El abogado argentino Martín de Luca, vinculado a empresas del presidente de Estados, Donald Trump, se refirió a la reciente entrevista de la exmandataria Cristina Kirchner con The Washington Post y a la estrategia internacional que impulsa su defensa ante organismos de derechos humanos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el letrado, que presta sus servicios en Trump Media Group, sostuvo que la expresidenta busca replicar el camino que siguió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para revertir sus condenas y recuperar sus derechos políticos. “La parte más reveladora de la nota”, escribió en la red social.

Y añadió: “Cristina Kirchner y su abogado, Rafael Valim, han pedido al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso con el argumento de que se le negó el debido proceso y derechos fundamentales. Ese es el camino que tomó Lula; Valim fue asesor en su caso”, expresó.

De Luca es abogado de Trump Media Group y también asesor de Flavio Bolsonaro, el excandidato a presidente que, tras perder las elecciones con Da Silva, huyó a Estados Unidos.

La entrevista y el camino de Lula

Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con The Washington Post desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, y no descartó una candidatura pese a la prohibición judicial. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, expresó en esa nota.

“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos.

“No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, se defendió la exmandataria ante la condena en la causa Vialidad, en la que se la acusó por el direccionamiento de proyectos de obra pública hacia las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez.

Y añadió: “Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto”.

Representada por el abogado brasileño Rafael Valim, Cristina Kirchner solicitó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revise su caso, al argumentar que se vulneraron su debido proceso y sus derechos fundamentales. La misma vía que siguió Lula da Silva.

Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.

Kirchner y Valim sostienen que se le atribuyó injustamente la responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le impidió el acceso a pruebas clave. La prioridad, según dijo Valim a The Washington Post, es restituir los derechos políticos de Kirchner y anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

Horas después de que el oficialismo lograra avanzar la semana pasada con el dictamen de la “Ley Malvinas”, el asesor presidencial Santiago Caputo quedó en la mira por su presunta participación en la salida de Flavio Bolsonaro del país. Casi en simultáneo los diputados de La Libertad Avanza (LLA) defendían el ambicioso texto de ocho títulos, de los cuales solo uno refiere a la defensa de la soberanía de las Islas, ante la desconfianza de la oposición y los múltiples pedidos de cambios de los aliados. También de Washington.

Pero el operativo de viaje del frustrado candidato presidencial brasileño amenaza con reavivar un frente de discusión que el Gobierno consideraba saldado: las atribuciones de la SIDE, que se encuentra bajo el ala política de Caputo, y que están contempladas en el proyecto oficialista.

La controversia le dio nueva tela para cortar a la oposición, que en menos de 48 horas reclamó la interpelación de funcionarios ante el Congreso, promovió tres denuncias judiciales a través de distintos diputados y avanzó con un pedido de informes en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Este último punto es sensible para Caputo, dado que si bien no puede ser interpelado -eximido por no figurar en el organigrama del Ejecutivo- su nombre aparece en varias de las 14 preguntas que los diputados de la oposición Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez presentaron ante la Bicameral que preside el libertario Sebastián Pareja.

Exigen respuestas acerca de si el organismo de inteligencia contribuyó al traslado de Bolsonaro y su familia a Puerto Iguazú, si se dispusieron recursos públicos y el papel que desempeñó el asesor presidencial en la maniobra. También buscan determinar qué contactos tuvo con el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. “La intención es demostrar lo que funciona como un secreto a voces: el poder de Caputo dentro de la SIDE”, señaló un diputado peronista, sin mucho optimismo de que el informe sea devuelto con algo más que “evasivas”.

Mientras tanto, los movimientos del asesor en Misiones, donde fue identificado desde el lunes previo a la salida de Bolsonaro, siguen sin estar claros incluso para algunos sectores del propio oficialismo. En distintos despachos libertarios de la Cámara de Diputados miran con cierta inquietud cómo su implicancia en el episodio podría agitar a la oposición contra el proyecto de Ley Malvinas, a menos de cuatro semanas de que termine el período ordinario de sesiones.

