El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó nuevamente bajo la lupa judicial después de que la Cámara Nacional de Casación revocara su sobreseimiento y ordenara que se realice “a la mayor brevedad” un juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas por presunto abuso sexual.

La decisión, tomada por mayoría en la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero, había separado a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

El tribunal de alzada cuestionó como “arbitraria” la decisión del tribunal de primera instancia de apartar a la denunciante del proceso por no tener abogado.

“A mi ver, la inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, explicó uno de los camaristas.

En disidencia fue la votación de Jantus que detalló que el apartamiento de la denunciante no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

La causa se originó a partir de la denuncia de una exfuncionaria municipal, quien acusó a Espinoza de haberla abusado en su despacho. El expediente había sido cerrado por falta de pruebas, pero la Cámara consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal.

Fernando Espinoza

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó este viernes el acto central por el 32° aniversario del atentado contra la mutual y pronunció un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo. Los planteos fueron formulados ante el presidente Javier Milei, quien asistió a la ceremonia acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la ceremonia realizada en Pasteur 633, Armoza aseguró que “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos”, aunque advirtió que “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar”. También dedicó sus primeras palabras a los familiares y sobrevivientes del ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.

Milei y Karina Milei siguieron la ceremonia desde las primeras filas, junto a funcionarios nacionales, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. El Presidente encabezó la comitiva oficial que asistió al homenaje realizado en Pasteur 633, donde a las 9:53 sonó la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994.

Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al estado de la investigación. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó. Luego agregó que la institución mantiene “encendida” la búsqueda de respuestas frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.

En ese contexto, reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, sostuvo.

Armoza también exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Además, cuestionó el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, manifestó. También recordó que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó cubrir las vacantes judiciales.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”, preguntó. Además, sostuvo que el aporte del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nulo” y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe funcionarios “idóneos”.

En otro tramo del discurso, Armoza afirmó que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y aseguró que la Justicia argentina determinó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Agregó que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y reclamó a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.

En materia de seguridad, pidió al Gobierno nacional “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, sostuvo. También convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y afirmó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.

Finalmente, reclamó acelerar el análisis de la documentación vinculada a la antigua SIDE, sostuvo que todavía existen “toneladas de papeles” pendientes de revisión y pidió a la Corte Suprema revocar la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe “prueba contundente y acumulada” que lo vincula con la conexión local del atentado.

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