POLITICA
La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por los casos de Hotesur y Los Sauces: “No va a poder empezar”
La previa del caso Hotesur y Los Sauces por asociación ilícita y lavado de dinero contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo se recalentó en una audiencia que se realizó en la Cámara Federal de Casación Penal.
Allí la defensa de la expresidenta y de Máximo Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi advirtió que si se unen las causas Los Sauces y Hotesur, como pretende la fiscalía “el juicio no va a poder empezar” el viernes 23 de octubre próximo, como está previsto. Y dijo que se estaría cometiendo una grave irregularidad que impediría llegar a una “sentencia válida”.
Fue acompañado en esta advertencia por la defensa del empresario Fabián de Sousa, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, que dijo que con este recurso es la fiscalía la que no quiere empezar el proceso por “la debilidad de la acusación”.
Escucharon sus argumentos el juez de la Cámara de Casación Daniel Petrone, su colega Alejandro Slokar, sentado a su lado en una salita del primer piso de Comodoro Py 2002, y el camarista Diego Barroetaveña, que se conectó por Zoom.
Por el lado de la fiscalía, Mario Villar eligió no argumentar en vivo en la audiencia oral, y prefirió condensar sus razones para mantener unificado el juicio en un escrito de 60 páginas.
Allí pidió anular la división de los juicios contra Cristina Kirchner, sostuvo que la decisión del Tribunal Oral Federal 5 es arbitraria y que separar los debates expone a una doble persecución o a sentencias contradictorias.
Reclamó que ambos tramos se juzguen en un único debate, como había ordenado la propia Cámara Federal de Casación en 2019.
Captura de video
Ahora serán los jueces Petrone, Slokar y Barroetaveña los que resolverán si los casos se mantienen separados como decidió el Tribunal Oral Federal 5 o si se unifican y comienzan la semana próxima.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
El fiscal de Casación Mario Villar llevó este planteo hasta el máximo tribunal penal del país, donde hoy la defensa de Máximo y Cristina Kirhcner se opuso.
El abogado Beraldi advirtió que la Casación no puede resolver este asunto y que hay una “grave distorsión”, pues este tema es una de las cuestiones preliminares que se deben tratar en el comienzo del juicio oral.
Se subvierten las reglas», dijo e hizo un raconto de cómo se iniciaron ambas causas como procesados separados, con la anuencia y el deseo expreso de la fiscalía.
En esta reconstrucción dijo que fue el juez Claudio Bonadio el que instruyó ambas causas con “innumerables irregularidades” al punto que en un fue apartado y en otra se declaró incompetente tras procesar a los imputados.
En 2019 el caso fue unificado cuando llegó a juicio, pero cuando ambas causas estén con igual grado de avance, “lo que aún no sucedió”, dijo el letrado.
“El Ministerio Público Fiscal armó toda esta situación procesal con dos expedientes diferentes y ahora dice que es uno solo y teme que si los juicios se separen, se declare el segundo juicio como cosa juzgada”, indicó.
Además, dijo que la fiscalía “habla para la popular” cuando describe la acusación como una asociación ilícita, pues su cliente Crisina Kirchner recordó que ya fue absuelta por este delito cuando fue juzgada en la causa Vialidad, donde fu condenada pero solo por el delito de fraude.
“Empezando el juicio el vienes se estaría cometiendo una seria irregularidad en la que mi parte no tiene responsabilidad. Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, dijo.
Por otro lado, Mariano Fragueiro, que asumió la defensa de Fabian de Sousa, dijo que es la fiscalía la que no quiere empezar el juicio. “Insólito, es la primera vez que lo veo que un fiscal quiera postergar con un artilugio. Casación no puede intervenir ahora con esta cuestión, que es parte de lo que se debe resolver en las cuestiones previas del juicio”, afirmó.
“No pueden abrir esta ventana, es peligroso, es una negligencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.
Fragueiro sostuvo que en el ofrecimiento de prueba está la debilidad de la acusación. “Ofrecieron mal la prueba, hay una mala praxis de la acusación”, afirmó el abogado y señaló que por esta razón la fiscalía no quiere empezar el juicio. “Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?“, dramatizó.
En rigor, el fiscal de juicio Diego Velasco aclaró que quiere reunificar los casos, pero sin alterar la fecha de inicio del proceso el viernes próximo.
El fiscal Villar, al pedir la reunificación, dijo que el tribunal oral no coincide en qué decidieron.
