POLITICA
La Corte Suprema decidirá si Gildo Insfrán puede ir por un noveno mandato como gobernador
La Corte Suprema de Justicia intervendrá para decidir si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, puede ir por un noveno mandato al frente de la provincia.
Insfrán lleva 30 años y ocho meses en el poder y 39 en el Poder Ejecutivo local, pues antes fue vicegobernador. Un récord absoluto para la Argentina.
El máximo tribunal declaró hoy su competencia originaria para entender en la demanda en la que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula transitoria de la nueva Constitución de Formosa, que le habilitaría a Insfrán una última reelección y la tercera del actual vicegobernador, Eber Solís.
El fallo no avanza sobre cuál va a ser el criterio final de la Corte; es decir, si habilitará o no a Insfrán a ir por un nuevo mandato. Solo señala que el máximo tribunal se abocará al problema directamente, sin pasar por otras instancias.
Insfrán tenía habilitada la reelección sin límites, pero la Corte lo obligó a modificar ese artículo constitucional en favor de la alternancia como garantía del buen funcionamiento del sistema democrático.
Así se hizo, pero la nueva Constitución formoseña le reservó a Insfrán la posibilidad de presentarse una vez más, y contra ese artículo, planteó la demanda la Confederación Frente Amplio Formoseño.
La cláusula transitoria cuarta de la Constitución local, dice el Frente Amplio Formoseño, es contraria a la Constitución Nacional (vulneraría sus artículos 1°, 5°, 37 y 123) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1°, 23, 24 y 32), entre otros instrumentos.
Al declarar su competencia originaria, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se remitió a un fallo en la anterior causa de la Corte por la reelección indefinida, del 19 de diciembre de 2024.
Asimismo, le dio 60 días a Formosa, como demandada, para que presente su punto de vista.
En el planteo resuelto en 2024, la misma Confederación había promovido una acción para que se declarara inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que habilitaba la reelección ilimitada de gobernador y vicegobernador.
Hace dos años, la Corte, teniendo en cuenta su competencia originaria, declaró la inconstitucionalidad de ese artículo por resultar violatorio de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. En ese momento, la Corte señaló que la reelección indefinida atenta contra el propio principio democrático.
Expresó entonces que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule, tras varios mandatos sucesivos, ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.
Insfrán está en el poder sin interrupciones desde 1995. Los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en votos concurrentes con sus colegas, dijeron, en su fallo de 2024: “No compete a la Corte subrogar el ejercicio del poder constituyente local definiendo cuál es el número máximo razonable de reelecciones gubernamentales, sino establecer el marco dentro del cual el ejercicio de dicha potestad queda encuadrado en los límites de la Constitución Nacional”.
En 2025 se llamó a una Convención Constituyente en la provincia que llevó adelante el proceso de reforma constitucional.
Esa Conveción estableció que “el gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo”. También, que “si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.
No obstante, se incluyó una cláusula transitoria propuesta por el oficialismo para que se considerara, como un primer período, el actual, en donde gobierna Insfrán y su vicegobernador es Solís.
En ese marco, la Confederación Frente Amplio Formosa promovió “una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” contra la provincia de Formosa contra esa cláusula transitoria “que habilita a una novena candidatura de Gildo Insfrán como gobernador para el período que comienza el 10 de diciembre de 2027 y culmina el 10 de diciembre de 2031, y una tercera candidatura de Eber Solís, como vicegobernador o gobernador para el mismo período”.
Según la presentación judicial, “el conflicto normativo tuvo origen en la incorporación de una cláusula transitoria cuarta, cuyo texto establece que ‘el mandato del gobernador y vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer mandato”.
La Confederación Frente Amplio Formosa afirmó que de esta manera “se habilitó al actual gobernador Gildo Insfrán a un noveno período en el más alto cargo del gobierno provincial, y al señor Solís a un tercer período en el cargo de vicegobernador” y que eso contradice la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, lo ya resuelto por la propia Corte en su fallo anterior sobre Formosa y los principios básicos del sistema republicano de gobierno; en particular, la necesidad de alternancia en los cargos por períodos razonables”.
Antes de tomar la decisión de hoy, la Corte corrió vista a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que el máximo tribunal era competente para intervenir.
Ahora, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti resolvieron “declarar que la presente causa corresponde a competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y “correr traslado de la demanda interpuesta a la Provincia de Formosa por el plazo 60 días”.
Se ordenó notificar al gobernador y al fiscal de Estado a través de la justicia federal en la provincia.
Formosa,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Todas las acusaciones contra Ariel Vallejo: negocios con el dólar oficial, préstamos millonarios y vínculos con el fútbol
La Justicia investiga si Ariel Vallejo y las empresas vinculadas a Sur Finanzas integraron una estructura que accedía al dólar oficial a través de una casa de cambio, movía los fondos entre distintas sociedades y luego los incorporaba a una billetera virtual para darles apariencia legal.
La hipótesis judicial incluye el uso de cuentas de terceros sin capacidad económica, transferencias fraccionadas y compras millonarias de propiedades y vehículos en efectivo.
El financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó detenido en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, había ordenado su detención para tomarle declaración indagatoria, luego de que no lo encontraran en el domicilio que había informado a la Justicia.
POLITICA
“La verdad triunfa por sí misma”: Javier Milei celebró su sobreseimiento y el de Karina en la causa $LIBRA
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. La resolución judicial desestimó las acusaciones por supuesta estafa vinculada a la promoción del activo digital en febrero de 2025.
Tras conocerse el fallo en los tribunales de Comodoro Py, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.
La publicación de Milei en Instagram
Por su parte, el asesor Santiago Caputo afirmó que la investigación fue “la causa más pelotuda de la historia”.
La medida dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 respondió al pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución benefició también al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy.
Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.
— Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026
El expediente judicial analizó las maniobras financieras luego de que la moneda virtual causara pérdidas a 40.000 compradores. No obstante, el magistrado concluyó que la publicación presidencial en redes no constituyó una maniobra defraudatoria ni un engaño penal.
¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?
La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas.
Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre.
Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos.
A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?
La verdad siempre termina imponiéndose.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!
— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026
En el caso de la secretaria general Karina Milei, la Justicia determinó que no existieron pruebas de pagos para concretar audiencias.
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POLITICA
Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos
Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.
Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.
El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.
Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.
Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.
En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.
No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.
Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.
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