POLITICA
La AFA ganó una batalla clave, pero Tapia y Toviggino siguen preocupados por el frente externo
La maniobra ideada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se terminó de consumar. La causa que investiga la compra de la mansión de Pilar, junto con sus colectoras, regresará, en breve, al mismo juez que querían los presuntos testaferros y los dirigentes de la entidad. “Va a terminar volviendo para acá”, repetía el juez de Campana Adrián González Charvay desde que le sacaron el expediente. En estos dos meses no hubo avances. En el medio, hubo jueces que cambiaron de opinión abruptamente. El resto de los involucrados prefirió mirar para otro lado.
La batalla legal arrancó el 29 de diciembre, apenas unas horas después de que reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, González Charvay pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzando con medidas de prueba. El objetivo de semejante apuro era que la instancia de revisión fuera la Cámara Federal de San Martín. Primera victoria.
A partir de ese momento, el juez de Campana comenzó a reclamar otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. Una suerte de esponja que absorbía todo para conformar una megacausa.
El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter. El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino y analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA.
La única causa que quedó a salvo es la que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette.
En junio, la maniobra tuvo un traspié importante: la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa a González Charvay y se la dio a la jueza María Verónica Straccia, que la terminó delegando en el fiscal Claudio Navas Rial. Ese fallo planteaba que el traspaso se tenía que hacer de “manera urgente”. Nada de eso ocurrió. También cuestionaba con dureza la actuación, hasta ese momento, del juez de Campana.
En esos primeros seis meses, González Charvay ordenó pericias contables -una medida habitual para ganar tiempo—, pero nunca avanzó sobre los jefes de la AFA. Tampoco citó al monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, los presuntos testaferros. “Más allá de haberse incorporado elementos probatorios a la investigación que se sigue por el legajo CFP 5277/2025, hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijeron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
reveló en mayo decenas de imágenes que vinculaban a Toviggino de manera directa con la mansión. Y el plan para borrar todos esos rastros. Ninguna de esas pruebas fue agregadas al expediente. Tampoco se investigó ese supuesto plan ni a sus protagonistas.
En cambio, el juez de Campana fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares.
El pronóstico de Charvay se cumplió o está a punto de cumplirse. Más temprano que tarde, la causa volvería a Campana. La Cámara de Casación determinó hoy, con la firma de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que la Cámara de San Martín debe definir la competencia. “Otra vez se lavaron las manos”, razona, con crudeza, uno de los abogados que sigue estas causas. En mayo, los jueces del máximo tribunal penal tampoco se metieron de lleno y delegaron la decisión en la Cámara en lo Penal Económico. En ese caso, el fallo lo firmaron los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y el propio Borinsky. Dos jueces se excusaron en el camino. En este caso, Barroetaveña siguió adelante pese a su vínculo histórico con la AFA.
La decisión de Casación terminó siendo previsible. Hace tiempo que los abogados que orbitan alrededor de Tapia y Toviggino, algunos desde las sombras, están más preocupados por el frente externo. Nunca lo van a reconocer en público.
La causa que tramita en Miami es extremadamente reservada, mucho más después de la filtración de la citación a un testigo, que no se presentó. La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas.
Cada vez es más fuerte la versión de que el testigo X era el exresponsable comercial y de Marketing de la AFA Leandro Petersen, quien lo sigue negando. En medio de los rumores, Petersen renunció a su cargo y a los pocos días se fotografió con Lionel Scaloni en España. En los tribunales de Miami trascendió que sus abogados estarían negociando un acuerdo con la Fiscalía. Si eso ocurre, Tapia y Toviggino tienen razones para estar preocupados.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa. Todos esos contratos pasaron por las manos de Petersen.
El Gobierno trata de mostrar hace tiempo un supuesto desinterés por esta batalla legal que puede reconfigurar el manejo del fútbol argentino. Pero los propios protagonistas saben que la definición está en manos de la política. “Vos quedate tranquilo, que el año que viene volvemos y todo se acomoda”, escuchó uno de los empleados de la quinta cuando se hicieron los allanamientos, en enero pasado. A un costado, uno de los abogados escuchaba azorado.
