En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.

La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó . La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.

Esos y otros ejes son los que remarcó, por ejemplo, Fernando Molina, un experto informático que colaboró con el Congreso y la Justicia local en la investigación, por ejemplo, del caso $LIBRA. “Hay cosas que no tienen sentido”, indicó. “Adorni declaró una venta [de criptomonedas] que terminó en otra wallet [billetera] de su declaración [ante la Justicia] y luego la volvió a declarar como una venta”, sostuvo. “Es como si contara dos veces la misma venta”, contabilizando dos veces el mismo capital como si fuera un ingreso nuevo.

Tanto Molina como el experto Maximiliano Firtman coincidieron, además, en que la clave es si Adorni puede justificar la tenencia de las billeteras virtuales que ahora afirma controlar al momento en que compró y vendió las criptomonedas entre 2014 y 2018.

Adorni, explicó Firtman, “demostró ante escribanos tener hoy las claves privadas de esas wallet, pero eso no garantiza titularidad en ningún momento y menos en el pasado”, y explicó que las plataformas exchange “tienen claves privadas de billeteras cuyos activos son de titularidad de sus clientes y no del que posee las claves. Para dar un ejemplo: si yo tengo la llave de un departamento, no implica que sea el dueño, además de que la tenencia hoy no garantiza la de hace 10 años”.

En el escrito de 78 carillas que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, el abogado de Adorni sostuvo que el exfuncionario “comenzó a incursionar en bitcoin en 2013 e invirtió a partir de 2014”, que junto con su esposa, Bettina Angeletti, “invirtieron aproximadamente US$200.000 y obtuvieron una ganancia aproximada de US$300.000 con esa operatoria, cifras cuya suma -del orden de US$ 500.000”.

El letrado de Adorni, Matías Ledesma, admitió además que no quedan registros que puedan verificarse. “El señor Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, afirmó el abogado del exjefe de Gabinete. “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”.

Firtman remarcó: “Un punto interesante es la comparación con el caso $LIBRA”. En aquella otra investigación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aplicó un criterio restrictivo para dictaminar que los denunciantes no podían ser aceptados como querellantes porque no pudieron probar fehacientemente ser los dueños de las billeteras con las que compraron aquella memecoin. ¿El juez Ariel Lijo aplicará un criterio más laxo para sí validar la titularidad a Adorni?

Huellas digitales

La nebulosa tampoco sería monolítica, según indicó Molina. ¿Por qué? Porque al menos algunas de las operaciones conllevaron movimientos en plataformas “exchanges” como Coinbase, en junio del 2017. “Coinbase puede identificar a la persona que hizo esa transferencia”, remarcó el experto. “En criollo, podrían identificar quién es la persona que en teoría operó bitcoins con Adorni”.

En efecto, las plataformas “Exchange” centralizadas como Coinbase están sujetas a regulaciones internacionales que implementan protocolos de “Conozca a Su Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) y a controles antilavado (AML, en inglés), por lo que Coinbase mantiene un registro interno que vincula esa salida de fondos a una cuenta bancaria, una tarjeta o un usuario identificado. En otras palabras, le abre a los sabuesos judiciales la posibilidad teórica de librar un exhorto o requerimiento de información para identificar a la supuesta contraparte de Adorni, siempre que Coinbase conserve los registros de 2017 y coopere con la Justicia argentina.

“Es una de las supuestas ventas de Bitcoin más grandes de Adorni, que de ser cierta habría cobrado casi 110.000 dólares, a través de la billetera 1JSre6fbZyr1ZPPnbbkRgzQ1XfJzp3qXUK”, indicó Molina, que verificó en el portal informativo Arkham que “la transferencia fue el 13 de junio de 2017”.

Asimismo, en el escrito que presentó en el expediente que busca determinar si Adorni se enriqueció de manera ilícita o si omitió maliciosamente datos en sus declaraciones juradas, su defensa adujo que el exfuncionario liquidó sus criptomonedas en “encuentros personales con los compradores”, bajo reserva de identidad, en lugares públicos y que cuatro operaciones fueron el 5 de agosto de 2017, que fue sábado.

Para Molina, eso es “lo más bizarro de todo esto”. ¿Por qué? Porque “Adorni declaró que todas esas transferencias fueron hechas en la vía pública con desconocidos”, remarcó. En otras palabras, habría llevado una caja o mochila con unos 110.000 dólares para pagarle “a un desconocido, en la vía pública”.

Eso no fue todo, sin embargo. En su escrito, Adorni adujo que mantuvo los más de 500.000 dólares que acumuló con la compraventa de criptomonedas “por fuera del sistema bancario y del radar de la agencia recaudadora” (actual ARCA, ex-AFIP). Para el exfuncionario, algo que “no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito” y planteó que cualquier controversia por ese motivo debería abordarse en el fuero Penal Económico, “a fin de que, por quien corresponda, se investigue la posible comisión de una infracción y/o delito tributario”. Buscaría así desplazar el eje de la acusación por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py hacia un eventual delito fiscal.

En un duro escrito, el fiscal Diego Velasco apeló la decisión del tribunal oral 5 de partir en dos los juicios por lavado de dinero y asociación ilícita de Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, ante el riesgo de que se dividan las pruebas y uno de los casos sea absuelto y arrastre al otro en la misma dirección.

