Lo que menos necesita el Senado, a tres semanas del fin de las sesiones ordinarias, se aceleró: la -para nada discreta- puja entre la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Casa Rosada, Karina Milei, atomizó aún más la agenda legislativa, que intenta mantenerse a flote. Esto ocurre en medio del temor de aliados que optan -sin dudar- por la interlocución de la porteña y esperan, ya hastiados, que la Casa Rosada cumpla con su palabra previo a firmar algunos dictámenes.

“Si la economía no mejora, eso se va a acrecentar. El juego siempre fue así en política, nada nuevo. Ahora, acá, la diferencia entre Patricia y Karina es que si Bullrich se compromete a algo, lo hace. No puedo decir lo mismo de Balcarce 50. Es exasperante”, reconoció a Infobae, con preocupación, un legislador cercano a ambos sectores.

Desde otra oficina pincelaron el panorama con lo ocurrido el miércoles último, cuando se firmó el despacho de la nueva ley de discapacidad. En ese sentido, señalaron a este medio: “Desde el Ejecutivo protegieron a -el titular de Diputados, Martín- Menem para que no perdiera y se le concedió casi todo a la oposición. Y lo disfrazaron de acuerdo. Acá, hasta horas antes del plenario, pedían cambiar el proyecto. Un delirio. ¿Así quieren que confiemos?”.

En paralelo, la hermana presidencial aterrizó en Diputados con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dos senadoras oficialistas. En principio, para dar un seminario de “formación”, entre otras cosas. Se mantuvo debajo del radar y recién, al día siguiente, flotaron pícaras operaciones.

Una de las dos legisladoras fue Nadia Márquez (Neuquén), rechazada todavía por dialoguistas tras querer adueñarse de la presidencia de la comisión de Acuerdos a horas de la muerte de su colega de bancada Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Hubo mensajes y llamados que, en la Cámara alta, prefieren no recordar. Generaron un fuerte desagrado.

El recelo sobre quien apalanca Karina Milei gatilla, incluso, disidencias dentro de la propia bancada en el Senado: de cara al Consejo de la Magistratura, hay oficialistas que miran con mejores ojos a la fueguina María Belén Monte de Oca, con correctas intervenciones en comisiones y recinto.

La Casa Rosada da por sentado que tendrá dos butacas ahí. Dos datos podrían no jugarle a favor: en el recambio de diciembre de 2023, La Libertad Avanza tenía 20 legisladores -el saltarín Luis Juez se sumó en febrero de 2024- y kirchneristas y peronistas, 22. Se pensaba 21, pero aún se encontraba dentro de ese espacio la tucumana Sandra Mendoza.

En tanto, días atrás, el cristinismo sumó al riojano Fernando Rejal para pasar a 22 -Mendoza ahora está en Convicción Federal- y los mileístas hoy son 21. Una batalla entre podólogos de avestruces que, después, dicen “defender” o “respetar” las instituciones. Ni hablar del tema reelecciones en el organismo que confecciona ternas de magistrados.

Con una semana próxima semi frenada en lo parlamentario por la visita papal y el feriado ya decretado por el día del personal legislativo -miércoles 11-, la mochila quedará cargada para las últimos 15 días de sesiones ordinarias. Se piensa en el jueves 19, el miércoles 25 -informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli-, y el jueves 26. La ley de discapacidad sería sancionada, en principio, en el primero de esos convites.

La desconexión de la Casa Rosada con dialoguistas se corrigió algo el viernes, con la aparición del dictamen de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con el 15% de venta de tierras a extranjeros que la oposición le impuso al karinismo y a Menem en Diputados. Lo más importante y para acercar lupa: la ansiedad del Ejecutivo en aprobar sólo los pliegos judiciales que le interesan se convirtió en una semilla que ya germinó y florecen consecuencias. Si no se envían ternas que exigieron bancadas -que suelen acompañar al Gobierno en el recinto-, desaparecerán rúbricas y se frenarán despachos. Justo, en una de las áreas que tiene para celebrar el mileísmo.

Con el objetivo de evitar que el paso del tiempo sea una herramienta para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos contra la integridad sexual, la senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de estos delitos cuando las víctimas sean menores de edad. La misma iniciativa también se debate en la Cámara de Diputados.

La propuesta alcanza, entre otros, a los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, material de abuso sexual contra menores, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual.

También amplía los plazos generales de prescripción e incorpora como causal de suspensión que el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía. De esta manera, busca impedir que una persona pueda beneficiarse del tiempo que utiliza para escapar de la Justicia.

Con esta iniciativa, Bullrich plantea una revisión integral del régimen de prescripción penal para evitar que las demoras judiciales, las fugas o el mero transcurso del tiempo terminen favoreciendo a los responsables.

El proyecto también contempla casos como el de Yamila Segovia, que expusieron las limitaciones de la normativa vigente frente a imputados que permanecen prófugos durante años.

El caso de Yamila Segovia: 14 años prófugo y una causa declarada prescripta

Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. Todo ocurrió en 2009 y tuvo como consecuencia el embarazo de la víctima.

El imputado, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela después de una investigación y diversas tareas de inteligencia. Tenía un pedido de captura vigente desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno admite que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 está demorado a la espera de las definiciones de acuerdos políticos con algunos gobernadores y del visto bueno de bloques cercanos. “La discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados”, afirma una fuente importante de una de las patas negociadoras de la Mesa Política.

