Este jueves, el ex ministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Anzulovich, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. Tras concretarse la audiencia de formulación de cargos, luego de tres intentos fallidos previos, la Justicia investigará si existió un aumento patrimonial del acusado cuando formó parte del gabinete del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.

La imputación fue presentada por el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí y convalidada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien además dispuso medidas de coerción por seis meses. Anzulovich asistió en compañía de su abogado, Cristóbal Ibáñez, con actitud relajada, aunque el clima cambió al comenzar los planteos procesales.

El ex funcionario se abstuvo de declarar después de que la querella solicitara la prisión preventiva. Antes de que avanzaran con la formulación de cargos, la defensa había presentado un nuevo planteo de nulidad al cuestionar la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi.

De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, el fiscal Assat Alí y el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideraron que estos planteos formaban parte de una estrategia dilatoria. Finalmente, el juez Flores Leyes rechazó la nulidad y continuó con la audiencia.

De esta manera, el fiscal expuso que los hechos investigados corresponden al período entre 2019 y 2023, cuando Anzulovich se desempeñó en el gabinete de Rodríguez Saá como coordinador de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y luego como ministro de Desarrollo Social.

En línea con esto, indicó que en la investigación se detectó un incremento patrimonial injustificado, tras señalar que había adquirido vehículos de alta gama y realizado movimientos financieros sin trazabilidad. Además, notaron una ausencia de documentación sobre el origen de ciertos fondos.

Entre los bienes bajo análisis se encuentran vehículos de marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La pericia contable estableció un piso de $9.438.429 atribuidos a maniobras de presunto enriquecimiento ilícito, aunque no descartaron que el monto pudiera ser mayor producto de todas las operaciones detectadas.

Por este motivo, el informe pericial concluyó que el incremento patrimonial verificado no guardaría correlación con los ingresos lícitos declarados por Anzulovich, y que los egresos habrían superado ampliamente su capacidad económica declarada. Tampoco se encontró actividad económica privada que pudiera justificar dichos movimientos.

A raíz de esto, la Fiscalía solicitó, además de la apertura de la Investigación Penal Preparatoria, medidas de coerción por seis meses. Entre ellas, la firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial. Respecto a la última, Assat Alí argumentó que Anzulovich podría frustrar medidas sobre su patrimonio debido a su acceso al sistema judicial y sus contactos.

Luego de que el fiscal finalizara su exposición, la defensa del ex ministro de Desarrollo Social rechazó la imputación, tras calificar que el monto determinado por la pericia sería “irrisorio”. Al mismo tiempo que negó la existencia del delito, Ibáñez cuestionó la validez del informe patrimonial y denunció que varios profesionales se negaron a intervenir por temor a represalias.

En este sentido, el otro defensor de Anzulovich, Nedo Gómez, calificó las medidas de coerción como “abusivas y estigmatizantes”. De la misma forma, señaló el impacto que el proceso judicial tendría sobre la imagen pública del ex funcionario.

El juez Flores Leyes declaró la causa como compleja, por este motivo, resolvió extender el plazo de investigación a seis meses. Sin embargo, ordenó la firma mensual, prohibió la salida de la provincia e impuso la inhibición general de bienes del ex ministro, tras alegar a la existencia de un posible daño al patrimonio del Estado, dada la naturaleza del delito investigado.

Sin embargo, rechazó la prisión preventiva y la suspensión de sus funciones judiciales, tras argumentar que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios. Asimismo, consideró que la suspensión afectaría su derecho al sustento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una demanda por daños ambientales presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra un amplio grupo de empresas petroleras que operan en Vaca Muerta, en Neuquén.

El fallo, firmado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los conjueces Silvina Andalaf Casiello (Rosario), Rocío Alcalá (Resistencia) y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Salta), puso fin a un proceso judicial que se inició en 2004.

ASSUPA reclamaba que se ordenara a las compañías la recomposición de los daños ambientales generados por sus actividades en la Cuenca Neuquina, específicamente en el suelo, el aire y los cursos de agua. La asociación sostenía que existían áreas deforestadas, aperturas de caminos, zanjas y canteras que habían provocado un proceso de desertificación y perjuicios al ambiente.

Entre las empresas demandadas figuraban YPF S.A., Chevron San Jorge S.R.L., Pan American Energy LLC, Total Austral S.A., Pluspetrol, Wintershall Energía, Astra, Capex y Pecom Energía.

También Hidrocarburos del Neuquén S.A., CAPEX S.A., Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), Ingeniería SIMA S.A. y Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Por el tipo de causa, el caso involucró, además, al Estado Nacional (Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y Secretaría de Energía); a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

La Corte Suprema rechazó la pretensión al considerar que ASSUPA no logró acreditar los extremos necesarios para que el caso tramitara en la instancia originaria del máximo tribunal.

Es decir, para los jueces la organización no probó qué suelos o tramos de cursos de agua estarían contaminados, ni de qué manera se habría producido la contaminación dentro y fuera de cada área de concesión.

El tribunal señaló además la vaguedad e imprecisión de las afirmaciones de la demandante, a quien en reiteradas oportunidades durante el trámite se le había advertido sobre esa deficiencia. La Corte entendió que ASSUPA pretendía utilizar la etapa probatoria como una investigación general para determinar si existían daños y a quién correspondía atribuirlos, en lugar de presentar pruebas concretas sobre hechos ya identificados.

