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La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por los casos de Hotesur y Los Sauces: “No va a poder empezar”

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La previa del caso Hotesur y Los Sauces por asociación ilícita y lavado de dinero contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo se recalentó en una audiencia que se realizó en la Cámara Federal de Casación Penal.

Allí la defensa de la expresidenta y de Máximo Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi advirtió que si se unen las causas Los Sauces y Hotesur, como pretende la fiscalía “el juicio no va a poder empezar” el viernes 23 de octubre próximo, como está previsto. Y dijo que se estaría cometiendo una grave irregularidad que impediría llegar a una “sentencia válida”.

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Audiencia clave en Casación para decidir la reunificación de los casos Los Sauces y HotesurCaptura de video

Fue acompañado en esta advertencia por la defensa del empresario Fabián de Sousa, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, que dijo que con este recurso es la fiscalía la que no quiere empezar el proceso por “la debilidad de la acusación”.

Escucharon sus argumentos el juez de la Cámara de Casación Daniel Petrone, su colega Alejandro Slokar, sentado a su lado en una salita del primer piso de Comodoro Py 2002, y el camarista Diego Barroetaveña, que se conectó por Zoom.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y HotesurCaptura de video

Por el lado de la fiscalía, Mario Villar eligió no argumentar en vivo en la audiencia oral, y prefirió condensar sus razones para mantener unificado el juicio en un escrito de 60 páginas.

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Allí pidió anular la división de los juicios contra Cristina Kirchner, sostuvo que la decisión del Tribunal Oral Federal 5 es arbitraria y que separar los debates expone a una doble persecución o a sentencias contradictorias.

Reclamó que ambos tramos se juzguen en un único debate, como había ordenado la propia Cámara Federal de Casación en 2019.

El tribunal escuchó hoy al defensor de Cristina Kirchner; el proceso debe comenzar el 23 de octubre
Captura de video

Ahora serán los jueces Petrone, Slokar y Barroetaveña los que resolverán si los casos se mantienen separados como decidió el Tribunal Oral Federal 5 o si se unifican y comienzan la semana próxima.

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El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.

Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.

Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.

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Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.

El fiscal de Casación Mario Villar llevó este planteo hasta el máximo tribunal penal del país, donde hoy la defensa de Máximo y Cristina Kirhcner se opuso.

El abogado Beraldi advirtió que la Casación no puede resolver este asunto y que hay una “grave distorsión”, pues este tema es una de las cuestiones preliminares que se deben tratar en el comienzo del juicio oral.

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Se subvierten las reglas», dijo e hizo un raconto de cómo se iniciaron ambas causas como procesados separados, con la anuencia y el deseo expreso de la fiscalía.

En esta reconstrucción dijo que fue el juez Claudio Bonadio el que instruyó ambas causas con “innumerables irregularidades” al punto que en un fue apartado y en otra se declaró incompetente tras procesar a los imputados.

En 2019 el caso fue unificado cuando llegó a juicio, pero cuando ambas causas estén con igual grado de avance, “lo que aún no sucedió”, dijo el letrado.

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“El Ministerio Público Fiscal armó toda esta situación procesal con dos expedientes diferentes y ahora dice que es uno solo y teme que si los juicios se separen, se declare el segundo juicio como cosa juzgada”, indicó.

Además, dijo que la fiscalía “habla para la popular” cuando describe la acusación como una asociación ilícita, pues su cliente Crisina Kirchner recordó que ya fue absuelta por este delito cuando fue juzgada en la causa Vialidad, donde fu condenada pero solo por el delito de fraude.

“Empezando el juicio el vienes se estaría cometiendo una seria irregularidad en la que mi parte no tiene responsabilidad. Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, dijo.

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Por otro lado, Mariano Fragueiro, que asumió la defensa de Fabian de Sousa, dijo que es la fiscalía la que no quiere empezar el juicio. “Insólito, es la primera vez que lo veo que un fiscal quiera postergar con un artilugio. Casación no puede intervenir ahora con esta cuestión, que es parte de lo que se debe resolver en las cuestiones previas del juicio”, afirmó.

“No pueden abrir esta ventana, es peligroso, es una negligencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.

Fragueiro sostuvo que en el ofrecimiento de prueba está la debilidad de la acusación. “Ofrecieron mal la prueba, hay una mala praxis de la acusación”, afirmó el abogado y señaló que por esta razón la fiscalía no quiere empezar el juicio. “Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?“, dramatizó.

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En rigor, el fiscal de juicio Diego Velasco aclaró que quiere reunificar los casos, pero sin alterar la fecha de inicio del proceso el viernes próximo.

El fiscal Villar, al pedir la reunificación, dijo que el tribunal oral no coincide en qué decidieron.

Villar rechazó que los tramos sean autónomos, como sostuvo el tribunal. Los jueces dijeron que Hotesur gira en torno a la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a través de Valle Mitre, del Grupo Báez. Según esa misma resolución, Los Sauces se centra en otros contratos e inmuebles con empresas de Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y De Sousa.

