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Kicillof y Ziliotto le reclamaron al gobierno de Milei que destine fondos a las provincias para reducir el impacto de “El Niño”

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Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) acordaron este lunes encarar tareas en conjunto para aminorar el impacto del fenómeno “El Niño” sobre la región pampeana, que comparten ambas jurisdicciones. Lo hicieron en un marco crítico hacia el gobierno de Javier Milei a quien le reclamaron recursos para atender las consecuencias socioambientales que traerá la sobreactividad climática que representa el “El Niño”. Un movimiento meteorológico que aumentará en promedio un 90%.

El encuentro entre los dos gobernadores peronistas también fue una instancia de reclamo hacia la Nación. “Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, planteó Kicillof. Agregó, además, que “nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

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Kicillof llegó a Santa Rosa al mediodía de este lunes. Fue recibido por su par pampeano y una comitiva de funcionarios e intendentes de su provincia. El bonaerense fue acompañado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Carlos Bianco (Gobierno). Del acto también participaron el senador nacional Daniel Pablo Bensusán y el diputado nacional Abelardo Ferrán. Kicillof se trasladó hasta La Pampa en un momento en el que busca una expansión de su sector político, con miras a las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, en su paso por la provincia del norte patagónico no hubo mayores actividades de índole partidaria o política. Los gobernadores peronistas aún no se pronuncian en pos de algún postulante a la elección presidencial. Tampoco Kicillof, quien no confirma si será candidato, pese a que los movimientos que vienen dando tanto él como su espacio se parecen bastante a los de una candidatura.

Además de los gobernadores, Katopodis fue uno de los oradores junto aL secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi

Además de acordar acciones para prevenir el impacto de El Niño, desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno Ziliotto y su par bonaerense, sellaron acuerdos específicos en áreas como desarrollo social, salud, turismo, seguridad y colaboración entre los bancos públicos de sus provincias. Ambos mandatarios reafirmaron la vigencia del Convenio Marco de Colaboración firmado el 28 de junio de 2024.

Kicillof denunció que $290 mil millones del Fondo Hídrico ya cobrados a los contribuyentes por el Gobierno nacional a partir del impuesto al combustible líquido no fueron destinados a obras contra inundaciones y vinculó esa inmovilización de recursos con el riesgo climático de un Super Niño que, según afirmó, ya muestra señales de intensidad excepcional desde agosto. La advertencia de Kicillof incluyó otro reclamo fiscal: la administración bonaerense sostuvo que el gobierno nacional retiene $2,1 billones del fondo de ATN pese a que las provincias atraviesan una situación financiera “compleja” por la crisis. El planteo apareció en un discurso centrado en la falta de ejecución de partidas de asignación específica.

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En ese marco, el exministro de Economía afirmó que los recursos del fondo hídrico “se utilizan para otro fin” y precisó que se trata de dinero que “hemos puesto nosotros cada vez que cargamos nafta en nuestra provincia”. Luego agregó: “¿Dónde está, en obra hídrica? No, está en una cuenta y esa cuenta invertida en títulos o en plazo fijo o vaya a saber en qué”.

“Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no pueden trabajar de manera aislada; tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”, detalló Ziliotto.

Según se informó oficialmente, el acuerdo prevé proyectar obras en forma conjunta y coordinar acciones que permitan la mejor gestión integrada del recurso hídrico; consolidar y compartir en tiempo real las bases de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico; y fortalecer la articulación para el accionar frente a eventos climáticos externos de afección mutua.

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El peronismo y 2027

Tras los anuncios, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa. Además de las consultas sobre los acuerdos firmados —que, además de las obras conjuntas para enfrentar al Niño, también incluyeron otras siete rúbricas—, se les preguntó por el momento en el que se encuentra el peronismo de cara al año que viene.

Kicillof dio algunos detalles de la reunión que gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans y Germán Martínez mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro. Contó que allí se acordó entre los distintos sectores del peronismo para sostener las elecciones Primarias, en medio de la avanzada de la gestión de Milei para eliminarlas. La oposición precisa de esta instancia para ordenar su discusión interna.

El mandatario bonaerense dijo que la reunión que mantuvieron distintos referentes junto con los presidentes de los bloques del PJ tuvo un foco preciso: debatir la presión del oficialismo para eliminar las primarias. “Podemos dar cualquier debate, que el sistema de las PASO tiene, por supuesto, defensores y detractores, pero de esta manera no”, planteó.

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En su cuestionamiento, apuntó también al jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Recorre las provincias y en el medio dice: ‘Vine a buscar que se levanten las PASO’”, afirmó Kicillof, al explicar por qué consideró improcedente que una eventual reforma electoral se mezcle con la distribución de fondos o con compromisos de obra pública.

Además, extendió la crítica más allá del debate legislativo y sostuvo que el presidente “hace ya meses que para lo que trabaja es para su campaña electoral y ser reelecto”. En esa línea, afirmó que “están en campaña de reelección del presidente Javier Milei”.

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Adorni buscó justificar su patrimonio: afirmó que ganó casi US$600.000 con criptomonedas y puso en duda el costo de las refacciones en Indio Cuá

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La defensa de Manuel Adorni presentó ante la Justicia un extenso descargo para explicar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. El exjefe de Gabinete atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a inversiones en Bitcoin realizadas y liquidadas años antes de asumir, detalló cómo utilizó esos fondos y respondió sobre la compra y refacción de propiedades, préstamos, vehículos y gastos realizados en efectivo.

El escrito responde los 20 puntos requeridos por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.