Villar rechazó que los tramos sean autónomos, como sostuvo el tribunal. Los jueces dijeron que Hotesur gira en torno a la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a través de Valle Mitre, del Grupo Báez. Según esa misma resolución, Los Sauces se centra en otros contratos e inmuebles con empresas de Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y De Sousa.
El fiscal calificó esa lectura como una “reducción y fragmentación intolerable” de la acusación. Recordó que ambos expedientes describen una misma asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2016, que habría devuelto a la familia parte de los fondos de la obra pública mediante alquileres pagados por los contratistas. Señaló que 11 acusados están imputados en las dos causas. También advirtió que Los Sauces incluye una operación hotelera, la del hotel La Aldea del Chaltén, montada por el mismo grupo Báez y con la misma intermediaria, Valle Mitre.
El eje de la acusación es la asociación ilícita. Ese delito sólo se imputó en Los Sauces. En Hotesur, los fiscales no lo repitieron para no violar la garantía que prohíbe juzgar dos veces el mismo hecho.
Por eso, según Villar, la sentencia de Los Sauces condicionará “sea cual sea su sentido” el juicio por Hotesur. Si el tribunal da por probada la asociación ilícita, no podría volver a analizarla. Si la descarta, tampoco recuperaría autonomía en el otro tramo. Además, cualquier fallo erosionaría la imparcialidad de los mismos jueces para el segundo debate y abriría la puerta a recusaciones. “Dividir las actuaciones no favorece la celeridad”, concluyó Villar.
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POLITICA
Galperín criticó la marcha universitaria y la oposición al DNU 70: “Quisieron hacer tambalear al Gobierno”
El empresario Marcos Galperin respaldó la gestión del Gobierno frente a las manifestaciones universitarias y el debate legislativo en el Congreso.
El fundador de Mercado Libre destacó la acumulación de divisas concretada por el Banco Central en plena jornada de tensión política.
El empresario reaccionó a las protestas y al intento opositor en la Cámara de Diputados por derogar el DNU 70/2023. Sobre la movilización frente al Palacio Legislativo, el ejecutivo expresó: “Quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre”.
El día que quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares…algo fuerte está cambiando en Argentina.
— Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 15, 2026
Asimismo, cuestionó la estrategia parlamentaria de los bloques opositores y remarcó la respuesta de los mercados financieros. En su mensaje, el empresario subrayó: “y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares”.
El referente del sector privado analizó el resultado económico como una señal de firmeza Para concluir su publicación en redes sociales, Galperin sentenció: “algo fuerte está cambiando en Argentina”.
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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó por corrupción a Facundo Leal, extitular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, tras el cobro de sobornos por el alquiler de galpones con sobreprecios.
Lo considera responsable de un esquema de contrataciones direccionadas y coimas a favor de Argentina Logistic Services (ALS), la empresa que durante cuatro años le dio a la compañía estatal servicios de fletes, grúas y guarda de equipos en un depósito de San Fernando.
El magistrado entendió que Leal es responsable, con las evidencias recogidas al momento, de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
También le trabó un embargo de $3000 millones sobre sus bienes. Para esos delitos, sumados, la escala penal en caso de una condena va de 2 a 12 años de prisión.
Leal no quedó detenido en este expediente, pero tampoco está libre, pues cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo, al cuidado de su novia.
Lo dispuso el juzgado federal de Daniel Rafecas, que lleva la causa paralela por drogas que se abrió después de que en esa misma casa los investigadores encontraran 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de clorhidrato de cocaína, además de US$8133.754 en efectivo.
Mirabelli procesó con Leal a otros cuatro exfuncionarios de Arsat: Gerardo Boschin, exgerente de Compras y Contrataciones y luego de Administración y Finanzas; Pablo Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y luego gerente Comercial, y Juan Antonio Álvarez, comprador de la empresa. Varios de ellos son mendocinos, como Leal.
Del lado privado, procesó a los directivos de ALS Fernando Paredes, presidente, y los hermanos Diego y Gastón Padilla, directores; a la empleada Sofía Varela Vizgarra, y al empresario Santiago Pando, a quien el fallo describe como el intermediario y “amigo” de Leal.
A todos les imputó el cohecho activo, es decir, pagar sobornos. La firma ALS también fue procesada como persona jurídica, en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria.