El tribunal integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Peloni decidió por unanimidad la semana pasada hacer dos juicios, uno a continuación del otro: el caso Los Sauces comenzaría el 23 de octubre y Hotesur el 19 de marzo.

Pero el fiscal de juicio Velasco, como anticipó el sábado , se opuso y apeló esa decisión en 28 carillas, en las que dice que nunca fue consultado, que se trata del mismo delito partido en dos, que el lavado es un delito continuo, que las pruebas son las mismas para ambos casos, que los imputados son los mismos y que no se advierte que se ahorre tiempo con dos procesos.

Velasco pidió mantener la fecha de inicio del juico el 23 de octubre, pero para que comiencen ambos procesos, tanto Hotesur y Los Sauces.

El fiscal advirtió que Cristina y Máximo Kirchner podrían quedar sin ser juzgados por un caso, si es que fueran absueltos por el otro.

“La sentencia que se dicte en el debate que se celebre primero podrá ser invocada en el segundo como cosa juzgada respecto de los tramos que las defensas presenten como partes de ese mismo delito, con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal Velasco.

Ahora, serán los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación los que resolverán si mantienen el caso unificado o si lo parten en dos juicios. Con la actual integración serían Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

Velasco advirtió que al separar los dos juicios, la primera sentencia podría ser usada por las defensas como “cosa juzgada” y así frustrar la acusación en la segunda causa.

Alertó que la separación abre la puerta a que la expresidenta, Máximo Kirchner y otros imputados eviten ser juzgados por una parte de los hechos.

Velasco sostiene que en ambas causas se juzga el “delito continuado” de lavado de dinero, con períodos que se superponen: 2008 a 2015 en Hotesur y 2009 a 2016 en Los Sauces, con un mismo objetivo que es “la canalización de fondos hacia el patrimonio de la familia Kirchner”.

“Cuando recae sentencia sobre un delito continuado quedan juzgadas todas sus partes, sin que quepa reabrir la causa, aunque con posterioridad se descubran nuevas partes de este”, explicó la fiscalía.

Por eso es que advirtió que la sentencia del primer juicio puede arrastrar a que el segundo sea considerado cosa juzgada y los acusados se libren. “Con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal en términos jurídicos, lo que en lenguaje llano implica la impunidad, porque no se podrá acusar.

Velasco sostuvo que es “FALSO” (sic, con mayúsculas en el original) que las causas tengan objetos procesales autónomos, como afirmó el tribunal. Es decir que se investiguen cosas diferentes. Dijo Velasco que ambos son aspectos de la misma maniobra. El flujo de fondos hacia las cuentas de los Kirchner como retorno por los negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con el Estado.

Recordó que 12 de los 19 imputados de Hotesur también están acusados en Los Sauces, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares.

El fiscal señaló que el “dato decisivo” para probar el nexo entre ambas causas es que Valle Mitre, la firma vinculada a Báez que señala como eje del flujo de fondos hacia Hotesur, fue a la vez inquilina de Los Sauces.

Mediante el hotel La Aldea, esa empresa le aseguró a la familia presidencial 2.836.724 de pesos entre 2009 y 2013, y la acusación de Hotesur cita ese tramo de Los Sauces al afirmar que “el mismo hecho, el mismo vehículo societario y el mismo dinero integran ambas acusaciones”.

Explicó Velasco que en Hotesur decidió no reiterar la acusación por asociación ilícita ya incluida en Los Sauces, porque desde 2019 ambas causas tramitan juntas sin que nadie se hubiera opuesto, incluso tras su paso por la Corte Suprema de Justicia.

Con la división, advirtió Velasco, la existencia y extensión de esa asociación ilícita “quedará debatida y decidida en ‘Los Sauces’, casi cinco meses antes y sin que la prueba de Hotesur haya sido producida”. La acusación de Hotesur, dijo, no podrá invocar la asociación ilícita.

El escrito tiene pasajes de inusual dureza para con el tribunal, donde la fiscalía dijo que los jueces suspendieron “las pericias pese al pedido expreso de continuarlas” y que el tribunal “tardó más de cinco meses en reactivar” la instrucción suplementaria. “Y ahora aparece el Tribunal como un garantizador (sic) de la celeridad fijando cínicamente audiencias los días sábados y una partecita de la feria judicial”, ironizó.

También cuestionó que se exija presencialidad estricta y se rechace el formato híbrido, “como si las herramientas de la virtualidad fueran mala palabra —aunque las use en otros juicios—”. Y agregó: “Me pregunto: ¿Por qué no se habilita la segunda quincena de enero también? Vaya uno a saber”.

Recordó que el 4 de septiembre el presidente del tribunal le había dicho que no fijarían fecha hasta que toda la prueba estuviera disponible. Ahora se fijó fecha con la prueba aún pendiente. “Raro”, escribió. “Parece que se cambió de criterio -en buena hora-”.

Velasco se quejó además de que el tribunal decidió sin darle intervención ni a la fiscalía ni a las defensas, ni lo hizo en la audiencia citada para organizar el debate a comienzos de este mes.

La Sala I de la Cámara de Casación ya tiene fijada para el 15 de octubre una audiencia de informes por otro recurso del fiscal vinculado a la fecha del juicio, pero estas objeciones no forman parte aún de esa discusión.