La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.

Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.

Se prevé que el kirchnerismo pierda poder, pues perderá integrantes y el oficialismo sumará al menos un legislador.

Un sector de los abogados, que lidera el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y reúne a diversas agrupaciones, incluida la del empresario y operador judicial Daniel Angelici, aspira a sumar un consejero más que ahora.

Y los jueces ahora elegirán representantes entre cuatro listas, y no las tres listas tradicionales, producto de la escisión de la lista Celeste, la más cercana al peronismo, lo que deja la incógnita acerca de si ese sector podrá sumar un consejero, como ahora, o si lo perderá a manos de la lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados que es mayoritaria.

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.

Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados y el 8 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros jueces.

Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.

Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.

Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.

La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno.

Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.

Los abogados de esta lista insisten en que su rol es en defensa de la abogacía y se muestran separados de las agrupaciones políticas y de eventuales alianzas internas en el Consejo de la Magistratura en caso de ser electos. Hablan del debilitamiento de los partidos.

La lista tiene fuerte presencia federal y “colegial” por los representantes de Colegios de Abogados del interior del país. La segunda de la lista es Claudia Sarmiento, exsecretaria de Relaciones Institucionales del gobierno de San Juan, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre.

Completan Nazario Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, de la Caja Forense de Mendoza. Entre los suplentes, Carlos Mas Vélez, de la UCR porteña, y Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. En la lista está la influencia de Angelici a través del radicalismo porteño y la política colegial.

Llevan como premisa imponer cambios en el reglamento de selección de jueces, buscando idoneidad e igualdad para que los abogados puedan acceder a la magistratura; buscan la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas como consejeros y el acceso a la formación judicial.

Hoy cuentan con dos abogados en el Consejo (De la Torre y Maques) pero aspiran a colocar a un tercer abogado. Depende de la cantidad de votos que obtenga la lista en cargos que se reparten por sistema D’Hondt.

Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.

Allí pesan un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.

Postulan a Sandra París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, exdiputada bonaerense y exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial. También van Eduardo Awad, expresidente del Colegio Público porteño, y Myriam Londero, de Córdoba.

Son los sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.

Segundo está Jorge Rizzo, expresidente durante décadas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal e integrante del Consejo de la Magistratura porteño.

La lista la completan Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.

El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.

Sus rivales lo chicanean con que es más político que abogado, dado su rol en Vicente López.

Palomino es un hombre de Sebastián Pareja, diputado y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

Segunda irá Valeria Fredes, exvicepresidenta ejecutiva del INTI. Le siguen Martín Buscemi, de San Rafael, y Alicia Colazo, matriculada en la Cámara Federal de Rosario. Entre los suplentes hay funcionarios y exapoderados del partido.

La política, así, muestra su fragmentación: el peronismo y el radicalismo quedaron distribuidos entre listas distintas y LLA decidió competir por su cuenta.

En este escenario es posible que los abogados del sector donde incide Angelici puedan sumar un consejero más que hasta ahora y es incierta la política de alianzas, pero será caso por caso, y más cerca de los jueces que del oficialismo.

Los jueces

Por el lado de los jueces, hoy esas bancas están en manos del presidente de la Cámara de Casación de la Lista Bordó, Diego Barroetaveña; el camarista de San Martín Alberto Lugones, de la lista Celeste; Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial; y Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó.

Entre los jueces, las elecciones se realizarán entre cuatro listas, otra situación inédita que abre interrogantes. La oficialista Lista Bordó logró dejar de lado las diferencias que dominaron los últimos meses antes del cierre de candidaturas.

La Bordó, dueña de dos de las cuatro bancas, lleva como primer candidato a Marcelo Gallo Tagle, un juez civil que ya fue presidente de la Asociación. Le sigue Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia.

La Lista Celeste, que representa al ala más cercana al peronismo y que hoy tiene al juez Lugones como consejero, llega partida en dos a las elecciones.

El camarista Walter Venditti, del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, llevarán el nombre de Lista Celeste, con el respaldo de Lugones, junto a sus socios históricos, Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola.

El otro sector peronista más progresista lleva a la jueza Gabriela Vázquez, camarista del Trabajo y expresidenta del propio Consejo, y al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

El sector, más identificado con el kirchnerismo, reunió alrededor de 150 jueces en una asamblea el 12 de agosto para exigir que los candidatos se definieran por voto y no a dedo.

Armaron su propia lista y aspiran a llevarse los votos tradicionales de toda la lista Celeste. Aunque la particularidad de que este sector de los jueces llegue dividido alienta las esperanzas de la Lista Bordó de colocar a un tercer consejero.

Finalmente, Compromiso Judicial es la cuarta agrupación, que se define por su perfil profesional y sin alineamiento ideológico y ocupa una banca a través de Alejandra Provítola. La lista postula a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero y ex onsejero, y a la camarista del fuero Criminal y Correccional Laiño.

En 2022, la Bordó obtuvo 286 votos; la Celeste, 230, y Compromiso Judicial, 163. La división de la Celeste podría costarle su única banca.

Los legisladores

Las ocho bancas legislativas del Consejo no se votan, sino que las designan los presidentes de cada cámara a propuesta de los bloques. En los papeles, deberían respetar la representación parlamentaria, con dos lugares para el bloque mayoritario y uno para la primera y la segunda minoría, pero los bloques arman alianzas de último minuto que pueden alterar ese reparto.

Hoy, el peronismo tiene dos diputados en el Consejo, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, porque esa distribución todavía refleja el Congreso anterior.

Pero, en 2025, La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso en Diputados, así que los dos de la mayoría cambian de manos y al peronismo le quedaría, en el mejor de los casos, un lugar de minoría.

En el Senado, LLA y el bloque Justicialista de José Mayans están empatados en 21 integrantes. El peronismo reclama con aliados la primera minoría y el oficialismo hace lo propio.

Es una disputa que puede terminar judicializada, porque el peronismo busca retener sus dos consejeros. Aun si el peronismo retiene la dupla, hay una interna por los cargos: la senadora Anabel Fernández Sagasti no reúne aún consenso interno y Mariano Recalde busca ese lugar.

Así, el peronismo podría perder al menos un representante por el Congreso y otro por la lista Celeste, también está en riesgo por la división interna.

La Libertad Avanza, por el contrario, buscará sumar compañeros para su único representante legislativo, Gonzalo Roca. Las designaciones de legisladores se completarán el 18 de noviembre.

El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.

Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.

“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.

Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.

El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.

No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.

Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.

El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.

Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.

Sistema en tensión

“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.

La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .

Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.

Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.

“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.

En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.

A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.

La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.

“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.

Promesa

El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.

Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.

Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.

Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.

Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.