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POLITICA
La fiscalía avanza con la investigación del patrimonio de Adorni: verificará sus billeteras cripto y las refacciones en su casa
El fiscal Gerardo Pollicita profundizará el lunes la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pedirá una serie de medidas para verificar las explicaciones que presentó el exjefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre los principales puntos, buscará comprobar mediante un peritaje los movimientos de sus billeteras virtuales y revisar específicamente las ocho operaciones con criptomonedas con las que el exfuncionario afirmó haber obtenido US$591.544,61 antes de ingresar a la función pública.
Según pudo saber TN, el procedimiento sobre las operaciones cripto será realizado por un especialista y quedará grabado. El objetivo será determinar si los movimientos que presentó la defensa se corresponden con las fechas, montos y direcciones digitales consignadas en el descargo.
La defensa de Adorni sostuvo que los fondos provinieron de la compra y posterior venta de Bitcoin entre 2014 y 2018. Además, presentó un acta notarial para acreditar la titularidad de ocho billeteras y puso a disposición de la Justicia las claves privadas. Según su explicación, las criptomonedas fueron vendidas a particulares y los dólares fueron recibidos en efectivo, sin pasar por bancos ni exchanges.
POLITICA
Antes de la sesión clave, el gobernador de Salta anticipó que el Gobierno reconocerá las "zonas cálidas"
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que el Gobierno nacional reconoció mediante una resolución a las zonas cálidas y contempló subsidios eléctricos focalizados. Al mismo tiempo, pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma del régimen de Zonas Frías, que este miércoles será tratada en el Senado.
El régimen de Zonas Frías reduce una parte de la factura de gas de los hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, donde la calefacción eleva el consumo durante gran parte del año. El debate actual gira en torno a quiénes deben conservar ese descuento y bajo qué criterios. En contraste, las zonas cálidas refieren a provincias donde el mayor gasto energético se concentra en el uso de electricidad para refrigeración durante los meses de altas temperaturas; el esquema anunciado para esas áreas prevé una asistencia focalizada sobre ese consumo.
“El reconocimiento de las zonas cálidas constituye un reclamo histórico de las provincias del NOA y del NEA”, sostuvo Sáenz en un mensaje difundido en sus redes sociales. Según planteó, la asistencia debe estar destinada a los hogares que acrediten necesidad económica.
“Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser solo para quienes los necesitan”, afirmó el mandatario salteño.
El acuerdo vincula los subsidios eléctricos del Norte con la reforma de Zonas Frías
El anuncio se produjo antes de la sesión convocada en la Cámara alta este mediodía para debatir el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados. La iniciativa modifica el régimen de subsidios al gas y busca concentrar el beneficio automático en las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
La propuesta también redefine la ampliación aprobada en 2021, que había incorporado a zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Tucumán y Catamarca. Con la nueva redacción, los descuentos quedarían focalizados en usuarios de bajos ingresos, personas con discapacidad y excombatientes dentro de las áreas que continúen alcanzadas por el régimen.
En paralelo, la Nación acordó con los gobernadores del Norte Grande instrumentar por resolución un esquema de subsidios al consumo eléctrico para las provincias con temperaturas elevadas. La medida apunta a compensar el mayor uso de energía durante los meses de calor y fue parte de las negociaciones para reunir respaldos en el Senado.
Sáenz reclamó a los senadores que respalden el proyecto
Sáenz sostuvo que los legisladores nacionales de las provincias del Norte tienen la posibilidad de acompañar una demanda regional vinculada al costo de la energía. También cuestionó a quienes no respalden la sesión o voten en contra de la iniciativa.
“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, expresó el gobernador.
El tratamiento en el Senado definirá si el proyecto obtiene sanción definitiva o si requiere nuevas negociaciones parlamentarias. La discusión se da mientras las provincias del NOA y el NEA esperan la implementación efectiva de la resolución anunciada para las zonas cálidas.
gustavo sáenz
La apelación contra el sobreseimiento de un adolescente de 14 años por un intento de robo en Palermo quedó radicada ante la Cámara porteña y será revisada por Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. La resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que declaró inconstitucional para ese caso la nueva edad de punibilidad, también derivó en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El recurso fue presentado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires luego de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 dispusiera el sobreseimiento del adolescente investigado. Además de cuestionar la sentencia, los fiscales solicitaron que la magistrada sea apartada del expediente y que otro juez continúe con la pesquisa.
