El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para leer su orden sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas. El anuncio lo realizó el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.

La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre sobre los plazos, aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución en un plazo más corto, incluso esta misma semana. El plazo fijado por el Tribunal, de esta forma, da al cuerpo de jueces 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales.

La segunda ronda de la jornada del miércoles concentró los argumentos más técnicos del debate y puso en evidencia que la disputa no se libra solo sobre el proyecto Sea Lion, sino sobre tres preguntas de fondo que el Tribunal deberá resolver antes de pronunciarse: si tiene competencia para intervenir, si el daño que alega Argentina es real e inminente, y si el tiempo alcanza para que el Tribunal Arbitral del Anexo VII actúe antes de que comiencen las perforaciones.

En sus conclusiones finales, Mario Oyarzábal, agente de la Argentina ante el organismo internacional, sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, planteó el delegado.

“El elefante en la sala”

A su vez, a través del profesor Marcelo Kohen, la Argentina insistió en que el Tribunal no necesita expedirse sobre soberanía en las Malvinas para dictar medidas provisionales: basta con que los derechos que Buenos Aires invoca sean plausibles bajo la CONVEMAR. Enumeró siete hechos que el Reino Unido no refutó en ninguna de las dos jornadas -entre ellos, que las Islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que la Asamblea General instó a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización- y los presentó como el contexto ineludible para interpretar la Convención.

La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido con la tesis contraria: sostuvo que el reclamo argentino sobre la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero de las islas solo tiene sentido si Argentina acepta que es soberana sobre ellas, lo que convertiría esa alegación en una nueva variante del mismo reclamo de soberanía territorial.

Sander también objetó que la tercera medida provisional solicitada por Argentina -que el Reino Unido cese de impedirle cumplir sus obligaciones medioambientales- carece de correlato procesal. “Si Argentina alega que el Reino Unido incumple sus propias obligaciones de la Parte XII, debe decirlo con claridad”, sostuvo.

El punto de tensión central: Argentina afirma que invocar la soberanía explica el contexto del litigio, no su objeto. El Reino Unido sostiene que esa distinción es artificiosa porque todos los argumentos de Buenos Aires colapsan si no se acepta que Argentina es el Estado ribereño, es decir, si no se acepta que las islas son argentinas.

El riesgo ambiental

El asesor Nico Schrijver, de la defensa argentina, presentó cuatro fuentes de riesgo acumulativo que diferencian la explotación de la exploración ya realizada: la duración del proyecto (hasta 30 años y 11.000 días de operación), las nuevas fuentes de contaminación (26 pozos, 60 kilómetros de líneas de flujo submarinas, un buque de producción anclado), la dificultad de respuesta ante derrames en condiciones meteorológicas extremas, y la falta de experiencia del operador Navitas Petroleum en campos en producción. Citó datos del propio operador: probabilidad superior al 90% de que un derrame mayor alcance aguas internacionales, con residuos a hasta 220 kilómetros al norte del campo.

El abogado británico Guglielmo Verdirame KC opuso la declaración de impacto ambiental del proyecto: el riesgo de pérdida catastrófica del buque de producción fue calificado de “muy improbable”, sin precedentes en más de 20 años de operaciones globales de ese tipo, y el riesgo de reventón durante la perforación de desarrollo se estimó en uno cada 20.834 pozos.

El Tribunal deberá decidir cuál de los dos enfoques responde a lo que exige el artículo 290 de la CONVEMAR: si el daño sería grave en caso de ocurrir, o si es probable que ocurra. Verdirame defendió además las cifras de pérdidas económicas presentadas en la primera jornada: USD 1.000 millones de pérdida estimada para Rockhopper Exploration, respaldada en USD 865 millones de capital ya recaudado según la declaración del director ejecutivo Samuel Moody.

Advirtió también que la propia Argentina había desplazado el umbral de su reclamo entre el lunes y el miércoles: la solicitud original pedía suspender la “explotación de recursos”, que no comenzaría antes de 2028; la nueva versión pedía detener también las perforaciones preparatorias previstas para marzo de 2027. “Una parte que invoca el procedimiento excepcional del artículo 290 no debería presentarse sin tener una idea clara del riesgo real e inminente de perjuicio irreparable que dice enfrentar”, dijo.

Urgencia y plazos

El eje más disputado fue si el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR estaría en condiciones de intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha de inicio de las perforaciones. Argentina, con Schrijver, presentó una cronología de seis casos históricos que muestra que ese proceso tarda entre 3,8 y nueve meses: en cinco de los seis precedentes, el tribunal arbitral no habría estado listo a tiempo.

Michael Wood, que tomó el podio en el tramo final de los alegatos británicos, objetó que esa comparación es inválida porque en ninguno de esos seis casos existía una solicitud urgente de medidas provisionales pendiente desde el primer día de constitución del tribunal. Citó el caso Arctic Sunrise: el 11 de diciembre de 2015, Italia presentó una solicitud de ese tipo ante un tribunal del Anexo VII que aún no había celebrado su primera reunión procesal, y ese cuerpo actuó con celeridad pese al período de feriados de por medio.