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El fiscal calificó esa lectura como una “reducción y fragmentación intolerable” de la acusación. Recordó que ambos expedientes describen una misma asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2016, que habría devuelto a la familia parte de los fondos de la obra pública mediante alquileres pagados por los contratistas. Señaló que 11 acusados están imputados en las dos causas. También advirtió que Los Sauces incluye una operación hotelera, la del hotel La Aldea del Chaltén, montada por el mismo grupo Báez y con la misma intermediaria, Valle Mitre.

El eje de la acusación es la asociación ilícita. Ese delito sólo se imputó en Los Sauces. En Hotesur, los fiscales no lo repitieron para no violar la garantía que prohíbe juzgar dos veces el mismo hecho.

Por eso, según Villar, la sentencia de Los Sauces condicionará “sea cual sea su sentido” el juicio por Hotesur. Si el tribunal da por probada la asociación ilícita, no podría volver a analizarla. Si la descarta, tampoco recuperaría autonomía en el otro tramo. Además, cualquier fallo erosionaría la imparcialidad de los mismos jueces para el segundo debate y abriría la puerta a recusaciones. “Dividir las actuaciones no favorece la celeridad”, concluyó Villar.

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Condenaron a un delegado camionero por bloqueos y amenazas, pero absolvieron al jefe regional del sindicato

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Una jueza de San Nicolás condenó a cuatro años de prisión a un delegado del sindicato de camioneros que participó de los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, jefe del gremio en la región, quien hace un mes fue absuelto por los mismos hechos. El delegado hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas es Fernando Espíndola, quien recibió el viernes pasado la pena en el marco de un juicio abreviado en el que había acordado una condena máxima de seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, condenó a Espíndola por turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, en concurso ideal con amenazas coactivas, según se lee en el fallo, al que tuvo acceso . Por el contrario, el delegado gremial no fue condenado por la acusación de extorsión, que también pesaba sobre él. Los hechos por los que se lo consideró culpable fueron los bloqueos a Rey Distribución del 15 de enero de 2021, y del 22 de febrero del mismo año (bloqueo que se extendió hasta el 25 de febrero).

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Espíndola no irá preso. Pasó ya detenido más de cuatro años (fue apresado el 8 de abril de 2022, luego recibió prisión domiciliaria, y la jueza ya le había concedido la excarcelación en octubre).

El fallo que condenó a Espíndola se dictó un mes después del que absolvió a Cabaleyro. El 14 de octubre, el jefe del sindicato de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal que la jueza Baquedano. En el fallo absolutorio, López sostuvo que se había ejercido el legítimo derecho de huelga y declaro inocente al sindicalista acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. La decisión judicial generó múltiples rechazos de asociaciones de empresarios y de profesionales del derecho.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros que fue absuelto por los bloqueos a Rey Distribución SRL Iara Cerasi / El Norte

A Espíndola (chofer, 56 años) se lo acusó de actuar en hechos junto a Cabaleyro. El primero de ellos, por el que se lo condenó, el 15 de enero de 2021, fue cuando los manifestantes “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175 de San Pedro, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial”, según consta en el expediente.

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El segundo hecho por el que se condenó a Espíndola fue el bloqueo que se extendió entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En la causa, se describe que los camioneros “colocaron un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato que lideran en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma, siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con ello la posesión del inmueble a sus dueños”.

También fue hallado culpable de un tercer hecho, en el que la víctima fue el contador de la distribuidora de alimentos y bebidas, Víctor Grabovieski, ocurrido el 20 de abril de 2021. Según consta en el expediente, el contador, fue “intimidado y coaccionado” por Espíndola y Cabaleyro en la sede del sindicato. “Le refirieron que ‘si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”, por lo que con la anuencia de Gustavo y Ariel Rey, propietarios de Rey Distribución, y ante el temor a volver al bloqueo total de la empresa con las consecuentes pérdidas económicas que ello acarrearía, es que fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social, la cual devendría una suma de $805.383,03, los que finalmente fueron percibidos por Fernando Espíndola, en nombre del sindicato de camioneros en dos cuotas», se resumió en la causa.

En cambio, Espíndola no fue condenado por la acusación de “actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Ariel Rey”. El delegado sindical apelará la sentencia, adelantó a uno de sus abogados, Mauricio Gugger (quien también representó a Cabaleyro en el juicio del que salió absuelto).

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“Las conductas endilgadas en la presente causa surgieron como consecuencia de reclamos laborales. Si bien la Constitución Nacional contiene la garantía para los trabajadores, también se encuentran los límites”, escribió la jueza Baquedano en el fallo del juicio abreviado contra Espíndola. Añadió que, “en nuestro ordenamiento jurídico, más allá del texto constitucional, encontramos regulación en las leyes”.

