San Matías Pipeline (SMP) comenzó las tareas de soldadura de los caños destinados a la construcción del gasoducto dedicado a la exportación de GNL que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. El nuevo hito marca el avance de la obra hacia una nueva etapa, luego del traslado y distribución de las cañerías desde el Puerto de San Antonio Este hacia los distintos puntos de la traza.

Los trabajos fueron visitados este sábado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy (SESA), el consorcio de empresas integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

La primera soldadura se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223, en las inmediaciones del cruce con el río Negro. El proceso utiliza tecnología automática que se desarrolla en dos etapas, una interna y otra externa. La utilización de estos sistemas permite avanzar con la unión de los tubos de 36 pulgadas de diámetro que conformarán el ducto. A lo largo de toda la traza se estima que se realizarán aproximadamente 39.334 soldaduras completas.

Consolidación de un proyecto

“El comienzo de estos trabajos en los plazos previstos consolida nuestro desafío de conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL, posicionando a la Argentina como un proveedor clave de energía confiable para el mundo”, dijo Freyre.

Por su parte, el gobernador Weretilneck destacó: “Con el inicio de las soldaduras de este gasoducto damos otro paso concreto para conectar Vaca Muerta con nuestra costa y llevar la energía argentina al mundo. Esta transformación ya se ve en el puerto, en el movimiento de los caños y en los frentes de obra. Llegar hasta acá requirió planificación, trabajo conjunto y una Provincia que ofrece previsibilidad, seguridad jurídica y cumple sus compromisos”.

Junto con los avances en su construcción, el proyecto impulsa la actividad económica y el empleo local. Hasta el momento, San Matías Pipeline contrató 170 empleados y 98 proveedores rionegrinos para el suministro de bienes y la prestación de servicios vinculados; entre ellos, transporte, provisión de herramientas, ropa de trabajo, servicios para campamentos y prestaciones de salud. Las compras a proveedores en esta parte del proyecto ascienden a $43.790 millones.

Consorcio multiempresario

San Matías Pipeline (SMP) es un consorcio conformado por las mismas empresas y participaciones que SESA. El gasoducto contempla la utilización de aproximadamente 40.000 caños de unos 12 metros de longitud cada uno, para una extensión total de 472 kilómetros y con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día. La construcción del gasoducto demandará una inversión estimada de USD 1.300 millones y se prevé que esté finalizada hacia mediados de 2028.

Para financiar su construcción, SMP concretó un préstamo sindicado por USD 900 millones, bajo la modalidad Project Finance, estructurado por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, quienes integran el sindicato de bancos conjuntamente con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. La operación, acordada a siete años de plazo y con tres de gracia, permitirá financiar cerca del 70% de la inversión prevista; el monto restante será cubierto mediante aportes de capital de las compañías accionistas.

El proveedor de los caños de SMP es la empresa india Welspun. La contratista principal, el consorcio UT SICIM-Víctor Contreras.

El gasoducto se integra al proyecto de Southern Energy, que apunta a posicionar a la Argentina como nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL. Los dos buques de licuefacción que el consorcio instalará en Río Negro, “Hilli Episeyo” y “Esperanza”, comenzarán a operar en 2027 y 2028 respectivamente y tendrán una capacidad de producción conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL. SESA prevé inversiones superiores a USD 15.000 millones a lo largo de 20 años y exportaciones por USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.

La industria nacional de maquinaria agrícola atraviesa uno de sus momentos más difíciles en años. Tres de las empresas más reconocidas del país —Pauny, Metalfor y Vassalli— acumulan deudas millonarias, atrasos salariales y producción reducida, en un mercado que desde abril de 2025 enfrenta además la competencia de equipos importados, tanto nuevos como usados. En el sector, la ecuación se repite: mientras los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras prácticamente no crecen, los fabricantes locales pierden terreno frente a una oferta externa que llega a precios que la producción doméstica no logra igualar.

Los números de octubre reflejan parte de esa parálisis. Según la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante ese mes se registraron 551 patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, una baja del 0,5% frente a las 554 unidades de octubre de 2025. El acumulado de los diez primeros meses del año llegó a 5.649 unidades, un 0,7% menos que las 5.689 del mismo período del año anterior. El mercado, en términos agregados, está estancado.