Argentina respondió que incluso en el caso más rápido de los seis precedentes, el tribunal arbitral estaría operativo el 6 de marzo, apenas quince días antes del inicio de las perforaciones, con una solicitud todavía pendiente de audiencia y de decisión. “En cuestión de días es una afirmación, no un cronograma”, sostuvo Schrijver, quien cerró su exposición con una advertencia directa a los jueces: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.

La agente del Reino Unido ante el TIDM, Sally Langridge, leyó las conclusiones finales de Londres: invitó al Tribunal a “rechazar la totalidad de las solicitudes de la República Argentina para que se dicten medidas provisionales”. Resumió la posición británica en cuatro puntos: que el reclamo argentino presupone en todos sus aspectos ser el Estado ribereño y, por lo tanto, equivale a una demanda de soberanía fuera de la competencia del TIDM; que Argentina no demostró ningún derecho plausible que emane de la propia CONVEMAR; que no acreditó urgencia dado que el Tribunal del Anexo VII podrá constituirse antes de la fecha de perforación; y que el perjuicio real lo sufrirían los isleños y las empresas inversoras, no Argentina.

La orden del Tribunal del Mar, prevista para el 28 de noviembre, determinará si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe paralizarse mientras se constituye el Tribunal Arbitral del Anexo VII que deberá resolver el fondo del caso.

Marcelo Cohen,Tribunal Internacional del Derecho del Mar,audiencia judicial

la visita al país del papa León XIV,polémica por “la carpa VIP”,Cecilia Devanna,Javier Milei,Conforme a

Luego de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno niega que vaya a modificar en algo el rumbo económico y político, y apunta a retomar su gestión la próxima semana con una lista de proyectos prioritarios en el Congreso y las negociaciones de acuerdos electorales con sus aliados.

Pese al mensaje de unidad y diálogo bajado por el Sumo Pontífice durante su estadía en el país, en Casa Rosada son escépticos respecto a la posibilidad de que la conflictividad política argentina pueda disminuir. Lo mismo aplica para el tono del Presidente. “No veo que vaya a dejar de ser genuino”, dijo un integrante de su Gabinete en alusión a los modos característicos de Javier Milei.

La misma lectura aplica para las decisiones políticas. “Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”, afirmó esta tarde el vocero presidencial, Adrián Ravier, a la hora de analizar los discursos del Papa, y agregó: “Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas”. Bajo esa mirada, en el Ejecutivo descartan una flexibilización del rumbo económico que pueda derivar en ampliaciones de partidas mediante el déficit fiscal.

A modo de ejemplo, una importante fuente del Gabinete rechazó cualquier posibilidad de negociar un incremento de fondos para las universidades en el Presupuesto 2027. El proyecto enviado por la Casa Rosada contempla 7 billones de pesos y las casas de estudio demandan 11 billones. “7 billones les vamos a dar, ¿de dónde sacamos más? ¿O se olvidan que tuvimos que aumentarle más de un 250% sobre lo que dejó el kirchnerismo?“, cuestionó el funcionario en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento que continúa en la Justicia.

En ese contexto, el Gobierno tiene previsto volver a reunir el martes a su mesa política para repasar una agenda legislativa concentrada alrededor de las negociaciones por la ley de gastos e ingresos del Estado y la reforma electoral. Entre las iniciativas prioritarias del oficialismo también aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el super-RIGI, y una ley para desregular el cabotaje, una medida pedida por los gobernadores aliados -especialmente los del norte-.

Con el periodo de sesiones ordinarias llegando a su fin, en el Gobierno dan por descontado una convocatoria a extraordinarias con extensión y temario todavía a definir. Además de las iniciativas mencionadas, en el Congreso se han acumulado en los últimos meses una larga lista de proyectos que incluyen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; Biocombustibles; el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes; el proyecto sobre Mercado de Carbono; la reforma de la Ley de Salud Mental; el Tratado de Cooperación de Patentes, Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Hojarasca, entre otros.

Algunos de ellos quedarán postergados para el próximo año, mientras que otros, como la Ley para fortalecer el sistema de la discapacidad, tendría luz verde para avanzar a mediados de noviembre.

Según adelantó este medio, otra iniciativa que ganará envión será la reforma electoral, mientras el Gobierno avanza a la par con el Presupuesto 2027 y los acuerdos políticos. Para analizar el estado de situación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este miércoles con el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, los dos principales interlocutores de la Casa Rosada con los gobernadores.

En ese contexto, en la mesa política imaginan que las alianzas con las provincias se producirán de manera escalonada, con algunos acuerdos ya cerrados y otros que se irán concretando en los próximos meses. Se trata de una discusión que ha generado fricciones dentro de la mesa política, con un grupo integrado por Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli y Santiago Caputo que pujan por sellar los acuerdos cuanto antes y los primos Eduardo y Martín Menem, que no quieren apurar negociaciones que impliquen resignar el armado de La Libertad Avanza en las provincias.