El fallo recordó que la demandante había sido instada a presentar estudios ambientales como prueba o alguna evidencia que demuestre “la verosímil afectación”. Sin embargo, ASSUPA se limitó a sostener que “todos los suelos adyacentes a todos y cada uno de los pozos y locaciones, todas las aguas superficiales y subterráneas y el aire –existentes en la Cuenca Neuquina– estarían contaminados con algunas de las sustancias que utilizarían las demandadas en su actividad, sin precisar en forma circunstanciada, como le resultaba exigible, qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados, y, en su caso, de qué modo se produciría la contaminación dentro y fuera del área de concesión de cada empresa”.

“Tampoco dimensionó la magnitud y gravedad de las alteraciones presuntamente producidas”, agregó la sentencia.

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Para la Corte, “la estrategia asumida por la asociación demandante consistente en asociar el daño ambiental a la actividad hidrocarburífera en general, o de recurrir a la simple operación aritmética de sumar los pozos y superficies explotadas por cada empresa y agruparlas sobre la base de su sola condición de explotadores de petróleo».

La decisión cierra un litigio que se extendió por años y que había sido objeto de múltiples intervenciones de la Corte. Al rechazar la demanda por falta de acreditación probatoria, la Corte Suprema reiteró que las acciones ambientales de alcance interjurisdiccional deben sustentarse en elementos concretos que permitan identificar con precisión los daños alegados y su vinculación con las actividades de cada demandado.

Vaca Muerta, Corte Suprema de Justicia, YPF

Mientras los partidos políticos comienzan a bosquejar sus estrategias de campaña de cara a las elecciones presidenciales 2027, Pedro Rosemblat descartó ser candidato. No obstante, llamó a promover una interna dentro del peronismo.

Luego de que en los comicios pasados su campaña para asumir el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedara trunca, el creador del canal de streaming Gelatina confirmó que no volverá a postularse. “Estoy en otra construcción”, destacó sobre sus planes de continuar con su desarrollo en los medios.

“En ese momento no me dio. No me dio la espalda y la capacidad de articulación”, reflexionó el comunicador sobre las falencias políticas que detectó sobre su participación electoral. Asimismo, consideró que “para construir una fuerza política hay que dedicarle tu vida entera y tus días enteros”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio por A24, el conductor de streaming se sinceró: “Tampoco estoy convencido de que sería un buen candidato o de que la candidatura está tan subordinada a la comunicación. Ponele que podría llegar a hilar un discurso, pero no creo que podría ser un buen dirigente mañana a mis treinta y siete”.

A pesar de no estar dispuesto a candidatearse, Rosemblat se identificó como peronista, en lugar de definirse como kircherista. “Creo que el kirchnerismo es una etapa. Nosotros somos peronistas. Cristina Kirchner no es kirchnerista, es peronista. El kirchnerismo se entiende como la etapa del siglo XXI en la que el peronismo gobernó la Argentina”, profundizó.

“Nosotros soñamos con la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, amplió el empresario, para luego reconocer que, como espacio político, una de sus grandes dificultades se anclaría a la construcción de “un proyecto político que le mejore la vida” tanto al obrero como al trabajador moderno.

Así, no tuvo miedo de meterse de lleno en la interna que atraviesa actualmente al Partido Justicialista (PJ). “Ese es el gran problema. Más allá de si Axel menciona a Cristina, si no menciona a Cristina. Si dice Cristina libre, si no lo dice”, apuntó, tras reconocer que esa discusión no le generaba interés.

“Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”, confesó Rosemblat al plantear que el peronismo tendría que celebrar una interna. Y continuó: “Deseo de todo corazón que haya una interna del peronismo o una interna partidaria o una PASO. Prefiero que sea una PASO para que no haya suspicacias”.

No obstante, al ser consultado sobre la condena a la ex presidenta por corrupción en la causa Vialidad, el comunicador sostuvo que la Justicia no logró probar la culpabilidad de la titular del PJ Nacional en el juicio. “Cristina está condenada por una causa, en donde no hay una prueba directa”, acusó al indicar que no se demostró que hubo un sobreprecio aplicado, ni que la ex mandataria “dio la orden”.

“Si aplicamos esos criterios al resto de los presidentes de la democracia, tienen que estar todos presos”, criticó el conductor al hacer referencia a la sentencia judicial. A pesar de esto, consideró que se puso en juego un “criterio político”, que habría afectado al sistema democrático.

Por otro lado, el comunicador consideró que el actual clima de polarización y confrontación política “agota” a la sociedad. En este sentido, planteó que la intensidad del debate público solo resulta sostenible para quienes, como él, se consideran “muy intensos” o “sobreideologizados”, pero que la mayoría de los argentinos no desea verse obligada a tomar partido de manera fanática en cada discusión.

Al hacer referencia a los ataques del presidente Javier Milei contra los periodistas, Rosemblat manifestó que creía estar dentro del 95% de los odiados por el jefe de Estado. Asimismo, recordó el hostigamiento que también sufrió su pareja, la cantante Lali Espósito, en redes sociales.

“Yo me volví loco. Ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei dijo por primera vez ‘Lali Depósito’, yo estaba en La Boca. Vuelvo a casa manejando nervioso, llego a casa y ella estaba tomando un vino tranquilísima diciendo: ‘Che, que locura todo esto’”, rememoró, tras manifestar su admiración por ella.

Al mismo tiempo que consideró que “al Gobierno le salió mal y no pudieron instalar esa idea”, el empresario destacó que Lali “está muy segura de quién es, muy convencida de quién es, entonces esa bala no le entra”.

De la misma manera, planteó que uno de los motivos por los que no funcionó la campaña negativa fue porque “ella tiene fanáticos y fanáticas, gente que la sigue y que la quiere hace muchos años, porque ella trabaja desde que tiene diez”. A la vez que señaló que parte de ese cariño también lo recibió “casi que por derrame”, confesó que su deseo es “compartir la vida con ella”.