El proyecto fue presentado en septiembre y desde entonces solo hubo cuatro reuniones, todas informativas y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo esperaba concretar un encuentro el 28 de octubre para firmar el dictamen del proyecto, pero se suspendió por falta de apoyo de los aliados. Los bloques responsables de ese contratiempo fueron el PRO y la UCR, que endurecieron su postura y reclamaron cambios.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, le envió una nota a Martín Menem en la que pidió la reducción del componente vial del impuesto a los combustibles a medida que el Estado deje de mantener rutas nacionales. También reclamó prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido de Mauricio Macri, y bajar del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, una demanda que viene desde Entre Ríos de parte de Rogelio Frigerio. Para la Ciudad, exigió incluir la coparticipación y reconocer una deuda de unos $628.197 millones.

Una novedad surgió en las últimas horas: en el bloque amarillo afirman que hay diálogos en el último tiempo con representantes del oficialismo y que se avanzaron con varias de las solicitudes.

La negociación pasó entonces a girar en torno a cómo conformar a los aliados. “Es una sábana corta que no va a contentar a todos. Al menos no si nosotros queremos seguir manteniendo nuestra meta fiscal. Y eso para el Presidente es innegociable”, indica una fuente.

La Fundación Mediterránea publicó una estimación en base al proyecto presupuestario que proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB, pero que “lo apoya en supuestos demasiado optimistas: crecimiento de 4% y suba real de la recaudación de 5,5%”. “Si no se cumplen, el ajuste volverá a caer sobre un gasto con márgenes ya muy estrechos”, afirman.

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó esta mañana en la Conferencia Anual de la Fundación FIEL y volvió a reivindicar la política fiscal como la principal ancla del modelo macroeconómico del Gobierno. “Relegar nuestra ancla principal sería un enorme error, porque nosotros tenemos un pasado que nos condena; por muchos años, sepan que Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados, que crecen uno por ciento teniendo cinco puntos del producto de déficit”, explicó.

Esta fue una respuesta implícita a los sectores aliados que le piden al oficialismo que relajen su política de gasto y lo orienten a incrementar las partidas presupuestarias.

A los reclamos del PRO y la UCR se les suma el malestar de Provincias Unidas por el reciente aumento de los subsidios al transporte del AMBA, en perjuicio del interior. El miércoles, un grupo de intendentes, entre ellos el cordobés Daniel Passerini, se presentó en la Comisión de Asuntos Municipales para exigir un trato igualitario.

“Entendíamos una política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica como objetivo. Luego, el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación. Y, paralelamente, esta semana se ha consagrado una situación en la cual se le aumenta el subsidio a la oferta estrictamente limitado al AMBA. Gran parte de esto está financiado por un impuesto a los combustibles, que pagamos absolutamente todos los ciudadanos”, esgrimió Pablo Javkin, intendente de Rosario.

Los reclamos que fueron llevados también contemplan una revisión del Programa Remediar para poder reformularlo (se bajó de 126 a 6 medicamentos contemplados) en el Presupuesto, aunque no son optimistas de que aquello pueda ser aceptado por el oficialismo. Pero no es la única temática que busca insertarse en la discusión: también se cuelan partidas como las de Discapacidad o Financiamiento Universitario.

“Si vos hacés la sumatoria de todas las discusiones que se ponen sobre la mesa y cómo te lo usan para condicionar los aliados, la negociación está cada vez más compleja. Hoy en día está bastante trabada a la espera de que se resuelva lo político”, dice un importante senador de La Libertad Avanza. En la conducción del bloque del Senado estarían de acuerdo con esta perspectiva.

Ante la restricción del Gobierno de no poder relegar más partidas presupuestarias, hay un sector para nada menor de la Mesa Política que no veía con malos ojos que se incrementaran los mecanismos para “hacer crecer la torta” de la recaudación.

Un indicio de esto es lo que sucedió este martes con el proyecto de Mercado de Capitales que envió la Casa Rosada, el cual contenía un artículo que quitaba las exenciones del Impuesto a las Ganancias para los Cedears. Con esa medida, esos instrumentos financieros iban a comenzar a aportar a un tributo coparticipable, es decir, que se redistribuye tanto a la Nación como a las provincias.

“[Caputo] ya está tratando de agarrar lo que sea. No sabemos hasta dónde tiene margen”, afirma una fuente que trabaja muy cerca de ese esquema.

Allí agregan: “Hay una parte de la Mesa Política que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de no hacer acuerdos políticos. Por eso Toto hizo lo de Discapacidad [envió el proyecto eliminando partidas consensuadas por la oposición para tratar de incrementar el superávit fiscal]. Realmente no sabemos qué va a pasar con el Presupuesto, pero en el medio se están cerrando todas las elecciones desdobladas, las PASO se complican y el riesgo país sube. Y encima acaba de pasar lo de Estados Unidos”.

El Ministerio de Economía festejó días atrás que la recaudación tributaria creció apenas 0,8% anual en octubre, pero logró hilar el cuarto mes consecutivo sin caer. “Los recursos tributarios girados a las provincias subieron apenas 0,1% anual real; los de Nación, 1%. No fue un crecimiento generalizado: solo Ganancias, Derechos de Exportación y, en menor medida, Combustibles traccionaron la suba”, estimó la consultora LCG, que proyecta “un crecimiento tibio de la recaudación para los últimos dos meses del año”.

Luis Caputo,discurso,Ministerio de Economía,conferencia