Y precisó: “El artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, que pone al derecho de huelga en cabeza de las asociaciones sindicales sin distinciones, es decir, con independencia de que posean personería o inscripción gremial, y el inciso g) del art. 24 de la ley 25.877, que regula el derecho de huelga respetándolo como libertad sindical y compatibilizando su garantía constitucional con el goce de otros derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El fallo contra Espíndola fue bien recibido por los dueños de la distribuidora Rey. “Estamos muy contentos con este fallo. Sabemos que vamos a encontrar la condena en alguna de las instancias, porque las pruebas son contundentes. Este es el juicio abreviado, que lo condena en dos de los hechos. La fiscalía va a apelar porque consideramos que tenemos pruebas para demostrar la extorsión. Lo importante es que se condena. Espíndola no tiene la posibilidad de recurrir porque ya recurrió al juicio abreviado”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa, a .

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Ariel Rey, dueño de la empresa Rey Distribución SRL y concejal de San PedroAriel Rey

“Venimos también de encontrarnos con Verónica Razzini [diputada nacional libertaria, duela de un corralón de materiales], con un caso similar al nuestro, en la Justicia de Santa Fe, en el que condenaron a tres imputados por una causa similar. Entendemos que bloquear es delito y es algo que se tiene que terminar. El derecho a a huelga, que lo contemplamos y celebramos, no puede ser justificación de turbación de la propiedad, coacción o extorsión”, agregó Rey, que es concejal en San Pedro (ganó las elecciones de 2025 al frente de la boleta de La Libertad Avanza, pero ahora integra el bloque San Pedro Puede).

Espíndola llegó al juicio abreviado en libertad condicional. Se encontraba en prisión domiciliaria (lo detuvieron el 8 de abril de 2022), pero fue excarcelado por la jueza Baquedano, que el viernes lo condenó a cuatro años.

Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .

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Salta también desdobla las elecciones y votará gobernador el 16 de mayo

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales y convocó a votar el 16 de mayo de 2027, más de cinco meses antes de las presidenciales del 24 de octubre. La decisión suma otra provincia al grupo de distritos que buscan separar la competencia por sus gobernaciones de la disputa nacional y que obligarán a las fuerzas políticas a desplegar sus estrategias electorales a lo largo del año.

La convocatoria quedó establecida mediante el decreto 762, que fija la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, sin elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

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Además de la fórmula gubernamental, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados, junto con 60 intendencias y 222 cargos de concejales. En Rivadavia Banda Sur también se elegirán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.

La decisión de Sáenz se enmarca en la tendencia que gana fuerza entre los mandatarios provinciales: concentrar la discusión electoral en sus gestiones y evitar que la competencia presidencial condicione los resultados locales. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, la separación de los comicios supone el desafío de definir alianzas y candidaturas en escenarios políticos diferentes.

Las provincias que ya confirmaron sus elecciones

Neuquén abrirá el calendario electoral el 14 de febrero, según estableció el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Además de elegir gobernador, los neuquinos renovarán las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales. Será la primera prueba electoral de 2027 para el espacio que conduce Javier Milei.

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Rolando Figueroa también desdobló las elecciones en Neuquén y será la provincia que abrirá el calendario electoral 2027 (Foto: captura TN).

Tucumán votará el 9 de mayo, una semana antes que Salta. Osvaldo Jaldo convocó a los comicios provinciales y municipales, aunque sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no representa un adelantamiento.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza realizar las PASO el 18 de abril y las generales el 13 de junio, pero todavía debe oficializar el cronograma. En cambio, Catamarca mantendrá sus elecciones junto con las presidenciales, según confirmó Raúl Jalil.

Los gobernadores que todavía deben definir el calendario

Misiones evalúa votar entre abril y mayo, mientras Córdoba analiza alternativas dentro de ese mismo período, desde marzo. Chubut, Río Negro y Chaco también anticiparon que separarán sus elecciones de las nacionales, aunque todavía no establecieron fechas.

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Mendoza y Jujuy se encaminan hacia calendarios propios. En tanto, Axel Kicillof debe resolver si repetirá el desdoblamiento bonaerense de 2025, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires gana terreno la posibilidad de unificar los comicios con los presidenciales, una decisión que Jorge Macri tampoco confirmó todavía.

Elecciones 2027, Salta, Gobernadores

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La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito

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Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.

Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.

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Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?

El fiscal Pollicita corrió su acusación hacia la evasiónENRIQUE GARCIA MEDINA

“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).

“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.

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Delia Ferreira Rubio considera que el caso Adorni suma una nueva estrategia de defensa contra el delito Rodrigo Nespolo

Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.

Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.

Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.

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Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.

Garrido, exfiscal de Investigaciones Administrativas Archivo

Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.

En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.

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Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.

Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.

Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.

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El abogado Matías Ledesma, denfesor de Manuel AdorniEnrique García Medina

En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.

Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.

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“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.

María Eugenia TalericoRodrigo Nespolo

Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.

“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.

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“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.



la que ensayó,Federico González del Solar,Conforme a

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