Según pudo saber Infobae, Mahiques recibió la causa en segunda instancia. Deberá resolver si confirma la decisión de primera instancia o si admite los planteos de la Fiscalía y revoca el sobreseimiento.
El hecho que derivó en una causa penal ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 6.30, en Godoy Cruz al 2500, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre de 47 años denunció que un grupo de adolescentes intentó quitarle sus pertenencias.
La víctima pidió ayuda y la intervención de efectivos policiales frustró el robo, de acuerdo con la reconstrucción del expediente. Los adolescentes intentaron alejarse del lugar, pero fueron detenidos.
Uno de ellos, identificado bajo las iniciales M.I.A., tiene 14 años y quedó imputado por tentativa de robo. La Fiscalía sostuvo que también debía analizarse una eventual agravante por la presunta comisión del hecho en poblado y en banda.
El episodio adquirió relevancia porque ocurrió después de la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad. La defensa del adolescente cuestionó su aplicación y el planteo llegó al juzgado a cargo de De Marinis.
El 21 de septiembre, la jueza declaró inconstitucional el artículo 1.º de la Ley 27.801 para ese expediente y ordenó el sobreseimiento. En su análisis, valoró las condiciones personales y familiares del adolescente, su situación de vulnerabilidad, el alcance del hecho atribuido y que la víctima no sufrió lesiones.
La sentencia también dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer medidas de acompañamiento en los planos familiar, educativo y social.
Tras la difusión de la resolución, el juzgado aclaró que la inconstitucionalidad fue declarada únicamente para el caso concreto y que el fallo no suspendía ni anulaba la vigencia general de la legislación.
La Fiscalía pidió revocar el sobreseimiento y apartar a De Marinis
Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron la decisión. Su presentación cuestiona la interpretación constitucional utilizada en el fallo y sostiene que la jueza aplicó criterios ajenos al régimen aprobado por el Congreso.
El recurso plantea que la edad de punibilidad funciona como una regla general y que las circunstancias particulares de cada adolescente deben ser evaluadas al definir las medidas correspondientes. Para la Fiscalía, esos factores no alcanzan por sí solos para excluir la aplicación del sistema penal juvenil.
Los representantes del Ministerio Público también objetaron que la magistrada se apoyara en disposiciones de la Ley 22.278, el régimen anterior, al fundamentar el sobreseimiento.
Otro de los agravios se relaciona con los estándares internacionales de protección de niños y adolescentes. Según los fiscales, la resolución no explicó de manera suficiente por qué el nuevo sistema sería incompatible con la Constitución en este caso.
El pedido de revisión incluye el apartamiento de De Marinis y la realización de un nuevo sorteo para determinar qué magistrado deberá intervenir en la investigación si la Cámara hace lugar al planteo.
El Gobierno porteño denunció a la jueza ante el Consejo de la Magistratura
Mientras la Cámara analiza el recurso, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó una denuncia de 22 páginas contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño. La presentación fue formalizada el miércoles 23 de septiembre y solicita que se investigue un presunto mal desempeño y un posible desconocimiento inexcusable del derecho.
El Gobierno de la Ciudad sostiene que el debate excede una diferencia interpretativa sobre la ley y cuestiona el procedimiento que utilizó la jueza para dejar de aplicar la norma en el expediente.
Entre sus argumentos, la denuncia señala que la sentencia habría reemplazado una regla general aprobada por el Poder Legislativo por un criterio individual elaborado en sede judicial. También cuestiona que De Marinis hubiera interpretado que el Congreso reservó la nueva edad de imputabilidad para hechos de extrema gravedad, una excepción que no figura expresamente en la Ley 27.801.
La presentación de Tapia reprocha, además, que la resolución haya tomado la ausencia de lesiones y la falta de consumación del robo como factores para atenuar la relevancia del hecho investigado.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires deberá definir si existen elementos para abrir una investigación disciplinaria y, eventualmente, impulsar una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Los dos trámites seguirán carriles distintos. El organismo analizará la conducta funcional de la magistrada, mientras que la Cámara deberá decidir sobre la validez del sobreseimiento y el alcance de la aplicación del nuevo régimen penal al adolescente acusado.
conferencia,altavoz
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