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POLITICA

La AFA ganó una batalla clave, pero Tapia y Toviggino siguen preocupados por el frente externo

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La maniobra ideada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se terminó de consumar. La causa que investiga la compra de la mansión de Pilar, junto con sus colectoras, regresará, en breve, al mismo juez que querían los presuntos testaferros y los dirigentes de la entidad. “Va a terminar volviendo para acá”, repetía el juez de Campana Adrián González Charvay desde que le sacaron el expediente. En estos dos meses no hubo avances. En el medio, hubo jueces que cambiaron de opinión abruptamente. El resto de los involucrados prefirió mirar para otro lado.

La batalla legal arrancó el 29 de diciembre, apenas unas horas después de que reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, González Charvay pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzando con medidas de prueba. El objetivo de semejante apuro era que la instancia de revisión fuera la Cámara Federal de San Martín. Primera victoria.

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A partir de ese momento, el juez de Campana comenzó a reclamar otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. Una suerte de esponja que absorbía todo para conformar una megacausa.

El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter. El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino y analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA.

El Juez González Charvay

La única causa que quedó a salvo es la que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette.

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En junio, la maniobra tuvo un traspié importante: la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa a González Charvay y se la dio a la jueza María Verónica Straccia, que la terminó delegando en el fiscal Claudio Navas Rial. Ese fallo planteaba que el traspaso se tenía que hacer de “manera urgente”. Nada de eso ocurrió. También cuestionaba con dureza la actuación, hasta ese momento, del juez de Campana.

En esos primeros seis meses, González Charvay ordenó pericias contables -una medida habitual para ganar tiempo—, pero nunca avanzó sobre los jefes de la AFA. Tampoco citó al monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, los presuntos testaferros. “Más allá de haberse incorporado elementos probatorios a la investigación que se sigue por el legajo CFP 5277/2025, hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijeron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

reveló en mayo decenas de imágenes que vinculaban a Toviggino de manera directa con la mansión. Y el plan para borrar todos esos rastros. Ninguna de esas pruebas fue agregadas al expediente. Tampoco se investigó ese supuesto plan ni a sus protagonistas.

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Una pintura de Toviggino, en la quinta de Pilar

En cambio, el juez de Campana fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares.

El pronóstico de Charvay se cumplió o está a punto de cumplirse. Más temprano que tarde, la causa volvería a Campana. La Cámara de Casación determinó hoy, con la firma de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que la Cámara de San Martín debe definir la competencia. “Otra vez se lavaron las manos”, razona, con crudeza, uno de los abogados que sigue estas causas. En mayo, los jueces del máximo tribunal penal tampoco se metieron de lleno y delegaron la decisión en la Cámara en lo Penal Económico. En ese caso, el fallo lo firmaron los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y el propio Borinsky. Dos jueces se excusaron en el camino. En este caso, Barroetaveña siguió adelante pese a su vínculo histórico con la AFA.

La decisión de Casación terminó siendo previsible. Hace tiempo que los abogados que orbitan alrededor de Tapia y Toviggino, algunos desde las sombras, están más preocupados por el frente externo. Nunca lo van a reconocer en público.

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La causa que tramita en Miami es extremadamente reservada, mucho más después de la filtración de la citación a un testigo, que no se presentó. La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas.

Cada vez es más fuerte la versión de que el testigo X era el exresponsable comercial y de Marketing de la AFA Leandro Petersen, quien lo sigue negando. En medio de los rumores, Petersen renunció a su cargo y a los pocos días se fotografió con Lionel Scaloni en España. En los tribunales de Miami trascendió que sus abogados estarían negociando un acuerdo con la Fiscalía. Si eso ocurre, Tapia y Toviggino tienen razones para estar preocupados.

Leandro Petersen (el primero desde la izquirda) anunció su salida de la AFA luego de nueve años al frente de la gerencia de MarketingX.com

La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa. Todos esos contratos pasaron por las manos de Petersen.

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El Gobierno trata de mostrar hace tiempo un supuesto desinterés por esta batalla legal que puede reconfigurar el manejo del fútbol argentino. Pero los propios protagonistas saben que la definición está en manos de la política. “Vos quedate tranquilo, que el año que viene volvemos y todo se acomoda”, escuchó uno de los empleados de la quinta cuando se hicieron los allanamientos, en enero pasado. A un costado, uno de los abogados escuchaba azorado.




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El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027

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El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.

“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.

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La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.

El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.

La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.

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Javier Milei y los gobernadores se reunieron con Emmanuel Macron en París (Foto: Presidencia).

En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.

La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.

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Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.

El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.

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Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.

Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.

El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.

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El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.

“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.

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El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.

Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.

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La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

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Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.

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Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.

“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.

Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.

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La marcha culminó con incidentes provocados por un pequeño grupo de manifestantes (RSFotos)

El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.

“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.

Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.

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Miles de personas marcharon al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Foto: Gastón Taylor)

“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.

Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.

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