POLITICA
La Corte Suprema decidirá si Gildo Insfrán puede ir por un noveno mandato como gobernador
La Corte Suprema de Justicia intervendrá para decidir si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, puede ir por un noveno mandato al frente de la provincia.
Insfrán lleva 30 años y ocho meses en el poder y 39 en el Poder Ejecutivo local, pues antes fue vicegobernador. Un récord absoluto para la Argentina.
El máximo tribunal declaró hoy su competencia originaria para entender en la demanda en la que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula transitoria de la nueva Constitución de Formosa, que le habilitaría a Insfrán una última reelección y la tercera del actual vicegobernador, Eber Solís.
El fallo no avanza sobre cuál va a ser el criterio final de la Corte; es decir, si habilitará o no a Insfrán a ir por un nuevo mandato. Solo señala que el máximo tribunal se abocará al problema directamente, sin pasar por otras instancias.
Insfrán tenía habilitada la reelección sin límites, pero la Corte lo obligó a modificar ese artículo constitucional en favor de la alternancia como garantía del buen funcionamiento del sistema democrático.
Así se hizo, pero la nueva Constitución formoseña le reservó a Insfrán la posibilidad de presentarse una vez más, y contra ese artículo, planteó la demanda la Confederación Frente Amplio Formoseño.
La cláusula transitoria cuarta de la Constitución local, dice el Frente Amplio Formoseño, es contraria a la Constitución Nacional (vulneraría sus artículos 1°, 5°, 37 y 123) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1°, 23, 24 y 32), entre otros instrumentos.
Al declarar su competencia originaria, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se remitió a un fallo en la anterior causa de la Corte por la reelección indefinida, del 19 de diciembre de 2024.
Asimismo, le dio 60 días a Formosa, como demandada, para que presente su punto de vista.
En el planteo resuelto en 2024, la misma Confederación había promovido una acción para que se declarara inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que habilitaba la reelección ilimitada de gobernador y vicegobernador.
Hace dos años, la Corte, teniendo en cuenta su competencia originaria, declaró la inconstitucionalidad de ese artículo por resultar violatorio de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. En ese momento, la Corte señaló que la reelección indefinida atenta contra el propio principio democrático.
Expresó entonces que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule, tras varios mandatos sucesivos, ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.
Insfrán está en el poder sin interrupciones desde 1995. Los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en votos concurrentes con sus colegas, dijeron, en su fallo de 2024: “No compete a la Corte subrogar el ejercicio del poder constituyente local definiendo cuál es el número máximo razonable de reelecciones gubernamentales, sino establecer el marco dentro del cual el ejercicio de dicha potestad queda encuadrado en los límites de la Constitución Nacional”.
En 2025 se llamó a una Convención Constituyente en la provincia que llevó adelante el proceso de reforma constitucional.
Esa Conveción estableció que “el gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo”. También, que “si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.
No obstante, se incluyó una cláusula transitoria propuesta por el oficialismo para que se considerara, como un primer período, el actual, en donde gobierna Insfrán y su vicegobernador es Solís.
En ese marco, la Confederación Frente Amplio Formosa promovió “una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” contra la provincia de Formosa contra esa cláusula transitoria “que habilita a una novena candidatura de Gildo Insfrán como gobernador para el período que comienza el 10 de diciembre de 2027 y culmina el 10 de diciembre de 2031, y una tercera candidatura de Eber Solís, como vicegobernador o gobernador para el mismo período”.
Según la presentación judicial, “el conflicto normativo tuvo origen en la incorporación de una cláusula transitoria cuarta, cuyo texto establece que ‘el mandato del gobernador y vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer mandato”.
La Confederación Frente Amplio Formosa afirmó que de esta manera “se habilitó al actual gobernador Gildo Insfrán a un noveno período en el más alto cargo del gobierno provincial, y al señor Solís a un tercer período en el cargo de vicegobernador” y que eso contradice la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, lo ya resuelto por la propia Corte en su fallo anterior sobre Formosa y los principios básicos del sistema republicano de gobierno; en particular, la necesidad de alternancia en los cargos por períodos razonables”.
Antes de tomar la decisión de hoy, la Corte corrió vista a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que el máximo tribunal era competente para intervenir.
Ahora, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti resolvieron “declarar que la presente causa corresponde a competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y “correr traslado de la demanda interpuesta a la Provincia de Formosa por el plazo 60 días”.
Se ordenó notificar al gobernador y al fiscal de Estado a través de la justicia federal en la provincia.
Formosa,Hernán Cappiello,Conforme a
La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
Noticia en desarrollo
Javier Milei,Conforme a
La Cámara Federal de Casación Penal definirá en los próximos días cómo se desarrollarán los juicios orales de Los Sauces y Hotesur, dos expedientes en los que están acusados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. El tribunal convocó a una audiencia para el 15 de octubre, en la que deberá analizar el pedido de la Fiscalía para que ambos procesos vuelvan a tramitar de manera conjunta.
La definición tendrá lugar apenas ocho días antes de la fecha establecida por el Tribunal Oral Federal N°5 para el comienzo del juicio por Los Sauces, previsto para el 23 de octubre. Por eso, la resolución de Casación podría modificar el esquema definido hasta ahora por el tribunal oral y también genera incertidumbre sobre el inicio del debate.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto avanzar con los expedientes por separado. El juicio por Los Sauces comenzaría el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.
