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La Cámara Federal dilata una definición sobre el pedido del financista Elías Piccirillo para quedar en libertad

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El financista Elías Piccirillo, procesado con prisión preventiva en una causa que lo investiga por montar un falso operativo policial, ingresó este mediodía en una zona gris.

Su pedido para quedar en libertad o, en su defecto, cambiar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, formulado el martes ante la Cámara Federal en plena feria judicial, no fue resuelto aún y se abren interrogantes respecto de quién deberá resolverlo.

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Quienes escucharon al financista y a sus abogados en la audiencia del martes fueron los jueces Mariano Llorens y Roberto Boico, que integran la sala de feria. Según pudo averiguar este medio de fuentes al tanto del expediente, el primero emitió su voto el día posterior a la audiencia, pero el segundo todavía no se expresó.

Piccirillo y sus abogados ante Boico y Llorens

Si Boico votara en disidencia con su colega durante el día, antes de que finalice la feria judicial de invierno, la Cámara deberá convocar al camarista Roberto Hornos, del fuero penal económico, para zanjar esa diferencia.

En cambio, si el planteo se resuelve la semana que viene, con el regreso de la actividad judicial ordinaria, la decisión podría quedar en manos de los jueces de la Sala II, Boico y Eduardo Farah.

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Pero como Farah no estuvo en la audiencia del martes, existen dudas sobre si deberá resolver la Sala II o la de feria, con Llorens.

En estos casos, los plazos indican que el tribunal debe resolver una vez finalizada la audiencia, aunque los usos en los tribunales otorgan algunas horas más para la deliberación, y en “casos complejos”, un máximo de cinco días.

El reloj comenzó a correr el mediodía del martes, cuando se celebró la audiencia en la que Piccirillo y sus abogados solicitaron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, autorización para cumplirla en un departamento de Núñez, en lugar de la vivienda de Banfield en la que se encuentra actualmente.

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Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, en los tribunales de Comodoro PyRicardo Pristupluk

Los letrados de Piccirillo, Alejandro Montiel y Fernando Diez, insistieron el martes ante los camaristas en que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.

Sobre Piccirillo pesa una grave imputación que combina privación ilegítima de la libertad, cohecho, transporte de estupefacientes y tenencia de armas, entre otros delitos. Está acusado de haber montado, a través de un expolicía y agentes de la Policía de la Ciudad, un procedimiento falso contra su exsocio Francisco Hauque, a quien supuestamente le debía cerca de seis millones de dólares.

El pedido formal que hizo Piccirrilo ante las autoridades judiciales es el cese de la prisión domiciliaria pero, como alternativa, pidió una modificación del lugar de cumplimiento de la domiciliaria para mudarse a Núñez.

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La última parte de esa solicitud abrió una discusión en los tribunales: si los jueces que finalmente intervengan están habilitados para considerar una alternativa más gravosa, como el traslado de Piccirillo a una cárcel común.




formulado el martes ante la Cámara Federal,Conforme a

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Milei cerró la Argentina Week con un cóctel en un exclusivo salón de la Torre Eiffel

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En un exclusivo salón ubicado en el primer piso de la mítica Torre Eiffel, el presidente Javier Milei cerró este viernes la Argentina Week de París con un cóctel rodeado por empresarios, gobernadores y funcionarios. El acto incluyó música, comida y un breve discurso del mandatario, quien aseguró que fueron “jornadas espectaculares”.

En su último día en Francia, y luego de haber recibido una distinción del Foro Económico de París, Milei se acercó a la histórica torre situada frente al Río Sena para darle un cierre al evento que inició el miércoles y que, según el Gobierno, contó con los anuncios de inversión en la Argentina por parte de empresas por un monto de US$27.000 millones.

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La llegada de Milei

“Quiero agradecer a los participantes y organizadores del Argentina Week París. También quiero agradecer a las autoridades francesas y al presidente [Emmanuel] Macron por la hospitalidad que nos brindaron”, expresó Milei.

Quirno encabeza la selfie mientras Milei saluda a los invitadosRedacción

El cóctel inició a las 19 hora local (16 de Argentina), duró cerca de tres horas y contó con un bandejeo austero, con comida y vino y jugo de naranja como bebidas. Además, una orquesta lírica -que trabajó ad honorem- llenó de música el ambiente y tocó el himno.

Milei, junto a De NarváezRedacción

En su llegada, el mandatario fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte de su Gabinete, entre ellos, el canciller, Pablo Quirno, y los ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, que estaban esperándolo.

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También estuvieron el secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Sturzenegger, junto a Frigerio, charlando con invitadosRedacción

Luego, saludó al resto de los invitados, uno por uno. Entre los gobernadores estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).

Del lado empresario, en tanto, participaron Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía; Francisco de Narváez, presidente del Grupo de Narvaéz; Federico Ovejero, vocero de Roche; Marisa Brisher, CEO de Biglobal; Diego Sucalesta, presidente de PromArgentina y Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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Milei, con MindlinRedacción

“Fueron unas jornadas espectaculares donde pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país. Creemos que Argentina se encuentra frente un cambio de página respecto de sus 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte. Argentina se dirige a paso a firme hacia el futuro”, manifestó Milei.

La orquestaRedacción

Y añadió: “No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos. Porque queremos atraer inversiones, potenciar el talento argentino, conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida todos nuestros ciudadanos”, cerró el Presidente, no sin antes lanzar, como es habitual, su arenga “¡Viva la libertad carajo!“.

Diego Sucalesca y Martín RapalliniRedacción

Tras el evento, la comitiva se marchó y ya emprendió su regreso a Buenos Aires. El arribo a la Aeroestación Militar de Aeroparque está estipulado para este sábado a las 10.

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La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas

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La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.

El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.

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Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.

Adorni dijo que ganó casi US$600.000 dólares con criptos y guardó el efectivo en su domicilio. (Foto: Instagram/@madorni)

La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.

En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.

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En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.

En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Las nuevas pruebas que pide la fiscalía

Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

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El Fiscal Pollicita, que investiga a Adorni. /Foto:  ahora.com
El Fiscal Pollicita, que investiga a Adorni. /Foto: ahora.com

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.

Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.

Ante los empresarios de IDEA, Luis Caputo prometió una reforma tributaria para 2031

El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.

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Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.

Manuel Adorni, bitcoins

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Murió el juez Augusto Belluscio, el último de los integrantes de la Corte del regreso a la democracia

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A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.

Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.

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Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.

Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.

Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.

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Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.

Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.

Augusto BelluscioFABIAN MARELLI

Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.

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Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.

Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.

Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.

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Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.

Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.

Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.

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Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.

Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.

“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.

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En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.

En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.

En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.

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Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.

El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.

El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.

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En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.

En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.

En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.

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Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.

Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.

Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.

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En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.

El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.

Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.

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Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.

En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.

Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.

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La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.

Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.




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