La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.

Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.

El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.

Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.

Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.

La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.

La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.

También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.

Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.

La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.

Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.

Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.

Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.

Durante los últimos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó contratos e hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable ante la Justicia de su país y que debió alcanzar un acuerdo para terminar con una demanda colectiva (“class action”) en Estados Unidos, según surge de los acuerdos contractuales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia que obtuvo , que también cotejó registros judiciales, societarios y comerciales.

Se trata de Gilad Somjen, cofundador de 24Option, una plataforma de opciones binarias que fue sponsor del club italiano de fútbol, Juventus, entre 2014 y 2019. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables en Israel de presentar reportes societarios falsos. Según la acusación, los fundadores armaron una red de sociedades offshore que, aunque registradas en el exterior, se manejaban desde Israel para evadir impuestos.

El vínculo con la AFA se formalizó el 12 de diciembre de 2025. Ese día, la entidad aceptó una oferta de Snow Media Limited, una sociedad de Irlanda del Norte controlada por Somjen, que actuaba en nombre de Trade Match Limited, una firma de Seychelles que opera la marca de trading online Hedg.com. El contrato la designó “sponsor oficial regional” de las selecciones nacionales para Medio Oriente y África, en el rubro de trading de divisas, hasta el 31 de julio de 2026.

La oferta aceptada por la entidad que preside Tapia contiene cláusulas de “compromiso ético”, antilavado, antisobornos y anticorrupción. Dentro de la número 12, su texto establece: “Se declara que el patrimonio y las fuentes económicas que permiten desarrollar el objeto del presente contrato no son fruto de actividades ilícitas u otros delitos conexos”.

La contraprestación fue de US$400.000, a pagar dentro de los siete días. Pero el dinero no debía ir a cuentas de la AFA, según surge de la documentación que obtuvo . El contrato ordenó girar US$280.000 a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Erica Gillette investigada en la Argentina y en EE.UU., y US$120.000 a CAE Services LLC, una sociedad de Wyoming. La AFA fechó las facturas para percibir esos pagos el mismo día que aceptó la oferta (12 de diciembre de 2025).

procuró consultar a Somjen, pero no respondió las consultas al cierre de esta edición. Este diario también intentó consultar a la AFA sobre el acuerdo y sobre las prácticas de “compliance” que desarrolló o debió desarrollar antes y después de negociar con Snow Media, pero tampoco respondió las consultas.

Las dos facturas que la AFA emitió a Snow Media ese mismo día repiten esas instrucciones, con cuentas en el Bank of America. Según reveló , CAE Services aparece vinculada en registros societarios de 2024 a Juan Schreiber, el empresario de Bariloche señalado por armar sociedades en Miami para desviar fondos de la AFA.

Siete meses después, el negocio se amplió. Un borrador de enmienda fechado el 14 de julio de 2026 extiende el contrato hasta el 31 de julio de 2027 y suma a Evest.com, otra marca de trading que en enero había sido anunciada como “socio oficial de trading online” de la Selección en la región. El texto le otorga exclusividad en el rubro en una región donde, según aclaró la AFA en el propio texto, la entidad que preside Tapia ya tenía otros patrocinadores de trading, como PU Prime, MiTrade y XTrend. Las cifras no coinciden entre la versión en inglés (US$450.000) y la versión en español (US$275.000).

Ese mismo 14 de julio, la AFA le facturó a Snow Media US$245.000 por el “patrocinio AFA – Hedg”. Esta vez, aunque el borrador seguía mencionando a TourProdEnter, la factura indicaba pagar a Moon Euro Management LLC, la sociedad con domicilio en Dubái que la entidad designó en junio como su “agente oficial de cobro” para todos los contratos firmados desde el 18 de mayo.

Esa factura es el primer documento al que tuvo acceso donde se lee una instrucción precisa de pago al nuevo recaudador internacional con cifra, fecha y cuenta bancaria.

En total, los acuerdos alcanzados entre AFA y Somjen alcanzaron, al menos, US$645.000 distribuidos en tres facturas emitidas por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La tercera, fechada el 14 de julio de este año, tiene la dirección de Viamonte 1366, la sede histórica de la asociación, un domicilio distinto al del municipio de Pilar que las autoridades de la casa madre del fútbol utilizaban para argumentar que no debía ser controlada por los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El historial de Somjen incluye otro capítulo en Estados Unidos con una demanda civil. Snow Media, que es la empresa a la que la AFA dirigió facturas, tuvo una vida anterior. Se llamó Cloud With Me hasta el 29 de abril de 2020, según consta en documentos societarios del Reino Unido. Bajo esa denominación, la empresa se presentaba como revendedora de servicios de nube de Google y Amazon y prometía crear una “nube descentralizada”. Pero en 2018, inversores demandaron ante un tribunal federal de Pensilvania a Cloud With Me Ltd., a Somjen y a su socio Asaf Zamir por vender valores no registrados -los tokens CLD- en una oferta que, según los demandantes, recaudó al menos US$10 millones en 2017. En enero de 2022 firmaron un acuerdo por US$165.000, que el juez Mark Hornak aprobó en julio de ese año. El fallo, cuya copia obtuvo , aclara que el acuerdo no implica admisión de responsabilidad.

Además del cambio de nombre, los registros societarios británicos exponen que Somjen figura como titular de entre el 75% y el 100% de la exCloud With Me, ahora llamada Snow Media.

En el contrato con la AFA, el empresario firmó como “director”, aunque el registro consigna como único director a un contador de Irlanda del Norte. En su perfil profesional, Somjen se presenta hoy como especialista en estrategias de marketing y patrocinio, con base en Abu Dabi, dentro del mercado que cubre el acuerdo.