Al interior de ese número plano conviven tendencias dispares. Los tractores sumaron 441 patentamientos en octubre, una suba del 3,3% interanual, mientras que las cosechadoras registraron 66 unidades, con un alza del 1,5% respecto de igual mes de 2025. Las pulverizadoras, en cambio, cayeron con fuerza: 44 unidades patentadas en octubre representan una baja del 29% frente a las 62 de octubre del año pasado, el retroceso más pronunciado del mes dentro del sector.

Metalfor pidió su concurso preventivo

El caso más reciente es el de Metalfor. La fabricante de maquinaria agrícola con sede en Marcos Juárez, Córdoba, solicitó la apertura de su concurso preventivo, según confirmó la propia compañía mediante un comunicado oficial. La decisión apunta a ordenar sus obligaciones financieras dentro del marco legal y proteger la continuidad operativa de una empresa que arrastra meses de deterioro acelerado.

Al momento de la presentación, Metalfor mantenía deudas con 23 entidades bancarias por $ 52.000 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De ese total, aproximadamente $ 22.000 millones se ubicaban en categorías de seguimiento especial a alto riesgo de insolvencia. Además, la firma registraba 558 cheques rechazados por $ 5.348 millones, de los cuales había cancelado apenas el 11%. Sus plantas en Marcos Juárez y en el estado brasileño de Paraná operaban al 50% de la capacidad instalada.

En julio de 2026, antes de la presentación concursal, la compañía ya había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de salarios a sus 600 empleados directos. A fines de 2025, Metalfor había recibido un préstamo de USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, en el marco de la reactivación del vínculo financiero bilateral. El crédito, a ocho años de plazo con dos de gracia, no logró frenar la espiral de deterioro.

Pauny: trabajadores tomaron las plantas en Córdoba y en Santiago del Estero

Este miércoles la crisis de Pauny escaló. Los trabajadores de la planta principal en Las Varillas, Córdoba, decidieron en asamblea hacer retención de tareas y permanecen en el establecimiento con un cartel que dice “Fábrica tomada”. En La Banda, Santiago del Estero, donde se fabrican las autopartes que luego se ensamblan en Córdoba, medio centenar de operarios ocuparon las instalaciones en las primeras horas del día y advirtieron que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta de la compañía. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Francisco, aclararon que se trata de una retención de tareas y no de una toma formal.

El reclamo es el mismo en los dos establecimientos: la empresa adeuda dos meses de salarios a sus más de 450 empleados, y no tiene al día la obra social ni la ART. Los trabajadores señalan que los problemas en el cobro de haberes se arrastran desde hace un año y medio, pero que la situación se agudizó en las últimas semanas. La decisión llegó luego de varias audiencias infructuosas entre representantes de la empresa y la delegación sindical, en las que no hubo ningún compromiso concreto de pago.

La fabricante —que en su sitio web afirma producir seis de cada diez tractores que circulan en el país— acumula 146 cheques rechazados por $ 1.028,4 millones en la Central de Deudores del BCRA. A partir de septiembre, la planta redujo su actividad a tres días semanales. Entre las opciones que se estudian figuran la incorporación de un grupo inversor, un concurso preventivo o una inyección de capital externo, sin que se descarte una venta total o parcial de la compañía.

Fuentes del gobierno provincial de Córdoba apuntaron a dos factores para explicar la crisis: la apertura de importaciones, que facilitó el ingreso de tractores de origen chino a precios que la industria local no puede igualar, y un problema de capital de trabajo que impide cumplir compromisos pese a tener pedidos en cartera. “Aunque menor, todavía tienen mercado, tienen tractores para entregar”, indicaron esas fuentes, citadas por Infobae.

Vassalli busca recuperar su actividad

La historia de Vassalli agrega otro capítulo a este panorama. La fabricante de cosechadoras de Firmat, Santa Fe, fundada en 1949 por Roque Vassalli, fue durante décadas uno de los símbolos de la industria metalmecánica argentina: llegó a producir alrededor de 1.000 cosechadoras por año en su mejor época. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por sucesivas crisis, cambios de propietarios y dificultades para sostener una estructura industrial competitiva frente a los grandes fabricantes internacionales.