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La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni durante ese período tiene un “sustento razonable y verificable” y aseguró que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.

Uno de los puntos centrales del requerimiento era el origen de los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto de “venta de activos” en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

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La Justicia Federal ordenó investigar a Lugones y al jefe del PAMI por el presunto incumplimiento de sus fallos sobre discapacidad

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CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión se da en medio de la polémica originada por los cambios que introduce en el tema el proyecto de presupuesto 2027.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a que el planteo sobre el “supuesto incumplimiento” ya había sido realizado por el juez que ahora rechazó la apelación presentada. Adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal, por entender que corresponde que esa instancia sea quien revise la cuestión.

Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”, añadieron.

La decisión judicial es el último capítulo de un expediente que el propio Vaca Narvaja comenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones en las que el magistrado fue insistiendo sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores.

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El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.

En mayo, Vaca Narvaja había dictado una medida cautelar y ordenado al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI que normalizaran los pagos en un plazo de 72 horas.

El juez consideró que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo. La orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: alcanzaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.

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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.CESAR HEREDIA – AFP

El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significaba que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación.

La controversia avanzó luego hacia una sentencia de fondo. En junio, el juez volvió a ordenar que se regularizaran los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado, según la resolución, que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo.

Mario Lugones, ministro de Salud de Javier Milei, sale de la Casa RosadaRicardo Pristupluk

En aquella resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba. Prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.

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El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos. Para el juez, esos elementos mostraban que el problema no era solamente administrativo o contable, sino que tenía consecuencias concretas sobre el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.

La última decisión de Vaca Narvaja agrega una nueva dimensión al conflicto por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad.




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La trama detrás de la salida de Belén Agudiez del Gobierno

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“Presentó la renuncia por motivos personales”, respondió una fuente oficial a Infobae para explicar la abrupta salida del Gobierno de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez. El argumento formal es el que suele utilizar el Poder Ejecutivo cuando busca evitar explicitar las verdaderas razones detrás de los cambios.

En paralelo a la versión oficial, varias voces de la administración libertaria consultadas por este medio hablan de la existencia de un entramado de desconfianza y malestar que se acumuló en los últimos meses y desgastó el vínculo con la exsubsecretaria. “Siempre todo es acumulativo. La salida es algo más profunda”, precisó una persona que conoce de cerca la intimidad de la quinta de Olivos.

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Quienes conversaron con la exfuncionaria en las últimas horas la notaron golpeada, afectada por los episodios que la distanciaron de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien supo trazar una relación de cercanía. Su puesto permanece vacante y por ahora no se designó a nadie para reemplazarla, aunque en Casa Rosada prevén resolver el nombramiento esta semana.

Agudiez mantenía a su cargo la planificación de los servicios para el funcionamiento de la Secretaría General, pero también de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la de Chapadmalal y otras sedes administrativas. Incluso, hasta el mismo viernes participaba activamente de la instrumentación de las últimas modificaciones en la residencia presidencial pese al desplazamiento de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, el “intendente”, a quien algunos aseguran que ella misma apodó irónicamente “primero de mayo”.

Uno de los accesos de la quinta de Olivos

Su renuncia se conoció este fin de semana, en el marco de la reorganización dispuesta en la quinta de Olivos, que incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la reabsorción de sus responsabilidades por parte de la Casa Militar. En medio de la decisión de reestructurar la seguridad presidencial, el oficialismo reubicó a más de 40 empleados y despidió a otros 12.

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“Milei no los podía ni ver y Sosa se mandaba mil cagadas. Todo muy burdo”, resumió una fuente en estricta reserva. “Siempre que en la campaña había que hacer alguna changa ella lo ofrecía a él. Milei se lo montó en un huevo desde el minuto uno porque era un vago. Mario es el que hace todo”, contó un referente libertario al respecto.

“Mario” es Mario Suli, secretario y asistente personal de Milei desde la campaña presidencial, que suele aparecer en algunas fotos con gorra de visera y barba tupida.

Sorprendió a varios la filtración a la prensa del nuevo esquema de tareas en la residencia presidencial que tuvo lugar el pasado jueves, mientras el oficialismo diseñaba el operativo comunicacional de la Casa Rosada para evitar el impacto del tema. En ese contexto, varias fuentes oficiales consultadas responsabilizan a la exfuncionaria por las “filtraciones” y aseguran que hubo un marcado incremento de “desconfianza” interna.

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En medio de las versiones cruzadas, hay quienes cuentan que tuvo una discusión con Karina Milei en las últimas horas, pero desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia evitaron pronunciarse sobre la versión.

El equipo que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Pese a la buena sintonía que había logrado trazar con la menor de los Milei, que data de 2021, luego de que Agudiez tomara prudencial distancia de Ramiro Marra, quien la acercó al espacio, en las filas oficialistas aseguran que la exfuncionaria oficiaba como “asistente” de Karina Milei en trámites menores. “Cumplía un rol de secretaria. No era su mano derecha en términos de gestión”, aclararon a este medio.

Luego de que su salida se oficializara a través de la resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial, varios integrantes del espacio se expidieron sobre el tema a través de las redes sociales. “Roma no debe pagar a traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio”, afirmó Marra a través de su cuenta de X.

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Por su parte, la diputada Marcela Pagano acusó a Agudiez de utilizar mercadería y el personal de la quinta de Olivos para su empresa de catering. Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el precio a los señalamientos de la legisladora y la desafían a que, de contar con material probatorio, lo presente ante la Justicia para que investigue el caso.

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