Los sindicatos docentes reanudarán las protestas desde la semana que viene y durante todo el mes de agosto: el lunes 3 habrá un paro nacional de 24 horas en todas las escuelas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT comenzarán ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El conflicto no es nuevo, pero se agudizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol a partir de la negativa del Gobierno en convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año.

El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”.

Además de la negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, que CTERA definió como “el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, el sindicato denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.

Entre sus reclamos, exigió la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechazó una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de Libertad Educativa que promueve el Gobierno, y reclamó más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), avanzará desde el lunes con un plan de lucha que no incluirá paros y que contemplará medidas de fuerza “distintas”.

Entre las protestas previstas para todo el mes de agosto por UDA y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), entre otros gremios, figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos, “semaforazos” en las esquinas para visibilizar sus reclamos, volanteadas en distintos puntos del país y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El detalle de las acciones de los sindicatos docentes agrupados en la CGT se anunciará en una conferencia de prensa que tendrá lugar el próximo lunes, a las 14, en la sede cegetista de Azopardo 802, donde Sergio Romero explicará los motivos que llevaron al plan de lucha.

De todas formas, trascendió que los gremios docentes de la CGT evaluaron que sería un riesgo para los maestros ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener un 75% de actividades mínimos en caso de huelga y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.

Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.

Paz García Pastormerlo,Lesa Humanidad,Neuquén,Conforme a

El Gobierno le baja el tono a la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad y analiza el efecto que puede tener sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza. En el Ejecutivo descartan impulsar gestiones internacionales para responder al planteo y aseguran que no prevén nuevas declaraciones institucionales por el momento.

“Es libre de hacer lo que crea que tiene que hacer”, expresan en Nación. En la Casa Rosada sostienen que Cristina Kirchner está habilitada para recurrir a los mecanismos internacionales que considere correspondientes y que el Estado responderá únicamente si el organismo de la ONU formula un requerimiento dentro del procedimiento previsto.

La postura oficial es no intervenir anticipadamente en foros internacionales ni desplegar una estrategia diplomática contra el reclamo. En Balcarce 50 remarcan que no existe una instrucción para que Cancillería realice presentaciones por fuera del expediente ni para que los funcionarios conviertan el caso en un nuevo eje de la comunicación cotidiana.

La única definición pública oficial fue la del canciller Pablo Quirno, que vinculó además el movimiento de la expresidenta con la discusión electoral dentro del peronismo. “Ha sido juzgada y condenada. Hay un armado en el que, mientras ellos no definen candidatos, quieren volver al poder para seguir haciendo lo que hicieron y, encima, indultar a Cristina”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

En el Ejecutivo sostienen que esas declaraciones expresan una posición política, pero no anticipan una ofensiva institucional contra el trámite ante la ONU. El Gobierno prefiere esperar a que el Comité determine si la comunicación es admisible y, eventualmente, solicite al Estado argentino información sobre el proceso judicial.

Cristina Kirchner presentó una comunicación individual en la que cuestiona la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa sostiene que el proceso vulneró garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que la sentencia busca excluirla de la competencia política.

El planteo incluye pedidos vinculados con la suspensión de la inhabilitación a ejecer cargos públicos, las condiciones de la prisión domiciliaria y la integración de la Corte Suprema. El Comité, sin embargo, no funciona como una instancia judicial superior capaz de anular directamente una sentencia dictada por los tribunales argentinos.

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El organismo puede evaluar si el Estado incumplió compromisos internacionales, requerir una respuesta y emitir observaciones o recomendaciones. En la Casa Rosada remarcan que el proceso puede extenderse durante años y que una eventual resolución favorable a la expresidenta no dejaría automáticamente sin efecto su condena.

En Nación tampoco asignan una relevancia especial a la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim, que integró la defensa internacional de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato. Consultados sobre ese punto, sostienen que no “repararon” en su contratación y descartan por ahora interpretarla como un movimiento coordinado con el gobierno brasileño.

Valim comparó ambos expedientes y señaló similitudes en la elección del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 2022, ese organismo concluyó que se habían vulnerado garantías de Lula, aunque la anulación de sus condenas no fue dispuesta por Naciones Unidas, sino por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Más allá de la dimensión jurídica, la mesa política sigue el impacto que la presentación puede tener dentro de la oposición. En distintos despachos reconocen que una mayor centralidad de Cristina Kirchner podría facilitar la estrategia de polarización que el oficialismo prepara para la campaña presidencial de 2027.

“Gran candidata”, expresan en Nación. La definición no implica que el Gobierno considere actualmente viable una postulación formal de la expresidenta, que se encuentra inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Refleja, en cambio, la conveniencia política que le asignan a que conserve protagonismo en el armado opositor.

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En la Casa Rosada consideran que Milei obtiene mejores condiciones para ordenar su discurso cuando puede contrastar directamente su programa con el kirchnerismo. En ese esquema, el oficialismo buscará confrontar la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y las reformas económicas con el déficit, la emisión monetaria, la corrupción y la intervención estatal que atribuye a las gestiones anteriores.

La evaluación interna es que Cristina Kirchner todavía conserva capacidad para condicionar las candidaturas, el armado territorial y el tono del peronismo. Su centralidad, según la lectura oficial, podría dificultar la aparición de una oferta opositora renovada y limitar el crecimiento de figuras que intenten ocupar una posición más moderada.

La Casa Rosada evita expresar públicamente una preferencia sobre las candidaturas de la oposición. La instrucción es concentrar la comunicación en las reformas del segundo semestre, los indicadores económicos y la agenda de seguridad, sin sobredimensionar una presentación que todavía atraviesa su etapa inicial ante la ONU.

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