La debacle más reciente se profundizó a partir de 2023, cuando la sequía, la falta de financiamiento, la inestabilidad cambiaria y la inflación deprimieron el mercado. La empresa llegó a suspender la toma de nuevos pedidos para poder cumplir con los compromisos asumidos. En 2024, la familia Marsó adquirió la compañía con la promesa de reactivar la producción, pero el intento naufragó. Durante 2025 comenzaron los atrasos salariales, los proveedores suspendieron entregas y hacia fines de ese año la planta quedó paralizada.

A comienzos de junio de 2026, Vassalli acumulaba 869 cheques rechazados por aproximadamente $ 1.337 millones, además de obligaciones incumplidas con trabajadores y proveedores. La salida de la familia Marsó y el ingreso de un grupo empresario encabezado por Roberto Santiago Chinelli se formalizaron a fines de agosto mediante una operación por un valor simbólico de un dólar, con el compromiso de asumir los pasivos y trabajar en la recuperación de la fábrica. Durante octubre aparecieron algunas señales de reactivación, con fabricación de equipos y ampliación de jornadas para parte del personal, aunque el proceso todavía debe demostrar que puede sostenerse.

El registro de ACARA no permite hablar de una recuperación comercial consolidada: entre enero y octubre, Vassalli patentó apenas una cosechadora, frente a las once del mismo período del año anterior, una caída del 90,9%. La comparación es, en parte, anecdótica —la empresa atravesó una paralización prácticamente total y un cambio de propietarios—, pero los patentamientos actuales no reflejan lo que podría ocurrir si consigue recuperar la producción.

Crece la importación de maquinaria nueva

La presión de la competencia externa no es uniforme en todos los segmentos, pero en tractores es donde más se siente. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -correspondientes al segundo trimestre de 2026- de las 1.467 unidades de tractores vendidas en ese período, 419 fueron importadas, lo que representa el 28,6% del total. En términos de facturación, los tractores importados explicaron el 34,9% de los ingresos del segmento: $ 88.637,9 millones de un total de $ 253.938,5 millones. El precio promedio de un tractor importado fue de $ 211.546,4 miles, frente a $ 157.729,5 miles de uno nacional. Mientras las unidades importadas crecieron un 31,3% interanual, las nacionales cayeron un 34,2 por ciento.

En cosechadoras, el cuadro es distinto. De las 229 unidades vendidas en el segundo trimestre, 36 fueron importadas (15,7% del total), con una caída interanual del 45,5% frente al retroceso del 15,4% de las nacionales. En implementos, en cambio, los importados crecieron un 18,2% interanual, con una participación del 14,6% en unidades y del 30,6% en facturación. El INDEC no desagrega la venta de sembradoras entre origen nacional e importado por resguardo del secreto estadístico: en el segundo trimestre se vendieron 616 unidades, con una facturación de $ 175.210,2 millones.

La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales (AFAT) reconoció que el ingreso de tractores asiáticos “es un fenómeno que seguimos de cerca y que nos preocupa desde lo comercial”, aunque aclaró que actualmente no cuenta con estadísticas que permitan cuantificar su participación real en el mercado.

AFAT también introdujo un argumento que va más allá del precio: la disponibilidad de repuestos, el servicio de posventa y el respaldo al productor durante toda la vida útil de la máquina también forman parte de la ecuación competitiva, y son variables en las que la industria nacional busca diferenciarse.

La importación de maquinaria usada también presiona al mercado

A la competencia de los equipos importados nuevos se suma un vector adicional. El Decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial en abril de 2025, eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito previo para el ingreso de maquinaria usada al país y lo reemplazó por una declaración jurada a cargo del importador. La medida fue presentada como una herramienta para reducir costos de producción y facilitar la renovación del parque de maquinaria agrícola.

El impacto fue inmediato. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingreso de maquinaria agrícola usada a través del puerto de Zárate registró un crecimiento superior al 250% en los primeros 10 meses de 2026: 214 equipos ingresaron al país en ese período, frente a los 61 inspeccionados en el mismo lapso de 2025, una diferencia de 153 unidades. Los equipos llegaron principalmente desde Estados Unidos y la Unión Europea y debieron cumplir con controles fitosanitarios y de limpieza antes de su liberación.

