La vicepresidenta Victoria Villarruel tildó de “espantoso” el nuevo tempo mormón que se hará en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y afirmó que la religión mormona “no tiene mucho que ver con la Argentina”.

Por su parte, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, impulsora del nuevo predio, le contestó a la titular del Senado y dijo que están “un poco tristes” por sus dichos.

Las afirmaciones de la vicepresidenta ocurrieron la semana pasada, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocara la medida judicial que frenaba el avance de la obra del megatemplo que los mormones planean levantar en el predio que adquirió en 2023 sobre la calle Reconquista, entre avenida Córdoba y Viamonte.

“Espantoso”, escribió Villarruel en su cuenta de X el jueves. Al día siguiente, le contestó a un usuario que reclamó que interviniera en el tema. “Hay varias cuestiones que impiden formalmente que haga un cambio. Soy funcionaria nacional, no la de la Ciudad, y además no integro un órgano de gestión sino legislativo”, sostuvo.

Y sumó con críticas a la religión mormona: “Digamos que la jurisdicción y la función no tienen alcance en este asunto. Sin embargo me parece espantoso que se arruine así el casco histórico y con mucho respeto los mormones no tienen mucho que ver con la Argentina”. La vicepresidenta está ligada a sectores conservadores y católicos.

Por su parte, Carlos Cantero, representante de la Comunicación y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, opinó el lunes sobre estas afirmaciones.

“La verdad que estamos un poco tristes y también preocupados, pero respetamos la investidura de la vicepresidenta. Nosotros somos personas de fe, creemos profundamente en Cristo, nos ha dejado una enseñanza muy fuerte de amor y respeto. Tenemos más de cien años acá en la Argentina y tenemos más de medio millón de miembros de la iglesia en todo el país. Somos muchos argentinos que queremos seguir adorando a Dios”, indicó Cantero en diálogo con radio Mitre.

Además, manifestó estar “sorprendido” por la frase de Villarruel de que los mormones “no tienen mucho que ver con la Argentina”.

“Estar cien años en un país donde vamos estrechando lazos, donde vamos participando prácticamente en todo el país en distintas reuniones interreligiosas, en conversaciones. Trabajamos con ONGs, realizando donaciones y trabajo para ayudar siempre al más necesitado. La verdad que por eso estamos un poco sorprendidos”, insistió.

Tal como publicó , el templo tendrá unos 36,5 metros de altura y contará con dos edificios. En el centro habrá senderos parquizados y una enorme escultura de Jesucristo, una reproducción del “Christus” del artista danés Bertel Thorvaldsen, que aunque fue concebida originalmente para una iglesia cristiana, la comunidad mormona adoptó como uno de sus símbolos distintivos.

Según lo que puede verse en los planos, en el predio se construirán dos edificios. Uno, sobre la calle Viamonte, estaría destinado al uso de oficinas. El otro será el templo propiamente dicho, sobre la avenida Córdoba, esquina Reconquista. Entre los inmuebles que hoy existen en la manzana –entre ellos, el Monasterio de Santa Catalina– y el lugar de culto se desplegará un gran espacio verde de acceso público.

Ese parque se conectará con un jardín ubicado en medio de los dos edificios pertenecientes la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Internamente, el espacio verde contaría con canteros y senderos que permitirán cruzar desde Córdoba hasta Viamonte por mitad de la manzana.

El proyecto contempla unos 14.478,64 m² destinados al templo y al edificio complementario de oficinas y funciones de apoyo, además de 15.378,27 m² de subsuelos destinados a estacionamiento, áreas técnicas y equipamiento.

CÓRDOBA.- En medio del debate público y político nacional por las demoras en pagos y recortes de fondos para prestaciones de discapacidad, el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (mediante el programa Incluir Salud) “normalizar” esos pagos “de manera urgente”.

En su resolución, el magistrado establece un “máximo de 72 horas» para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.

Es la respuesta de la Justicia a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.

El fallo apunta a proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La resolución busca asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según plantean los amparistas, están en riesgo por la falta de pagos.

En su resolución Vaca Narvaja enfatiza que las “demoras crónicas» y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones.

“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto.

Al respecto menciona un informe del Centro Educativo Mi Lugar: “Además de los inconvenientes económicos financieros que genera el retraso en los pagos, la interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable… ”.

La resolución judicial plantea que el Estado intentó «evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral».

Para los fundamentos el magistrado grafica la situación con el cottolengo Don Orione que debió afrontar una deuda de $41 millones en intereses ante Arca por aportes y contribuciones impagas durante 2026, producto del atraso en los cobros estatales.

Hace un mes distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares de personas con alguna condición o trastorno y los propios afectados se movilizaron a Economía en reclamo de la deuda acumulada con prestadores y profesionales, y para que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada el año pasado.

La ley fue promulgada, pero el Poder Ejecutivo suspende su ejecución, con fundamento en lo establecido por el artículo 5° “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”.