Leal, Boschin y Pagani fueron embargados por $3000 millones cada uno. Para Navarro y Álvarez, el juez dictó falta de mérito en el delito de cohecho porque no se probó que hayan recibido dinero personalmente. Igual los procesó por los demás delitos.
La causa la investiga el fiscal federal Fernando Domínguez. Empezó con una denuncia por robo: en enero de 2024, personal de ARSAT descubrió que habían saqueado 15 contenedores de la empresa guardados en el depósito de ALS en San Fernando, con un perjuicio de US$151.126 y casi $5 millones. A partir de ahí, la investigación siguió el vínculo entre la empresa estatal y su proveedor.
Según el fallo, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. Lo hizo por contratación directa, sin la aprobación del directorio que exigían los montos y a pesar de dos objeciones expresas del área legal.
ARSAT informó que le pagó a ALS US$1.695.667 y $32,2 millones. El juez tomó todo ese monto como perjuicio para el Estado.
El caso más rentable para ALS fue el alquiler del depósito, contratado en 2021 por US$766.099 anuales y renovado después.
El juez concluyó que la competencia de precios fue simulada: una empleada de ALS creó un correo electrónico de un supuesto competidor, Tradelog, y como tercer oferente se usó la dirección de una empresa vinculada a los hermanos Padilla. Además, ALS ya había alquilado el predio en mayo de 2021, antes de que ARSAT invitara a cotizar.
Leal ocupó los cargos más altos de ARSAT: fue subgerente general y director desde enero de 2020, gerente general desde marzo de 2022 y presidente del directorio desde agosto de ese año. En febrero de 2024 pasó a ser asesor del área de Compliance, que es justamente la que debe evitar el fraude y los delitos en las empresas.
En su indagatoria no respondió preguntas. En un descargo por escrito negó haber intervenido en la contratación. Sostuvo que no hay “una sola constancia”, correo o mensaje que lo vincule con la maniobra y que “si alguien invocó mi nombre, no es mi asunto”.
El juez no le creyó. Destacó un mensaje que Pando le mandó a Diego Padilla el 19 de octubre de 2021, mientras se definían las condiciones del contrato: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas”.
Y a continuación: “Más carga de las grandes. Que inventes”. Para Mirabelli, ese “Facundo” es Leal, superior de Boschin, y el mensaje muestra cómo se inflaban los precios con servicios ficticios.
Al día siguiente, Boschin le avisó a Padilla sobre el trámite: “Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso”. Un mes después, Pando le escribió a Padilla: “Me vas a hacer rico con este contrato”.
Para probar que hubo coimas, el fallo cita chats de 2024 en los que Pando le reclama a Padilla y dice que el negocio “era parte en negro y parte en blanco”.
El 13 de junio de ese año, hablando de los retornos que pagaba Paredes, Pando escribió: “Imaginate, aparte a Leal le dio tres meses y nunca más”. El juez consideró probado que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera”.
Los testigos también complicaron a Leal. Su chofer y dos asistentes contaron que Pando iba seguido a las oficinas de ARSAT y que con Leal “se trataban como amigos”. El chofer reconoció a Diego Padilla en una foto como “la persona que se juntaba con Leal en ARSAT, en el rulero”.
El juez citó además el intercambio con Boschin del 21 de noviembre de 2024, cuando la causa ya estaba en marcha. “ALS, ¿la tenés?”, preguntó Leal. “Sí, el depósito”, respondió Boschin. “¿Es la de tu amigo?” “Padilla”. “Un boludo”, contestó Leal, y agregó: “Se fue de boca en la fiscalía. Ojo”. En diciembre le pidió a Boschin que averiguara qué fiscalía tenía “la causa del depósito”.
En un departamento de Leal en Mendoza se secuestraron otros US$ 1.787.600. La policía constató que ese mismo día, antes del procedimiento, la novia y la hija de Leal habían salido de ese edificio con valijas.
El chofer declaró que en febrero de este año Leal le dio dos valijas en su departamento porteño, le dijo que tenían ropa y le pagó unos $700.000 para que las llevara personalmente a Mendoza. Recordó que “pesaban un montón”. Cuando le mostraron la foto de una de las valijas secuestradas, llena de dólares, la reconoció por una raspadura. Por ese dinero hay otra causa, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que también tramita en San Isidro.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Iglesia mantiene los preparativos de la visita de León XIV: ya reunió donaciones por más de USD 3,5 millones
La Iglesia Católica argentina mantiene los preparativos para recibir al papa León XIV, avanza con los acuerdos, las contrataciones y la organización de los actos multitudinarios, y continúa reuniendo fondos para financiar su visita al país. Hasta esta semana consiguió aportes empresarios y donaciones de los fieles equivalentes a unos USD 3,5 millones, una cifra que representa una parte sustancial del presupuesto previsto. Los trabajos siguen adelante pese a la internación del Pontífice en Roma, donde fue operado por un cáncer de pulmón, y a la posibilidad de que deba reprogramarse la gira sudamericana anunciada para noviembre.