En términos absolutos, el volumen de maquinaria usada importada todavía es reducido en comparación con la venta mensual de maquinaria patentable, pero la tendencia al alza plantea interrogantes sobre su incidencia futura en un mercado donde los fabricantes nacionales ya enfrentan dificultades para competir en precio.

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El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, dos organizaciones ambientalistas que siguen con particular interés lo que ocurre en el Mar Argentino, lanzaron una plataforma de información sobre las embarcaciones pesqueras argentinas, con el objetivo “visibilizar” la necesidad de “contar con un registro nacional oficial, completo y actualizado”.

La información puede verse en el sitio e incluye datos sobre embarcaciones, propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas e historial de sanciones, cuando las hay.

El registro, señalaron ambas organizaciones, permite acceder a información “que el Estado se niega a publicar” y busca “contribuir a la transparencia de una actividad estratégica para el país y poner en evidencia una deuda pendiente: aunque la Subsecretaría de Pesca recopila y administra estos datos, Argentina todavía no cuenta con un registro nacional oficial, integral y actualizado de consulta pública en línea”.

Por caso, el registro informa que según la información a la que las ONGs pudieron acceder hay actualmente operando en el Mar Argentino 520 buques registrados, de los cuales 80 (15,4%) son “poteros”, autorizados exclusivamente para pescar calamar, 86 son buques “tangoneros”, con autorización exclusiva para capturar langostino, y 162 (32% del total) cuentan con “cuota individual y transferible de captura” (CITC) de merluza común. Esas tres especies explicaron en 2025 más del 85% de los poco más de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras de la Argentina.

Por especie y por tipo

Otro tipo de división sobre las características de las embarcaciones precisa que 270 de las mismas (52% del total) son buques “fresqueros”, aquellos cuya captura es a posteriori procesada en plantas terrestres, mientras 204 (39%) con “congeladores”, aquellos con plante de congelamiento y a menudo de procesamiento (por caso, fileteado) a bordo, lo que le permite “mareas” (salidas) de pesca más largas y más alejadas de la costa. Unos 7 buques son de tipo “mixto” y sobre otros 39 (8% del total) las organizaciones no pudieron acceder a información por parte del estado argentino.

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Los buques congeladores, con más de 100 metros de eslora, son los más grandes de la flota. En promedio, precisa el registro, la flota autorizada a pescar en la Zona Económica Exclusiva conocida como “Mar Argentino” tiene 36,5 metros de eslora, que surge desde pequeñas embarcaciones de pesca casi artesanal, de 9,6 metros, hasta “buques factoría” o congeladores de casi 113 metros.

Esta información es necesaria e importante, dicen CPA y SANHV, y afirman que la Argentina “es hoy una excepción en la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros países latinoamericanos cuentan con registros públicos en línea sobre sus flotas pesqueras. En nuestro país, acceder a esa información requiere presentar pedidos formales de acceso a la información pública que no siempre son respondidos en tiempo y forma

La falta de transparencia, subrayan, tiene consecuencias concretas: dificulta detectar vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal e impide que la ciudadanía, la prensa y la academia puedan hacer seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción.

Acceso (limitado) a la información pública

La plataforma se construyó a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información, un mecanismo con límites: respuestas parciales, demoras y datos que se desactualizan. “Es una demostración de que si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada”, señalaron.

“Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control. Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar” enfatizó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota

Juan Coustet (Sin Azul No Hay Verde)

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“Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quiénes se benefician con esta opacidad?” sostuvo por su parte Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.

Las organizaciones recordaron que en la Cámara de Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de ley Expediente 2585-D-2026, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para que los datos del Registro de la Pesca sean de acceso público, en formatos abiertos y con actualización periódica. “El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, afirmó Bilbao.

Ambas organizaciones remarcaron que la plataforma no pretende reemplazar las funciones del Estado, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante sobre la flota pesquera, buscando forzar que las autoridades nacionales asuman esa responsabilidad creando y manteniendo un registro oficial, público, completo, actualizado y de acceso permanente.