La Cámara de Diputados se prepara para una nueva pulseada entre el Gobierno y la oposición. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales pidieron una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar, entre otros puntos, la derogación del DNU 70/2023. Mientras tanto, La Libertad Avanza analiza convocar a otra sesión para el miércoles 21, con una agenda propia que incluya el endeudamiento familiar y la situación de las personas con discapacidad.

El pedido opositor tiene como uno de sus principales impulsores al radical crítico Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas. El legislador fundamentó la convocatoria en la necesidad de avanzar con medidas para las familias endeudadas, extender hasta diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y dejar sin efecto el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión.

Juliano cuestionó especialmente las consecuencias del DNU sobre la Ley de Tierras, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de ese régimen.

“Porque una sentencia de la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que cualquier extranjero se compre ‘una provincia’, como predica el canciller Pablo Quirno. Para esto es necesario rechazar el DNU 70/23, un decreto a todas luces inconstitucional que reseteó la Argentina sin el aval del Congreso”, sostuvo.

El diputado recordó además que el Senado ya rechazó el decreto en 2024, aunque hasta ahora la oposición nunca consiguió reunir en Diputados los votos suficientes para tratarlo.

“En Diputados no pudimos nunca juntar quórum. Creemos que llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Si en tres años el Gobierno no envió leyes que suplanten ese DNU, es porque no está interesado realmente en el cuerpo normativo”, planteó.

La oposición busca los votos para alcanzar el quórum y rechazar el DNU 70/23

La convocatoria para el 15 de octubre lleva las firmas de Germán Martínez, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade, entre otros diputados.

El desafío central será llegar a los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. De acuerdo con los cálculos preliminares de los convocantes, los bloques que respaldan el pedido reúnen alrededor de 121 diputados, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones.

Una de las principales incógnitas pasa por Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, no está garantizado que todo el interbloque se siente en sus bancas.

Entre las presencias que aparecen como más firmes están los cinco radicales críticos, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores mantiene discusiones internas sobre qué postura adoptar.

La oposición también mira hacia Argentina Federal, que responde principalmente a los gobernadores de Misiones y Salta, y al MID. Esos votos podrían resultar decisivos, especialmente por el debate vinculado con la emergencia en discapacidad.

En paralelo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, defendió el rechazo del decreto y sostuvo que no tendría efectos retroactivos sobre las relaciones jurídicas ya consolidadas.

“El posible rechazo del DNU 70/2023 no implica efectos retroactivos ni afecta las relaciones jurídicas que se establecieron anteriormente. El Gobierno tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley para sostener las reformas”, afirmó.

Y agregó: “Argentina lleva demasiados años buscando atajos. Es hora de entender que los atajos institucionales no solo son peligrosos, son ineficaces”.

El Gobierno prepara su propia sesión y también necesita construir una mayoría

Mientras la oposición busca asegurar el quórum para el 15, La Libertad Avanza prepara una estrategia para evitar perder el control de la agenda parlamentaria.

El oficialismo espera el regreso de Javier Milei y de parte de su mesa política desde Francia para terminar de definir los movimientos. Entre los funcionarios que participan del viaje se encuentran Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La posibilidad que analiza el Gobierno es convocar a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, con dos cuestiones que también impulsa la oposición: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.

Ambos temas ya atravesaron distintos plenarios de comisión y cuentan con dictámenes. Sin embargo, en el oficialismo admiten que tener dictamen de mayoría no garantiza los votos necesarios en el recinto, debido a las diferencias que existen entre los bloques dialoguistas.

Para comenzar el poroteo, La Libertad Avanza parte de sus 95 diputados, a los que busca sumar los 12 del PRO que conduce Cristian Ritondo y seis radicales alineados con Pamela Verasay.

Ese esquema reuniría 113 legisladores. A partir de allí, la Casa Rosada apunta a conseguir adhesiones entre fuerzas provinciales como Producción y Trabajo de San Juan, representantes de Neuquén y Santa Cruz y otros bloques que suelen negociar voto por voto.

El escenario permanece abierto: varios de los diputados que el Gobierno necesita para su propia convocatoria son los mismos a los que la oposición intenta convencer para sesionar seis días antes.

“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.

Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.

La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.

En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.

Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.

De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.

Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.

La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.

El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.

En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.

Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.

Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.

En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.

Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.

Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.

En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.

En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.

La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto para excluir al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois de la cámara baja por “desorden de conducta” luego del cruce que protagonizó con legisladores del oficialismo ayer durante un plenario de comisiones.

La iniciativa llevó la firma de la diputada Silvana Giudici, aunque remarcaron que cuenta con el apoyo de todo el bloque violeta. En su texto, la exPRO justificó la medida por la pelea que estalló el miércoles en la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, mientras se discutía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

De acuerdo a Giudici, allí Grabois “expresó agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones”.

El pedido se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a sancionar a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La Constitución exige para eso el voto de dos tercios.

En los fundamentos del proyecto, Giudici relató que Grabois interrumpió el uso de la palabra a los gritos y luego avanzó “en actitud de intimidación física directa” contra el diputado oficialista Gerardo Huesen, hasta que otros legisladores debieron interponerse.

El texto también mencionó que Grabois se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”. Según el proyecto, cuando el titular del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara, respondió que “la estoy describiendo, no la estoy insultando”. Después, tras el corte del micrófono, le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien dio por terminada la reunión.

Giudici sumó el posteo que Grabois publicó horas más tarde en X: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”. Para la diputada, eso demuestra que “no estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”.

En ese contexto, Giudici aseguró que “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta”.

Y agregó: “Nada de esto puede confundirse con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate. Es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna”.

En paralelo, el proyecto mencionó dos antecedentes recientes. El primero es el del 26 de agosto, durante la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva protagonizó un altercado que terminó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y las autoridades del Cuerpo.