Según pudo saber Infobae de fuentes eclesiásticas con conocimiento directo de la organización, los aportes empresarios alcanzaron USD 3 millones, mientras que las colectas realizadas en las parroquias y las contribuciones digitales de los fieles permitieron reunir otros $ 740 millones. Los responsables estiman que esos recursos representan aproximadamente el 60 % del costo previsto para la visita. La organización también cuenta con compromisos del Gobierno nacional, las provincias y los municipios para atender la seguridad, los traslados, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir al Papa y a las miles de personas que participarán de las celebraciones.
La decisión de la Iglesia es mantener los preparativos y preservar el destino de los recursos reunidos, independientemente de las fechas en que finalmente se concrete la visita. La operación a la que fue sometido León XIV el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para tratar un adenocarcinoma, abrió interrogantes sobre su capacidad para cumplir con el itinerario programado del 8 al 11 de noviembre. Sin embargo, los organizadores trabajan con la perspectiva de que el Pontífice viajará a la Argentina cuando su recuperación y las indicaciones médicas lo permitan.
Esa posición coincide con la expresada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV antes de la operación. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, sostuvo. Y agregó: “Realmente, nosotros lo que queremos es privilegiar la salud del Papa”. Mientras el Vaticano sigue la evolución clínica del Pontífice, la Conferencia Episcopal Argentina continúa desarrollando una estructura de financiamiento y organización que involucra a grandes empresas, donantes particulares, miles de voluntarios y distintos niveles del Estado.
El financiamiento tiene tres componentes principales: los recursos aportados por el sector empresario, las contribuciones de los fieles y los gastos que asumirán directamente el Estado nacional y los gobiernos provinciales y municipales. La combinación de esas fuentes permitió avanzar con una organización que comprende celebraciones multitudinarias, traslados, infraestructura, servicios y la movilización de miles de voluntarios.
Los aportes empresarios y de los fieles ya cubren cerca del 60 % del costo previsto
El aporte privado ocupa un lugar central. La Iglesia recibió contribuciones de compañías y empresarios que ofrecieron dinero, bienes o prestaciones concretas. Algunas firmas se comprometieron a cubrir necesidades específicas, como alojamiento, provisión de agua, alimentos y servicios. También hubo empresarios que realizaron donaciones a título personal y pidieron mantener su identidad en reserva, una condición aceptada por los responsables de reunir los recursos.
La nómina de empresas e instituciones que colaboran con la visita incluye a Santander, Edenor, Edemsa, Mercedes-Benz, Grupo Techint, Toyota, Mercado McCann, Hoopla, Dolmen Buenos Aires Hotel, Toyota Kansai, Universidad Católica de La Plata, Dökita y Establecimiento Metalúrgico GCD. La participación de esas firmas comprende distintas modalidades de colaboración, desde contribuciones monetarias hasta donativos en servicios y bienes. La información disponible permite identificar a los colaboradores, aunque sin precisar el monto individual aportado por cada uno.
La Iglesia Católica argentina expresó un especial agradecimiento al sector empresario por su disposición a financiar las actividades del Papa y al Gobierno nacional por el apoyo económico, institucional y logístico comprometido para la visita. Los responsables de la organización destacan que las contribuciones permiten afrontar gastos que requieren recursos y coordinación entre instituciones públicas, compañías privadas y comunidades religiosas.
Como reconocimiento, está previsto que los empresarios que realizaron aportes mantengan un breve encuentro privado con León XIV durante su visita. El Pontífice les agradecerá personalmente su colaboración. Se trata de una práctica habitual en la organización de viajes papales, destinada a reconocer la ayuda de quienes contribuyen a hacer posibles las actividades. La audiencia quedará sujeta a la agenda definitiva y a las fechas que establezca el Vaticano.
