 puestos en el Índice Global de Paz 2026 del Instituto de Economía y Paz (IEP, por sus siglas en inglés), el ranking internacional que evalúa el nivel de paz y estabilidad de 163 países, y quedó en el lugar 72. La caída responde al crecimiento de enfrentamientos durante manifestaciones públicas y al registro de «muertes derivadas de conflictos internos», que responden principalmente al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El puntaje general de la Argentina empeoró un 6,1%, lo que representó el mayor deterioro porcentual de América del Sur en esta edición. El principal retroceso se dio en la categoría de “conflictos en curso”, cuyo indicador cayó un 18,9%.

De acuerdo con el informe, el indicador de “muertes por conflictos internos” pasó de cero a 114 víctimas, mientras que el de conflictos internos empeoró un 10,5%.

Al ser consultado por , el IEP explicó que esos datos provienen del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (UCDP). Según esa base, el 97% de las víctimas (111 de 114) correspondió a hechos de “violencia unilateral” ejercida por bandas criminales contra civiles, mientras que las tres restantes se atribuyeron a enfrentamientos entre facciones.

Geográficamente, estas muertes estuvieron concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe: 106 de las 114 muertes (el 93%) ocurrieron en el Gran Rosario. El resto se repartió entre el Gran Buenos Aires (5), San Antonio de Areco (2) y San Juan (1).

El IEP atribuyó los hechos a la organización delictiva Los Monos (41 muertes en 37 episodios violentos) y a otra banda que opera en el mismo territorio, registrada bajo un código anónimo y a la espera de su identificación definitiva.

Desde el instituto aclararon que este cambio no implica que la violencia narco haya surgido recientemente. Mike Koslowski, asesor senior de comunicación del IEP, explicó a que la situación de Rosario venía siendo documentada desde hacía años, pero recién en 2025 alcanzó los umbrales metodológicos que utiliza el índice para clasificarla como un “conflicto interno”. Por ese motivo, en las ediciones anteriores la Argentina figuraba con cero muertes en ese indicador.

Por otra parte, el área de seguridad y protección retrocedió un 3,1%, en línea con un aumento del 71,4% en el indicador de “manifestaciones violentas”. El informe vincula esa evolución con las protestas registradas durante 2025 en el marco del programa de austeridad del Gobierno.

En ese apartado, el documento señala: “En marzo de ese año, las movilizaciones de jubilados en Buenos Aires terminaron con cientos de heridos tras una respuesta violenta de seguridad”.

Los resultados a nivel mundial

A nivel internacional, el índice mostró un deterioro del 0,7% en la paz global y marcó el duodécimo año consecutivo de retroceso.

Islandia volvió a ocupar el primer lugar por decimonoveno año consecutivo como el país más pacífico del mundo, seguida por Nueva Zelanda y Suiza. El top 10 quedó conformado del siguiente modo:

En el otro extremo del ranking, Rusia quedó como el país menos pacífico del planeta, por delante de Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.

Además, el estudio sostiene que el deterioro global ya se muestra como una tendencia, marcando el 12º año consecutivo de declive. Los hallazgos principales bajo el fenómeno, que el IEP engloba bajo el concepto “gran fragmentación” son:

La situación en América Latina

América del Sur se consolidó como la segunda región con el mayor deterioro de la paz a nivel mundial durante este año, registrando una caída promedio del 2% en su puntuación general. Este declive fue generalizado, ya que ocho de los once países analizados en el subcontinente empeoraron sus indicadores de estabilidad y seguridad.

En los extremos de la clasificación regional, Uruguay se mantiene a la cabeza en el puesto 43 global, consolidándose como el país más pacífico de la zona gracias a su destacada estabilidad social e institucional.

En contraste, Colombia se posicionó nuevamente como la nación menos pacífica del territorio sudamericano, ocupando el puesto 141, tras continuar registrando deterioros del 4,7% impulsados por el incremento de muertes internas y los choques armados entre grupos disidentes.

Por otro lado, la nota positiva del año la dio Chile, que logró la mayor mejora de la región con un avance del 0,8%, revirtiendo con éxito sus tendencias previas gracias a una notable reducción del 16,7% en su indicador de manifestaciones violentas.

Finalmente, las crisis agudas persistieron en Ecuador y Venezuela; el primero retrocedió un 3,8% manteniendo la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica a raíz de las guerras de bandas criminales, mientras que Venezuela cayó un 3,5% en un contexto marcado por el incremento de las tensiones políticas post-electorales.