POLITICA
La AFA hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable en su país por reportes societarios falsos
Durante los últimos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó contratos e hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable ante la Justicia de su país y que debió alcanzar un acuerdo para terminar con una demanda colectiva (“class action”) en Estados Unidos, según surge de los acuerdos contractuales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia que obtuvo , que también cotejó registros judiciales, societarios y comerciales.
Se trata de Gilad Somjen, cofundador de 24Option, una plataforma de opciones binarias que fue sponsor del club italiano de fútbol, Juventus, entre 2014 y 2019. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables en Israel de presentar reportes societarios falsos. Según la acusación, los fundadores armaron una red de sociedades offshore que, aunque registradas en el exterior, se manejaban desde Israel para evadir impuestos.
El vínculo con la AFA se formalizó el 12 de diciembre de 2025. Ese día, la entidad aceptó una oferta de Snow Media Limited, una sociedad de Irlanda del Norte controlada por Somjen, que actuaba en nombre de Trade Match Limited, una firma de Seychelles que opera la marca de trading online Hedg.com. El contrato la designó “sponsor oficial regional” de las selecciones nacionales para Medio Oriente y África, en el rubro de trading de divisas, hasta el 31 de julio de 2026.
La oferta aceptada por la entidad que preside Tapia contiene cláusulas de “compromiso ético”, antilavado, antisobornos y anticorrupción. Dentro de la número 12, su texto establece: “Se declara que el patrimonio y las fuentes económicas que permiten desarrollar el objeto del presente contrato no son fruto de actividades ilícitas u otros delitos conexos”.
La contraprestación fue de US$400.000, a pagar dentro de los siete días. Pero el dinero no debía ir a cuentas de la AFA, según surge de la documentación que obtuvo . El contrato ordenó girar US$280.000 a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Erica Gillette investigada en la Argentina y en EE.UU., y US$120.000 a CAE Services LLC, una sociedad de Wyoming. La AFA fechó las facturas para percibir esos pagos el mismo día que aceptó la oferta (12 de diciembre de 2025).
procuró consultar a Somjen, pero no respondió las consultas al cierre de esta edición. Este diario también intentó consultar a la AFA sobre el acuerdo y sobre las prácticas de “compliance” que desarrolló o debió desarrollar antes y después de negociar con Snow Media, pero tampoco respondió las consultas.
Las dos facturas que la AFA emitió a Snow Media ese mismo día repiten esas instrucciones, con cuentas en el Bank of America. Según reveló , CAE Services aparece vinculada en registros societarios de 2024 a Juan Schreiber, el empresario de Bariloche señalado por armar sociedades en Miami para desviar fondos de la AFA.
Siete meses después, el negocio se amplió. Un borrador de enmienda fechado el 14 de julio de 2026 extiende el contrato hasta el 31 de julio de 2027 y suma a Evest.com, otra marca de trading que en enero había sido anunciada como “socio oficial de trading online” de la Selección en la región. El texto le otorga exclusividad en el rubro en una región donde, según aclaró la AFA en el propio texto, la entidad que preside Tapia ya tenía otros patrocinadores de trading, como PU Prime, MiTrade y XTrend. Las cifras no coinciden entre la versión en inglés (US$450.000) y la versión en español (US$275.000).
Ese mismo 14 de julio, la AFA le facturó a Snow Media US$245.000 por el “patrocinio AFA – Hedg”. Esta vez, aunque el borrador seguía mencionando a TourProdEnter, la factura indicaba pagar a Moon Euro Management LLC, la sociedad con domicilio en Dubái que la entidad designó en junio como su “agente oficial de cobro” para todos los contratos firmados desde el 18 de mayo.
Esa factura es el primer documento al que tuvo acceso donde se lee una instrucción precisa de pago al nuevo recaudador internacional con cifra, fecha y cuenta bancaria.
En total, los acuerdos alcanzados entre AFA y Somjen alcanzaron, al menos, US$645.000 distribuidos en tres facturas emitidas por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La tercera, fechada el 14 de julio de este año, tiene la dirección de Viamonte 1366, la sede histórica de la asociación, un domicilio distinto al del municipio de Pilar que las autoridades de la casa madre del fútbol utilizaban para argumentar que no debía ser controlada por los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El historial de Somjen incluye otro capítulo en Estados Unidos con una demanda civil. Snow Media, que es la empresa a la que la AFA dirigió facturas, tuvo una vida anterior. Se llamó Cloud With Me hasta el 29 de abril de 2020, según consta en documentos societarios del Reino Unido. Bajo esa denominación, la empresa se presentaba como revendedora de servicios de nube de Google y Amazon y prometía crear una “nube descentralizada”. Pero en 2018, inversores demandaron ante un tribunal federal de Pensilvania a Cloud With Me Ltd., a Somjen y a su socio Asaf Zamir por vender valores no registrados -los tokens CLD- en una oferta que, según los demandantes, recaudó al menos US$10 millones en 2017. En enero de 2022 firmaron un acuerdo por US$165.000, que el juez Mark Hornak aprobó en julio de ese año. El fallo, cuya copia obtuvo , aclara que el acuerdo no implica admisión de responsabilidad.
Además del cambio de nombre, los registros societarios británicos exponen que Somjen figura como titular de entre el 75% y el 100% de la exCloud With Me, ahora llamada Snow Media.
En el contrato con la AFA, el empresario firmó como “director”, aunque el registro consigna como único director a un contador de Irlanda del Norte. En su perfil profesional, Somjen se presenta hoy como especialista en estrategias de marketing y patrocinio, con base en Abu Dabi, dentro del mercado que cubre el acuerdo.
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POLITICA
Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas
Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.
La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.
Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.
Anuncios y expectativas
Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.
El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.
“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.
Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.
El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.
El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.
Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.
Operativo en marcha
Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.
El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.
“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.
Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.
En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.
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POLITICA
La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018
La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.
Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.
El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.
Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.
Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.
La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.
La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.
Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.
La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.
Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.
Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.
Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.
Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.
Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.
La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.
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