La segunda fuente de recursos proviene directamente de los fieles. Una colecta imperada, realizada el 22 y el 23 de agosto en parroquias e instituciones religiosas de todo el país, permitió reunir alrededor de $ 700 millones. La convocatoria buscó que cada comunidad pudiera realizar una contribución de acuerdo con sus posibilidades y participar de los preparativos para recibir al sucesor de Pedro.
A ese monto se sumaron unos $ 40 millones obtenidos mediante las donaciones digitales habilitadas en Programa Fe, que incorporó un mecanismo específico para colaborar con la visita. La recaudación total alcanzó así los $ 740 millones. En la organización consideran que la respuesta fue buena, aunque reconocen que podría haber sido mayor. Como referencia mencionan la colecta Más por Menos, que reunió aproximadamente $ 1.000 millones, aunque tiene una finalidad diferente.
Los fondos reunidos por la Iglesia serán destinados a las necesidades de los actos y a las prestaciones que no fueron asumidas directamente por organismos públicos. Esta división explica una característica de la arquitectura financiera: existe una recaudación eclesiástica identificada, pero el costo total de la visita incluye otras erogaciones que serán afrontadas por diferentes niveles del Estado.
Por esa razón, todavía no hay una cifra definitiva del presupuesto general. La estimación de que los aportes reunidos representan cerca del 60 % del costo total surge de quienes conocen los compromisos económicos asumidos y las necesidades pendientes. También existen contribuciones en especie y servicios que deben diferenciarse de los ingresos efectivos de dinero.
Está previsto que, una vez concluida la visita, se realice una auditoría externa sobre la administración de los fondos recibidos por la Iglesia. Ese control abarcará la utilización de los recursos aportados para financiar los preparativos y las celebraciones, mientras que los gastos ejecutados por organismos estatales corresponden a sus respectivos circuitos administrativos.
El Gobierno asumirá gastos de seguridad, traslados y logística
Al frente de la estructura eclesiástica está el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien encabeza la Comisión Nacional encargada de establecer los criterios generales de la visita. El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, el obispo Raúl Pizarro, es el coordinador general. Ambos intervienen en las decisiones que combinan los contenidos pastorales, los acuerdos institucionales y las necesidades materiales para recibir a León XIV.
La Comisión Nacional también está integrada por los obispos Jorge García Cuerva, Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino, y por los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. La ejecución cotidiana corresponde a un equipo coordinado por Pizarro, con Taricco como director operativo y el contador Pablo Sabatté como gerente del proyecto. El área de Recursos está a cargo del ingeniero Marcelo Cancelliere.
La estructura contempla equipos específicos de comunicación, logística e infraestructura, voluntarios, contenidos, eventos y liturgia. En Buenos Aires, Córdoba y Luján se organizaron instancias locales de coordinación para articular los requerimientos de cada celebración con la conducción nacional y las autoridades civiles. El objetivo es garantizar encuentros multitudinarios y facilitar la participación de personas procedentes de distintas regiones del país.
La relación con el Gobierno comenzó en febrero, en pleno Miércoles de Ceniza. En esa primera etapa hubo conversaciones con el canciller Pablo Quirno y con Agustín Caulo, del área de Culto. Después de confirmarse la visita, la coordinación se amplió e incorporó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, distintas áreas del Gabinete y las administraciones de los distritos involucrados. Desde la Iglesia consideran que esa intervención permitió dar mayor impulso a los preparativos.
La participación oficial se extendió a diferentes ministerios y organismos nacionales, junto con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y Córdoba y municipios como Luján y Córdoba capital. La dimensión del operativo exige coordinar seguridad, circulación, infraestructura y servicios públicos, además de resolver los desplazamientos del Pontífice y su comitiva.
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el Gobierno nacional asumió una parte importante de las responsabilidades vinculadas con la seguridad, los traslados y la logística. Las administraciones provinciales y municipales también comprometieron recursos para vallados, asistencia al personal afectado y acondicionamiento de los espacios destinados a las celebraciones. El esquema distribuye tareas y gastos entre los organismos participantes.
Uno de los compromisos centrales de la Nación es el transporte aéreo. Según el itinerario preparado, Aerolíneas Argentinas buscará a León XIV en Montevideo y lo trasladará al Aeroparque metropolitano. También tendrá a su cargo los vuelos Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Buenos Aires y Ezeiza-Lima, donde continuará la gira sudamericana. Esos servicios correrán por cuenta del Gobierno nacional, siempre sujetos a la confirmación de las fechas y el recorrido que finalmente confirme el Vaticano.