La discusión llegó a Casación a partir de un planteo del fiscal federal Diego Velasco, quien se opuso a la decisión de dividir los debates y pidió que ambas causas sean juzgadas en conjunto.
POLITICA
Del cambio de intendente a la “crisis de seguridad”: la otra Mar del Plata que rodea al Coloquio de IDEA
MAR DEL PLATA.– Mientras dentro del Sheraton los empresarios discutieron durante tres días reformas, competitividad y cómo debería ser la Argentina dentro de veinte años, afuera hubo una preocupación bastante más inmediata. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, advirtió Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA, que terminó este viernes. La inseguridad ya no es solamente una conversación entre vecinos: empezó a modificar negocios y a mover la política.
El jueves por la noche, el Coloquio se había corrido unos kilómetros hacia el puerto. Lo de Fran, sobre la avenida de los Trabajadores, estaba lleno. En las mesas había un CEO de una minera y ejecutivos de distintas compañías que habían llegado a Mar del Plata por IDEA. Afuera, la escena era otra: poca luz y trapitos entre los autos estacionados. La inseguridad también había empezado a colarse en las conversaciones.
Un empresario local contó a que tomó una decisión que hasta hace poco no contemplaba: cerrar antes su laboratorio. Nunca lo habían asaltado. Los instrumentos son específicos, casi no tienen mercado de reventa y el establecimiento maneja poco efectivo. El problema eran sus empleados y la salida de noche. “Uno va viendo el deterioro, el aumento de la inseguridad, el temor de los vecinos”, explicó. “Por la seguridad personal de la gente que trabaja decidimos cerrar más temprano”.
Cinco homicidios en un mes; tres entraderas denunciadas en menos de 72 horas en la zona sur; vecinos golpeados dentro de sus casas. En agosto, tres asesinatos en menos de 24 horas habían provocado protestas y cacerolazos. En septiembre volvió a cambiar la conducción de la Policía Departamental: fue el cuarto jefe en dos años. Según los informes oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), en el primer semestre hubo 25 homicidios dolosos, frente a 17 en igual período de 2025, un aumento cercano al 47%. En el segundo trimestre hubo además 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, 31% más que en los tres meses anteriores.
La reacción del poder económico local fue inusual. Más de 30 cámaras empresarias, sindicatos y colegios profesionales reclamaron respuestas y cuestionaron el “silencio de gran parte de la dirigencia política”. Después, empresarios y referentes de la ciudad hicieron una pregunta bastante más incómoda: “¿Quién gobierna hoy Mar del Plata?”.
El documento llevaba, entre otras, las firmas de Florencio Aldrey Iglesias, Marcos Cabrales, Claudia Álvarez Argüelles, Antonio Solimeno, Patricio Gerbi, Blas Taladrid, Luis Terry Artusa y Carlos Rottemberg. No reclamaba solamente seguridad: hablaba también de transparencia y reglas claras. Si Agustín Neme gobierna, sostenían, debía tener autoridad y autonomía; si Guillermo Montenegro conservaba influencia sobre las decisiones, eso también debía quedar claro.
Montenegro fue reelegido intendente en 2023, pero pidió licencia para asumir como senador bonaerense por la Quinta Sección. No renunció. Neme quedó al frente y buscó imprimirle una conducción propia. Lo hizo sobre unas cuentas complicadas: los últimos tres ejercicios de la administración de Montenegro terminaron con déficit. Sólo en 2025, el rojo financiero consolidado alcanzó los $16.268 millones. El primer presupuesto de Neme, por casi $522.000 millones, fue aprobado después de cuatro prórrogas.
La inseguridad terminó de enredar esa transición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó a Montenegro de haber dejado “el municipio en banda” y lanzó una frase que se parecía demasiado a la pregunta de los empresarios: “No hay gobierno en Mar del Plata”.
Bullrich introdujo durante el Coloquio otra pieza. Contó que habló del problema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y dio por hecho un “desembarco” de fuerzas federales en Mar del Plata de cara al verano. No quiso formalizar ella misma el anuncio. “No lo quiero anunciar yo porque no me corresponde”, dijo.
La definición coincidió con movimientos menos visibles. Según pudo saber , en las últimas semanas ganó fuerza la posibilidad de que Montenegro vuelva a hacerse cargo personalmente del municipio. Hay quienes consideran que su regreso podría ser inminente. La inseguridad aceleró esas conversaciones y en ellas aparece también un fuerte acompañamiento del Gobierno nacional.
El verano pone un plazo. Mar del Plata está a pocos meses de multiplicar su población, su actividad económica y su exposición nacional. Llegar a la temporada con una sucesión de hechos violentos y una discusión abierta sobre quién ejerce el poder tiene otro costo.
Y mientras todos hablan de él, Montenegro no habla. No confirma que vaya a regresar ni lo descarta. Tampoco necesita recuperar un cargo que haya abandonado: se fue al Senado con licencia y conserva la posibilidad de volver a ejercer la intendencia.
Neme intenta afirmar su autoridad. Los empresarios preguntaron quién gobierna. La Provincia dijo que no gobierna nadie. Bullrich anticipó la llegada de fuerzas federales.
Montenegro guarda silencio.
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