De hecho, hubo opositores que hasta deslizaron la posibilidad de convocar a una sesión especial para presionar con los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller, Pablo Quirno. Sin embargo, las elecciones de este martes en Estados Unidos, por las que varios legisladores viajaron a ese país, y la próxima llegada del papa León XIV, prevista para el domingo, se prevé que pongan en pausa la agenda legislativa y, por ende, cualquier nueva embestida opositora.

Más allá de cualquier impasse en el recinto, los libertarios se muestran confiados en reunir los avales necesarios para aprobar el proyecto el próximo 18 de noviembre. Sin embargo, admiten que los interrogantes sobre el rol de la SIDE en la salida de Bolsonaro del país podrían ofrecer a los bloques más críticos un nuevo argumento para cuestionar una iniciativa que amplía las facultades del Ejecutivo mediante la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Presidido por Milei e integrado exclusivamente por funcionarios del Gobierno, entre ellos el titular de la SIDE, el organismo podrá adoptar decisiones sin intervención del Congreso y bajo un régimen de confidencialidad. Un aspecto que ya había encendido las alarmas entre los aliados, al punto de exigir la incorporación de una comisión bicameral para supervisar su actuación.

Interna libertaria

Subyace, en tanto, una cuestión de fondo que volvió a quedar en evidencia durante la última semana: la propia interna libertaria. Desde que el proyecto de ley Malvinas fue girado a Diputados, la iniciativa incomodó a un sector del bloque violeta, que no esconde sus diferencias con buena parte del articulado.

En el peronismo, lo describen como un “caballo de Troya” con el que Caputo busca introducir, bajo la bandera de la soberanía sobre las islas, reformas en materia de seguridad nacional y una ampliación de las facultades del Ejecutivo.

De un lado y del otro coinciden en que solo responde a los intereses de Caputo. Algo que quedó en evidencia durante el tratamiento en comisiones, donde la única representante del Ejecutivo fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, una de las principales laderas del asesor todoterreno.

Cerca de Martín Menem no ocultan su poco interés en sostener la iniciativa. “Está de acuerdo con el espíritu, pero no con el resto de los artículos”, aclara un parlamentario de LLA. El riojano no solo se mueve en las antípodas de Caputo, en línea directa con Karina Milei, sino que además dio señales de distancia respecto del episodio de Bolsonaro, después de compartir en X un mensaje del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en el que reconocía el triunfo de Lula en Brasil.

La molestia se cuela en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, sobre todo entre quienes llevan semanas sosteniendo un proyecto que no termina de convencerlos. Es el caso de Silvana Giudici, encargada de las negociaciones con aliados, que derivó en una serie de cambios a la propuesta inicial.

Entre los más significativos, la transformación el artículo que contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, financiados o bajo instrucciones de un Estado extranjero, impulsaran “campañas de desinformación masiva” con el objetivo de influir en los resultados electorales o manipular la opinión pública.

También hubo ajustes en el título I, referido a Malvinas, el único que contaba con un respaldo casi unánime, incluido el del peronismo. En este caso, las modificaciones respondieron a los reclamos de Washington, transmitidos durante las recientes visitas de los funcionarios norteamericanos Christopher Landau Juan Pablo Segura, quienes pidieron delimitar “correctamente” los tipos penales y el alcance de las sanciones.

Fue después de estas concesiones que el oficialismo consiguió el dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto. No obstante, pese a que su tratamiento está previsto para el 18 de noviembre junto con la reforma del la carta orgánica del Banco Central, algunos libertarios aseguran que seguirán trabajando en nuevos ajustes a pedido de los aliados.

No faltan los más desconfiados que ven en esta postura una forma de presión de Giudici sobre Caputo para negociar cambios en los puntos que más incomodan, como aquellos vinculados con la libertad de expresión. Resta saber si el episodio de Misiones terminará por demorar el tratamiento de una iniciativa a la que buena parte del universo libertario parece haberle soltado la mano.