La organización contempla además el alojamiento y los desplazamientos del Papa y de las aproximadamente 60 personas que integrarán su comitiva, entre obispos, clérigos y personal de seguridad del Vaticano. A esos requerimientos se suman los dispositivos necesarios para las celebraciones. Los baños químicos, por ejemplo, serán provistos por el Gobierno nacional y las provincias, junto con otros servicios destinados a los espacios públicos.
La organización prevé 25.000 voluntarios y más de 7.500 copones para las misas
Una de las mayores exigencias económicas y logísticas es la movilización de 25.000 voluntarios inscriptos para colaborar en los actos. La organización deberá resolver sus acreditaciones, funciones, desplazamientos y asistencia. Cada voluntario recibirá una remera, una gorra y un equipo que incluirá pilotín, termo para agua y paraguas, elementos preparados para jornadas extensas y actividades al aire libre.
También se prevé garantizar alimentación y alojamiento a quienes deban trasladarse desde sus localidades. La planificación incluye habitaciones de hoteles y espacios disponibles en regimientos. En paralelo comenzaron los trámites de verificación de antecedentes penales, para los cuales el Gobierno habilitó la gratuidad, con el objetivo de facilitar la incorporación de las personas registradas.
El programa litúrgico contempla la adquisición de estolas, hostias y más de 7.500 copones comprados especialmente para distribuir la comunión durante las misas multitudinarias. Esos elementos deberán trasladarse a cada celebración y quedar disponibles para los ministros encargados de asistir a los fieles. Su adquisición constituye otro de los gastos que serán atendidos con los recursos reunidos.
También está prevista la instalación de un centro de prensa en la Universidad Católica Argentina (UCA), destinado a facilitar la cobertura periodística de las actividades. La organización deberá garantizar conectividad en Buenos Aires, Córdoba y Luján, mantener los sistemas digitales de inscripción y acreditación, producir materiales informativos y cubrir tareas vinculadas con la difusión y el merchandising.
En ese capítulo aparece Mercado McCann, la agencia publicitaria que fue seleccionada después de competir con otras empresas y decidió donar su trabajo. La firma participó en el desarrollo del logotipo y del lema oficial junto con Colombo y Pizarro, que intervinieron desde el Episcopado en la definición de los mensajes. Su colaboración permitió cubrir tareas profesionales de comunicación sin recurrir a los fondos disponibles para otros gastos.
La identidad de la convocatoria también fue objeto de conversaciones con Roma. La primera formulación del lema era “Bienvenidos todos”, vinculada con el llamado a la acogida que había caracterizado al papa Francisco. Desde el Vaticano sugirieron ampliar ese mensaje y la organización argentina propuso agregar “Vayan y anuncien”, una referencia al mandato evangelizador.
La expresión definitiva, “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, reúne la invitación a participar con el compromiso de anunciar el Evangelio. El agregado remite al mandato de Jesús a sus discípulos y a la noción de discípulos misioneros desarrollada en el Documento de Aparecida, de 2007. Según la reconstrucción de los organizadores, el cambio surgió de un intercambio con el Vaticano y no de una confrontación institucional.
La convocatoria incorpora también referencias bíblicas al banquete al que todos son invitados y a la idea de una Iglesia que recibe y sale al encuentro, próxima a la imagen de “hospital de campaña” utilizada por Francisco. El logotipo muestra figuras humanas reunidas alrededor de una cruz. Los responsables de la comunicación relacionan esos símbolos con la invitación a construir una comunidad abierta, expresada también en el punto 16 de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV.
Según pudo reconstruir Infobae, la Iglesia concibe la organización en tres etapas: el antes, el durante y el después de la visita. Preparar la llegada, facilitar la participación en las celebraciones y procurar que quede una continuidad pastoral una vez que el Pontífice regrese a Roma. Esa perspectiva explica que los compromisos financieros y operativos se mantengan mientras el Vaticano evalúa la evolución médica de León XIV.
La prioridad de los organizadores es que los fieles y todos los argentinos, independientemente de su fe, puedan participar de una manifestación de religiosidad popular. Con esa finalidad, la Iglesia agradece los aportes de empresarios, comunidades religiosas y autoridades públicas, y mantiene los preparativos bajo una convicción: la fecha podrá modificarse, pero el objetivo seguirá siendo recibir al sucesor de Pedro y convertir su visita en una celebración abierta a toda la sociedad.
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