El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). En un plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los senadores Martín Goerling Lara (Pro) y Agustín Monteverde (LLA), dictaminó la iniciativa con la presencia del presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausilli y Vladimir Werning.

El proyecto estará en condiciones de llegar al recinto de la Cámara alta en una semana. En las comisiones, Bausilli defendió la reforma y señaló: “Coincido con que el BCRA debiera estar al servicio del pueblo argentino. El problema es que, en gran parte de su historia, estuvo al servicio de los políticos y no del pueblo”.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”.

La senadora oficialista remarcó que la discusión no se limita a la organización interna del Banco Central, sino que busca definir qué institución monetaria necesita el país. En ese sentido, señaló que establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda “no es una abstracción técnica, sino una decisión sobre un estilo de vida”. Según explicó, se trata de preservar el poder de compra de los salarios, evitar que el ahorro pierda valor, mejorar el alcance de las jubilaciones y favorecer la producción y el crecimiento.

Bullrich también advirtió que la inflación permanente afecta especialmente a quienes tienen menos herramientas para protegerse. “Si tomamos al trabajador, al jubilado, al pequeño comerciante, todos están expuestos a la inflación. Estamos defendiendo a quienes no tienen cómo defenderse cuando el valor de la moneda se deprecia todos los días”.

El rechazo del Justicialismo

El jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, rechazó la reforma del BCRA impulsada por el Gobierno “Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto donde se erige un Banco Central sobre los poderes públicos, por sobre los poderes que la Constitución dicta en su artículo 1°”, afirmó.

Mayans calificó la iniciativa como “inconstitucional” y cuestionó que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario. Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.

Entre los cambios aprobados por Diputados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central. El proyecto también establece nuevas condiciones para la remoción de las autoridades del BCRA.

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El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.

La Libertad Avanza y sus aliados lograron el dictamen de mayoría y el proyecto será tratado en la próxima sesión, prevista para el 17 de septiembre.

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En abril del 2024, el entonces recién asumido presidente Javier Milei ordenó que la Argentina inicie por segunda vez el proceso para ser admitida como parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comenzando así una nueva etapa en la posición geopolítica del país en lo que respecta a las alianzas militares.

La última vez que había ocurrido algo similar fue en 1999, sobre el final del mandato de Carlos Menem, cuando las relaciones con los Estados Unidos seguían estando en un buen momento y la Casa Rosada pidió ser miembro pleno de la NATO -por sus siglas en inglés- lo cual fue rechazado.

La propia institución internacional aclara en el artículo 10 de su carta fundacional que se podrá incorporar “a cualquier Estado europeo“, por lo que deja explícitamente afuera a los que son de otros continentes.

Por esta razón, hace ya dos años que la gestión libertaria impulsó una estrategia diferente, que es la de solicitar ser “socio global” de la organización, un estatus que sí está permitido y que hasta ahora solamente ostenta Colombia dentro de América Latina.

La alianza militar es un sistema de defensa colectiva que representa los intereses geopolíticos de las principales potencias occidentales, empezando por Washington, y tiene como némesis a Rusia, Irán y China.

Fue creada en abril de 1949 para frenar el avance de la entonces Unión Soviética por un grupo de 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.

Con el tiempo se sumaron otras naciones europeas, hasta alcanzar en la actualidad un total de 31 integrantes que, en su conjunto, representan el 53% del gasto militar a nivel mundial.

El punto más importante del tratado es el que establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros plenos, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como dirigido contra todos ellos, razón por la cual son estrictos a la hora de abrirse a nuevos candidatos.

De hecho, la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la organización fue uno de los motivos que influyeron en el inicio de la guerra con Rusia, que consideró esas negociaciones como una amenaza.

En 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió en el cuartel general de la OTAN, en Bruselas, con su secretario general adjunto, Mircea Geoana, y le presentó la carta de intención que inicia el proceso de incorporación de la Argentina.

Desde entonces, el Gobierno inició un proceso de fuerte modernización de sus Fuerzas Armadas, renovando equipo básico que estaba obsoleto, con la adquisición de avanzados fusiles de origen israelí, por ejemplo, o haciendo importantes compras, como la de los aviones F-16 y los P-3 Orion a Noruega, o los Strykers provenientes de los Estados Unidos.

Más recientemente, Milei anunció, en el marco de un plan de fortalecimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Esta es una iniciativa que lleva ya varios años y que alguna vez llamó la atención de la Casa Blanca, que analizó financiar el proyecto, pero que finalmente se hará enteramente con recursos nacionales.

Para esto, el Presidente le ordenó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que priorice las partidas para Defensa al momento de elaborar el Presupuesto 2027, que se enviará la próxima semana al Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Palacio de Hacienda, si bien todavía no está definido el monto final que se asignará a esa área, ”no habrá recortes en otros lados, porque el aumento saldrá del superávit“.

Los recursos que se destinan para gastos militares son un punto muy importante para el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluso criticó públicamente a sus aliados por no aumentar las partidas para ese sector.

“Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, sostuvo el republicano en julio pasado.

Por su parte, la Argentina confirmó que participará el año que viene de la Operación Nanook, que realizará la organización internacional, por lo que enviará efectivos al Ártico para participar de los ejercicios encabezados por Canadá.

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